CE - 5_700012331000201000310011SENTENCIA20220602143219_TCListadoTitulados133131842845615384-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: JULIO CÉSAR TÁMARA BETÍN Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAMPUÉS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIATemas: Acción de reparación directa – Daños causados por obra pública/ Niega Pretensionesno se acreditó el daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 31 de mayo de 2017, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Con ocasión del contrato de rehabilitación y adecuación del colector del alcantarillado del corregimiento de Segovia en el municipio de Sampués, se comenzaron a verter aguas negras en el arroyo que atravesaba los predios de los demandantes, lo cual generó una desmejora ostensible debido a los malos olores y a la imposibilidad del uso de las aguas del arroyo.

En consecuencia, los demandantes reclamaron los perjuicios que aseguraron les fueron causados por la desvalorización de los predios, los cuales han disminuido por una cifra mayor del 50% del valor por hectárea en el sector.

Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaII. ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 20101, por conducto de apoderado judicial2 y en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Julio César Tamara Betín, Urias Antonio Álvarez Caldera, Osvaldo Solano Álvarez y María Elena Salgado Pantoja, presentaron demanda contra el municipio de Sampués, con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y

condenas:

1. Declárese administrativamente responsable al municipio de Sampués de los daños antijurídicos que se le causaron y siguen causando a los señores Julio Cesar Támara Betín, Urían Antonio Álvarez Caldera, Osvaldo Solano Álvarez y María Elena Salgado Pantoja con ocasión de la ejecución de la rehabilitación y adecuación final del colector del alcantarillado del corregimiento de Segovia.

2. Como consecuencia del anterior pronunciamiento condénese al municipio de Sampués a indemnizar a los demandantes, en consideración a la depreciación de los predios, de la siguiente manera: 2.1. A Julio César Támara Betín la suma de $225’000.000 2.2. A Urías Antonio Álvarez Caldera la suma de $795’000.000 2.3. A Osvaldo Solano Álvarez la suma de $300.000.000 2.4. A María Elena Salgado Pantoja la suma de $311’066.000

3. Disponer que las sumas que resulten a favor de mis poderdantes se

reajusten conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, es decir, aplicando la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que: El día 21 de agosto de 2008, el alcalde del municipio de Sampués suscribió el contrato de obra pública No. MS – 670 – 203-2008, con el propósito de adelantar la rehabilitación y adecuación final del colector del alcantarillado del corregimiento de Segovia, en el municipio de Sampués. La obra se entregó en el plazo previsto en el contrato el día 19 de septiembre de 2008, lo que permitió que los habitantes del corregimiento empezaran a utilizar el alcantarillado. 1 Fls. 1-8 c 1 2 Fl 46 c 1 2

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaSin embargo, con la obra mencionada las aguas negras que recoge el alcantarillado de Segovia se empezaron a verter sobre el arroyo que atravesaba los predios de los demandantes; en consecuencia, la situación ambiental desmejoró debido no solo al mal olor que emana, sino a que, en épocas de lluvias, las aguas rebasaban el cauce e inundaban los predios.

En ese sentido, se manifestó que los pozos artesanos de los predios debieron dejar de ser utilizados, tanto para el consumo humano como para los animales que

pastaban. En consecuencia, los predios de los demandantes fueron sometidos a una carga que superó la que debían soportar, puesto que ello causó la disminución del valor de las tierras por el efecto de los vertimientos de aguas negras al cauce del arroyo que los atravesaba. En ese sentido, se indicó que “como consecuencia del desmejoramiento de la situación ambiental los predios de mis poderdantes se han depreciado, hasta el punto de haber perdido más del cincuenta por ciento de lo que vale la hectárea en el sector. El precio de la hectárea de tierra en el sector de Segovia está estimado actualmente en la cantidad de $40’000.000 pero por los predios de mis poderdantes tan solo ofrecen $10’000.000 por hectárea”

