CE-608-1939-09-13

LIQUIDACION DE IMPUESTOS Lo que la ley grava es la utilidad líquida de los contribuyentes, y lo que importa saber es cuál es real y verdaderamente la renta gravable. En procesos de esta índole hay que descartar la idea de parte y parte, de posiciones favorables o desfavorables. Realidad de la renta y legalidad del impuesto: hé aquí el objeto que debe perseguir toda la actuación, y en cuya cabal consecución se armonizan la obligación de los contribuyentes de satisfacer los tributos que el Estado les ha impuesto y el derecho de éste a percibirlos en su integridad. CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS Bogotá, septiembre trece (13) de mil novecientos treinta y nueve (1939)

Radicación número: Actor: Demandado: Con una copia en inglés del balance general y un cuadro explicativo de la cuenta de pérdidas y ganancias —Profit and Loss Account— la Compañía denominada Frontino Gold Mines Limited, el 27 de mayo de 1935, hizo la declaración de renta correspondiente al año comprendido entre el 1º de julio de 1933 y el 30 de junio de 1934, ante el Administrador de Hacienda Nacional de Medellín, por haberse radicado en este Municipio la liquidación y pago del impuesto, no obstante tener la Compañía el centro de sus operaciones en el de Segovia.

La Administración de Hacienda dictó la Resolución número 91, de 6 de septiembre de 1935, liquidando un impuesto de $ 49.982,38. Contra esta liquidación reclamó

el apoderado de la Compañía, alegando que al computar las libras esterlinas, debió tenerse en cuenta el promedio de cambio durante el año gravable y aceptarse como deducción la cantidad de $2.692,4,10, que la Compañía pagó en Londres por intereses de bonos. En Resolución número 121, de 23 de septiembre de 1935, la Administración de Hacienda se negó a acceder a la reclamación. Contra esta providencia reclamó la Compañía ante la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales en memorial de 24 de octubre de 1935. Esta oficina, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 15 de la Ley 81 de 1931, procedió a revisar la liquidación hecha por la Administración de Hacienda Nacional de Medellín, y en Resolución número 657, de 9 de julio de 1936, fijó el impuesto en $ 69.409.30, ordenando en consecuencia un cobro adicional por $ 19.426,92. En escrito de 13 de agosto de 1936, el apoderado de la Compañía solicita de la Jefatura "que reconsidere y revoque dicha Resolución, contra la cual interpongo el recurso de reposición." En dicho escrito pidió la 'Compañía que se dedujera de la renta bruta la cantidad pagada en Inglaterra por intereses sobre bonos; que para la conversión de libras esterlinas a pesos colombianos se tuviera en cuenta el promedio de cambio en el año gravable, y no la cotización de 30 y que se aceptara la

depreciación para todos los renglones del 14% sobre los saldos al final del año gravable. La Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales resolvió el memorial de reposición en providencia R. 1335 H., de 9 de octubre de 1937 en la cual ordenó que se cobrara a la Compañía una cantidad adicional de $ 40.690,13, mayor en $ 21.263.00 a la fijada en la Resolución recurrida. En demanda presentada personalmente el 3 de marzo de 1938, el doctor Jorge López Sanín, obrando como apoderado general para pleitos de la Compañía inglesa denominada Frontino Gold Mines Limited, solicitó del Tribunal Administrativo de Medellín que se declarara nula la Resolución R. 1335 H., de 9 de octubre de 1937, de la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, en todo aquello en que hace más grave la situación de la Compañía de lo que era en virtud de la Resolución número 657, de 9 de julio dé 1936, proferida por la misma Jefatura, y que hiciera las demás declaraciones principales o subsidiarias ex-^ presadas en el libelo. Pasado el expediente al Agente del Ministerio Público, con fecha 21 de mayo de 1938 rindió su concepto en un todo desfavorable a las pretensiones de la demanda. En sentencia de 16 de noviembre del mismo año, que puso fin al negocio, no accedió el Tribunal a declarar la nulidad de la Resolución R. 1335 H.; la reformó en el sentido de deducir de la cantidad fijada en la Resolución como renta liquida gravable la suma de $ 43.616.47, que la Jefatura

