CE - 6_130013331002200900409011SENTENCIA20220802231057_TCListadoTitulados133131837256688219-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad – Ley 600 de 2000 – Daño especial Síntesis del caso: El demandante principal fue capturado, con fines de indagatoria, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Dicha actuación finalizó con preclusión de la investigación a su favor Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 19 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 16 de julio de 2008, Pedro Luis Yi Amador, con su grupo familiar2, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad, ocurrida dentro del proceso penal 1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00. 2 Obran como demandantes Pedro Yi Jam y Ana Lucía Amador Barrios -padres-, así como Luis Fernando, Katerine

Lucía y José Carlos Yi Amador -hermanos-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ adelantado en su contra por la presunta comisión, en calidad de coautor, de los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego o

municiones3.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (se trascribe): “PRIMERA: Se declare que la Nación Colombiana – Fiscalía General de la

Nación, (Unidad de Delitos contra la Vida Fiscalía Seccional No. 6 de Cartagena) y el Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional de Bolívar Seccional de Policía Judicial Área de Delitos contra la Integridad) son administrativa, solidaria y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al Señor PEDRO LUIS YI AMADOR, a sus padres y hermanos, como consecuencia de la incorrecta, y mala aplicación de la justicia, en la investigación penal adelantada por parte de la Unidad de Delitos contra la Vida Fiscalía Seccional No. 6 de Cartagena y la Policía Nacional de Bolívar Seccional de Policía Judicial Área de Delitos contra la Integridad, quienes como funcionarios judiciales iniciaron investigación, y profirieron medida de aseguramiento situación esta que le ocasionó un daño antijurídico.

SEGUNDA: como consecuencia de lo anterior, solicito condenar a la Nación Colombiana – Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Bolívar Seccional de Policía Judicial Área de Delitos contra la Integridad, como reparación del daño ocasionado, a pagar a mis poderdantes, por haber recibido perjuicios del orden material y moral, estimados en cuantía superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200.000.000) hasta la fecha, más los que se causen hacia el futuro por concepto de daños materiales, morales, lucro cesante, para los cuales pido compensatorios a la tasa legal permitida”4.

3. Finalmente, solicitó que se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 171, 176 y 177 del C.C.A.

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en síntesis, los siguientes hechos: 5. 1) El 2 de octubre de 2006, a la Clínica Ami de Cartagena, ingresaron dos hombres disfrazados de policía. Uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones al paciente Mariano Castillo Herrera, causándole la muerte. 6. 2) Por lo anterior, la fiscalía inicialmente adelantó la investigación previa, luego dispuso la apertura de la instrucción y ordenó la captura con fines de indagatoria de Pedro Luis Yi Amador, por los delitos de homicidio agravado, así como de hurto calificado y agravado.

3 Folios 1 al 15 del cuaderno No. 1 del tribunal. En providencia de 11 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del Auto de 15 de octubre de 2008 proferido por el Juzgado 13 Administrativo de Cartagena, mediante el cual se había admitido la demanda. 4 Folio 2 del cuaderno No. 1 del tribunal. En el acápite de hechos de la demanda, indicó que solicitaba 300 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales, y la suma de $14.252.000 por concepto de perjuicios materiales. 2 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa

Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ 7. 3) El 9 de octubre de 2006, el entonces procesado rindió diligencia de indagatoria, en la que señaló que no había cometido la conducta punible que se le imputaba. 8. 4) El 17 de octubre de 2006, la fiscalía se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento y el 12 de octubre de 2007 profirió resolución de preclusión a su favor. 1.2. Posición de la parte demandada

9. El 23 de julio de 2010, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones allí formuladas5. Al respecto, sostuvo que la captura de la víctima directa fue legítima, dado que tuvo como fundamento las diligencias practicadas por la fiscalía, consistentes, entre otras, en una inspección judicial, testimonios del personal médico que presenció los hechos y el reconocimiento fotográfico que realizó el funcionario de la policía que estaba custodiando a Mariano Castillo en el hospital. En todo caso, señaló que, la facultad de decidir sobre la responsabilidad penal del capturado correspondía al ente acusador y los jueces de la república, más no a la Policía Nacional.

