CE - 540012333000201500377011SENTENCIASENTENCIA20230901135847

Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

Demandado: DIAN

Temas: Impuesto de rentaaño gravable 2010. Rechazo de costos. Carga de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia del 10 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014 y la Resolución No. 900360 del 24 de abril

Santander, que resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014 y la Resolución No. 900360 del 24 de abril de 2015, a través de los cuales la DIAN modificó la declaración privada de renta para el año gravable 2010, presentada por la ARROCERA GELVEZ S.A.S.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN efectuar una nueva liquidación de la declaración de renta del año gravable 2010, correspondiente al co ntribuyente ARROCERA GELVEZ S.A.S, teniendo en cuenta lo siguiente:

● Se nulita (Sic) parcialmente el rechazo de costos relacionados con que no se pudo comprobar la realidad de las transacciones, al no recibir respuesta al requerimiento especial o citación por parte de los proveedores (cargo numeral 2.4.4.1.), por lo que se ordena a la DIAN aceptar los costos en su totalidad solicitados por los siguientes proveedores: Estupiñán Muñoz Luis Alberto, Álvarez Dueñas Omar De Jesús, Echeverry Betancourt Jhon Aníba l, Vanegas Zamora Giovani, Atuesta Medina Andulfo, Rodríguez García Luis Alberto, Rizo Álvarez Cesar Augusto, Aguilar Carrillo David. Aparicio Laguado Jorge, Álvarez Ramírez Marly Sulay, Porras Pabón Pedro Nel, Soto García José Emilio, Santana Obando Fredy , Calderón Lozada José Guillermo, Rojas Marcelino, Pérez Gelv ez Manuel Arcenio, Riveros Gómez Francisco, Quintero Minorta Carlos Geovanni, Álvarez Rodríguez Rosibel Amparo y

Guillermo, Rojas Marcelino, Pérez Gelv ez Manuel Arcenio, Riveros Gómez Francisco, Quintero Minorta Carlos Geovanni, Álvarez Rodríguez Rosibel Amparo y Aparicio Laguado Freddy, y aceptar de forma parcial los costos solicitados por los siguientes proveedores: Caballero Ramírez Elkin, Aparicio Laguado Mario, Riveros Ortiz Saúl, Vesga Arenas Hugo y Gómez Molina Juan Francisco; debiendo reconocerlos por el valor que fue certificado por Fedearroz en su base de datos, es decir, $4.677.133.279.

● Se mantiene en su totalidad el rechazo de costos relacionados con que no se pudo comprobar la capacidad de producción o se comprobó parcialmente (cargo numeral 2.4.4.2.), en cuantía de $598.032.318.Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

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• Se nulita (Sic) parcialmente el rechazo de los costos solicitados por no pago de cuota de fomento arrocero (cargo numeral 2.4.4.3), conservándose el rechazo parcial respecto de los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio Ramos Blanco, debiéndose aceptar las s umas correspondientes al señor Pablo Antonio Sánchez

de fomento arrocero (cargo numeral 2.4.4.3), conservándose el rechazo parcial respecto de los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio Ramos Blanco, debiéndose aceptar las s umas correspondientes al señor Pablo Antonio Sánchez Méndez en cuantía de $23.811.275.

● Se nulita (Sic) parcialmente el rechazo de los costos solicitados por diferencias entre lo declarado y lo manifestado por los proveedores (cargo numeral 2.4.4.4.), debiéndose aceptar las diferencias encontradas correspondientes los proveedores Muñoz Vesga Luis Hernán, Cuberos León José Alfonso, Noval Caballero Gilberto y Aparicio Laguado Joaquín, en cuantía de $44.522.663.

● Se nulita (Sic) en su totalidad el rechazo de l os costos solicitados por la no comprobación de la existencia de las transacciones (cargo numeral 2.4.4.5.), en consecuencia, se ordena a la DIAN reconocerlos por valor de $3.606.272.784.

● En aplicación al principio de favorabilidad, la DIAN establecerá el valor de la sanción por inexactitud en al 100%, liquidado sobre las sumas que se mantienen rechazadas, conforme lo dispuesto en precedencia

● Se mantiene la sanción a representante legal y revisor fiscal de la ARROCERA GELVEZ S.A.S., teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia, de conformidad al principio de proporcionalidad.