no reconoció a la Frontino Gold Mines Limited como gastos, y negó las demás peticiones de la demanda. De este fallo apelaron tanto el Agente del Ministerio Público como el apoderado de la Compañía y, concedido el recurso en el efecto devolutivo, han venido los autos a esta Corporación para su estudio y decisión definitiva. Cumplidos los trámites de la segunda instancia, ha llegado el momento de dictar fallo de fondo, a lo cual se procede mediante las siguientes consideraciones. Las peticiones de la demanda las formula así el actor: "Primera. Que la Resolución número R. 1335 H., dé 9 de octubre de 1937, de la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales es nula en todo aquello en que hace la situación de la Frontino Gold Mines Limited, con respecto al impuesto sobre la renta que le correspondía pagar por el año comprendido entre el 19 de julio de 1933 y el 30 de junio de 1934, más grave de lo que era en virtud de la Resolución número 657 de 9 de julio de 1936, proferida por la misma Jefatura. "Segunda. Que en consecuencia la Compañía tiene derecho a que se deduzcan de su renta bruta obtenida en ese año las siguientes cantidades: a) La de $ 183.232.5.11 por gastos en la mina, que le reconoció la Resolución número 657, citada; b) La de $ 27.792.2.6, por impuesto pagado en Londres, reconocido en la misma Resolución. "Tercera. Que la Compañía tiene derecho a que se deduzcan, también, de su renta bruta del año expresado, las siguientes cantidades que la Resolución

número R. 1335 H., de 9 de octubre de 1937, reconoció que tenía derecho a deducir: a) $ 128.773.90, por depreciación; y b) $ 2.692.4.10, por intereses pagados sobre bonos. "Cuarta. Que las libras esterlinas deben liquidarse al cambio de siete pesos con quinientos diez y" seis milésimas de peso, cada una. "Quinta. Que es nula la Resolución número 657, de 9 de julio de 1936, y que procedáis a revisarla y a reformarla en cuanto niega a la Frontino Gold Mines Limited el derecho a deducir de su renta bruta del año comprendido entre el 19 de julio de 1933 y el 3.0 de junio de 1934, la cantidad de $ 45.686.03, pagada por gastos en Londres, porque la Compañía tiene derecho a esta deducción. "Sexta. Que como consecuencia de las declaraciones que preceden, la Administración de Hacienda Nacional de Medellín debe devolver a la Frontino Gold Mines Limited la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos veintidós pesos con tres centavos ($ 41.422.03), o la que se fije por el honorable Tribunal previa liquidación del impuesto que haga, teniendo en cuenta la cantidad total pagada por la Compañía. Subsidiariamente os pido que declaréis: que son nulas las Resoluciones citadas en cuanto el impuesto liquidado por ellas a la Frontino Gold Mines Limited excede de 'los límites señalados por la ley y que reviséis dichas Resoluciones y las reforméis haciendo la liquidación del impuesto que debe pagar la Compañía por su renta líquida obtenida en el año comprendido entre el 19 de julio de 1933 y el 30

de junio de 1934, y ordenéis que se la reintegre por la Administración de Hacienda Nacional de Medellín, la cantidad que resulte pagada en exceso, expresada en sumía líquida." En derecho apoyó la demanda "en la Ley 81 de 1931, en los decretos reglamentarios de ésta, en las disposiciones del Código Judicial sobre recursos, especialmente el de reposición, y en la norma universalmente aceptada de que a nadie que intenta un recurso puede la providencia que lo decide imponerle obligaciones que no tenía a virtud del auto o sentencia recurridos." Los hechos fundamentales de la acción son los mismos que quedaron sucintamente expuestos en la relación de los antecedentes del negocio, con que se encabeza este fallo. Refiriéndose en otros apantes del libelo a las consecuencias de la posible declaratoria de nulidad de la Resolución R. 1335 H., el apoderado de la Compañía las precisa así: "No teniendo valor ninguno la Resolución número R. 1335 H. de 1937, proferida por la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, sino en la parte en que sea favorable a la Compañía, resulta lo siguiente: "a) Que la depreciación debe hacerse al 14% sobre los saldos en 30 de junio de 1934, porque la Jefatura aceptó que se hiciera dicha depreciación, considerando que el Decreto 818 de 1936 no puede tener efecto retroactivo; "b) Que la Compañía tiene derecho a que se deduzca de su renta bruta la cantidad de $2.692.4.10, porque la Jefatura de Rentas aceptó esta deducción; "c) Que las libras esterlinas deben computarse al promedio de cambio en el

