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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 85001-23-33-000-2016-00053-01 (60.718) Actor: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE E.S.P. Asunto: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Tema: Las empresas públicas domiciliarias dictan verdaderos actos administrativos para la declaratoria del siniestro, siempre que ejerzan poderes o facultades excepcionales. Si sólo cumplen con lo pactado en la póliza, son actos jurídicos contractuales. Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia del 5 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decidió (fls. 335 rev. y 336, c. ppal, 2ª instancia): 1. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del artículo (1) y de los tres primeros incisos del artículo segundo (2) de la resolución 50 del 06/08/2015, expedida por el gerente de Aguas de Pore S.A. E.S.P., por la cual declaró el incumplimiento del contrato de obra

50 de 2011, ocurridos los siniestros de incumplimiento y mal manejo del anticipo y dispuso afectar la póliza 605-47-994000005277, expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, por las razones indicada en la motivación. En consecuencia, para todos los efectos legales, DECLARAR que el siniestro constituido por el incumplimiento parcial del contratista ÓSCAR JAVIER ACUÑA CORREA (cc 86.052.856 y NIT 86.052.856-3) asciende a la suma de setenta y dos millones setenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos con 50/100 ($72.071.269,50); y por mal manejo del anticipo (saldo no amortizado), a ciento diecisiete millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y tres pesos con 50/100 ($117.624.263,50), importe neto de los valores a cargo de la aseguradora demandante por dichos conceptos. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones propias del contratista, en lo no cubierto por dichos amparos, así como del deber legal que le corresponde de efectuar el reembolso total de los rendimientos financieros del anticipo que tuvo en su poder, cuya existencia y cuantía podrá perseguir la empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P. en proceso o actuación separada. 2. DENEGAR las demás pretensiones de la parte actora. 3. Sin costas en la instancia.2

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales 4. Sin esperar la ejecutoria, remítase copia del acto acusado, del contrato 50/2011, del informe final del supervisor (archivo digital, tomo 8 pág. 98), de la contestación y de esta sentencia, a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (ambas nivel central) y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que ponderen aristas propias de cada órgano de control, según lo advertido en la motivación. 5. En firme, expídase primera copia auténtica con las constancias relativas a mérito ejecutivo, con destino a la parte demandada; actualícese registro; devuélvase excedente del depósito de gastos procesales a quien lo constituyó, si lo hubiere; déjese copia en el archivo institucional y archívese el expediente. I. SÍNTESIS DEL CASO La Aseguradora Solidaria de Colombia pretende que se declare la nulidad de la Resolución n.° 50 del 06 de agosto de 2015, por medio de la cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de mal manejo del anticipo, en el marco del contrato de obra n.° 20 del 1 de marzo de 2011, celebrado con el señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas

señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas cláusulas se admite la posibilidad de expedir actos administrativos para la declaratoria del siniestro, tampoco otorgaron la competencia para el efecto, puesto que esta es privativa de la ley. De ser así, dichas estipulaciones son nulas por objeto ilícito al contravenir normas de orden público. II. ANTECEDENTES A. Demanda 1. El 26 de febrero de 2016 (fl. 39, c. ppal, 1ª instancia), la Aseguradora Solidaria de Colombia -en lo que sigue, la parte actorapresentó demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. -en adelante, la parte demandada-, con base en las siguientes pretensiones (fl. 35, c. ppal, 1ª instancia): PRIMEROQue se declare la nulidad de la resolución administrativa número 050 de 2015 proferida por la señora Gerente General de EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. y en el evento en que se produzca un pago, por virtud de un proceso ejecutivo, se ordene la restitución del mismo debidamente indexada. SEGUNDOQue se declare la nulidad absoluta de las cláusulas números seis y ocho de las condiciones generales del contrato de seguro de cumplimiento celebrado entre el señor Óscar Acuña Corredor, como tomador, y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA e instrumentado en la póliza número 605-47-000005277.3

