CE - 60 Sentencia 20240573000RELEVANCI 0 20241213084933836

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00)

Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro1

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro2

Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de reparación directa . Falla médica – pérdida de oportunidad / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley 3, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demandas y sus fundamentos

1. El 23 y 25 de octubre de 2024 la compañía Seguros Generales Suramericana S.A. y la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda, respectivamente , a través de

A. Demandas y sus fundamentos

1. El 23 y 25 de octubre de 2024 la compañía Seguros Generales Suramericana S.A. y la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda, respectivamente , a través de apoderados judiciales, promovieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2. Solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia de 20 de junio de 20244 emitida dentro del proceso de reparación directa 5 instaurado por el señor Henry Ospina

1 Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda. 2 Juzgado Primero Administrativo de Pereira. 3 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Objeto de solicitud de adición y corrección y/o aclaración, la cual fue negada con auto de 25 de julio de 2024. 5 Expediente 66001-33-33-001-2019-00143-01.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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(acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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Ospina y otros 6 contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad y la Liga contra el Cáncer - Seccional Risaralda7, encaminado a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados por la falla en el servicio médico suministrado a su familiar Olga Lucía Gallego Agudelo, que produjo su deceso el 19 de febrero de 2017.

3. En la providencia acusada el Tribunal Administrativo de Risaralda modificó 8 la decisión adoptada el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, que accedió parcialmente9 a las pretensiones ordinarias. Se determinó que se había configurado la falla en la prestación del servicio médico, no por un mal o indebido procedimiento, sino por la omisión en la aplicación de la tromboprofilaxis previo a la cirugía ginecológica a la que fue sometida la señora Gallego Agudelo, con el fin de que no se ge nerara un tromboembolismo pulmonar que derivara en su fallecimiento.

4. Lo anterior, por cuanto , de acuerdo con la escala de Caprini 10, específica para pacientes de cirugía ginecológica, arrojaba un riesgo moderado para enfermedad trombolítica (por edad -46 añosy sobrepeso), por lo que se debía haber practicado la tromboprofilaxis, la cual tenía entre un 70 y 80% de efectividad que le hubiera

trombolítica (por edad -46 añosy sobrepeso), por lo que se debía haber practicado la tromboprofilaxis, la cual tenía entre un 70 y 80% de efectividad que le hubiera permitido a la paciente superar con éxito la histerectomía realizada el 14 de febrero de 2017 y el post operatorio, sin desarrollar patologías como paro cardiorespiratorio y tromboembolia pulmonar.

(i) Reproches tutela 11001-03-15-000-2024-05730-00

5. Seguros Generales Suramericana S. A., sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, al desconocer el principio de congruencia. Se tiene que de la demanda, fijación del litigio y los problemas jurídicos planteados en la audiencia inicial era evidente que las pretensiones apuntaban a la declaratoria de responsabilidad de las demandadas que generaron el deceso de la familiar de los demandantes, por lo que su defensa se contrajo a controvertir los elementos que estructuraban la responsabilidad médica, es decir, el daño, la culpa y el nexo causal , en particular, a desacreditar el nexo causal entre la muerte y la atención médica brindada, lo que fue corroborado por las autoridades judiciales.

6 Sebastián y Oswaldo Ospina Gallego, Aicardo Antonio Gallego Quiroz, María Rosa Agudelo Toro; Aicardo de Jesús, Emilio Antonio, Marta Cecilia y Mauricio Gallego Agudelo. 7 A esas diligencias se llamó en garantía a la compañía Seguros Generales Suramericana S. A., mediante auto de 15 de octubre de 2019. 8 En cuanto redujo los montos reconocidos por concepto de perjuicios moral y material, en las modalidades de

