CE - 540012333000201500180011SENTENCIASENTENCIA20230814162609

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ SAS Y OTROS

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES – U.A.E. DIAN

Temas: Impuesto sobre la Renta - Año gravable 2010. Costos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 23 de agosto de 2018 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los siguientes términos: 2

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión

del 23 de agosto de 2018 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los siguientes términos: 2

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 072412013000069 del 18 de diciembre de 2013 y la Resolución No. 900.011 del 9 de enero de 2015, a través de los cuales la DIAN modificó la declaración privada de renta para el año gravable 2010, presentada por la COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S.A.S.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIRECCI ÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN efectuar una nueva liquidación de la declaración de renta año gravable 2010, correspondiente al contribuyente COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S.A.S., teniendo en cuenta lo siguiente:

 Se nulita [sic] en su totalida d el rechazo de costos por compras de arroz paddy a proveedores que se encontraban reportados en la base de datos de pérdidas de cosecha por ola invernal (cargo numeral 2.3.3.), y en consecuencia se ordena a la DIAN aceptar estos costos por valor de $1.135.520.858.  Se nulita [sic] parcialmente el rechazo de costos relacionados con que no se pudo establecer la realidad de la transacción y la capacidad de producción del proveedor (cargo numeral 2.3.4.5.) y en consecuencia se ordena a la DIAN aceptar estos cos tos pero por valor de $5.563.659.528, y se mantiene el rechazo por valor $5.180.089.917

(cargo numeral 2.3.4.5.) y en consecuencia se ordena a la DIAN aceptar estos cos tos pero por valor de $5.563.659.528, y se mantiene el rechazo por valor $5.180.089.917 (cargos numerales 2.3.4.1., 2.3.4.2., 2.3.4.3., 2.3.4.4.).  En aplicación al principio de favorabilidad, la DIAN establecerá el valor de la sanción por inexactitud en e l 100%, liquidado sobre las sumas que se mantienen rechazadas, conforme lo dispuesto en precedencia.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo expuesto anteriormente.

CUARTO: DECLARAR que la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, dará cumplimiento a la condena en los términos señalados en los artículos 192 a 195 del CPACA.”

1 Folios 916 al 927 reverso c.p. 4. 2 Folios 927 y reverso c.p. 4.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

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ANTECEDENTES

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ANTECEDENTES

El 18 de abril de 2011, la sociedad COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010, en la que se liquidó un saldo a pagar de $152.558.000.

La autoridad tributaria, previo requerimiento especial, expidió la Liquidación Oficial de Revisión nro. 0724120130000693, mediante la cual modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2010, para desconocer costos por la suma de $11.879.270.000. Esta liquidación fue recurrida el 24 de febrero de 2014, y confirmada por la DIAN el 9 de enero de 2015 mediante la Resolución 900.011 4.

DEMANDA

Comercializadora Gómez & Gómez , Alirio Gómez Martínez y Luz Marina Suárez Delgado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de Con tencioso Administrativo, formul aron mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes pretensiones 5:

“1. Se declare la nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN No. 07241201300069 del 18 de diciembre de 2013, mediante la cua l la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta modifico (sic) la liquidación privada del impuesto de renta, año gravable 2010, presentada por la sociedad

COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S. A. S.

liquidación privada del impuesto de renta, año gravable 2010, presentada por la sociedad

COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S. A. S.

2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 900.011 del 09 de enero de 2015, mediante la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos decidió el recurso de reconsideración, confirmando la Liquidación Oficial de Revisión.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada del Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2010, presentada por la COMERCIALIZADORA GÓMEZ & GÓMEZ S.A.S. el día 18 de Abril de 2011, mediante

Sticker No. 91000109607484, Formulario N° 1101600021751.”

Normas violadas

Los demandantes invocaron como normas violadas los artículos 6, 29 y 83 de la Constitución Política; 58, 59, 381, 742, 743, 745, 746, 750, 754, 771 -2, 772 y 787 del Estatuto Tributario; 175, 177, 185 y 187 del Código de Procedimiento Civil , y 3 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Concepto de violación

A juicio de los demandantes, el rechazo de costo de ventas resulta improcedente dado que durante la investigación tributaria , la DIAN verificó su contabilidad , en la cual los costos de ventas declarados se encontraban debidamente registrados y estaban respaldados por los correspondientes comprobantes de orden interno y externo, lo que demostró la existen cia de las operaciones que dieron origen al costo de ventas declarado.

costos de ventas declarados se encontraban debidamente registrados y estaban respaldados por los correspondientes comprobantes de orden interno y externo, lo que demostró la existen cia de las operaciones que dieron origen al costo de ventas declarado.