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales 2. En los hechos (fls. 5 a 12, c. ppal, 1ª instancia) señaló que el 1 de marzo de 2011, la parte demandada celebró el contrato de obra n.° 20 con el señor Óscar Javier Acuña Correa, para la construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del municipio de Pore, Casanare, por valor de $1.206.176.863 y con fecha final de ejecución para el 22 de julio de 2011. 2.1. La parte actora amparó el contrato arriba referido mediante la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida el 2 de marzo de 2011, entre otros riesgos, por incumplimiento y manejo del anticipo. 2.2. El vencimiento del plazo de ejecución, después de varias suspensiones y prórrogas, quedó para el 1 de julio de 2013. 2.3. El 16 de enero de 2013, la parte demandada le informó al contratista Óscar Javier Acuña Correa que, según el informe de la interventoría, se presentaba abandono de los trabajos, hasta el punto de que para diciembre de 2012 y en lo corrido del año siguiente no se había realizado ninguna actividad, ni siquiera la presencia del residente de la obra. También se llamó la atención por la inasistencia

a las reuniones del Comité de Obra del 3 y 10 de enero de 2013. Finalmente, se puso de presente la falta de modificación de la póliza, como consecuencia de la prórroga del contrato. Con fundamento en lo anterior, la parte demandada informó a su contratista la iniciación de un procedimiento administrativo para declarar su incumplimiento, en el cual intervino la parte actora y que finalizó con la decisión de continuar con la ejecución contractual. 2.4. El 24 de julio 2015, la parte demandada citó nuevamente a audiencia de incumplimiento y el 6 de agosto de 2015, mediante resolución n.° 50, declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y mal manejo del anticipo, por un valor de $741.712.695 y $603.088.431, respectivamente. 3. Los fundamentos para cuestionar la anterior decisión fueron los siguientes (fls. 12 a 35, c. ppal, 1ª instancia): 3.1. La falta de competencia material para declarar el siniestro a través de acto administrativo, en atención a la naturaleza de la demandada y su régimen jurídico, que al ser de derecho privado, le impide ejercer facultades excepcionales, como lo es la enjuiciada. Precisó que las cláusulas 6 y 8 de la póliza n.° 605-47-994000005277 tampoco otorgaron la competencia para expedir actos administrativos al ser privativa de la ley. De ser así, estimó que dichas estipulaciones son nulas por objeto ilícito al contravenir normas de orden público.4

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales 3.2. La falta de configuración y prueba del siniestro y su indemnización, toda vez que no se dio aplicación a los artículos 1.077 y 1.080 del Código de Comercio, que le imponían a la demandada la carga de probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los perjuicios. 3.3. La falsa motivación, toda vez que, a diferencia de lo consignado en la decisión demandada, el contratista sí mantuvo vigente la póliza única de cumplimiento. Tampoco se demostró el supuesto incumplimiento en el cronograma de obra ni la cuantificación de los perjuicios causados. Frente a esto último, afirmó que se cobró más del valor asegurado con base en el valor de la obra faltante, como si esto sustentara el perjuicio alegado, consistente en los costos de la nueva contratación de lo no ejecutado, los cuales no están probados. Además, se estimó equivocado sustentar el siniestro de buen manejo e inversión del anticipo con base en la no atención de unos requerimientos, puesto que este descansa en la no inversión, en el indebido uso y la apropiación indebida del anticipo, lo cual se cumplió, tal como lo informaron el supervisor y el interventor. 3.4. La prescripción de la que trata el artículo 1.081 del Código de Comercio, toda vez que terminado el contrato el 1 de julio de 2013, la declaratoria del siniestro tan sólo ocurrió el 6 de agosto de 2015, con la expedición de la resolución n.° 050, aquí demandada, es decir, cuando ya había operado el fenómeno regulado por el artículo en cita. B. Trámite de primera instancia

julio de 2013, la declaratoria del siniestro tan sólo ocurrió el 6 de agosto de 2015, con la expedición de la resolución n.° 050, aquí demandada, es decir, cuando ya había operado el fenómeno regulado por el artículo en cita. B. Trámite de primera instancia 4. El 5 de mayo de 2016, el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó notificar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 142 y 143, c. ppal, 1ª instancia). 5. La demandada, en su contestación (fls. 155 a 184, c. ppal, 1ª instancia), estimó que tenía la competencia para declarar el siniestro a través de acto administrativo. Precisó que siendo esta la facultad ejercida, ella no comporta ningún poder exorbitante al no encuadrar dentro de ninguna de dichas cláusulas. Sostuvo que los informes de supervisión e interventoría son prueba suficiente de los incumplimientos imputados. 6. El 3 de octubre de 2016, el a quo fijó el 1 noviembre siguiente para la realización de la audiencia inicial (fls. 254 y rev., c. ppal 2, 1ª instancia). En esta fecha, consideró necesario vincular al contratista de la obra Óscar Javier Acuña Corredor, como5

