CE - 540012333000201700468021SENTENCIA20230706125218

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

- CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 540012333000201700468 02 (65921)

Demandante: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE

CÚCUTA Demandado: MARIALENA GALINDO MÁRQUEZ Y OTROS Tema: Medio de control de repetición. Ley 1437 de 2011. Límites del recurso de apelación - artículo 320 CGP. Liquidación de costas procesales. Es procedente condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 12 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad accionante.

I. SINTESIS DEL CASO Mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, el Tribuna! Administrativo de Norte de Santander declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por la muerte de José Ángel Mendoza Mora.

En consecuencia, el referido Tribuna! ordenó pagar perjuicios morales y materialesa los familiares de la víctima. Como la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta fue condenada en el referido proceso y afirma que pagó una

En consecuencia, el referido Tribuna! ordenó pagar perjuicios morales y materialesa los familiares de la víctima. Como la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta fue condenada en el referido proceso y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de Maríalena Galindo Márquez, Gustavo Enrique Carvajal Franklin, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis, señalando que debian reembolsarle dicho dinero, pues habían sido los servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo habían incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921)

Demandante: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 23 de junio de 20171, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de contro! de repetición, presentó demanda en contra de Maríalena Galindo Márquez, Gustavo Enrique Carvajal Franklin, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis, para que se les declare patrimonialmente responsables del pago de $506.191.081 a Aracely García Cuadros y otros, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que a las 11:05 am del 16 de junio de 1998, José Ángel Mendoza Mora ingresó a la E.S.E. Hospital

17 de octubre de 2014, En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que a las 11:05 am del 16 de junio de 1998, José Ángel Mendoza Mora ingresó a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta con diagnóstico de hernia lumbosacra y programación para cirugía para corregir dicha patología. Manifiesta que a las 11:10 am, se le suministró al señor Mendoza Mora “una mezcla” de medicamentos consistentes en “una ampolla de Robaxin, una ampolla de Valium y una ampolla de Lisalgil para pasar en 8 horas a cirugía”. Indica que a las 13:30 José Ángel Mendoza Mora presentó crisis de ansiedad y convulsión, por lo que se le suministró “Triapidaf”. Luego, a las 14:20 el paciente presentó “paro cardiorrespiratorio” que le causó la muerte. Sostiene que los familiares de José Ángel Mendoza Mora incoaron demanda de reparación directa en contra de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por falla del servicio al suministrar al paciente la dosis de medicamentos en mezcla, cuando existe prohibición expresa de hacerlo, originando la posterior reacción con el desenlace fatal”. 1FL1a18,C.1.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921) Demandante: E.S,E. Hospital Universitario Erasmo Mcoz de Cúcuta Señala que, mediante sentencia del 28 de junio de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por la muerte

Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por la muerte de José Ángel Mendoza Mora y la condenó a pagar perjuicios morales y matériales a favor de los demandantes. Resalta que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó la responsabilidad de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por la muerte de José Ángel Mendoza Mora y modificó el monto de los perjuicios reconocidos en el proveído del 28 de junio de 2013. | Atendiendo a que la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta fue condenada en el proceso referido y esta entidad afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Marialena Galindo Márquez, Gustavo Enrique Carvajal Franklin, Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis, señalando que debían reembolsarle dicho dinero, pues la primera “se extralimitó en sus funciones como médico interno”, el segundo "no realizó la debida supervisión del personal a su cargo “médicos internos” y las enfermeras Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis omitieron el cargo (sic) de la doctora Galindo quien no está técnicamente para prescribir ordenes médicas”. En suma, indicó que los referidos demandados fueron los servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo habían incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestaciones

ES

médicas”. En suma, indicó que los referidos demandados fueron los servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo habían incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestaciones ES El 25 de julio de 2017?, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público. 2 FL, 172,C.1.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921) Demandante: E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta 2.1. Maríalena Galindo Márquez? se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que no se acreditó que su actuar fuera doloso o gravemente culposo, pues no fue quien prescribió los medicamentos a José Ángel Mendoza Mora.