Afirman que sus proveedores son agricultores cuya actividad no está considerada como comercial, por lo que no están obligados a llevar contabilidad . P or la misma

3 Folios 592 al 698 c.p. 3 4 Folios 409 al 591 c.p. 2 5 Folio 28 y 43 C.P.1.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

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razón, es poco probable que estos proveedores entreguen soportes de los costos de la mano de obra y la siembra, sin que tal hecho pueda considerarse indicador de la inexistencia de la operación de venta, por cuanto la consecuencia de no probar los costos de los cultivos sería el rechazo de los costos declarados por la demandante .

Igualmente, dicen que en el expediente obran las facturas de venta, los certificados de tradición y libertad de los terrenos donde se cultiva el arroz, los comprobantes de pago de las cuotas de fomento arrocero, las declaraciones extraprocesales a través de las

tradición y libertad de los terrenos donde se cultiva el arroz, los comprobantes de pago de las cuotas de fomento arrocero, las declaraciones extraprocesales a través de las cuales manifiestan los detalles de las ventas realizadas, las declaraciones de renta donde registran los ingresos por ventas de arroz y los certificados expedidos por la Bolsa Mercantil de Colombia , los comprobantes de pago, y las manifestaciones de posesión de los predios donde cultivaron que fueron aportadas por los proveedores y que demuestran la realidad de las operaciones .

Finalmente, aduce n que la sanción por inexactitud y las sanciones aplicadas a la revisora fiscal y al representante legal de la sociedad demandante resultan improcedentes puesto que todos los valores registrados en el denuncio privado se soportaron de manera correcta por la sociedad demandante.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 6:

Precisa que en el expediente no se encuentra probada la capacidad de producción de los proveedores de la sociedad demandante y las pruebas allegadas al expediente administrativo no demuestran la realidad de las operaciones de compra de arroz paddy.

Indicó que, teniendo en cuenta la gran cantidad de proveedores de la sociedad demandante, la DIAN decidió realizó cruces con 64, y se tuvo en cuenta la información suministrada por el ICA, por FEDEARROZ, declaraciones juramentadas, se consultó la obligación financiera y la información exógena correspondiente, para determinar que las operaciones de compra registradas no se efectuaron , teniendo en cuenta las inconsistencias detectadas y las pruebas recaudadas, por lo que los actos se encuentran debidamente moti vados.

las operaciones de compra registradas no se efectuaron , teniendo en cuenta las inconsistencias detectadas y las pruebas recaudadas, por lo que los actos se encuentran debidamente moti vados.

Finalmente insist ió en la procedencia de la sanción por inexactitud, la sanción al contador y al representante legal.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 7 declaró la nulidad parcial de los actos y consideró procedentes los costos solicitados como consecuencia de la ola invernal del año 2010 por $ 1.135.520.000, al encontrar que lo certificado por la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo del Departamento de Norte de Santander no era prueba idónea para su rechazo. Por el contrario, evidenció que dichos costos estaban debidamente contabilizados por la sociedad demandante, concordaban plenamente con los valores informados por FEDEARROZ, y cumplían con los requisitos de causalidad, propo rcionalidad y necesidad , de suerte que estaba probada la existencia de las transacciones, respecto de los siguientes proveedores:

6 Folios 770 al 797 c.p. 3. 7 Folios 916 al 927 reverso c.p. 4.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

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Por otra parte , rechazó costos por compras de arroz paddy por valor de $5.180.089.917, al considerar que no fue posible comprobar la efectiva realización de las operaciones comerciales, por lo que había lugar a su desconocimiento en relación con los proveedores que se enuncian a continuación:

