CE - 540012333000201800012011SENTENCIASENTENCIA20230626165642
Detalles
- Título
- CE - 540012333000201800012011SENTENCIASENTENCIA20230626165642
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
Demandante: María Leonor Castañeda García
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
Demandante: MARÍA LEONOR CASTAÑEDA GARCÍA
Demandada: NACIÓN-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-POLICÍA
NACIONAL.
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor de cónyuge supérstite de agente de la Policía Nacional. Aplicación Ley 100 de 1993 en virtud del principio de favorabilidad. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2.020) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2.020) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARÍA LEONOR CASTAÑEDA GARCÍA , instauró demanda en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1. Que se declare la nulidad del Oficio S-2017-023999/ARPRE-GRUPE-1.10 del 30 de enero de 2.017, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la demandante en su calidad de cónyuge supérstite del extinto agente de2
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Demandante: María Leonor Castañeda García
2 la Policía Nacional Reinel Chicangana Magyn, a partir del 29 de octubre de 1.997, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1.993, aplicable en virtud del principio de favorabilidad. Que se paguen todas las sumas correspondientes a pensión y primas, debidamente indexadas hasta la fecha en que se realice el pago.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
favorabilidad. Que se paguen todas las sumas correspondientes a pensión y primas, debidamente indexadas hasta la fecha en que se realice el pago.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Reinel Chicangana Magyn prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de 7 años, 11 meses y 20 días, hasta el 29 de octubre de 1.997, fecha en la que falleció en actos de servicio y para la cual ostentaba el grado de agente.
Que, al momento de su muerte, el señor Chicangana Magyn se encontraba casado con la señora María Leonor Castañeda García, quien dependía económicamente de aquel, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de la prestación que solicita.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 7 de febrero de 2.018 y notificada a la entidad demandada, quien contestó, manifestando que el acto adm inistrativo enjuiciado fue expedido acorde al ordenamiento jurídico, pues la Ley 100 de 1.993 no le es aplicable, teniendo en cuenta que el artículo 279 de dicha disposición excluye al personal adscrito a la Fuerza Pública.
Se celebró audiencia inicial el 4 de junio de 2.019, en la cual se fijó el litigio y luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la entidad demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 10 de
de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la entidad demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2.020, accedió a las pretensiones de la demanda, considerando3
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Demandante: María Leonor Castañeda García
3 que el Decreto 1213 de 1.990 es la disposición que rige la situación pensional de la demandante, por ser la norma especial vigente al momento del fallecimiento del causante. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad es procedente atender lo regulado en la Ley 100 de 1.993, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia.
Que se acreditaron los requisitos para acceder a la prestación solicitada, habida cuenta de que el causante cotizó al menos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su muerte, que contrajo matrimonio católico con la demandante el 18 de abril de 1.993, y falleció el 29 de octubre de 1.997, cumpliendo con todos los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2.003.
Que se presentó el fenómeno jurídico de la prescripción, por cuanto el derecho se causó el 29 de octubre de 1.997 (fecha de fallecimiento del señor Reinel Chicangana Magyn), la primera petición fue radicada el 15 de mayo de 2.014, la
causó el 29 de octubre de 1.997 (fecha de fallecimiento del señor Reinel Chicangana Magyn), la primera petición fue radicada el 15 de mayo de 2.014, la segunda el 19 de octubre de 2.016 y la demanda se presentó el 12 de enero de 2.018, motivo por el cual las mesadas causadas con anterioridad al 19 de octubre de 2.013 prescribieron.
Como consecuencia de ello, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó, reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a favor de la señora María Leonor Castañeda García, efectiva a partir del 30 de octubre de 1.997, pero con efectos fiscales desde el 19 de octubre de 2.013, por la prescripción trienal de mesadas, con aplicación integral de lo previsto en la Ley 100 de 1.993. Finalmente se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada interpuso recurso de apelación por considerar que el régimen especial aplicable a la prestación solicitada es el Decreto 1213 de 1990, disposición que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del causante y que exige el cumplimiento de 12 años de servicio para que proceda el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, presupuesto que no cumplió el exagente Reinel Chicangana Magyn, pues acumuló 6 años, 4 meses y 28 días.4
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4 Que, en este sentido, su situación no se encuentra regida por la Ley 100 de 1993,
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4 Que, en este sentido, su situación no se encuentra regida por la Ley 100 de 1993, como erróneamente lo adujo el tribunal de instancia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante, solicitó se confirme la sentencia recurrida, en la medida en que, en virtud del principio de favorabilidad, es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme los postulados de la Ley 100 de 1993.