2. El trámite en primera instancia.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante auto del 23 de noviembre de 20103, el cual se notificó en debida forma a la demandada y al Ministerio Público. Contestación de la demanda El municipio de Sampués contestó la demanda el 29 de septiembre de 2011, de manera oportuna4. Se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que no le asistía responsabilidad, comoquiera que no se causaron los perjuicios alegados por los demandantes. En efecto, manifestó que contrario a lo indicado por los demandantes, las fincas por las cuales pasaban las aguas servidas, en épocas de verano, hacían uso para regar los pastizales, lo cual, generó beneficios a los dueños de los predios. 3 Fls. 49-50 c. 1 4 Fls 60 - 62 c 1

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaDe la misma manera, planteó la excepción de “inexistencia del derecho”. Lo anterior, descrito en los siguientes términos: “consiste esta excepción en que (sic) colector final del alcantarillado de Segovia, vierte las aguas a un arroyo antes de entrar a los predios de los accionantes y según información de algunos habitantes de la comunidad, no causa perjuicios a esos terrenos” En auto del 20 de octubre de 20115, el Tribunal abrió el proceso a pruebas y mediante proveído del 5 de abril de 20176, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

La parte actora manifestó que a través del testimonio del señor Jader Luis Ríos Támara se probó que los predios de propiedad de los demandantes sufrieron afectaciones a raíz de la construcción del colector de las aguas servidas, y con el dictamen pericial rendido en el proceso se probó el menoscabo patrimonial que padecieron, es decir, se estableció el monto del detrimento patrimonial, y las causas de é ste, las cuales fueron expuestas al constatarse los vertimientos de las aguas servidas de Segovia sobre el trayecto del arroyo que atraviesa los predios de los demandantes. Hizo énfasis en que la producción de las fincas y su valor decrecieron a raíz de la afectación señalada de la siguiente manera: la finca Santa Elena por un valor de

$138’962.120; la finca Brisas del Caribe por un valor de $135’962.120; la finca La Bendición por un valor de $380’299.840 y la finca la Cosecha por un valor de $312’132.040. En ese sentido, destacó que esos valores corresponden al “valor del daño sufrido con la inclusión de la disminución del valor del predio” que el peritaje estableció. En consecuencia, destacó que, con fundamento en la teoría del daño especial, los actores debían ser indemnizados por el ente demandado. La entidad accionada7 solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó la existencia de un daño, dado que no había prueba que acreditara que los perjuicios señalados por los demandantes se hubieran originado por la construcción del colector final del alcantarillado de Segovia, puesto que é ste “vierte las aguas a un arroyo antes de entrar a los predios de los 5 Fls 69 – 70 c 1 6 Fl 156 c 1 7 Fls 142 – 145 c 1 4

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De Sentenciaaccionantes, y según la información de algunos habitantes de la comunidad no causa perjuicio a esos terrenos”.

Igualmente, destacó que en el dictamen pericial que obraba en el proceso se hizo un balance sobre el número de animales o plantaciones que podían ser criados o cultivadas en la tierra, pero que no daba fe de que efectivamente existían las

plantaciones o los animales. Añadió que en el peritaje no se indicó el sitio en el que el alcantarillado vierte sus aguas y tiene un error en cuanto a la identificación de dos de los propietarios de los predios. De la misma manera, estableció que tampoco se probaron los perjuicios causados “en la tierra”.

3. Sentencia de primera instancia Mediante providencia del 31 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre denegó las pretensiones de la demanda8.