PROVEEDOR COSTO

RECHAZADO

PROVEEDOR COSTO RECHAZADO Jennifer Barrera Triana $ 328.965.920 Milena Virginia Álvarez Alba $ 227.010.960 Miguel Ángel Sánchez Rincón $ 308.720.960 Ledy Yoana Ramírez Rozo $ 223.461.272 Ziada María Zambrano Cárdenas $ 277.430.152 Lucio Peñaranda $ 216.660.736 Martha Cecilia García Mendoza $ 270.671.520 Robinson Suarez Garnica $ 211.153.160 Mario Esteban Rolón Celis $ 263.427.304 Álvaro Aguilar Montero $ 160.558.472 Yajaira Maritza Romero Castellanos $ 256.806.504 Sonia López Contreras $ 147.083.120 Shirley González Mariño $ 244.895.856 Luis Fernando Ortiz Moncada $ 110.809.024 Zuly Yaneth Romero Castellanos $ 234.267.528 Pedro José Rodríguez Bautista $ 110.189.888 Juan Martin Serpa Delgado $ 285.527.104 Florindo Lizarazo Velandia $278.350.552

Zuly Yaneth Romero Castellanos $ 234.267.528 Pedro José Rodríguez Bautista $ 110.189.888 Juan Martin Serpa Delgado $ 285.527.104 Florindo Lizarazo Velandia $278.350.552 Graciela Alba $ 232.097.824 Héctor Julio Duran López $185.125.456 Olinda Cuadros Caballero $ 292.089.272 Agapito Parada Alvarado $146.764.776 Ana Milena Rivera Diaz $ 218.988.288 Martha Cecilia Márquez Cárdenas $113.514.040 Adonay Rincón Delgado $109.924.728 Miguel Páez $109.165.664

Finalmente, el Tribunal encontró procedentes los costos en suma de $5.563.659.528, por cuanto los indicios analizados por la DIAN no son suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración de renta presentada por la sociedad demandante, en lo que refiere a la inexistencia de las compras y la capacidad de producción de los siguientes proveedores:

PROVEEDOR COSTO

RECHAZADO

PROVEEDOR COSTO RECHAZADO Nelly Duarte Vargas $ 142.330.104 Erika Lisbeth Romero Castellanos $ 345.444.328 Teresa Vargas Duarte $ 75.294.775 Pedro Pablo Romero Carrillo $ 289.357.224 Camilo Andrés Cárdenas Gómez $ 410.730.048 Rubén Darío Gómez Martínez $ 268.227.136 William Fernando Moreno Gómez $ 356.278.312 Leydy Giovanna Romero Castellanos $ 230.257.416 Yudi Fabiana Peñaranda Rodríguez $ 299.307.736 Aldemar Barrera Martínez $ 217.889.152

William Fernando Moreno Gómez $ 356.278.312 Leydy Giovanna Romero Castellanos $ 230.257.416 Yudi Fabiana Peñaranda Rodríguez $ 299.307.736 Aldemar Barrera Martínez $ 217.889.152 Marina Angarita $ 290.494.688 Adán Moreno Camacho $ 161.034.808 María Noemi Angarita Sánchez $ 258.037.768 Maritza Gómez Martínez $ 107.350.368

PROVEEDOR

COSTO

RECHAZADO

PROVEEDOR

COSTO RECHAZADO Pánfilo Moreno Carrillo $ 153.248.192 Jarinton Manuel Pérez Rojas $ 28.530.920 Alberto Enrique Orozco Altamira $ 326.246.208 José Carlos Villamizar Suárez $ 12.189.600 Jesús Arsenio Villareal Parada $ 107.650.992 Orlando Cruz Herrera $ 6.788.616 Javier Francisco Anaya Villareal $ 95.040.144 Manuel Arcenio Pérez Gelvis $ 6.402.888 Jorge Villareal González $ 83.424.448 Fredy Alexander Pérez Rojas $ 5.898.048 Clemente Villareal Osorio $ 78.690.512 Alirio Villamizar Sánchez $ 4.141.824 José Israel Villareal Sánchez $ 59.270.560 Orlando Tovar $ 3.843.916 José Israel Villareal Parada $ 53.805.952 José Baldovino Pérez Gelviz $ 3.609.216 Segundo Villareal Osorio $ 39.488.904 José Angelino Zúñiga Munares $ 3.321.120 Lino Henry Rueda Villareal $ 33.324.182 Aura Marina Rodríguez Cárdenas $ 1.507.696

Segundo Villareal Osorio $ 39.488.904 José Angelino Zúñiga Munares $ 3.321.120 Lino Henry Rueda Villareal $ 33.324.182 Aura Marina Rodríguez Cárdenas $ 1.507.696 José Ponciano Gelvez Mendoza $ 29.096.920Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