7 A esas diligencias se llamó en garantía a la compañía Seguros Generales Suramericana S. A., mediante auto de 15 de octubre de 2019. 8 En cuanto redujo los montos reconocidos por concepto de perjuicios moral y material, en las modalidades de lucro cesante consolidado y futuro. 9 Negó lo referente al resarcimiento de afectación relevante a bien convencional y constitucionalmente amparado, a las medidas de no repetición y perjuicio moral y daño a la salud de la víctima y concedió el desagravio de los perjuicios morales y materiales, pero en valores inferiores a los solicitados en la demanda. 10 Se precisó que este modelo se emplea “como una herramienta de fácil manejo y con buena validación externa, recomendada para estratificar el riesgo de los pacientes y determinar las recomendaciones a seguir para la profilaxis tromboembolítica de pacientes quirúrgicos no ortopédicos”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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6. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia se le sorprendió con la determinación de tener por acreditada la pérdida de oportunidad, frente a lo cual no ejerció su defensa para neutralizar los elementos constitutivos de esa figura (falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado, certeza de la existencia de una oportunidad y pérdida definitiva de la oportunidad).

7. Para varia r la imputación de responsabilidad al de pérdida de oportunidad se

certeza o aleatoriedad del resultado esperado, certeza de la existencia de una oportunidad y pérdida definitiva de la oportunidad).

7. Para varia r la imputación de responsabilidad al de pérdida de oportunidad se acudió al principio iura novit curia, con fundamento en el cual indicó que este permite que se acredite la falla en el servicio bajo los presupuestos de la pérdida de oportunidad, afirmación que contraría la jurisprudencia del Consejo de Estado 11, en la que se ha prohibido la posibilidad de aplicar aquella si no ha hecho parte del planteamiento de la litis, así como para suplir la ausencia probatoria frente a los elementos de culpa y nexo causal. En igual sentido, el Tribunal accionado12 y la Corte Suprema de Justicia13 han defendido el principio de congruencia en la aplicación de la pérdida de oportunidad.

8. La compañía de seguros también indicó que se configuró defecto fáctico, dado que el fundamento probatorio para declarar la pérdida de oportunidad lo constituyó literatura médica incorporada al plenario por las autoridades judiciales sin que fuera objeto de debate en el correspondiente período probatorio. Además, dicha literatura, de acuerdo con el Consejo de Estado 14 y la Corte Suprema de Justicia 15 es una herramienta auxiliar, por lo que no pueden reemplazar los medios probatorios ni fundar el análisis total de la declaración de responsabilidad.

9. Se juzgó a la demandada Liga contra el Cáncer bajo un régimen de responsabilidad propio de las entidades públicas, lo cual contraría el precedente del Consejo de Estado 16 referente a que en estos casos se debe ana lizar la responsabilidad conforme al aplicable a las personas de derecho privado, es decir,

responsabilidad propio de las entidades públicas, lo cual contraría el precedente del Consejo de Estado 16 referente a que en estos casos se debe ana lizar la responsabilidad conforme al aplicable a las personas de derecho privado, es decir, examinar la culpa comparándola con el ejercicio normal que la lex artis ad hoc tiene establecidos para la respectiva área de la medicina que se funda.

10. En todo caso, las autoridades judiciales se apartaron de las reglas de la indemnización señaladas en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en los precedentes del Consejo de Estado 17 . En razón a que como la pérdida de oportunidad es un daño autónomo y que no corresponde a lesiones ni a muerte, debe

11 Para soportar su argumento refiere las sentencias de (i) 12 de marzo de 2015, expediente 88001-23-31-0002003-00073-01 (32297); (ii) 14 de marzo de 2013, expediente 25000 -23-26-000-1999-00791-01 (23632), C. P. Hernán Andrade Rincón; (iii) 30 de noviembre de 2023, expediente 76001-23-31-000-2006-00041-01 (53435), C.

P. Alberto Montaña Plata 12 Expediente 66001-33-33-751-2014-00045-02. 13 Sentencia SC 10261 de 4 de agosto de 2014. 14 Sentencia de tutela de 28 de enero de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-04617-00. 15 Sentencia SC5186-2020 de 18 de diciembre de 2020, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona

14 Sentencia de tutela de 28 de enero de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-04617-00. 15 Sentencia SC5186-2020 de 18 de diciembre de 2020, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona 16 Expediente 25000 -23-26-000-2002-00211-01 (44428), C. P. Ramiro Pazos Guerrero y sentencia de 23 de septiembre de 2024, expediente 66001-23-33-000-2016-00016-01 (66353). 17 Sentencias de (i) 12 de marzo de 2015, expediente 88001-23-31-000-2003-00073-01 (32297); (ii) 26 de enero de 2012, expediente 19001-23-31-000-1998-01005-01 (21726); (iii) expediente 25000-23-26-000-2009-00880-01 (65235); y (iv) 4 de diciembre de 2024, radicación 2007-02993.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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indemnizarse autónomamente, en ese sentido, se descarta la reparación de perjuicios morales y materiales, como el lucro cesante.