TERCERO: ABSTENERSE de condena en costas, conforme a lo expuesto anteriormente.

[…]”.

ANTECEDENTES

principio de proporcionalidad.

TERCERO: ABSTENERSE de condena en costas, conforme a lo expuesto anteriormente.

[…]”.

ANTECEDENTES

El 20 de abril de 2011 ARROCERA GELVEZ S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2010.

Previo Requerimiento Especial No. 072382013000039 del 2 de julio de 2013, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014, en la que modificó la declaración d el impuesto sobre la renta presentada por la actora, determinando como saldo a pagar a cargo de la arrocera la suma de $7.600.969.000.

El 29 de mayo de 2014, la sociedad actora interpuso el recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo, resuelto por medio de la Resolución No. 900360 de 24 de abril de 2015, en la cual la DIAN que confirmó el acto recurrido.

DEMANDA

La sociedad ARROCERA GELVEZ S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN NO. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, a cargo de la ARROCERA GELVEZ SA.

de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, a cargo de la ARROCERA GELVEZ SA. hoy ARROCERA GELVEZ S.A.S.Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

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SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 900360 del 24 de abril de 2015. emanada de la subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por la cual se confirmó la LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION NO. 07241201 4000030 del 31 de marzo de 2014, practicada por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de impuestos de Cúcuta.

TERCERA: Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones se le ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN-, que, a título de restablecimiento del derecho, se declare en firme la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2010 presentada mediante formulario N 1101601575432, y sticker N 91000109848676 correspondiente a la ARROCERA GELVEZ S.A. hoy

derecho, se declare en firme la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2010 presentada mediante formulario N 1101601575432, y sticker N 91000109848676 correspondiente a la ARROCERA GELVEZ S.A. hoy ARROCERA GELVEZ S.A.S. que fuera presentada el 20 de abril de 2011.

CUARTO: Condenar a la nación colombiana UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en costas del proceso de conformidad con el Código de Procedimiento Civil en armonía con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo.”

Invocó como normas violadas, las siguientes:

● Artículos 6, 29, 83,124 Y 363 de la Constitución Política. ● Artículos 683, 742, 743, 745, 746, 771 -2, 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario. ● Artículos 175, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.

El concepto de violación se sintetiza así:

1. Infracción de las normas constitucionales y legales contenidas en los artículos 6, 29, 83, 124 y 363 de la constitución; los artículos 742 a 746, 771-2 y 772 a 774 del Estatuto Tributario y los artículos 175, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.

Señaló que los hechos con los cuales la administración, sustentó la modificació n de la declaración de impuesto a la renta del año gravable 2010, no se encuentran tipificados en la ley como infracción tributaria y menos que ellas se presuman, debido a que la

Señaló que los hechos con los cuales la administración, sustentó la modificació n de la declaración de impuesto a la renta del año gravable 2010, no se encuentran tipificados en la ley como infracción tributaria y menos que ellas se presuman, debido a que la responsabilidad tributaria es individual y vulnera el principio fundamental d e la buena fe que se presume en toda actuación que los particulares adelanten ante las autoridades.

Sostuvo, que no se valoraron en su integridad las pruebas, de tal manera, que no se garantizaron los principios al debido proceso, el ejercicio del dere cho de defensa y contradicción y la confianza legítima.

1. Falsa motivación

Que se configura la falsa motivación de hecho y de derecho, puesto que las razones que sustentan la expedición de los actos acusados de ilegalidad son subjetivas a partir de comprobaciones inconclusas y no corresponden a las pruebas aportadas por la parte demandante respecto de las operaciones realizadas. Que los beneficiarios de operaciones no son personas inexistentes; que los proveedores han acreditado su existencia y debida identificación no solo a través de documentos sino a través del Rut y que la modificación a la liquidación privada parte de una premisa errónea de la DIAN.Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

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1. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

Señaló que la administración no confrontó y valoró los hechos y las pruebas recaudadas, pues no debió basarse en estudios agrícolas para determinar la capacidad de producción de un agricultor y, concluir que los proveedores no tenían capacidad de producción para vender lo que informó la empresa o lo qu e es lo mismo, para desvirtuar las compras informadas, conforme a la información suministrada por el ICA.