período gravable, o sea de $ 7,516 cada libra esterlina, porque la Jefatura aceptó este promedio; "d) Que la renta bruta de la Frontino Gold Mines Limited, en el año 1933-1934, fue de $ 2.439.197-88, cantidad fijada por la Jefatura en la Resolución número R. 1335 H.; "e) Que de esta renta bruta deben deducirse por gastos en la mina incluyendo pagos a tributarios, hundimiento de pozos y pérdidas de compañías subsidiarias, la cantidad de $183.232.5.11, cantidad ésta que fue aceptada por la Resolución número 657 de 1936, y que no podía disminuirse posteriormente por la Jefatura de Rentas, por falta de facultad para revisar y porque al resolver un memorial de reposición no podía agravar la situación de la Compañía; "f) Que asimismo deben deducirse de la renta bruta $27.792.2.6 por impuesto sobre la renta pagado en Inglaterra, cantidad que fue aceptada por la Resolución número 657, y que no puede variarse por las razones expuestas." Procede ahora entrar a estudiar los fundamentos de las peticiones de la demanda, analizándolas en el mismo orden que fueron formuladas en el libelo, y propugnadas en los alegatos, que es por lo definas el que mejor responde a las conveniencias lógicas de la exposición. Nulidad de la Resolución R. 1335 II. De 1937. Dos son los argumentos con que se impugna la validez de esta providencia: Primero. Que es violatoria del numeral 19 del artículo 15 de la Ley 81 de 1931, porque la Jefatura de Rentas, en la fecha en que la dictó, carecía de facultad para

"revisar y para estimar la renta de la Frontino Gold Mines Limited" y "para hacer cambio alguno en la renta tasable de ella". Segundo. "Al conocer del memorial de reposición la Jefatura sólo tenía competencia para resolver en favor de la Compañía." Primer argumento. El artículo 15 de la Ley 81 de 1931, cuyas disposiciones son las aplicables al caso en estudio, por tratarse de un impuesto exigible en 1934, cuando aún no regían las de la Ley 78 de 1935 y decretos que la reglamentan, dice textualmente: "A partir del día primero de septiembre de cada año, los Administradores de Hacienda Nacional enviarán una copia del expediente respectivo a cada uno de los contribuyentes cuyas rentas tasables hayan sido determinadas por dichos Administradores, al Director General de Rentas Nacionales, para que sean verificadas por éste o por los empleados a quienes haya delegado sus funciones. Dicho Director General estará autorizado, basándose en el examen del expediente y en todas las demás informaciones plenamente comprobadas que pueda obtener, para revisar las cuantías de rentas gravables fijadas por los Administradores, y para hacer que tales funcionarios hagan las imposiciones adicionales sobre los contribuyentes, o para disponer los reembolsos que hayan de hacerse, según el caso, (mando se trate de imposiciones adicionales, éstas serán debidas y pagadas tan pronto como los avisos sobre ellas sean dados a los contribuyentes afectados. Con excepción del caso de los contribuyentes mencionados en el numeral 29 de este artículo, no se hará cambio alguno por dicho Director General en la renta tasable o en impuesto de cualquier contribuyente, después del 19 de septiembre

del año inmediatamente siguiente a aquel en que se hizo la declaración." La excepción a que se refiere la parte final del precepto transcrito toca con las personas o entidades que hayan dejado de declarar la renta. Posteriormente los artículos 106 y 109 del Decreto 818 de 1936 confirieron al Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales la facultad de estimar las rentas y fijar los impuestos en cualquier tiempo, cuando se trate de rentas no declaradas u omitidas en una declaración o declaradas por valor inferior. Es evidente que la Compañía demandante no se encuentra en ninguno de los casos de excepción que permiten a la Jefatura de Rentas ejercitar la facultad de revisión en cualquier tiempo, puesto que hizo oportunamente la respectiva declaración desde el 27 de mayo de 1935, y por ninguna parte aparece que hubiera habido omisiones en la declaración ni que ésta fuera por valor inferior al hallado en los libros de la Compañía. Además, la Jefatura de Rentas había ejercitado ya la facultad de revisión al dictar la Resolución número 657 de 9 de julio de 1936. El argumento contra la Resolución R. 1335 H., de 9 de octubre de 1937, sería, pues, valedero si la Oficina de Rentas hubiera dictado esta providencia oficiosamente, y en uso de una facultad cuyo ejercicio le vedaba la ley después del 19 de septiembre de 1936, año inmediatamente siguiente a aquél en que la Frontino Gold Mines Limited hizo la declaración de renta. En tal hipótesis sí tendría mérito jurídico la alegación del actor de que, no existiendo facultad para dictarla, la Resolución es nula.