11. De igual modo, se configuró defecto procedimental. No se resolvieron todos los puntos de la apelación en la sentencia ordinaria de segunda instancia ni se atendió la solicitud de aclaración y/o adición presentada con tal propósito.

11. De igual modo, se configuró defecto procedimental. No se resolvieron todos los puntos de la apelación en la sentencia ordinaria de segunda instancia ni se atendió la solicitud de aclaración y/o adición presentada con tal propósito.

12. El único argumento al que se hizo alusión fue el concerniente a la condena por lucro cesante, en el que se expuso que no había coherencia entre lo pedido y lo concedido, pues en la demanda se solicitó daño emergente, por lo que se trasgredió nuevamente el principio de congruencia.

13. Además, se otorgó la reparación por este concepto a la masa sucesoral de la causante, lo cual desconoce que este se reconoce a quienes dependían económicamente de ellos y no a sus herederos.

(ii) Reproches tutela 11001-03-15-000-2024-05798-00

14. La Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda manifestó que se incurrió en defecto orgánico. Se sostuvo una tesis incongruente (pérdida de oportunidad) y que excedía la causa petendi de la demanda ordinaria , la cual no fue reformada, y la fijación del litigio , que implicó también que se concediera un perjuicio que no fue solicitado (lucro cesante), lo que desbordó su competencia.

15. Se configuró defecto sustantivo, al aplicar de manera indebida el principio iura novit curia.

16. Se incurrió en defecto fáctico. Se fundamentó la decisión en pruebas no practicadas, por lo que se coartó su derecho de contradicción, el cual, de ser ejercido, le hubiera otorgado la oportunidad de acreditar que no se cumpl ían los

practicadas, por lo que se coartó su derecho de contradicción, el cual, de ser ejercido, le hubiera otorgado la oportunidad de acreditar que no se cumpl ían los presupuestos18 requeridos para condenar por pérdida de oportunidad19.

17. Tampoco se tuvo en cuenta que con el material probatorio que reposaba en el plenario se demostraba la inexistencia de una falla en el servicio médico , como lo afirmaron las autoridades judiciales; por ende, no era viable endilgar responsabilidad estatal, máxime cuando i) la aplicación de la escala de Caprini no era obligatoria y, en todo caso, no se cumplía n con los criterios de riesgo allí fijados ; ii) el esquema que disponía la realización de la tromboprofilaxis no fue vertido en el proceso como medio de prueba20; y iii) dicha literatura médica constituía un criterio auxiliar del juez.

18 En razón a que, según el dictamen médico pericial aportado al proceso, de haberse realizado el procedimiento de profilaxis, la protección frente a un tromboembolismo pulmonar no era del ciento por ciento, sino entre el 70 y 80%. 19 Para tal efecto cita las sentencias de 2 de marzo de 2020, exped iente 47.144, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, y 13 de agosto de 2020, exp. 47.772, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. 20 La “Guía Metodológica para la elaboración de Guías Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano del Min isterio de Salud, para el año 2010, se analizó el beneficio de la terapia

20 La “Guía Metodológica para la elaboración de Guías Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano del Min isterio de Salud, para el año 2010, se analizó el beneficio de la terapia profiláctica con heparinas de bajo peso molecular y el riesgo de sangrado” no fue incorporada al proceso y, enRadicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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18. Se incurrió en defecto procedimental absoluto. Las autoridades judiciales transgredieron el principio de congruencia21, al adecuar de manera oficiosa la causa petendi, lo que conllevó que se condenara con base en un perjuicio no solicitado.

19. Se configuró defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Se actuó en contravía a la jurisprudencia fijada en materia del medio de control de reparación directa por fallas en la prestación del servicio de salud , al variar est e régimen de responsabilidad para examinar la pérdida de oportunidad.