10. El 27 de julio de 2010, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda, en el que también solicitó que se negaran las pretensiones presentadas por la parte actora6. En ese sentido, indicó que esta entidad se encontraba obligada a adelantar la correspondiente investigación penal, dado que el retrato hablado descrito por el patrullero

que presenció los hechos coincidía con las características físicas de Pedro Luis Yi. Por lo tanto, no se había configurado una falla del servicio, toda vez que luego de escucharlo en indagatoria, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento. Además, la preclusión de la investigación no podía generar de manera automática la responsabilidad del Estado. Finalmente, propuso la excepción de culpa de un tercero. 1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 19 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda7. Como fundamento de la decisión señaló que, la privación de la libertad de Pedro Luis Yi Amador, ocurrida desde el 7 de octubre de 2006 hasta el 17 del mismo mes y año, fue injusta, toda vez que tuvo origen en un proceso penal adelantado en su contra, que finalizó

5 Folios 170 al 175 del cuaderno No. 1 del tribunal. 6 Folios 180 al 188 del cuaderno No. 1 del tribunal. 7 Folios 245 al 267 del cuaderno del Consejo de Estado. 3 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ con preclusión de la investigación a su favor, al no haberse desvirtuado su presunción de inocencia.

12. Por lo anterior, concluyó que se le generó un daño que no estaba en el

deber jurídico de soportar, dado que se limitó su derecho a la libertad, sin que se hubiese podido probar su participación en la conducta punible imputada. Así las cosas, exoneró de responsabilidad a la Policía Nacional, dado que su actuación se limitó a cumplir las órdenes impartidas por el ente acusador, declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación porque fue la autoridad que ordenó la captura de la víctima directa, y la condenó a pagar los perjuicios morales causados a los demandantes8. 1.4. Recursos de apelación

13. El 23 de octubre de 2013, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda9. En su escrito afirmó que, contrario a lo sostenido por el tribunal, el presente caso debía analizarse bajo un régimen subjetivo de responsabilidad. Así las cosas, como existieron elementos de juicio que comprometían la responsabilidad penal de la víctima directa en los hechos investigados, sumado a que no se impuso medida de aseguramiento, no se había configurado una falla del servicio.

14. El 24 de octubre de 2013, la parte demandante también interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se aumentaran los montos reconocidos a título de perjuicios morales10. Lo anterior, toda vez que, las sentencias que sirvieron de sustento a la liquidación de dichos perjuicios en el fallo de primera instancia no establecieron unos valores fijos de indemnización11, sino que, debían valorarse las circunstancias del caso

concreto, como el tiempo de privación, las condiciones en las cuales se hizo efectiva la detención, entre otros. Por lo tanto, debían concederse 100 8 En el resuelve de la sentencia de primera instancia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN administrativamente responsable por el daño antijurídico causado a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido PEDRO LUIS YI AMADOR. SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales padecidos por los demandantes equivalentes a salarios mínimos legales mensuales vigentes de la siguiente manera: PEDRO LUIS YI AMADOR Víctima directa 1,7 MLMV

PEDRO YI JAM Padre 0,85 SMLMV

ANA LUCIA AMADOR BARRIOS Madre 0,85 SMLMV

JOSÉ CARLOS YI AMADOR Hermano 0,425 SMLMV

LUIS FERNANDO YI AMADOR Hermano 0,425 SMLMV KATERINE LUCIA YI AMADOR Hermana 0,425 SMLMV TERCERO: EXONERAR de responsabilidad a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)”. 9 Folios 270 al 283 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folios 300 al 303 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Hizo referencia a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expedientes

No. 24.622 y 21.781 del 28 de febrero y 5 de abril de 2013, respectivamente. 4 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ SMLMV a favor de la víctima directa y 50 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Estudio del daño especial; 2.5. Entidad a la que se atribuye el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas 2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

15. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que le fueron causados, con ocasión de la detención de Pedro Luis Yi Amador, materializada dentro del proceso penal que se siguió en su contra. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación sostiene que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial en este caso, debido a que actuó conforme a derecho.

16. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo privada de la libertad, entre el 712 y el 17 de octubre de 200613, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión,

en calidad de coautor, de los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego, el cual finalizó con preclusión de la investigación a su favor14.

17. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la resolución que precluyó la investigación quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 200715 y el 16 de julio de 200816 se radicó la demanda, es decir, dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

18. Así las cosas, se modificará la Sentencia de primera instancia, dado que se confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por daño especial, así como la determinación de exoneración 12 De acuerdo con: la certificación expedida por el “Jefe Sijin Debol” de la Policía Nacional, en la que consta que Pedro Luis Yi Amador estuvo detenido “entre los días 07-10-06 a las 18:00 horas hasta el día 17-10-06 a las 15:20

horas” (folio 94 del cuaderno No. 1 del tribunal); el acta de derechos del capturado y el oficio mediante el cual fue dejado a disposición del “Fiscal Sexto Vida” de Cartagena, el 7 de octubre de 2006 (folio 53 del cuaderno No. 2 del tribunal); el Oficio No. 860 de 7 de octubre de 2006, dirigido al jefe seccional de Policía Judicial de Cartagena, mediante el cual el Fiscal 6 seccional solicitó “recibir y mantener en la Sala de Detenidos de esa Seccional de

Policía Judicial, bajo estrictas normas de seguridad (…): Pedro Luis Yi Amador” (folio 60 del cuaderno No. 2 del tribunal) y el Oficio No. 861 de 7 de octubre de 2006, por medio del cual el ente acusador solicitó al jefe de la SIJIN “mantener permanente revista médica (…) al detenido Pedro Luis Yi Amador, considerando que en la fecha dicho ciudadano fue dado de alta de un centro hospitalario y presenta a la vista suturas recientes” (folio 66 del cuaderno No. 1 del tribunal). 13 Según la Resolución de definición de situación jurídica de 17 de octubre de 2006, en la que la fiscalía se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento (folios 77 al 85 del cuaderno No. 1 el tribunal) y la respectiva acta de compromiso de la misma fecha (folio 146 del cuaderno No. 2 del tribunal). 14 Resolución proferida el 12 de octubre de 2007 por la Fiscalía No. 6 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena. Folios 88 al 92 del cuaderno No. 1 del tribunal. 15 Según la anotación visible a folio 92 anverso del cuaderno No. 1 del tribunal. 16 De acuerdo con el sello visible a folio 15 del cuaderno No. 1 del tribunal. 5 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ de responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez

que esta última no fue recurrida. Sin embargo, se ajustarán los montos reconocidos a título de perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

19. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la detención y expondrá las razones por las cuales se considera que, si bien se actuó conforme a derecho, se causó un daño especial que la parte actora no estaba en el deber jurídico de soportar. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación, liquidará la indemnización de los perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas. 2.2. Identificación del daño

20. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Pedro Luis Yi Amador, que se extendió desde el 7 hasta el 17 de octubre de 2006, es decir, por un período de 11 días. 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

21. El artículo 322 de la Ley 600 de 2000, norma procesal penal vigente para la época de los hechos17, dispone que, frente a la posible comisión de un delito y de manera previa a la apertura de la instrucción, la Fiscalía General de la Nación podrá iniciar una etapa de indagación preliminar, con el fin, entre otros supuestos, de determinar si efectivamente la conducta

de la que ha tenido conocimiento está descrita en la ley penal como punible o para individualizar e identificar a los posibles autores o partícipes de la conducta18.

22. Asimismo, dicha normativa prevé que una persona puede ser capturada en los siguientes eventos: cuando es sorprendida al momento de cometer una conducta punible o es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas que den cuenta de la comisión de dicha conducta, es decir, en estado de flagrancia (artículo 345); cuando se trate de una persona cuya 17 Según el artículo 530, inciso 3 de la Ley 906 de 2004, el sistema dispuesto en esa normativa se aplicaría a partir del 1 de enero de 2008 en el distrito judicial de Cartagena. De acuerdo con la resolución que definió la situación jurídica, los hechos objeto de investigación ocurrieron el 2 de octubre de 2006 en dicha ciudad. 18 Ley 600 de 2000. Artículo 322. Finalidades. “En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”. 6 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ captura haya sido públicamente requerida por autoridad competente

(artículo 348); o cuando se emita una orden de captura con los datos necesarios para la identificación del individuo y el motivo por el cual se requiere (artículo 350).