Pero el caso contemplado es otro. La Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales no dictó la Resolución R. 1335 H. oficiosamente. Haciendo uso del derecho que consagra el artículo 115 del Decreto 818 de 1936, el apoderado de la Compañía intentó el recurso de reposición contra la Resolución número 657 de 9 de julio de 1936, y precisamente fue el conocimiento y decisión de este recurso, oportuna y legalmente interpuesto por un contribuyente, el que dio competencia a la Jefatura para dictar la providencia posterior. En varios pasajes de la Resolución, la Jefatura insiste en declarar que no tiene ya facultad para revisar la liquidación primitiva, que carece de facultad para revisar. Y al final, sintetiza su pensamiento al respecto, en los siguientes términos: "El mayor valor del impuesto deducido en esta providencia sobre el liquidado en la Resolución reclamada, no obedece a una revisión propiamente dicha, sino a la necesidad en que la Compañía ha colocado a la Jefatura de atender a las cifras en moneda corriente que aparecen en sus cuentas, ya que se ha comprobado que sí lleva contabilidad en moneda colombiana, a pesar de que la Compañía había venido presentando sus balances en libras esterlinas, dando así lugar a errores en contra del Fisco Nacional." No habiéndose dictado la Resolución R. 1335 H. en ejercicio extemporáneo de la facultad legal de revisión, sino en cumplimiento del deber de resolver sobre el recurso de reposición legalmente intentado contra una providencia anterior, no viola por este aspecto la norma del numeral 1º del artículo 15 de la Ley 81 de 1931

ni hay mérito para declararla nula por carencia de facultad en el funcionario que la dictó. Segundo argumento. Razona así el apoderado de la Compañía demandante: "El recurso —refiriéndose al de reposición— determina la jurisdicción del Juez, Magistrado o empleado administrativo, y la limita. Si él no se interpone, la providencia queda en firme. Nadie puede variarla. Pero la revocatoria, reforma o aclaración no pueden pronunciarse sino en favor del recurrente, por la razón de que si se pide una de estas cosas, a resolverla debe limitarse quien pronunció la providencia. El recurso permite al autor de ella una nueva actuación que se concreta a decidir sobre lo pedido por el recurrente. Se accede a la solicitud de éste o se niega, pero se carece de jurisdicción para resolver sobre lo que no es materia del recurso, porque esa parte de la decisión quedó ejecutoriada, inamovible." De donde concluye que debe declararse la nulidad de la R. 1335 H. en todo aquello que hace la situación de la Frontino Gold Mines Limited más grave de lo que era en virtud de la Resolución recurrida, que es en este negocio la número 657 de 9 de julio de 1936. Pero no es necesario profundizar en el carácter tan diverso de los recursos de reposición y apelación para llegar a la conclusión de que es inaceptable la opinión expresada por el apoderado de la Compañía demandante en su alegato de segunda instancia, de que el recurso de reposición "es una especie de apelación interpuesta ante el mismo autor de la resolución". Surge con mayor fuerza esta diferencia respecto de un recurso administrativo