Consideró que se desconoció la presunción de legalidad de las operaciones comerciales suministradas en las facturas de compras y, del pago de las tarifas impositivas, es decir, de la operación contable desarrollada por la empresa, puesto que se omitió realizar estudios con visitas de campo y un especialista en cultivos de este tipo.

Estimó que se vulneró el derecho a la defensa, al rechazar costos de venta de algunos proveedores por la causal «no haberse podido comprobar la existencia real de la transacción», lo que carece de respaldo probatorio, pues se funda únicamente en hechos de terceros, lo que constituye un indebido traslado de la responsabilida d personal, que vulnera la presunción de inocencia y el principio de seguridad jurídica. Además, se imputa a la contribuyente la negligencia en la que pudieron incurrir los terceros en el manejo de sus operaciones.

Indicó que los proveedores son agricultores cuya actividad no estaba considerada como

imputa a la contribuyente la negligencia en la que pudieron incurrir los terceros en el manejo de sus operaciones.

Indicó que los proveedores son agricultores cuya actividad no estaba considerada como comercial, por tanto, no tenían la obligación de llevar contabilidad, siendo poco probable que entregaran soportes de costos de la mano de obra y siembra, sin que ello se considere como un indicador de inexistencia de las operaciones de venta.

Consideró que la demandada violó los principios de justicia y equidad de los tributos, pues las dudas provenientes de vacíos probatorios deben resolverse a favor del contribuyente según el artículo 745 del E.T.

Señaló que no es procedente la sanción por inexactitud, toda vez que los costos de ventas e impuestos descontables declarados son reales.

1. Sanción del revisor fiscal.

La señora Maritza Quintero Jaimes, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54-001-23-33-000-2015-00372-00 en contra de la DIAN; proceso que fue acumulado al presente asunto (54-001-23-33-000-2015-00377-00), mediante auto del 19 de agosto de 2016.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Aseveró que los actos acusados se encuentran debidamente motivados, pues se sustentan en las pruebas que se practicaron, recaudaron, aportaron y valoraron en legal forma, de modo que no existían vacíos probato rios que deban resolverse a favor de la contribuyente.

sustentan en las pruebas que se practicaron, recaudaron, aportaron y valoraron en legal forma, de modo que no existían vacíos probato rios que deban resolverse a favor de la contribuyente.

Sostuvo que no existe nulidad por violación al debido proceso por falta de motivación, porque en los actos acusados se expresaron de forma clara los motivos por los cualesRadicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

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se modificó la declaración p rivada del año gravable 2010 y se impuso sanción por inexactitud.

Expresó que se desvirtuó la realidad económica de las operaciones y su procedencia fiscal, habida cuentan que, en algunos casos, no pudo comprobar la realización de las transacciones comerciales, proveedores que no tienen capacidad de producción, no cancelaron la totalidad de la cuota de fomento arrocero o existen diferencias entre lo reportado por el contribuyente y el proveedor.

Destacó que procede la sanción por inexactitud en la medida en que se encuentra probado el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, pues en la declaración privada, el contribuyente incluyó costos y deducciones inexistentes.

probado el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, pues en la declaración privada, el contribuyente incluyó costos y deducciones inexistentes.

Respecto de la sanción a la revisora fiscal, indica que son múltiples las funciones otorgadas por la ley al revisor fiscal, po r lo tanto, no se puede desconocer su responsabilidad cuando se verifica inexactitud e inconsistencias en los documentos rentísticos.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, por las siguientes razones:

Expresó que los costos rechazados se basaron en pruebas documentales recaudadas y cruces de información, efectuados por la DIAN en virtud de las facultades de fiscalización, en los que se de mostró simulación de operaciones, inexistencia de proveedores, entre otras circunstancias, que al ser apreciadas bajo las reglas de la sana critica, demostraron inexistencia de las operaciones declaradas.

Destacó que la parte demandante no demostró que l os proveedores tenían capacidad de producción para venderle los kilogramos de arroz paddy declarados, desconociendo de esta forma el artículo 167 del Código General del Proceso.

En cuanto a los proveedores Álvarez Vergel Rodolfo y Ramos Blanco Rafael Antonio, el Tribunal mantuvo el rechazo de los costos; toda vez que, encontró que los indicios construidos por la DIAN eran suficientes para desacreditarlos.