Asimismo, señaló que a la fecha de los hechos era una “estudiante interna” de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, por lo que entre sus funciones no estaba la de prescribir medicamentos sino la de colaborar en la elaboración de historias clínicas y epicrisis, aunado a que su actividad era supervisada por los médicos Marta Jazmín Matamoros y Gustavo Calderón. A su vez, propuso las excepciones que denominó: 'no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge y en general de la calidad en que actúe el demandante” y falta de legitimación en la causa por pasiva. 2.2. Gustavo Enrique Carvajal Franklin sostuvo que no actuó con culpa grave o dolo, pues no atendió a José Ángel Mendoza Mora durante su hospitalización en la

demandante” y falta de legitimación en la causa por pasiva. 2.2. Gustavo Enrique Carvajal Franklin sostuvo que no actuó con culpa grave o dolo, pues no atendió a José Ángel Mendoza Mora durante su hospitalización en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta; de hecho, ni siquiera “fue notificado de su ingreso ni tampoco fue consultado por la Dra. Maríalena Galindo Márquez, ni por otro miembro del servicio de urgencias sobre el tratamiento de ese paciente”. Por último, propuso las excepciones de inexistencia de culpa grave o dolo, inexistencia del deber de supervisión sobre las órdenes médicas y/o conductas de atención, falta de la imputación jurídica del resultado, caducidad de la acción, inexistencia de perjuicios y excesiva tasación de los mismos y la genérica. 2.3. María Teresa Garcia de Ochoa y Noris Madariaga Galvis? se opusieron a las pretensiones de la demanda e indicaron que no actuaron con culpa grave o dolo, pues “no aparecen en la historia clínica del paciente José Ángel Mendoza Mora, avalando con su firma actuación alguna de la atención suministrada al paciente y especificamente la administración de medicamentos ordenados por los médicos generales, especialistas o internos”. Propusieron las excepciones que denominaron falta de comisión, inexistencia de solidaridad, falta de nexo de causalidad y “causa extraña culpa de tercero”. 3 Fl. 191 a 209, C. 1. + Fl, 249 a273,C.2. 5 Fl. 339 a361,C. 2.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921)

Demandante: ES.E, Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cócuta

+ Fl, 249 a273,C.2. 5 Fl. 339 a361,C. 2.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921)

Demandante: ES.E, Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cócuta

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 12 de julio de 2019%, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La E.S.E; Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta”, Maríalena Galindo Márquez?, Gustavo Enrique Carvajal Franklin?, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación. 3.2. El Ministerio Publico guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 12 de diciembre de 201911, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Maríalena Galindo Márquez y negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la muerte de José Ángel Mendoza Mora no se produjo por la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados.

Al efecto, sostuvo: “[...] Entonces, conforme con lo expuesto esta Sala considera que la doctora Maríalena Galindo Márquez no incidió ni determinó el daño antijurídico por el que fue condenada la entidad demandante, toda vez que su actuar para el día 16 de julio de 1998 se circunscribió única y exclusivamente a efectuar la transcripción de la orden médica prescrita por el médico especialista que trataba el caso del señor José Ángel Mendoza Mora. (...) El actuar pasivo del doctor Gustavo

transcripción de la orden médica prescrita por el médico especialista que trataba el caso del señor José Ángel Mendoza Mora. (...) El actuar pasivo del doctor Gustavo Enrique Carvajal Franklin no incidió en la subsiguiente muerte del señor José Ángel Mendoza Mora, toda vez que no estaba en la obligación de supervisar el tratamiento médico o quirúrgico que se le prestó al mismo, y que éste no sólo había sido € Fl. 501 a 503, €. 2. 7 Fl. 529 a 539, €. 2. 8 FL 506 a510, 0.2 2 FL 514 a 518, 0,2. 10 Fl. 519 a 528, €. 2. 11 Fl. 542 a 560, €. Ppal.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921) Demandante: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta ingresado por orden del especialista Gustavo Calderón, sino que además presentaba una patología que debía ser atendida por un médico especializado en neurología, preparación profesional de la que carecía el aquí demandado. Consecuentemente, la Sala estima que el proceder del doctor Gustavo Enrique Carvajal Franklin no incidió en la condena que tuvo que pagar la entidad demandante (...). Ahora bien, en lo que atañe a la responsabilidad de las enfermeras María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis, esta Sala advierte que las mismas laboraban como enfermeras jefas en la ESE HUEM para el momento en que acaecieron los hechos referidos. Sín embargo, de lo expuesto en la historia clínica del señor José Ángel Mendoza Mora no es posible colegir que

advierte que las mismas laboraban como enfermeras jefas en la ESE HUEM para el momento en que acaecieron los hechos referidos. Sín embargo, de lo expuesto en la historia clínica del señor José Ángel Mendoza Mora no es posible colegir que las señoras García de Ochoa y Madariaga Galvis hubieran intervenido en .la atención del prenombrado, pues además de que en la referida documentación nunca se hace siquiera alusión a ellas, las firmas que aparecen en los recuadros respectivos del formato de notas de enfermería no corresponden con el nombre de aquellas [...]”. En la parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Maríalena Galindo Márquez, negó las pretensiones de la demanda respecto de Gustavo Enrique Carvajal Franklin, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis, y se abstuvo de condenar en costas a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

5. Recurso de apelación : o El 30 de enero de 20201, Marialena Galindo Márquez interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 3 de febrero de 2020 y admitido el 12 de marzo de 202011. 5.1. Maríalena Galindo Márquez? sostuvo que su recurso de apelación recaía única y exclusivamente frente a la decisión de no imponer costas y agencias en derecho 12 FI. 562 a 564, C. Ppal.