como el que consagra el artículo 115 del Decreto 818 de 1936, ya que la providencia del Jefe de Rentas que lo decide, deja a los contribuyentes expedita la vía para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en amplio debate, en el que deberán examinarse y decidirse todas las cuestiones a ella sometidas con el único criterio aceptable en estas cuestiones: el de la realidad y la conformidad con la ley. Es exótico, cuando menos, hablar de situaciones definitivas, de "derechos adquiridos", refiriéndose a las decisiones de las autoridades administrativas en el proceso sobre imposición de impuestos. En ninguna parte ha definido la ley el alcance y los efectos del recurso de reposición ante el Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales. Pero a este respecto, es indicativo del espíritu que informa nuestra legislación, el precepto del artículo 40 de la Ley 63 de 1936, "por la cual se organizan los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones", que dice textualmente: "El funcionario que conoce de un recurso contra la liquidación, debe revisarla íntegramente, y rehacerla en cuanto fuere deficiente en contra del Fisco, aunque los puntos de la modificación no sean materia del incidente de objeciones". Relacionando esta disposición con la del artículo 115 del Decreto 818 de 1936, sí cabe hablar de analogía, pues ambas versan sobre materias similares. Analogía que no existe, que no puede existir entre dos recursos tan disímiles como lo son el de apelación y el de reposición. Considera el Consejo de Estado que en negocios como el presente no procede

dilucidar a quién se le adjudica la mejor y a quién la peor parte. Lo que la ley grava es la utilidad líquida de los contribuyentes y lo que importa saber, como acertadamente lo expresa el apoderado de la Compañía en memorial de 13 de agosto de 1936, es "cuál es real y verdaderamente la renta gravable". En procesos de esta índole hay que descartar la idea de parte y parte, de posiciones favorables o desfavorables, adquiridas o desconocidas. Realidad de la renta y legalidad del impuesto: he aquí el objeto que debe perseguir toda la actuación, y en cuya cabal consecución se armonizan la obligación de los contribuyentes de satisfacer los tributos que el Estado les ha impuesto y el derecho de éste a percibirlos en su integridad. Nada más, pero tampoco nada menos. Analizada con este criterio la Resolución R. 1335 H. es inobjetable. ¿Qué fue lo que movió al Jefe de Rentas a ordenar la práctica de un examen en los libros de la Compañía demandante, y a rehacer la liquidación sobre las cifras en moneda colombiana que aparecen en sus cuentas? La solicitud insistente de la Compañía para que en la conversión de libras inglesas a pesos colombianos se adoptara el promedio del cambio durante el año gravable y no el tipo vigente en 30 de junio de

1934. El señor Fiscal de esta Corporación, en su vista de fondo, dilucida este punto con lucidez y acierto, y llega a conclusiones que el Consejo acoge. "Habiéndose planteado —dice el señor Agente del Ministerio Público-— ante la

Jefatura el problema del tipo de cambio a que debía liquidarse el balance presentado en libras, le quedaban tres caminos: mantenerse en su decisión consignada en la primera Resolución aplicando el tipo en 30 de junio de 1934, o escoger el propuesto por la Compañía del promedio legal del cambio durante el año que terminó en esa fecha, o investigar realmente cuál fue el tipo a que se hicieron las operaciones por parte de la Compañía. Es indudable que las operaciones de la Compañía tuvieron que ser hechas a todo lo largo del año gravable y a diferentes tipos de cambio, a medida que en la fecha de cada operación variaba la relación entre la libra esterlina y el peso colombiano. Por eso, tanto la primera como la segunda solución no son estrictamente exactas, y al escoger la una o la otra, haría de la renta un cálculo aproximado. En cambio, dada la existencia de la contabilidad en pesos colombianos, la relación entre ésta y el balance en libras esterlinas da justamente el valor del cambio a que se hicieron las operaciones de la Compañía. Por ese motivo considero que la Jefatura de Rentas al escoger para sus datos la contabilidad en pesos colombianos, que debe admitirse como exacta y equivalente a la llevada en libras esterlinas, no hizo otra cosa que resolver el punto sometido a su estudio en el memorial de reconsideración de su primera resolución y fijar de manera exacta la relación de los dos signos monetarios empleados por la Compañía en su contabilidad. Por lo tanto debe aceptarse como una consecuencia de la solicitud de reposición la escogencia que hizo la Jefatura de los datos que arrojaban los libros de la