20. Por último, alegó que no se desataron las cuestiones planteadas en los escritos de apelación formulados contra la sentencia ordinaria de primera instancia.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

21. Mediante auto de 28 de octubre de 202422, se admitió la acción de tutela 1100103-15-000-2024-05730-00, se ordenó notificar a la s autoridades demandadas y se vinculó a los señores Henry Ospina Ospina; Sebastián y Oswaldo Ospina Gallego; Aicardo Antonio Gallego Quiroz; María Rosa Agudelo Toro; Aicardo de Jesús, Emilio Antonio, Marta Cecilia y Mauricio Gallego Agudelo, así como al Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad y a la Liga contra el Cáncer Seccional de Risaralda, en calidad de tercero s con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

22. Posteriormente, a través de auto de 18 de noviembre de 2024, se avocó el conocimiento de la tutela 11001 -03-15-000-2024-05798-00, recibida en cumplimiento del auto de 30 de octubre de 2024 proferido por el despacho a cargo del consejero Martín Bermúdez Muñoz , con el fin de que se estudiara su acumulación. En tal sentido, se dispuso su admisión y acumularla con el expediente 11001-03-15-000-2024-05730-00.

(i) Henry Ospina Ospina; Sebastián y Oswaldo Ospina Gallego; Aicardo Antonio Gallego Quiroz; María Rosa Agudelo Toro; Aicardo de Jesús, Emilio Antonio, Marta Cecilia y Mauricio Gallego Agudelo

23. Afirmaron que las autoridades judiciales tuvieron en cuenta el material probatorio que reposa en el proceso ordinario para atribuir responsabilidad estatal, tales como

Antonio, Marta Cecilia y Mauricio Gallego Agudelo

23. Afirmaron que las autoridades judiciales tuvieron en cuenta el material probatorio que reposa en el proceso ordinario para atribuir responsabilidad estatal, tales como los testimonios técnicos, el dictamen pericial y la historia clínica. Con base en el cual era dable concluir que la conducta omisiva de la Li ga contra el Cáncer fue la causa

todo caso, esta hace alusión a cuestiones económicas en la aplicación d e medicamentos en determinadas circunstancias, es decir, un análisis costo-beneficio, por lo que no se incorporan conclusiones médico-científicas netamente, y versó sobre pacientes de cirugía general, ortopedia y neurocirugía, lo cual no se aplica en este asunto. . 21 Citó la sentencia de 8 de mayo de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-00358-00 (AC), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. 22 Notificado el 1º, 7 y 12 de noviembre de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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directa del deceso de su familiar, pues había vínculo entre la omisión (tromboprofilaxis) y el resultado (muerte).

24. De igual modo, se encuentra permitido por la jurisprudencia del Consejo de Estado23 que no solo se condene por el concepto de pérdida de oportunidad, sino también sobre los perjuicios morales y materiales, lo cual genera una reparación integral.

24. De igual modo, se encuentra permitido por la jurisprudencia del Consejo de Estado23 que no solo se condene por el concepto de pérdida de oportunidad, sino también sobre los perjuicios morales y materiales, lo cual genera una reparación integral.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

25. Con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela, se procederá a agrupar los reproches de los tutelantes que comparten similitud fáctica, como se expondrá a continuación.

(i) Defecto sustantivo , defecto orgánico , defecto procedimental y desconocimiento del precedente por transgresión del principio de congruencia y por indebida aplicación del principio iura novit curia

26. La parte actora estima que se desconoció el principio de congruencia, en razón a que ni en la demanda, ni en la fijación del litigio, ni en los problemas jurídicos planteados por las autoridades judiciales se abordó lo referente a la pérdida de oportunidad, sin embargo, en el fallo de primera instancia se le sorprendió al tenerla por acreditada, situación que le impidió desplegar su defensa encaminada a desvirtuar la concurrencia de los elementos que la estructuran. Asimismo, se aplicó de manera indebida el principio iura novit curia, pues este no habilitaba a la autoridad judicial para variar la imputación de responsabilidad al de pérdida de oportunidad.