13 Fl, 566, C. Ppal. 14 Fl. 571, C. Ppal. 15 Fl. 562 a 564, C. Ppal.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921)

12 FI. 562 a 564, C. Ppal. 13 Fl, 566, C. Ppal. 14 Fl. 571, C. Ppal. 15 Fl. 562 a 564, C. Ppal.Radicado: 540012333000201700468 02 (65921) Demandante: ES.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta a la ES.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, “como quiera que existieron suficientes circunstancias fácticas y jurídicas para que el despacho profiriera fallo condenando en costas a la entidad demandante”.

Textualmente sostuvo: “f...] La ESE HUEM actuó en forma irrazonable, temeraria, infundada y desleal al promover demanda de repetición en contra de mi representada causándole perjuicios morales, además de hacerla incurrir en gastos de defensa y que por tanto se le debe imponer la condena en costas”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de octubre de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Maríalena Galindo Márquez!” y Gustavo Enrique Carvajal Franklin? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente. o 6.2. El Ministerio Púbico?? solicitó no condenar en costas a la parte demandante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y toda vez que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, nó es procedente la condena en por este concepto. No obstante, advirtió que en el evento en que fueran

pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y toda vez que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, nó es procedente la condena en por este concepto. No obstante, advirtió que en el evento en que fueran procedentes las costas, la condena únicamente resultaba razonable cuando en el expediente aparezcan causadas y estén probadas, a propósito de lo cual sostuvo que en el plenario no obraba prueba alguna que acreditara los gastos en que pudo incurrir la demandada con ocasión de su defensa. e 16 Fl, 575, C. Ppal. 17 Documento que se puede consultar en el link de "Historial de actuaciones judiciales” índice 15 de la plataforma SAMAL, 18 Documento que se puede consultar en el link de “Historial de actuaciones judiciales” indice 16 de la plataforma SAMAL. 12 Documento que se puede consultar en el link de “Historial de actuaciones judiciales” índice 20 de la plataforma SAMAL .Radicado: 5400 12333000201700468 02 (65921) Demandante: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta 6.3. La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis guardaron silencio.

11. CONSIDERACIONES

1. Competencia condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con e! fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates 'se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento

que desempeñen funciones públicas, con e! fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates 'se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)% y el inciso 1” del artículo 7 de la Ley 678 de 2001?. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación”, de 20 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”

repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 21 Articulo 7 VYurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 22 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $506.191.081, la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2017 el SMLMY ascendía a la suma de $737.717, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $368.858,500.Radicado: 5400 12333000201700468 02 (65921) Demandante: ESE. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente De conformidad con la definición del artículo 2% de la Ley 678 de 2001%, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política? y 142 del CPCA?, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Maríalena Galindo Márquez, Gustavo Enrique Carvajal Franklin, María

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Maríalena Galindo Márquez, Gustavo Enrique Carvajal Franklin, María Teresa García de Ochoa y Noris Madariaga Galvis Rodríguez patrimonialmente responsables del pago de $506.191.081, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 17 de octubre de 2014. | 23 “Artículo 20. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial [...]”. 24 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “fe]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de fales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 25 “Artículo 142. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.”10

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.”10

Radicado: 540012333000201709468 02 (65921)

Demandante: E.S.E, Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden - público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los Órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verfique su ocurrencia.” 27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el tegistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaría para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de fas acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

necesaría para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de fas acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

Radicado: 540012333000201700468 02 (65921) Demandante: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su -reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la: halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure% que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012%, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?! . En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas

julio de 2012%, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?! . En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la fígura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso lure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 3% La demanda de repetición se presentó el 23 de junio de 2047. 31 "Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.12

Radicado: 5400123330002017004689 02 (05921) Demandante: E.S.E. Hospital Universitario Erasmó Meoz de Cúcuta decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)?, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados”.

No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA%, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación púr el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales

anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culmi