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PROVEEDOR COSTO

RECHAZADO

PROVEEDOR COSTO RECHAZADO Nelly Duarte Vargas $ 142.330.104 Erika Lisbeth Romero Castellanos $ 345.444.328 Teresa Vargas Duarte $ 75.294.775 Pedro Pablo Romero Carrillo $ 289.357.224 Camilo Andrés Cárdenas Gómez $ 410.730.048 Rubén Darío Gómez Martínez $ 268.227.136 William Fernando Moreno Gómez $ 356.278.312 Leydy Giovanna Romero Castellanos $ 230.257.416 Blanca Belén Ortiz Ortiz $ 186.334.392 Florindo Lizarazo Velandia $ 278.350.552 Luis Alberto Villamil Hernández $ 175.606.008 Andrés Ibarra $ 239.145.290

Blanca Belén Ortiz Ortiz $ 186.334.392 Florindo Lizarazo Velandia $ 278.350.552 Luis Alberto Villamil Hernández $ 175.606.008 Andrés Ibarra $ 239.145.290 Stivenson Rincón Montilva $ 149.818.528 Jorge Aparicio Laguado $ 121.343.490 Ernestina Triana Campos $ 429.235.783 Juan Carlos Fori Moncada $ 72.530.883 Miriam Castellanos Mantilla $ 354.041.680

Se mantuvo la sanción por inexactitud respecto de los valores rechazados y se aplicó el principio de favorabilidad previsto en la Ley 1819 de 2016.

Por último, encontró procedentes las sanciones impuestas al representante legal y el revisor fiscal y contador de la sociedad demandante por la inclusión de costos inexistentes.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada8 considera que en relación con el reconocimiento de los costos por valor de $1.135.520.858, el a quo erró al determinar que el rechazo de estos costos se debió en primer orden al reporte del Comité de Departamental de Riesgos y Desastres, por medio del cual se constató que las cosechas de arroz paddy se perdieron parcial o totalmente, y no tuvo en cuenta las pruebas recaudadas en la etapa investigativa que la llevaron a concluir que las transacciones eran inexistentes .

Para tal efecto, ana lizó uno por uno los proveedores Pánfilo Moreno Carrillo, Alberto Enrique Orozco Altamiranda, Jesús Arsenio Villareal Parada, Javier Francisco Anaya Villareal, Clemente Villareal Osorio y José Israel Villareal Parada para discutir l os hallazgos del Tribunal.

Enrique Orozco Altamiranda, Jesús Arsenio Villareal Parada, Javier Francisco Anaya Villareal, Clemente Villareal Osorio y José Israel Villareal Parada para discutir l os hallazgos del Tribunal.

En el caso de Pánfilo Moreno Carrillo destacó que en su declara ción, este proveedor indicó que sembró arroz en un terreno de 30 hectáreas de su propiedad y de dos de sus hermanos ; sin embargo, al ser propietario del 33% no tenía la capacidad para sembrar los 196.872 ki logramos de arroz paddy supuestamente vendidos a la comercializadora demandante, así como tampoco demostró con sus soportes internos los gastos incurridos para realizar la actividad agrícola.

Respecto del proveedor Alberto Enrique Orozco Altamiranda , manifiesta que según él le vendió arroz paddy a la sociedad demandante por $410.975.440 , y que realizó actividades agrícolas en dos terrenos de 8 y 9 hectáreas de su propiedad y en 2 más de propiedad de los señores José Ignacio Corrales Viola (7 hectáreas) y Rosalba Rendón de Calderón (12 hectáreas); al efecto, la DIAN sostiene que frente al inmueble del señor Corrales Viola no allegó el contrato de arrendamiento sino un a promesa de compraventa del año 2006, y respecto al predio de la señora Rendón de Calderón allegó un contrato de arrendamiento del año 2011, por lo que no se podrían tener como ciertas estas transacciones.

8 Folios 929 al 955 c.p. 4.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

ciertas estas transacciones.

8 Folios 929 al 955 c.p. 4.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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En cuanto al predio de 9 hectáreas que dice es de su propiedad , no allegó certificado de tradición y libertad por lo que no se puede tener como cierta esa afirmación y tampoco la transacción. En cambio, en relación con el terreno de 8 hectáreas al comprobarse la propiedad del predio con el certificado de tradición y libertad decide reconocer su costo por lo que de los $410.975.440 de ventas desconoce la suma de $326.246.208.