La entidad demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Se circunscribe a determinar si la demandante, en su calidad de cónyuge supérstite del agente de la Policía Nacional, quien falleció en actos del servicio el 29 de octubre de 1997, tiene derecho a que la demandada le reconozca una pensión de sobrevivientes conforme lo regulado en la Ley 100 de 1.993 en aplicación del principio de favorabilidad.
Cuestión previa-objeto de pronunciamiento de la CorporaciónPrevio al análisis de fondo del asu nto, es preciso recordar que cuando el recurso de alzada lo invocó una sola de las partes (la entidad demandada) , el juez de segunda instancia tiene limitada su competencia funcional no solo en virtud del principio de la «non reformatio in pejus » sino adem ás por los motivos de inconformidad expresados por el recurrente respecto de la providencia objeto de censura.
segunda instancia tiene limitada su competencia funcional no solo en virtud del principio de la «non reformatio in pejus » sino adem ás por los motivos de inconformidad expresados por el recurrente respecto de la providencia objeto de censura.
Que es por ello que no basta con la mera interposición del recurso, sino que se precisa la sustentación del mismo a efectos de definir las cues tiones sobre las cuales ha de conocer el juez de la apelación dado que los aspectos de la providencia que no sean recurridos adquieren firmeza y, por ende, son ajenos a la competencia de la segunda instancia, tal como lo dispone el artículo 320 del CGP5
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5 sobre el objeto de la alzada: «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante , para que el superior revoque o reforme la decisión […]». (Resaltado intencional).
Así pues, a l juez de segunda instancia le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas de la decisión de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, toda vez que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia.
Lo anterior, en virtud de lo previsto en el inciso 1.° artículo 328 del Código General del Proceso que prevé que el superior deberá pronunciarse solamente sobre los
aspectos, termina por completo la controversia.
Lo anterior, en virtud de lo previsto en el inciso 1.° artículo 328 del Código General del Proceso que prevé que el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
En el presente asunto, se observa que la entidad apelante limitó su manifestación de inconformidad a la imposibilidad de aplicar el régimen general de pensiones para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes , toda vez que, en su criterio, dicha prestación se debe regir por el régimen especial previsto para el personal de agentes de la Policía Nacional.
En consecuencia, la competencia de esta Corporación para conocer de la alzada se concentrará en la definición de dicho aspecto y sobre ello ha de girar la controversia puesta en conocimiento, pues las demás cuestiones d ebatidas en primera instancia no suscitaron la inconformidad de la Policía Nacional , lo que impide a esta Subsección efectuar un estudio de fondo sobre las mismas sin poner en riesgo el derecho al debido proceso de la contraparte.
Marco normativo y jurisprudencial
Del derecho a la seguridad social
Conforme lo regula el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y6
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6 solidaridad en los término s que determine la ley. De ahí que el legislador quedó
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6 solidaridad en los término s que determine la ley. De ahí que el legislador quedó habilitado para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales señalados en la citada norma constitucional.
El Sistema de Seguridad Social Integral se encuentra conforma do por los regímenes generales regulados para pensiones, salud, riesgos profesionales, hoy denominados laborales, y los servicios sociales complementarios que se definen en la misma Ley 100 de 1.993.
No obstante, esta Ley previó en su artículo 279 1 la inaplicabilidad del Sistema Integral de Seguridad Social allí previsto respecto de los miembros de la Fuerza Pública, quienes se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la prestación del servicio que tienen a su cargo.
Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, tanto el régimen general contempl ado como los regímenes exceptuados han previsto una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el fallecido al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Se trata de la pensión de sobrevivientes, cuyo reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
En este punto es relevante aclarar que si bien la pensión de sobreviviente y la
sobrevivientes, cuyo reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
En este punto es relevante aclarar que si bien la pensión de sobreviviente y la sustitución pensional tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con l os requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de sobreviviente es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión2.
1 Artículo 279. « excepciones. el sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional , ni al personal regido por el decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se v incule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.» 1. (subrayas y negrillas fuera del texto) 2 Sentencia T-564 de 2015.7
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7 Ahora, cuando al momento de causarse algún derecho se está en presencia de dos o más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución al caso, en virtud del principio de favorabilidad 3, se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar
virtud del principio de favorabilidad 3, se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más beneficioso. Lo anterior en virt ud de lo que se conoce como el principio de inescindibilidad.