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales tercero con interés en las resultas del proceso y, por lo tanto, suspendió la audiencia hasta agotar este trámite (fls. 257 y 258, c. ppal 2, 1ª instancia). Una vez surtida la vinculación, sin manifestación del interesado (fls. 259 a 286, c. ppal 2, 1ª instancia), el 23 de agosto de 2017 se reinició la audiencia inicial (fls. 292 a 295, c. ppal 2, 1ª instancia) 7. En la audiencia inicial se presentaron las partes y el Ministerio Público, nuevamente sin la participación del tercero interesado. El a quo consideró saneado el procedimiento al no observar causales de nulidad o irregularidades en el trámite, sin que las partes se opusieran a dicha decisión. Defirió al fallo la resolución de las excepciones propuestas, toda vez que tocaban el fondo del asunto. Fijó el litigio en la determinación de la competencia de la demandada para declarar el siniestro y la posible falsa motivación de la decisión cuestionada. Descartó la posibilidad de conciliación ante la falta de voluntad de las partes en tal dirección. Decretó las pruebas solicitadas y ordenó su práctica. Teniendo en cuenta que los medios probatorios fueron documentales, sin que se avizorara la necesidad de decretar otros, finalizó dicha etapa y

prescindió de la audiencia de pruebas, por lo que requirió a las partes y al Ministerio Público para que rindieran sus alegatos por escrito. Sin oposición de las partes, se cerró la audiencia (fls. 292 a 295 y 300, c. ppal 2, 1ª instancia). 8. En las alegaciones finales, las partes reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 304 a 323, c. ppal 2, 1ª instancia). C. La sentencia de primera instancia1 9. En la sentencia del 5 de octubre de 2017 (fls. 326 a 336, c. ppal, 2ª instancia), el Tribunal a quo declaró la nulidad parcial de la resolución n.° 050 del 6 de agosto de 2015 y redujo el monto de los amparos declarados. Para el efecto, después de revisar las diferentes posturas jurisprudenciales, se decantó por la posición que admite que las empresas públicas de servicios públicos domiciliarios, a pesar de su régimen privado, pueden declarar el siniestro a través de actos administrativos, puesto que la prestación efectiva de los servicios así lo impone, sin que su ejercicio involucre un poder exorbitante, toda vez que dicha facultad no corresponde a la descripción legal y restrictiva de las cláusulas excepcionales. 9.1. De esa forma, desestimó los cargos de la demanda sobre la falta de competencia material de la demandada, la falsa motivación y la nulidad absoluta de 1 Mediante providencia del 9 de octubre de 2017, el a quo corrigió el error de transcripción de los numerales

1 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia del 5 de octubre de 2017, por cuanto se citó como número del contrato el 050 de 2011, cuando lo correcto era el n.° 020 de dicha anualidad (fls. 339 y rev., c. ppal, 2ª instancia).6

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales algunas cláusulas de la póliza, al tener en cuenta que el fundamento de estos fue la imposibilidad de dictar actos administrativos. 9.2. En cuanto a la prescripción de las acciones en contra del asegurador, descartó que su cómputo iniciara con la terminación del contrato, sino desde el conocimiento del siniestro, como lo dispone el artículo 1.081 del Código de Comercio. Sostuvo que esto ocurrió entre septiembre de 2013 y el 24 de julio de 2015, fechas en las que se consolidaron los informes del supervisor y la interventoría sobre el estado definitivo de las obras. Por consiguiente, consideró que la resolución demandada fue expedida (6 de agosto de 2015) dentro de los dos años siguientes a dichas fechas. 9.2. Sobre la cuantificación de los perjuicios, consideró que como el valor asegurado por incumplimiento fue de $120.617.686,30, equivalente al 10% del contrato y, además, el incumplimiento fue del 59.75%, lo proporcional era reducir dicho siniestro a la suma de $72.071.269,5. En igual sentido procedió frente a la no amortización del anticipo al fijarlo en la suma de $117.624.263,50, toda vez que corresponde a la suma que el contratista dejó de amortizar. D. Recurso de apelación 10. La