27. La Sala advierte que los anteriores reproches no superan el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, en la medida en que lo relativo a la

27. La Sala advierte que los anteriores reproches no superan el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, en la medida en que lo relativo a la transgresión de los principios de congruencia y de iura novit curia fue esgrimido por la parte actora en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, lo cual fue despachado por el Tribunal accionado, sin que los accionantes enfilaran argumentación alguna tendiente a desvirtuar el razonamiento efectuado sobre el particular por dicha Corporación.

28. En ese sentido, se evidencia que en las alzadas formuladas contra la sentencia de 24 de junio de 2022 se pusieron de presentes , entre otras, las inconformidades relacionadas con la presunta incongruencia de esa providencia , tanto por declarar

23 Sentencias de (i) 11 de agosto de 2010, expediente 05001-23-36-000-1995-00082-01 (18593), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.; (ii) 4 de marzo de 2013, expediente 25000 -23-26-000-1999-00791-01 (23632), C. P. Hernán Andrade Rincón; (iii) 5 de abril de 2017, expe diente 17001 -23-31-000-2000-00645-01, C. P. Ramiro Pazos GuerreroRadicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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(acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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la pérdida de oportunidad, como por reconocer perjuicios materiales por concepto de lucro cesante, y en que, en todo caso, no se había estructura do la pérdida de oportunidad en ese asunto.

29. En la providencia acusada se sostuvo que frente a la variación de imputación de la falla en el servicio a la pérdida de oportunidad, no debe entenderse “ como marginal al petitum que se ha formulado, pues se deriva de unos mismos supuestos fácticos. Luego se estima que carece de fundamento fáctico y jurídico dar como incongruente una revisión en estos términos. Contrario a ello, sí corresponde a un planteamiento de la demanda que, aun cuando no se hubiera acompañado del análisis jurídico y científico que quedó de manifiesto con las pruebas recogidas en el proceso, bien puede ser considerado centro de imputación de responsabilidad, con mayor razón en este tip o de acciones, en los cuales los principios de congruencia y rogatividad ceden ante el principio iura novit curia”.

30. Específicamente anotó que se desvirtuaba la presunta incongruencia del fallo, por cuanto “el principio del iura novit curia permite que se acredite la falla en el servicio bajo los presupuestos de la pérdida de oportunidad, de la mano de su correcta interpretación y aplicación, de tal forma que si está probada la responsabilidad de la Liga Contra el Cáncer y de plano se demerita el acaecimiento de cualquier causa

bajo los presupuestos de la pérdida de oportunidad, de la mano de su correcta interpretación y aplicación, de tal forma que si está probada la responsabilidad de la Liga Contra el Cáncer y de plano se demerita el acaecimiento de cualquier causa extraña que permita exculpar al recurrente en el presente asunto e indebida valoración de probatoria, sea desde su proposición genérica o cualquiera otro de los títulos utilizados por la defensa judicial de la en tidad condenada (estado de hipercoagulidad congénita del paciente; fallo sin que estuviera probada la causa de la muerte; imputación imposible), como quiera que la Sala de Decisión realizó nuevamente el correspondiente estudio”.

31. Pese a lo anotado, la parte actora insiste en estas diligencias en que se configuró desconocimiento del principio de congruencia, pero no despliega una carga argumentativa suficiente para desvirtuar que las razones brindadas por el Tribunal accionado para defender la declar atoria de la pérdida de oportunidad , generan la afectación constitucional que alega, por el contrario, para esta Sala aquellas resultan razonables, es decir, no comportan arbitrariedad alguna.

32. Por otro lado, con fundamento en que no se emitió pronunciamiento en lo concerniente a la variación del perjuicio material de daño emergente al de lucro cesante y que, en todo caso, este se le otorgó a la masa sucesoral, se presentó solicitud de adición y aclaración y/o corrección, la cual fue negada, al estimar que “No obstante el título utilizado en la demanda [daño emergente] , los perjuicios reclamados se basan en un cálculo de la presunción de ingresos de la víctima por

“No obstante el título utilizado en la demanda [daño emergente] , los perjuicios reclamados se basan en un cálculo de la presunción de ingresos de la víctima por el tiempo de su vida probable, en tal virtud, más allá de su denominación, sí corresponde al reclamo del lucro cesante, lo que permite despachar de manera desfavorable la solicitud de adición, aclaración o corrección en este punto, por cuanto no representa un error, como tampoco una omisión pasible deRadicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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reconsideración y las solicitudes pr esentadas lo que pretenden, es reabrir la instancia para controvertir nuevamente la condena en su contra”.