En relación con el principio de favorabilidad, esta Sección 4 ha aceptado la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1.993 a miembros de la Fuerza Pública que no consumaron su derecho en el régimen especial, pero que su causación se dio en vigencia del sistema general, así:
«[…] Empero, en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 5 permitió que todo trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes anteriores sobre la misma materia, esta le resulta más favorable, siempre que se someta a la totalidad de sus disposiciones, lo cual genera duda sobre cuál es la que debe regular la situación de los beneficiarios del soldado conscripto frente a las prestaciones por muerte de aquel.
Bajo esta línea, y en aplicación de la regla de favorabilidad, en los términos del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, se observa que el régimen que más ampara a los beneficiarios del conscripto fallecido en misión del servicio es el contenido en las normas generales que prevén una prestación con mayor vocación de continuidad en el tiempo que las contenidas en el Decreto 2728 de 1968 y que, además, corresponde con los efectos pensionales que debe imprimírsele a este periodo de servicio público. Así la discusión planteada por la entidad apelante en relación al
en el tiempo que las contenidas en el Decreto 2728 de 1968 y que, además, corresponde con los efectos pensionales que debe imprimírsele a este periodo de servicio público. Así la discusión planteada por la entidad apelante en relación al acceso del derecho por aplicación del Decreto 2728 de 1968, se torna inane.
3 Este principio tiene como sustento el artículo 53 de la constitución política, según el cual «el congreso expedirá el estatuto del trabajo. la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.». por su parte, la ley 100 de 1993, en su artículo 288 que «[…] todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.» 4 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2022,
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.» 4 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2022, radicación: 05001-23-33-000-2018-00210-01 (0119-2021). 5 ARTÍCULO 288. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY Y EN LEYES ANT ERIORES. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en l eyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.8
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Lo anterior, en razón a que el Sistema de Seguridad Social Integral tiene previsto, en caso de fallecimiento, u na pensión de sobrevivie ntes para el causante que hubiere cotizado 26 o 506 semanas, cuyo monto es igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación, y sin que pueda ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.
En el mismo sentido han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado al permitir que, con apoyo en el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional7.
permitir que, con apoyo en el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional7.
En efecto, en sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018 8, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación est udió la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 cuando resulta ser más beneficiosa que el régimen especial aplicable a los soldados muertos en simple actividad materia de pensión de sobrevivientes. Al respecto: […]».
En ese o rden de ideas, esta Corporac ión9 ha sostenido que en materia pensional la aplicación de una norma de la cual se exige su aplicación, es requisito sine qua non que aquella hubiera estado vigente a la fecha en que el derecho se habría causado, que para el caso de la pensión de sobreviv ientes es la fecha de deceso del causante.
Régimen legal de la pensión de sobrevivientes por muerte de agentes de la Policía Nacional
En el caso de quienes han optado por vincularse a la Policía Nacional en el grado de agentes, y en atención a la fecha de causación del derecho que aquí se discute (29 de octubre de 1.997) 10, el régimen especial de seguridad social aplicable se encuentra contenido en el Decreto 1213 de 1.99011. El artículo 122 de la norma en
6 Este término se predicaría de aquellas situaciones que se consoliden con posterioridad a la modificación introducida por la Ley 797 de 2003. 7 Al r especto, pueden leerse las siguientes sentencias proferidas por la Sala de lo Contencioso
6 Este término se predicaría de aquellas situaciones que se consoliden con posterioridad a la modificación introducida por la Ley 797 de 2003. 7 Al r especto, pueden leerse las siguientes sentencias proferidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda: subsección B, 130012331000200300080 01 (1925 -2007); subsección B, 76001233100020080061301(1895 -14); subsección B, 25000232500020030678601(1706-12); subsección B, 05001233100020030044801 (0103 -13); subsección B, 05001233100019970339501 (0620-12). 8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15). 9 Al respecto, pueden l eerse l os siguientes fallos proferidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda: sentencia s del del 25 de abril de 2013 , 76001-23-31-000-2007-01611-01(1605-09); del 8 de septiembre de 2016, 17001233300020130061701 (1030-15); del 27 de agosto de 2015, 05001233100020110110301 (0897-14); y del 3 de marzo de 2015, 05001233300020130032001(0537-14), entre otras. 10 Secha de fallecimiento del señor Reinel Chicangana Magyn, según registro civil de defunción visible en expediente digital índice 2 de la plataforma Samai. 11 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional».9
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
11 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional».9
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
Demandante: María Leonor Castañeda García
9 comento prevé las prestaciones del policial muerto en actos del servicio de la siguiente manera12:
«ARTICULO 122. Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondi entes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro , según el tiempo de servicio del causante.». (Subrayas fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, tendrán derecho a pensión de sobrevivientes l os beneficiarios del agente en actividad, que hubiere cumplido 12 años o más de servicio, la cual se pagará en la misma forma que la asignación de retiro, atendiéndose la categoría y el tiempo laborado por el causante.