parte actora (fls. 345 a 349, c. ppal, 2ª instancia)2 insistió en la falta de competencia de la demandada para declarar el siniestro por medio de actos administrativos, en términos similares a los expuestos en la demanda y, además, precisó que la tendencia jurisprudencial era considerar dicha facultad como exorbitante y vedada para las entidades estatales de derecho privado. Además, reiteró que la prescripción del artículo 1.081 del Código de Comercio corrió, como máximo, desde la finalización del contrato, puesto que desde el 28 de junio de 2013, días antes de la expiración del plazo de ejecución, el supervisor le informó a la demandada sobre la existencia de unos supuestos incumplimientos. 11. Entonces, como máximo el conocimiento del siniestro se produjo con la finalización del contrato, el 1 de julio de 2013 y, por lo tanto, la resolución demandada se expidió por fuera del bienio autorizado por el artículo citado. 12. La parte demandada (fls. 355 a 380, c. ppal, 2ª instancia)3 cuestionó la cuantificación de los perjuicios realizada por el a quo. Estimó que la parte actora no probó ningún fundamento para la reducción que se llevó a cabo. En todo caso, consideró que el porcentaje de incumplimiento no podía ser el rasero para determinar los perjuicios, 2 El recurso fue presentado el 19 de octubre de 2017 (fl. 345, c. ppal, 2ª instancia). 3 El recurso se presentó el 24 de octubre de 2017 (fl. 355, c. ppal, 2ª instancia).7

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales como quiera que es la dimensión del mismo la que determina la exigibilidad a la aseguradora, que fue lo que se hizo en la decisión cuestionada. En esa medida, se apartó de la conclusión del a quo según la cual como el incumplimiento no fue total, tampoco su cuantificación podía ser por la totalidad de la póliza. 12.1 Precisó que no dio recibo a satisfacción de las obras entregadas, razón por la cual cuestionó la reducción en cuanto al siniestro del manejo del anticipo. 12.2. En consecuencia, solicitó atenerse a la cuantificación realizada en la decisión cuestionada, puesto que corresponde a los perjuicios efectivamente causados y que corresponde asumir a la aseguradora. E. Trámite en segunda instancia 13. Después de agotada la audiencia de conciliación y concedidas las apelaciones por parte del a quo (fl. 391, c. ppal, 2ª instancia), esta Corporación las admitió (fls. 419, c. ppal, 2ª instancia) y corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 423, c. ppal, 2ª instancia), oportunidad en la que las partes reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 428 a 465, c. ppal, 2ª instancia). III. CONSIDERACIONES F. Jurisdicción, competencia y acción procedente

14. Atendiendo a la naturaleza pública de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P.4, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA, lo cual resulta claro en lo que respecta a la declaratoria del siniestro enjuiciado. 14.1. Ahora, vale precisar que, aunque en estricto sentido la referida entidad pública no es parte del contrato de seguro, esta jurisdicción es la llamada a conocer de la nulidad absoluta de algunas de sus cláusulas, por lo que pasa a exponerse: 14.2. En un asunto en el que definió si le correspondía conocer de la ejecución de unas acreencias a favor de una entidad estatal, derivadas del acto administrativo que reconocía la existencia del siniestro, dijo que “el contrato de seguro que celebra 4 Según el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Casanare, la demandada fue constituida por medio de la Escritura Pública n.° 1487 del 30 de julio de 2008 (fl. 40, c. ppal, 1ª instancia). En este instrumento se observa que en el artículo 55, segunda parte, el capital suscrito corresponde en un 95% al municipio de Pore y el porcentaje restante a dos particulares, en proporciones iguales. Visto en la página oficial de la demandada: https://empresa-de-acueducto-alcantarillado-y-aseo-de-pore-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/empresa-de-acueducto-alcantarillado-y-aseo-de-pore-esp/content/files/000065/3233_estatutos-n1487-30072008.pdf.8