La sanción por inexactitud, en aplicación del principio de favorabilidad debe liquidarse en el 100% de la diferencia en la nueva liquidación -que el a quo ordenó efectuar a la DIAN.

La sanción por inexactitud, en aplicación del principio de favorabilidad debe liquidarse en el 100% de la diferencia en la nueva liquidación -que el a quo ordenó efectuar a la DIAN.

En cuanto a la sanción impuesta al representante legal y revisor fiscal, estimó que de conformidad con los artículos 658 -1, 659 y 660 del E.T. al incluirse costos inexi stentes en la declaración de renta del año gravable 2010, se encontraba ajustadas a derecho y, debían mantenerse.

No se condenó en costas, en la medida que no estaban probadas en el expediente.Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

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RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes (Arrocera Gelves y Revisor Fiscal) presentaron recurso de apelación y adición al mismo respecto del artículo segundo de la parte resolutiva de la sentencia1, con fundamento en los siguientes argumentos:

Insistió en que se descono ció la realidad de las operaciones de compra que se encontraban probadas con los soportes documentales y contables.

En cuanto al dictamen del ingeniero agrónomo, advirtió que el Tribunal no lo tuvo en cuenta, sin embargo, indicó que tenía como finalidad indicar que el índice p romedio de

encontraban probadas con los soportes documentales y contables.

En cuanto al dictamen del ingeniero agrónomo, advirtió que el Tribunal no lo tuvo en cuenta, sin embargo, indicó que tenía como finalidad indicar que el índice p romedio de producción por hectárea en la zona del municipio de Cúcuta, distrito de riego del rio Zulia y el municipio de Zulia, puede ser en promedio de tres cosechas anuales, las cuales comprenden dos cosechas ordinarias en el ciclo anual y una soca o reb rote, la cual representa un 70% y 80% del rendimiento de una cosecha ordinaria.

Agregó que en el caso de los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio Ramos Blanco, la totalidad de las compras de arroz paddy realizadas por la Arrocera Gelvez en el año 2010 se encontraban registradas, soportadas documentalmente y efectuados los descuentos para el pago de la cuota de fomento arrocero, destinada a

FEDEARROZ.

En cuanto a la decisión de mantener la sanción al revisor fiscal de la arrocera Gelvez, indicó que a este no le compete tomar decisiones ni fijar políticas de desempeño ni logro de objetivos empresariales, sin embargo, debe velar por el cumplimiento de las reglas y pautas que gobiernan el funcionamiento de la sociedad y que las actuaciones administrativas se ejecuten en desarrollo del objeto social y acorde a las facultades otorgadas por el representante legal y la junta directiva.

Respecto de la sanción al representante legal, el tribunal se declaró sin competencia para conocer el medio de nu lidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta. Es decir que,

Respecto de la sanción al representante legal, el tribunal se declaró sin competencia para conocer el medio de nu lidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta. Es decir que, la sanción impuesta por la DIAN no podía ser objeto de estudio por el Tribunal en el curso de este proceso.

La DIAN, por su parte, indicó que no es cierto que los costos fueran rechazados con fundamento en indicios. El rechazo obedeció al estudio, valoración de las pruebas recaudadas y a los hechos verificados que mostraron irregularidades y permitieron establecer que los proveedores de la actora no tenían capacidad productiva. A continuación, reseñó uno a uno los costos rechazados y pidió revocar la decisión de primera instancia para nega rlos. Finalmente dijo que la liquidación oficial se encuentra ajustada a derecho y que no procede realizar una nueva liquidación del impuesto, toda vez que la administración realizó todo el proceso investigativo, la valoración y aplicación

1 “Se mantiene en su totalidad el rechazo de costos relacionados con que no se pudo comprobar la capacidad de producción o se comprobó parcialmente (cargo numeral 2.4.4.2.), en cuantía de $598.032.318. Se nulita parcialmente el rechazo de los costos solicitado por no pago de la cuota de fomento arrocero (cargo numeral 24.4.3), conservándose el rechazo parcial respecto de los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio Ramos Blanco, debiéndose aceptar las sumas. correspondientes al señor Pablo Antonio Sánchez Méndez en cuantía de $23.811.275 (…)

Ramos Blanco, debiéndose aceptar las sumas. correspondientes al señor Pablo Antonio Sánchez Méndez en cuantía de $23.811.275 (…) Se mantiene la sanción a representante legal y revisor fiscal de la ARROCERA GELVEZ S.AS. teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia, de conformidad al principio de proporcionalidad.”Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de la sana crítica respecto de las pruebas , ajustándose a las normas tributarias y respetando el debido proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante: la sociedad Arrocera Gelvez y la Revisora fiscal insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación2.