Consideró que al proceso no se aportó medio probatorio que diera cuenta del daño como elemento primordial para la configuración de la responsabilidad extracontractual. Para arribar a tal conclusión, indicó que se probó que los demandantes eran propietarios de los predios ubicados en el corregimiento de Segovia del municipio de Sampués por los cuales atraviesa un arroyo en el cual se vierte sus aguas el alcantarillado de dicho corregimiento, tal y como lo manifestó el señor Jader Luis Ríos Támara. También concluyó que el peritaje rendido en el proceso dio cuenta de que el arroyo recorría los predios de los demandantes; igualmente, que en el informe de ensayo No. 0276-14 realizado por el Laboratorio de Ensayos de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. se determinó que el agua era residual industrial. No obstante, consideró que al proceso no se arrimó medio probatorio que acreditara la supuesta desvalorización de los predios de los actores originados en el vertimiento de los desechos provenientes del alcantarillado del corregimiento de Segovia en el arroyo que los atraviesa, y que el dictamen pericial no era suficiente

para dar cuenta de tales perjuicios, puesto que no tenía el respaldo de lo que en é 8 Fls 164175 c ppal. 5

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De Sentenciaste se manifestó, además de que no tomó en cuenta el área de los predios por los que pasaba el arroyo.

Destacó que en el dictamen, al valorar los daños y perjuicios, el perito se limitó a efectuar un cálculo a partir de la totalidad de la extensión del inmueble, estimando sin soportes, que la valoración comercial de estos disminuyó en un 80%, situación que no le ofreció convicción al a quo sobre la información contenida en la experticia. Por lo tanto, el daño alegado consistente en la supuesta desvalorización de los predios no cumplió con el requisito de certeza exigido por la jurisprudencia y la doctrina; en consecuencia, la parte demandante incumplió la carga de probar los supuestos de la responsabilidad establecida en el artículo 177 del C.P.C.

4. Recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Solicitó que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda9.

Manifestó que el a quo desconoció el acervo probatorio puesto que, si bien las pruebas no lo convencían sobre el monto de los perjuicios, ello no significaba que no se hubieran causado los daños alegados.

Hizo énfasis en que la certificación expedida por Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. alertó sobre la contaminación y malos olores que debían soportar quienes habitaban los predios, lo cual, por sí solo, era prueba de un detrimento patrimonial. En ese sentido, destacó que “frente a esta circunstancia era pertinente ordenar el incidente de regulación de perjuicios, pero no negar las pretensiones de la demanda, máxime que, como ya se anotó, no hubo orfandad probatoria o incuria al respecto”. De todo lo anterior, concluyó que el juez de primera instancia incurrió en un error de hecho por cercenar el alcance de la prueba obrante en el expediente.

5. Trámite de segunda instancia Recibido el proceso en segunda instancia, mediante providencia del 7 de noviembre de 2017 se admitió el recurso de apelación10 y, el 11 de diciembre siguiente, se 9 Fls 178 - 179 c ppal 10 Fls. 185 c ppal

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De Sentenciacorrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente11.

Las partes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El artículo 624 del CGP –que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887– establece que los recursos interpuestos se regirán por la ley vigente al momento de

su presentación y la competencia se definirá de acuerdo con las reglas vigentes al momento de formulación de la demanda. La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo Art. 3 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del numeral 2 del art. 20 del CPC., toda vez que para la fecha de presentación de la demanda -5 de noviembre 2010la cuantía se establecía por el valor de la suma de pretensiones. Teniendo en cuenta lo anterior, para que un proceso de reparación directa iniciado en el mes de noviembre del año 2010 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debía ser equivalente o superior a $257500.00012 y dado que, en el caso concreto, la suma de pretensiones es de $1.631’066.000, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive. Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa caducará al vencimiento del 11 Fl. 187 c ppal 12 Suma que resulta de multiplicar 500 por el salario mínimo mensual vigente de 2010, es decir,

$515.000,00. 7

Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De Sentenciaplazo de (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Ahora, para el presente asunto se tiene que el daño, correspondiente a la depreciación de los predios de los demandantes como consecuencia de la contaminación del arroyo que los atraviesa, se inició el día en el que el alcantarillado del corregimiento de Segovia inició a funcionar. Así las cosas, conforme al acta de entrega y recibo final de obras del contrato No. MS – 670 – 203 – 2008, la rehabilitación y adecuación final del alcantarillado del corregimiento de Segovia, se entregó el día 19 de septiembre de 2008. Vale destacar que en el plenario obra constancia expedida por el Procurador 44 Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Sucre, en la cual se da cuenta de que el actor presentó solicitud de conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, el 20 de septiembre de 2010 y que, el 5 de noviembre de la misma anualidad, se dio por fallido dicho trámite13. De modo que, la acción de reparación directa radicada el 5 de noviembre de 201014,

fue presentada de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa.