33. Por lo anterior, se evidencia que el Tribunal accionado reconoció la reparación del daño material por lucro cesante , pues a pesar de que se le haya denominado como daño emergente 24, el contenido de la solicitud y la manera de calcularlo correspondía al de lucro cesante25, en ese sentido, la Corporación negó la adición .

De igual modo, en cuanto a reconocer el resarcimiento por ese concepto a la masa sucesoral, aclara que aquel se reconoce a favor de la víctima , por ende, al estar fallecida, el lucro cesante “ debe integrarse a su masa sucesoral para ser repartida más tarde según corresponda entre sus herederos ”. Además, aclaró que como los recursos de apelación no solo controvirtieron la configuración propiamente dicha de

fallecida, el lucro cesante “ debe integrarse a su masa sucesoral para ser repartida más tarde según corresponda entre sus herederos ”. Además, aclaró que como los recursos de apelación no solo controvirtieron la configuración propiamente dicha de la responsabilidad, sino el monto indemnizatorio, habilitó a la autoridad judicial a estudiar nuevame nte todo lo que atañe al quantum y a los titulares de las indemnizaciones.

34. Además, reiteró lo referente a la falta de configuración de la presunta incongruencia acaecida en las decisiones judiciales ordinarias y agregó que “lo que adecuó el a quo y que se confirmó por esta Sala, no es el título de imputación, sino como se sostuvo en la sentencia, la manera en la que, a través de la teoría de pérdida de oportunidad, se demuestra el nexo de causalidad y sus efectos indemnizatorios, de tal forma que no resultan incongruentes el fallo de primera ni segunda instancia, como tampoco se ha dejado de explicar el alcance del principio de iura novit curia en la decisión de segunda instancia”.

35. Así las cosas, se concluye que no basta con alegar vulneración de derechos fundamentales o invocar la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, sino que se debe desplegar una suficiente argumentación que demuestre tal afectación constitucional, la cual no se satisface con insistir en planteamientos que ya fueron expuestos y atendidos por el juez natural del asunto, bajo criterios razonables y de los que no se predica algún tipo de arbitrariedad. Máxime si se tiene en cuenta que, en la medida que el presunto

se satisface con insistir en planteamientos que ya fueron expuestos y atendidos por el juez natural del asunto, bajo criterios razonables y de los que no se predica algún tipo de arbitrariedad. Máxime si se tiene en cuenta que, en la medida que el presunto yerro se advirtió desde la primera instancia, se pudo ejercer la defensa en el marco de la apelación, de manera que no se configuró una situación que sorprendiera a las demandadas y respecto a la cual no pudieran hacer nada.

24 Precisó que en la demanda se solicitó: “Que se condenen las demandadas a pagar a nombre del señor HENRY OSPINA OSPINA a título de DAÑO EMERGENTE, la suma de un salario mínimo mensual legal vigente desde la fecha de la muerte de la señora OLGA LUCÍA GALLEGO AGUDELO hasta la edad probable de vida que de acuerdo con las tablas de la DANE hubiera tenido dicha persona. Es decir, 31 años x 12 meses + 4.5 meses x 1 SMMLV (828.116) = $311.785.675”. 25 Para tal efecto, diferenció que “ el daño emergente es un perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido una obligación, su cumplimiento imperfecto o retardo, así, se centra el reconocimiento de los valores auxiliados por las partes para superar determinada eventualidad; sobre el lucro cesante, es la “ganancia o provecho” que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o su cumplimiento imperfecto o tardío, es decir, se reconoce como una proyección de lo que se hubiera ganado, en caso de que la eventualidad demandada no se haya materializado”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00

imperfecto o tardío, es decir, se reconoce como una proyección de lo que se hubiera ganado, en caso de que la eventualidad demandada no se haya materializado”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05730-00 (acumulado con el expediente 11001-03-15-000-2024-05798-00) Accionante: Seguros Generales Suramericana S. A. y otro Accionado: Tribunal Adminis