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales el contratista de la Administración con un tercero para garantizar sus obligaciones indemnizatorias por incumplimiento del contrato Estatal, no es Estatal”, como quiera que la entidad no es la tomadora ni la aseguradora; sin embargo, precisó que puede tener tal naturaleza, puesto que “la existencia del siniestro de estabilidad de obra o de otros de carácter contractual en contra del asegurador puede concluirse que el crédito a favor de la Administración sí tiene fuente en el contrato estatal, pues, de una parte, el siniestro que debe indemnizar el Asegurador es el reconocido por la Administración y, de otra, la causa del acaecimiento del riesgo asegurado no es nada menos que el incumplimiento del contratista Estatal”5. 14.3. En el anterior pronunciamiento se puso de presente la conexidad que existe entre el contrato estatal y el que lo asegura. Por consiguiente, cuando está de por medio dicha conexidad, se impone el conocimiento de esta jurisdicción especial al existir una relación de dependencia entre tales relaciones contractuales. 14.4. En un pronunciamiento posterior, en el marco de un ejecutivo con las mismas características del arriba referido, la Sección concluyó que “resulta[ba] válido sostener que en los contratos de seguros que se celebran con el fin de garantizar el cumplimiento de contratos estatales, las entidades contratantes sí toman parte. // El anterior aserto se explica

con toda naturalidad en cuanto la relación contractual en estudio se examine a la luz de la institución de la estipulación a favor de otro, en virtud de la cual la ley autoriza a cualquier persona para que convenga a favor de un tercero, sin contar con derecho alguno para representarlo, en el entendido de que sólo ese tercero podrá exigir lo estipulado una vez acepte, de manera expresa o tácita, la respectiva convención”6. 14.5. Más adelante, sostuvo que “cuando la entidad estatal contratante aprueba o ratifica el correspondiente contrato de seguro de cumplimiento, el mismo, en cuanto conste por escrito, corresponderá a la clasificación de los contratos estatales, de conformidad con las exigencias del criterio subjetivo u orgánico adoptado por la Ley 80 como elemento diferenciador específico de esa clase de contratos, en la medida

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de octubre de 2000, exp. 18.604, M.P. María Elena Giraldo Gómez. El magistrado Alier Hernández Enríquez salvó su voto al considerar que el beneficiario no es parte del contrato del seguro y, por lo tanto, este no tiene la naturaleza de estatal. Por consiguiente, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que asignó a esta jurisdicción las controversias derivadas de un contrato estatal y los de ejecución o cumplimiento de los mismos, debió declararse la nulidad de todo lo actuado y remitir a la jurisdicción ordinaria. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de enero de 2008, exp. 32.867, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta oportunidad, los magistrados Myriam Guerrero de Escobar y Ramiro Saavedra Becerra aclararon su voto. La primera, puesto que consideró que los acuerdos que aseguraban obligaciones contractuales de los contratos estatales son privados, pero que la ejecución derivados de los mismos, por ser títulos complejos, era de conocimiento de esta jurisdicción. El segundo precisó que tales contratos, aunque no son estatales, sí son conexos al contrato estatal que aseguran. El magistrado Enrique Gil Botero salvó su voto por razones similares a la expresadas por el magistrado Alier Hernández Enríquez.9

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales en que aquélla estará directamente vinculada a ese contrato de seguro de cumplimiento como titular de uno de sus extremos”7. Más adelante, concluyó8: De esta manera, se tiene entonces que en los contratos de seguro que se celebran para garantizar el cumplimiento de otros contratos estatales, en cuanto medie la aprobación que la entidad estatal contratante haya impartido a los términos de la póliza expedida por la compañía aseguradora -aprobación que constituye requisito legal para que pueda darse inicio a la ejecución del contrato estatal cuyo cumplimiento se garantiza (artículo 41, Ley 80)-, en modo alguno puede admitirse que a la respectiva entidad estatal contratante se la califique como un tercero, ajeno por completo al referido contrato de seguro de cumplimiento, puesto que queda visto que con ocasión de la aceptación o ratificación que ella imparte a la estipulación que la aseguradora ha realizado en su favor, i) aquella asume directamente la condición de parte dentro del correspondiente contrato de seguro; ii) porque de todas maneras resulta claro que la entidad estatal contratante es la verdadera titular del riesgo asegurable y, por ende, le corresponde la posición del asegurado y, además, iii) porque en todo caso se tiene que la aceptación o ratificación que la entidad estatal contratante imparte a la estipulación de la aseguradora configura una relación contractual que erige a aquella en la única legitimada para exigirle a la aseguradora el pago de las obligaciones indemnizatorias, en los eventos en que acaezca el respectivo siniestro. 14.6. De manera que si bien puede catalogarse como estatal al contrato que asegura a un contrato estatal, esto es admisible en la medida de que exista un interés que legitime a