Los señores Julio César Támara Betín, Urías Antonio Álvarez Caldera, Osvaldo Augusto Solano Álvarez y María Elena Salgado son propietarios de los predios denominados Villa Flor, Campo Alegre, El Edén y Santa Elena respectivamente, conforme a las escrituras públicas y certificados de tradición de matrícula inmobiliaria que así lo certifica15. Por su parte, el municipio de Sampués tiene interés en controvertir las pretensiones contenidas en la demanda y defender el interés objeto del proceso, por lo que está legitimado formalmente en la causa por pasiva. 13 Fl 45 c 1 14 Fl 18 c 1 15 Fls 10 – 33 c 1 8

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De Sentencia5. Análisis de la Sala Problema jurídico: corresponde a la Sala, en los términos del recurso de apelación, definir si efectivamente se probó el daño, correspondiente a la depreciación de los predios de propiedad de los demandantes como consecuencia del paso de las aguas del alcantarillado en el arroyo que los recorre y, de ser así, si ese daño debe ser resarcido por el municipio de Sampués. 5.1. El daño El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado,

basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño y por consiguiente a la víctima y su función en la institución de la responsabilidad. En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa a un interés protegido. Además de lo anterior, el daño, a efectos de que sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad, ii) personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria, iii) lícito, de modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico, y iv) persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños). En el sub examine, el tribunal de primera instancia consideró que el daño alegado por los demandantes no se había probado debido a que no existía certeza de los perjuicios solicitados, específicamente, de la desvalorización de los predios de los

demandantes como consecuencia de la puesta en marcha del alcantarillado del corregimiento de Segovia en el municipio de Sampués. La parte actora controvirtió esas afirmaciones en el recurso de apelación. 9

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Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaEl daño del artículo 90 superior es cualificado y para que sea resarcible requiere de la verificación de su antijuridicidad, esto es, que quien lo sufre no tenga la obligación normativa de tolerarlo.

En el caso concreto, la Sala advierte que el daño alegado por el demandante no se acreditó por las razones que se exponen a continuación: En el proceso se probó que, efectivamente, en el mes de agosto de 2008, el municipio de Sampués adelantó las gestiones necesarias para la rehabilitación y adecuación del colector final del alcantarillado en el corregimiento de Segovia, el cual fue puesto en funcionamiento el 19 de septiembre de esa anualidad. Ciertamente, a través del contrato de obra civil No. MS – 670 – 203 – 200816, el alcalde del municipio de Sampués contrató con un arquitecto la realización de la obra de rehabilitación y adecuación del colector final del alcantarillado del corregimiento de Segovia en el municipio de Sampués. En el acta de inicio de obra 17 se indicó que el plazo del contrato era de treinta días, contados a partir del 22 de agosto de 2008, fecha en la que se iniciaron los

trabajos correspondientes a la obra del contrato. Finalmente, en el acta de entrega y recibo final de obras con fecha del 19 de septiembre de 200818 , se consignó que la obra se había recibido por el interventor a entera satisfacción y de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas del contrato de obra. En el proceso también se acreditó que las aguas que se vertían al arroyo eran aguas negras o residuales, producto del alcantarillado del sector. Lo anterior en virtud del dictamen pericial del 5 de marzo de 2014, mediante el cual se estableció que se hizo un estudio del grado de contaminación de las aguas vertidas en el arroyo producto de un tramo del alcantarillado del corregimiento de Segovia en el municipio de Sampués. En dicha experticia se estableció lo siguiente: PH U de PH --- 7.83 es una muestra que se encuentra en el límite de ser tóxico o muy alcalino. 16 Fl 35 - 39 c 1 17 Fl 39 c 1 18 Fls 40 – 42 c 1 10

Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaOXÍGENO DISUELTO mg/L 02 ----- 0.0 la muestra no tiene oxígeno o sea que no hay vida.