Compañía llevados en moneda colombiana. En consecuencia, en esa forma queda implícitamente resuelto el problema relacionado con el tipo de cambio." Siendo la Resolución R. 1335 H., como lo es, una consecuencia de la solicitud de reposición, y el mayor valor del impuesto deducido en esta providencia sobre el liquidado en la resolución reclamada el resultado de una apreciación de las cuentas más ceñida a la realidad y más aproximada a la exactitud de las operaciones, no cabe acceder a la primera de las solicitudes de la demanda. Negada la primera, se impone el rechazo de las cinco restantes, en cuanto éstas han sido formuladas en la demanda como una consecuencia de la decisión favorable de aquélla. Sin perjuicio de que el Consejo entre a estudiar el fundamento legal de cada una de las deducciones a que cree tener derecho la Compañía. Sería desvirtuar y aun menoscabar la misión de la jurisdicción contencioso-administrativa, reducirla a comprobar, a modo de inventario o de balance, los puntos en que son favorables o desfavorables los actos acusados a las pretensiones del actor. La misión de esa jurisdicción es revisar los actos de las corporaciones y empleados administrativos y alistarlos, si fuere preciso, a los mandatos de la ley. Negadas las peticiones principales de la demanda, es llegado el momento de resolver acerca de la subsidiaria, en que se pide por el apoderado de la Compañía la nulidad de las Resoluciones acusadas en cuanto el impuesto liquidado exceda de los límites señalados por la ley y se revisen y reformen dichas providencias,

haciendo la liquidación del impuesto que debe pagar la Compañía por su renta líquida obtenida en el año comprendido entre el 19 de julio de 1933 y el 30 de junio de 1934. Hay, pues, que examinar, a la luz de las disposiciones de la Ley 81 de 1931, cuál es el monto real de la renta bruta y cuáles las deducciones. legalmente aceptables, para determinar con exactitud la renta líquida. Renta bruta. El monto de ésta fue fijado por la Jefatura de Rentas y aceptado por la Compañía en la suma de $ 2.239.197-88, valor recibido en pesos colombianos por razón del oro vendido. Por lo demás esta suma es el equivalente de la de £ 325.030.10.5, que figura en el balance presentado como declaración por la Compañía, al tipo de cambio aproximado de 7.56. Deducciones. Estas comprenden los siguientes renglones: gastos de la mina, incluyendo pagos a tributarios, gastos de desarrollo, hundimiento de pozos y pérdidas ocurridas a compañías subsidiarias; depreciación de plantas, maquinaria, edificios y muebles; intereses sobre bonos (debenture); impuesto sobre la renta pagado en Inglaterra, y gastos en las oficinas inglesas. Gastos en la mina. Esta deducción, que autoriza el numeral 19 del artículo 29. de la Ley 81 de 1931, fue fijada por la Jefatura en diversas partidas, que sumadas con otras correspondientes a deducción de índole distinta, arrojan un total de $ 1.262.979-00, en la Resolución 1335 H, que tuvo a la vista los datos suministrados

por los libros de la Compañía en Colombia. El monto de la deducción por gastos, hecha la debida separación de los distintos sumandos, es inferior a la suma de £ 183.232-5-11, que por igual concepto arroja el balance presentado por la Frontino Gold Mines Ltd., con su declaración y que había sido aceptada en la Resolución número 057 de 1936. Mas para el Consejo es indudable que la que se ajusta a la realidad de los gastos es la fijada en la primera de las providencias a que se alude anteriormente, por cuanto en ella se discriminan los datos, en armonía con la contabilidad de la Compañía en el país. Depreciación. El numeral 79 del artículo 29 de la Ley 81 autoriza "una razonable deducción por depreciación causada por desgaste o rotura de la propiedad mueble o inmueble, usada en el comercio o negocio", y el numeral 89 4'una deducción razonable por depreciación de mejoras" en el caso de minas. La Compañía presentó como partida deducible por depreciación la resultante de aplicar el 14% sobre los saldos no amortizados de las propiedades depreciables—Reducing balance method. La Jefatura, después de haber rechazado este sistema en la Resolución número 657, acabó por aceptarlo en la número R. 1335 H. estimando, con razón, que las normas contenidas a este respecto en los artículos 57 a 66, inclusive, del Decreto 818 de 1936, y que adoptan para la depreciación el conocido con el nombre de método de línea recta o straight Une method, no eran aplicables al caso por ser posteriores y no tener efecto retroactivo. Y agrega la