En relación con el proveedor Javier Francisco Anaya Villareal , sostiene que en las declaraciones como en la respuesta al requerimiento de información se contradice sobre las ventas a la sociedad demandante, dado que al responder el requerimiento el señor Anaya Villar real indica que en el año 2010 cultivó 12 hectáreas y cosechó 116.548 kilos de arroz paddy los cuales fueron vendidos a la demandante, luego al declararse como damnificado de la ola invernal de 2010 adujo que perdió la totalidad de sus cultivos de arroz en 14 y 13 hectáreas que tenía sembradas, y luego en la

declararse como damnificado de la ola invernal de 2010 adujo que perdió la totalidad de sus cultivos de arroz en 14 y 13 hectáreas que tenía sembradas, y luego en la declaración allegada por la demandante junto con la respuesta al requerimiento especial sostuvo que la siembra se realizó en 17 hectáreas por lo que para la DIAN el costo debe ser rechazado por las múltiples discrepancias de este proveedor.

Frente al proveedor Clemente Villareal Osorio , al responder el requerimiento especial la demandante allega una declaración extraprocesal de l mencionado señor, en la cual adujo que cultivó arroz paddy en tres inmuebles de propiedad de los ciudadanos Gabriel Triana, Blanca Azucena Dí az y Orlando Garcés de 20, 23 y 4 hectáreas, respectivamente, y en un inmueble de 48 hectáreas de su propiedad y de sus tres hijos de las cuales 25 hectáreas se perdieron por la ola invernal de 2010, debido a lo cual la DIAN decidió desconocer el 50% de los costos. Sin embargo, en relación con los otros tres predios el proveedor no allegó los contratos de arrendamiento que puedan dar validez a sus afirmaciones y probar la realidad de la operación de compra de arroz paddy.

En lo que refiere al señor José Israel Villareal Parada , indica la entidad demandada que rechazó el 50% del costo por cuanto conforme a lo señalado por el Comité Departamental de Riesgos y Desas tres. Este proveedor cultivó 10 hectáreas de arroz paddy por lo que la pérdida fue parcial; al efecto, señala que en la declaración allegada con la respuesta al requerimiento especial el señor Villareal Parada indica que cultivó

Departamental de Riesgos y Desas tres. Este proveedor cultivó 10 hectáreas de arroz paddy por lo que la pérdida fue parcial; al efecto, señala que en la declaración allegada con la respuesta al requerimiento especial el señor Villareal Parada indica que cultivó arroz paddy en un inmueble de 10 hectáreas que es de su propiedad y cosechó 77.608 toneladas, de las cuales 45 .855 se efectuaron en el mes de agosto de 2010 y 31.753 en el mes de diciembre del mismo año, estas últimas se cosecharon luego de declararse como damnificado de la ola invernal y secado los cultivos ; y cultivó 59.512 toneladas en un terreno de 10 hectáreas propiedad de sus hijos.

Considera el ente tributario que procede el rechazo de los costos dado que del predio propiedad del señor Villareal Parada, si bien se reconoció el 50% de estos por la ola invernal, no allegó los documentos idóneos como facturas de insumos y pago de empleados que soportaran la realidad de las transacciones ; y en cuanto al predio que dice es p ropiedad de sus hijos, la administración señaló que en el certificado de tradición y libertad de dicho inmueble el 6 de diciembre de 2010 se registró la anotación de la compra de este por parte del señor José Israel Villareal Sánchez por lo que concluye que no es posible cultivar arroz en tan solo un mes y en las cantidades que afirma el proveedor.

Finalmente, señala frente a este proveedor que , si bien existe la certificación del pago de la cuota de fomento arrocero esta se contradice en l o reportado con lo realmenteRadicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Finalmente, señala frente a este proveedor que , si bien existe la certificación del pago de la cuota de fomento arrocero esta se contradice en l o reportado con lo realmenteRadicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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pagado, dado que Fedearroz certifica el pago de $136.919.552, la sociedad demandante solo reportó $107.611.904, de suerte que el rechazo es procedente.