el pago de las obligaciones indemnizatorias, en los eventos en que acaezca el respectivo siniestro. 14.6. De manera que si bien puede catalogarse como estatal al contrato que asegura a un contrato estatal, esto es admisible en la medida de que exista un interés que legitime a la entidad estatal para presentarse al litigio, como ocurre con sus derechos e intereses como asegurada9, lo que, en los términos arriba expuestos, impide catalogarla como un simple tercero al contrato de seguro. Por lo tanto, su legitimación es restringida y, por ende, descarta cualquier otro interés que involucre de manera exclusiva a la aseguradora o al tomador. En otras palabras, la denominación como contrato estatal es relativa, no absoluta, puesto que dependerá de la legitimación de la entidad estatal en cada juicio. 14.7. Recientemente, la Corte Constitucional, al definir un conflicto negativo de competencias, en el que se ventilaba la responsabilidad de una aseguradora llamada en garantía por la beneficiaria de un contrato de seguro que amparaba un contrato estatal, concluyó que: (…) los contratos de seguro cuyo objeto es el de garantizar el cumplimiento de contratos estatales en los que haga parte de una entidad del Estado, también hacen parte de los contratos estatales referidos por la Ley 80 de 1993, ya que las pólizas de cumplimiento forman parte integral del contrato que garantizan. Por lo cual, el contrato estatal y el contrato otorgado para garantizar el cumplimiento del primero forman una unidad jurídica. Además, el análisis conceptual de los contratos de seguro debe responder a la misma lógica del 7 Ibíd. 8 Ibíd. 9

La jurisprudencia ha precisado, en cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, que esta corre “contra aquellos para quienes se deriva algún derecho del contrato de seguro, ya que «aquellas personas distintas a los interesados carecen de acción, pues el contrato de seguro es para ellos res inter alios acta”. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2020, exp. SC4312-2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez.10

Radicación número: 85001233300020160005301 (60.718) Actora: Aseguradora Solidaria de Colombia Demandada: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. Referencia: Controversias contractuales régimen de contratación estatal, es decir, su finalidad es la de servir a intereses generales10. 14.8. Así, la referida Corporación compartió la postura del auto del 30 de enero de 2008 citado y remitió dicho asunto a esta jurisdicción. 14.8. Con todo, en esta oportunidad vale precisar que aunque los supuestos aquí en estudio se atemperan a lo regulado en el artículo 1.039 del Código de Comercio, esto es, para el contrato de seguro a nombre de un tercero, incluso, en este escenario, la Corte Suprema de Justicia ha concluido que “la calidad de ‘tercero’ que ostenta el beneficiario lo es solo frente al hecho de que no intervino en su formación. Mas, desde la perspectiva de la titularidad de la prestación de seguro, “no es un ‘‘tercero’’ sino la persona que sufre un menoscabo en su patrimonio y tiene, por ello, interés asegurable en el pago de la indemnización”11. 14.9. En esa medida, no es un tercero para lo de sus intereses, sino que es parte de dicho contrato de seguro, en la medida que es titular derechos y obligaciones derivados de dicho acuerdo. Por lo tanto, siendo parte del contrato para estos sólos efectos, el contrato es estatal de forma restringida. 14.10. En los términos expuestos, se considera que corresponde a esta jurisdicción el conocimiento del presente litigio, inclusive, en relación con las pretensiones de nulidad absoluta de algunas cláusulas del contrato de seguro en estudio, en tanto estas tienen que ver con el trámite de reclamación del siniestro, que es lo que interesa a la entidad estatal demandada.

10 Corte Constitucional, auto 199-22 del 24 de febrero de 2022, exp. CJU-582, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Sin salvamentos ni aclaraciones. 11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2018, exp. SC5681-2018/2009-00687.En esta misma providencia se precisó: “el seguro es por cuenta propia, pero a favor de un tercero cuando