En lo que respecta a los beneficiari os de las prestaciones por causa de muerte de
servicio, la cual se pagará en la misma forma que la asignación de retiro, atendiéndose la categoría y el tiempo laborado por el causante.
En lo que respecta a los beneficiari os de las prestaciones por causa de muerte de un agente adscrito a la institución policial en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión , el artículo 132 de la mentada disposición preceptúa:
«a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otr a mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales entre los hijos.
c. Si no hubiere hijos, la prestación se dividirá así:
- Cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
- Cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales. […]».
12 Conforme se indicó en la parte motiva de la Resolución 01927 del 9 de diciembre de 2014 (folios 17 a 19 vuelto, ídem.10
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
Demandante: María Leonor Castañeda García
10 Pensión de sobrevivientes en el régimen general
El Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 contempló distintos tipos de prestaciones para las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Así, en el artículo 46 13 (vigente para el momento del deceso del causante) consagró la pensión de sobrevivientes de la siguiente manera:
«[…] Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
Así, en el artículo 46 13 (vigente para el momento del deceso del causante) consagró la pensión de sobrevivientes de la siguiente manera:
«[…] Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. […]»
Por su parte, el artículo 49 previó el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en el evento de que , al momento de la muerte del afiliado, éste no hubiera cumplido con las semanas de cotización requeridas.
Resolución al caso concreto
Al proceso fueron allegados los siguientes medios probatorios:
- Que el señor Reinel Chicangana Magym prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de 6 años, 10 meses y 24 días de la siguiente manera: i) agente alumno: entre el 3 de diciembre de 1.990 y el 31 de mayo de 1.991; y ii) agente: desde el 1° de junio de 1.991 hasta el 28 de octubre de 1.99714.
- Que los señores María Leonor Castañeda García y Reinel Chicangana Magym
agente: desde el 1° de junio de 1.991 hasta el 28 de octubre de 1.99714.
- Que los señores María Leonor Castañeda García y Reinel Chicangana Magym contrajeron matrimonio el 18 de abril de 1.99315.
13 Modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, sin embargo, como el fallecimiento de la causante fue antes de la expedición de la normativa en comento, no se transcribirá). 14 Acorde con hoja de servicios obrante a folio 53 anverso y reverso, expediente digital visible a índice 2 de la plataforma Samai. 15 Según registro civil de matrimonio visto a folio 28, ídem.11
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021)
Demandante: María Leonor Castañeda García
11 - Que el señor Chicangana Magym falleció el 29 de octubre de 1.99716.
- Que, según el informe administrativo, la muerte del exagente ocurrió en «actos del servicio» conforme se indicó en la Resolución 01927 del 9 de diciembre de 2.014, que negó la pensión de sobrevivientes aquí reclamada17.
- Que en la hoja de servicios 7 6306428 del 16 de abril de 2.018 , se establecen como fechas de nacimiento de los señores Edison Andrés y Carol Tatiana Chicangana Castañeda, hijos del señor Reinel Chicangana Magym, el 8 de febrero de 1.993 y el 7 de octubre de 1.994, respectivamente18.
De acuerdo con el material probatorio allegado y al estudio normativo realizado, se
Chicangana Castañeda, hijos del señor Reinel Chicangana Magym, el 8 de febrero de 1.993 y el 7 de octubre de 1.994, respectivamente18.
De acuerdo con el material probatorio allegado y al estudio normativo realizado, se concluye en virtud de la regla de favora bilidad fijada por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que se debe atender el artículo 46 ibidem, en su texto vigente para el momento del deceso, es decir, antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003 19, que sí reconoce la citada prestació n pensional a favor de los beneficiarios de que trata el artículo 47 que dispone:
«[…] a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez20 hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hi
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