En relación con las facturas allegadas por la sociedad demandante, la DIAN considera que estas son fotocopias elaboradas “con las mismas características (diseño, distribución, etc.) y en muchos casos por la misma tipografía/litografía” por lo que no se deben tener en cuenta para probar las transacciones realizadas.

Por otra parte, frente al reconocimiento de los costos por $5.563.659.528, manifiesta que no se puede acreditar la existencia de las operaciones con los registros contables de la contribuyente dado que el acervo probatorio recopilado en la etapa investigativa junto con los indicios mencionados, demuestran que las transacciones realizadas no fueron reales, lo cual derivó en el rechazo de los costos.

de la contribuyente dado que el acervo probatorio recopilado en la etapa investigativa junto con los indicios mencionados, demuestran que las transacciones realizadas no fueron reales, lo cual derivó en el rechazo de los costos.

Por su parte la demandante9, en relación con el rechazo de costos por valor de $5.180.089.917, considera que durante la investigación tributaria probó la existencia de las operaciones por cuanto los costos de ventas declarados se encontraban debidamente registrados en su contabilidad , los cuales estaban respaldados por los soportes internos y externos de cada operación. Igualmente, se realizó una indebid a valoración probatoria para fundamentar la realidad de las transacciones y la costumbre mercantil.

Los indicios o hechos de inexistencia de las operaciones son el reflejo de la realidad rural en Colombia, como posesiones de terrenos sin t ítulo o a nombre de un tercero o familiar, o la ausencia de elevar a un contrato escrito el arrendamiento de un predio ; situaciones que para algunos proveedores fueron avaladas por el a quo y no se constituyeron en indicios de inexactitud y para otros sí lo fueron, lo que resultó en una ausencia de un criterio de valoración uniforme de las pruebas .

Advirtió que ejerció con responsabilidad su carga probatoria ; para tal efecto, contactó a los proveedores con quien es realizó la operación obteniendo declaraci ones extraprocesales que en algunos casos fueron desestimadas por la administración, bajo el argumento que de ellas no podía inferir la capacidad de producción del proveedor, porque no acreditó ser du eño de una parcela donde cultivó el arroz aportando el certificado tradición y libertad , entre otras razone s, contrario a lo sucedido con los

el argumento que de ellas no podía inferir la capacidad de producción del proveedor, porque no acreditó ser du eño de una parcela donde cultivó el arroz aportando el certificado tradición y libertad , entre otras razone s, contrario a lo sucedido con los proveedores Jorge Aparicio Laguado, Joaquín Duarte Muñoz y José Israel Villarreal Parada, a quienes se les reconoció parte de los costos por contratos de arrendamiento verbales y no entregaron soportes de costos sino una relación de gastos.

Igualmente, el a quo desconoce la base de datos suministrada por FEDEARROZ, a través de la cual se acreditó el pago de las cuotas de fomento arrocero sobre la totalidad de las compras realizadas en el año 2010, y tomó como única prueba válida la información suministrada por el Gerente Regional del ICA de Norte de Santander .

Por otro lado, en la sentencia de primera instancia no se valoraron las pruebas que demuestran la realidad de las operaciones respecto de los proveedores Nelly Duarte Vargas, Teresa Vargas Duarte, Camilo Andrés Cárdenas Gómez, William Fernando Moreno Gómez y Yudi Fabiana Peñaranda Rodríguez , Marina Angarita y María Nohemí Angarita Sánchez, Blanca Belén Ortíz Ortíz y Stivenson Rincón Montilva, Luis Laberto Villamil Hernández.

9 Folios 956 al 995 c.p. 4.Radicación: 54001-23-33-000-2015-00180-01 (24325)

Demandante: Comercializadora Gómez & Gómez SAS y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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En el caso de Nelly Duarte Vargas, el hecho de que el predio estuviese embargado no impide que la proveedora tenga el uso y goce del bien; igualmente, reprochó la afirmación del a quo en el sentido que, se determinó la capacidad de producción de la señora Duarte Vargas atendiendo a los demás predios que cultivó, para concluir que su capacidad de producción no alcanzaba para venderle a la demandante , indicó que no se menciona sobre los predios en los que efectuó el cálculo de producción ni cómo analizó y determinó la capacidad de producción de estos.

Frente a la proveedora Teresa Duarte Vargas, el análisis del Tribunal es inconcluso, por cuanto si bien en el contrato de arrendamiento de unos de los predios donde