DB05 mg/L ---- 618.8 es una muestra que se encuentra bastante contaminada. Esherichia coli microorganismo/100 ml -------- 54.750.000 la muestra tiene excretas humanas. Con estos resultados se demuestra que las aguas que llegan al arroyo es una

(sic) aguas negras o residuales producto del alcantarillado del sector. Las aguas para el consumo animal deben cumplir con la Resolución 002341 del 23 de agosto de 2007 en el artículo 14 No. E del Decreto 1594 de 1984 y resolución 3585 del ICA. o sea debe ser un agua potable. Cualquier animal que consuma estas aguas afectaría la producción de leche por aborto en las vacas y el rendimiento por peso no sería lo mas eficiente porque el animal se enfermaría con diarrea etc. Tal documento fue acompañado del informe de ensayos realizado en el laboratorio de ensayos de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. en el que se indicó que el muestreo se realizó el 29 de enero de 2014 en la tubería de descargue al arroyo en la finca La Bendición, antigua Villa Flor, en el corregimiento de Segovia en el municipio de Sampués. En el concepto se estableció que la calidad del agua era residual industrial. Igualmente, se aportó la Resolución No. 002341 del 23 de agosto de 2007, por medio de la cual se reglamentaron las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano. Sin embargo, tal y como se pondrá de presente, al proceso no se aportó medio probatorio que efectivamente diera cuenta del supuesto daño alegado, esto es, la depreciación de los predios de los demandantes. En efecto, el dictamen pericial fue complementado en escrito del 2 de febrero de 2015, mediante el cual se hizo un informe de memoria explicativa para cada uno de

los predios en los siguientes términos: Predio Santa Elena Se manifestó en el acápite de la perspectiva de valorización que no se apreció factor exógeno que genere una valoración y dado el buen nivel de productividad del predio, “se considera una valoración normal” a través del tiempo. 11

Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaIgualmente, que como recursos hídricos se encuentra un arroyo contaminado por aguas residuales del corregimiento de Segovia.

El perito tomó como bases y cálculo del avalúo de daños y perjuicios, la rentabilidad ganadera, así como la proyección y valoración de daños y perjuicios por la no utilización de 10 hectáreas en los siguientes términos: Como se trata de determinar los daños y perjuicios e indemnización por el arroyo contaminado. Este predio de mayor extensión es recorrido por dicho arroyo en una longitud de 845 m lo que desmejora en su valor comercial y baja la rentabilidad de producción de la misma. Rentabilidad ganadera por meses es de $741.351 x 120 meses: $88.962.120 Indemnización por daños y perjuicios por la no utilización de 10 hectáreas Se considera en un 80% de lo dejado de percibir por la afectación y valoración comercial. Indemnización de daños y perjuicios ------ $20.000.000 0.20 10: 40.000.000 Resumen de las valoraciones de la afectación de la finca

Rentabilidad ganadera $88.962.120 Indemnización por daños y $40.000.000 perjuicios y por la valoración comercial Valoración ambiental $10.000.000

TOTAL $138’962.120

Predio Brisas del Caribe Se manifestó en el acápite de la perspectiva de valorización que no se apreció factor exógeno que genere una valoración y dado el buen nivel de productividad del predio, “se considera una valoración normal” a través del tiempo. Igualmente, que como recursos hídricos se encuentra un arroyo contaminado por aguas residuales del corregimiento de Segovia. El perito tomó como bases y cálculo del avalúo de daños y perjuicios, la rentabilidad ganadera, así como la proyección y valoración de daños y perjuicios por la no utilización de 10 hectáreas en los siguientes términos: Como se trata de determinar los daños y perjuicios e indemnización por el arroyo contaminado. Este predio de mayor extensión es recorrido por dicho arroyo en una longitud de 282 m. lo que desmejora en su valor comercial y baja la rentabilidad de producción de la misma. Rentabilidad ganadera por meses es de $741.351 x 120 meses: $88.962.120 Indemnización por daños y perjuicios por la no utilización de 10 hectáreas 12

Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaSe considera en un 80% de lo dejado de percibir por la afectación y valoración comercial.