Jefatura: "Por otra parte, tratándose del caso concreto que se estudia, como la propiedad que se trata de depreciar tiene bastante tiempo de adquirida, aun cuando a primera vista el 14% solicitado sobrepasa el máximo autorizado por el Decreto 818 de 1936, lo cierto es que ese 14% lo deduce la Compañía no del costo inicial sino del saldo pendiente en el año gravable, y de esta suerte puede garantizarse que tal porcentaje equivale a mucho menos del 10% autorizado por los reglamentos colombianos, Por esta razón la Jefatura acepta la mencionada depreciación..." Intereses sobre bonos (debentures). Como la Frontino Gold Mines Ltd., es una sociedad domiciliada en Inglaterra, y que tiene constituí-do en Colombia un apoderado o representante con facultades de mandatario al tenor de lo dispuesto en los Decretos legislativos números 2 y 37 de 1906, la disposición aplicable es la del inciso 2º del numeral 1º del artículo 7º de la Ley 81 de 1931, que dice: "El apoderado de una persona natural o jurídica no residente en Colombia, no estará obligado a hacer las deducciones y retenciones de que trata esta disposición, pero en caso de que no las hiciere, se constituirá con su respectivo poderdante, mancomunada y solidariamente, deudor del Fisco por el valor total a que ascienda el correspondiente impuesto sobre la renta, asignado a dicho poderdante, durante el tiempo que dure en el ejercicio del poder, sin perjuicio de que el respectivo Recaudador del impuesto sobre la renta pueda exigir a tales apoderados, cuando

lo crea del caso, una fianza adecuada a fin de garantizar convenientemente los intereses del Fisco." Por lo demás, la Compañía acreditó haber hecho el pago del impuesto correspondiente, en lo relativo a este renglón, con el recibo 039319, de 8 de octubre de 1936, expedido por la Administración de Hacienda Nacional de Medellín, y la deducción le fue aceptada en la Resolución R. 1335 H. Impuesto sobre la renta pagado en Inglaterra. El fundamento legal de esta deducción se encuentra en el numeral 2º del artículo 3º de la Ley 81 de 1931, que dice: "...Todo residente en Colombia será gravado sobre su renta, cualquiera que sea el origen de ella, ya sea obtenida dentro o fuera del país. Pero en cualquier impuesto asignado de acuerdo con esta Ley a un extranjero residente en el país, se le descontará de su renta líquida gravable la suma de cualesquiera impuestos pagados o debidos, durante el año gravable, al país extraño en donde dicho contribuyente tenga negocios establecidos, si en la legislación de tal país se hacen descuentos semejantes a los ciudadanos de Colombia residentes en él." La Jefatura, en la Resolución número 657 de 1936, aceptó la deducción por la suma de $ 27.792.2.6, la misma que figura en el balance presentado por la Compañía, "en virtud de la comprobación legal que se ha hecho por la Compañía de que en la legislación inglesa se aceptan descuentos semejantes a los ciudadanos colombianos residentes en ese país". Posteriormente, en la Resolución número R.

13)35 H., la Jefatura varió la cuantía de la deducción aceptando la de $ 170.799.22 en pesos colombianos, por ser esta suma la que figura en los libros que lleva la Compañía en moneda nacional, con el siguiente pormenor: "Impuesto sobre la renta pagado en Inglaterra, según balance de esta cuenta 3. 170.799.22". Cabría repetir lo dicho anteriormente al tratar de la deducción "Gastos en la mina". Gastos en Inglaterra. De la partida de $ 45.686-03 que figura en los libros de la Compañía por este concepto, la Jefatura en la Resolución R. 1335 EL, sólo reconoció $ 2.069-56; pero el Tribunal a quo reformó en este punto la providencia mencionada. "La Compañía, dice el Tribunal, tiene derecho a la deducción que solicita de $ 45.686-03. Pero como de esta cantidad la Jefatura reconoció $ 2.06956 por útiles de escritorio y cablegramas, sólo tiene derecho a que se le deduzcan 8 43.616-47, diferencia entre las dos cantidades que corresponde a los otros gastos, ya que por este concepto no estaba obligada a retener el impuesto." El Consejo considera ajustada a