La parte demandada reiteró lo expuesto en la conte stación de la demanda 3 y en el recurso de apelación.

El Ministerio Público solicitó que se revoque totalmente la sentencia de primera instancia, confirmando la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados4.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación presentado por las partes, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración

demandados4.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación presentado por las partes, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad ARROCERA GELVEZ S.A.S por el año gravable 2010.

En concreto se determinará si procede el rechazo de los costos relacionados: (i) con que no se pudo comprobar la realidad de las transacciones, al no recibir respuesta al requerimiento especial o citación por parte de los proveedores; (ii) con no pago de cuota de fomento arrocero; (iii) por diferencias entre lo declarado y lo manifestado por los proveedores; (iv) con la no comprobación de la existencia de las transacciones. Resueltas esas cuestiones, se definirá sobre las sanciones impuestas.

Procedencia de los costos

El artículo 771-2 del E.T. establece que la prueba documental idónea para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta, son las facturas que cumplen con los requisitos de los artículos 617 5 y 6186 del E.T. Sin embargo, esto no impide que la Administración despliegue su facultad fiscalizadora, para corroborar la veracidad de las transacciones económicas que dieron lugar a dichos costos.

La Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 1 y 2 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en los que el legislador estableció que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas o documentos equivalentes que le permitan adquirir la certeza sobre datos necesarios para la determinación del impuesto 7.

en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas o documentos equivalentes que le permitan adquirir la certeza sobre datos necesarios para la determinación del impuesto 7.

2 Índice 21 y 22, Plataforma SAMAI 3 Índice 20, Plataforma SAMAI 4 Índice 23, Plataforma SAMAI 5 b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación. 6 Los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes establecidos en las normas legales y de exhibirlas cuando la Administración Tributara así lo exija. 7 Sentencia C-733 de 2003, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.Radicado: 54001-23-33-000-2015-00377-01 [25762]

Demandante: ARROCERA GELVEZ S.A.S

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Lo anterior “no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes , los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta pueden ser rechazados”8.

Por otra parte, el artículo 746 del Estatuto Tributario contempla la presunción de veracidad de la cual gozan las declaraciones tributarias, no obstante, ha dicho la Sala 9, que esta presunción admite prueba en contrario y que la carga probatoria para desvirtuarla recae en principio en la Autoridad Tributaria, y se traslada al contribuyente cuando esta solicite una comprobación especial o la ley así lo exija.

El artículo 742 del mismo ordenamiento, dispone que la determinación de los impuestos por parte de la Administración debe fundarse en los hechos que se encuentren probados dentro del expediente, mediante pruebas que respondan a lo regulado por las leyes tributarias o el Código General del Proceso, en cuanto exista compatibilidad entre ambas normas. Esto quiere decir, que la DIAN puede desvirtuar la existencia de las transacciones a través de medios probatorios directos o indirectos 10, que no estén

tributarias o el Código General del Proceso, en cuanto exista compatibilidad entre ambas normas. Esto quiere decir, que la DIAN puede desvirtuar la existencia de las transacciones a través de medios probatorios directos o indirectos 10, que no estén prohibidos por la ley, par a así, proceder al rechazo de costos, a pesar de que el contribuyente pretenda hacerlos valer mediante facturas o documentos equivalentes.

La Sala ha señalado que en materia tributaria es aceptado el indicio como medio de prueba para que la Administración compruebe la veracidad de las transacciones económicas del contribuyente11.

Pero para que un hecho pueda considerarse como indicio, el artículo 240 del Código General del Proceso indica que debe estar debidamente probado en el proceso. Además, el artículo 242 del mismo Código, prevé que los indicios deben ser valorados por el juez en conjunto, de acuerdo con su gravedad, concordancia y convergencia, y la relación que posean con las demás pruebas obrantes en el expediente.

Desconocimiento del costo de venta

A partir de la información obtenida de la contribuyente, la DIAN realizó cruces de información, visitas de verificación y consulta