Indemnización de daños y perjuicios ------ $20.000.000 0.20 10: 40.000.000 Resumen de las valoraciones de la afectación de la finca Rentabilidad ganadera $88.962.120 Indemnización por daños y $40.000.000 perjuicios y por la valoración comercial Valoración ambiental $7. 000.000

TOTAL $135’962.120

Predio La Bendición Se manifestó en el acápite de la perspectiva de valorización que no se apreció factor exógeno que genere una valoración y dado el buen nivel de productividad del predio, “se considera una valoración normal” a través del tiempo. Igualmente, que como recursos hídricos se encuentra un arroyo contaminado por aguas residuales del corregimiento de Segovia. El perito tomó como bases y cálculo del avalúo de daños y perjuicios, la rentabilidad ganadera, así como la proyección y valoración de daños y perjuicios por la no utilización de 26 hectáreas en los siguientes términos: “Como se trata de determinar los daños y perjuicios e indemnización por el arroyo contaminado. Este predio de mayor extensión es recorrido por dicho arroyo en una longitud de 294 m. lo que desmejora en su valor comercial y baja la rentabilidad de producción de la misma. Rentabilidad ganadera por meses es de $2.260.832 x 120 meses: $271.299.840 Indemnización por daños y perjuicios por la no utilización de 26 hectáreas Se considera en un 80% de lo dejado de percibir por la afectación y valoración comercial. Indemnización de daños y perjuicios ------ $20.000.000 0.20 26:

104.000.000 Resumen de las valoraciones de la afectación de la finca Rentabilidad ganadera $271.299.840 Indemnización por daños y $104.000.000 perjuicios y por la valoración comercial Valoración ambiental $5.000.000

TOTAL $380’299.840

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Radicación número: 70001-23-31-000-2010-00310-00 (60308)

Actor: Julio César Támara Betín Y Otros Demandado: Municipio De Sampués Referencia: Acción De Reparación Directa – Apelación De SentenciaPredio La Cosecha Se manifestó en el acápite de la perspectiva de la valorización, no se apreció factor exógeno que genere una valoración y dado el buen nivel de productividad del predio, “se considera una valoración normal” a través del tiempo.

Igualmente, que como recursos hídricos se encuentra un arroyo contaminado por aguas residuales del corregimiento de Segovia. El perito tomó como bases y cálculo del avalúo de daños y perjuicios, la rentabilidad ganadera, así como la proyección y valoración de daños y perjuicios por la no utilización de 8 hectáreas en los siguientes términos: “Como se trata de determinar los daños y perjuicios e indemnización por el arroyo contaminado. Este predio de mayor extensión es recorrido por dicho arroyo en una longitud de 294 m. lo que desmejora en su valor comercial y baja la rentabilidad de producción de la misma. Rentabilidad ganadera por meses es de $2.267.767 x 120 meses: $272.132.040

Indemnización por daños y perjuicios por la no utilización de 8 hectáreas Se considera en un 80% de lo dejado de percibir por la afectación y valoración comercial. Indemnización de daños y perjuicios ------ $20.000.000 0.20 8: 32.000.000 Resumen de las valoraciones de la afectación de la finca Rentabilidad ganadera $272.132.040 Indemnización por daños y $32.000.000 perjuicios y por la valoración comercial Valoración ambiental $8.000.000

TOTAL $312.132.040

De manera que, tal y como lo manif