23. Después de la vinculación formal al proceso penal, la detención podrá mantenerse hasta el momento en que se defina la situación jurídica del sindicado, únicamente si subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento19. Esto quiere decir que, si después de realizada la diligencia de indagatoria, no hay indicios ni pruebas que justifiquen la detención, el sindicado deberá ser dejado en libertad, por lo menos, hasta la definición de su situación jurídica, de modo que sus derechos fundamentales se restrinjan en la menor medida posible.

24. A partir del expediente penal, se advierte que, la investigación inició por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2006, en la Clínica Ami de Cartagena. Ese día, a las 11:45 pm aproximadamente, llegaron dos hombres disfrazados de policía. Uno de ellos le disparó a Mariano Castillo Herrera, paciente que se encontraba recluido bajo custodia policial, causándole la muerte. Por lo anterior, la fiscalía avocó conocimiento, dispuso la apertura de investigación previa y comisionó al CTI y la SIJIN, con el fin que realizaran las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos20.

25. Según la resolución que resolvió la situación jurídica21, se practicaron

los testimonios del personal médico que presenció los hechos, la inspección judicial en la clínica y el retrato hablado del agresor, según la descripción física proporcionada por Luis Aguas Díaz, agente de policía que custodiaba la habitación en la que estaba la víctima del delito. De acuerdo con esos medios de prueba, se advirtió que, Pedro Luis Yi Amador, ex integrante de la Policía Nacional, sería quien, presuntamente, se dirigió al mencionado agente, lo inmovilizó y le quitó el arma, cuando el otro hombre disfrazado también de policía entró a la habitación y le disparó a Mariano Castillo.

26. Por lo anterior, la fiscalía ordenó la apertura de la instrucción, vinculó mediante diligencia de indagatoria al aquí demandante y dictó la respectiva orden de captura. En la indagatoria llevada a cabo en el Hospital Regional de Sincelejo, el entonces procesado sostuvo que estuvo internado allí la mañana del 2 de octubre de 2006, y que no tenía conocimiento de los hechos investigados. 19 Ley 600 de 2000, Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. “Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.// En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie

citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”. 20 Folio 33 del cuaderno No. 1 21 Folios 77 al 85 del cuaderno No. 1 el tribunal. 7 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

27. Para corroborar su dicho, el ente acusador comisionó nuevamente al CTI y la SIJIN, y recibió el testimonio de Humberto Gómez, quien afirmó que, en horas de la noche del 1º de octubre de 2006, en Tolú, se encontró a Pedro Luis Yi herido, por lo que procedió a llevarlo al puesto de salud. Así las cosas, el 17 de octubre de 2006, la fiscalía resolvió su situación jurídica y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, dado que, esos nuevos medios de prueba acreditaban que el entonces procesado no estaba en la ciudad el día de los hechos.

28. La Sala observa que el delito de homicidio, que fue uno por los cuales se investigó al aquí demandante, era de aquellos susceptibles de definir situación jurídica, dado que tenía una pena mínima de prisión mayor a 4 años22, por lo que, inicialmente, procedía la orden de captura con fines de indagatoria, según lo previsto por el artículo 336 de la Ley 600 de 200023.

Además, la fiscalía contaba con elementos de juicio para vincularlo

mediante diligencia de indagatoria, toda vez que: “1. Las características físicas y morfológicas del sindicado concuerdan frente a los retratos hablados y reconocimiento fotográfico efectuado.

2. Coincidencialmente, para la fecha de ocurrencia de los hechos

(octubre 2) el sindicado ingresó al Hospital Regional de Sincelejo lesionado.

3. Al revisarse la epicrisis del Hospital regional de Sincelejo aparece: “fecha de ingreso octubre 3-06 8:00 AM”, no concuerda con lo informado por el sindicado.

4. En la Historia Clínica aparece identificándose indistintamente como PEDRO DÍAZ AMADOR, aparece ingreso en octubre 1 y octubre 2, en hojas de atención. Así mismo, aparecen enmendaduras en la identificación del nombre -PEDRO LUIS YI -AZ (ver folio 163).

5. En la residencia del sindicado, a raíz de la diligencia allanamiento y registro, se ubicaron prensillas rojas que coinciden con las descritas en algunos testimonios, así como prendas de la Policía Nacional.

6. Las explicaciones vertidas en la indagatoria, no son claras en cuanto a fechas, razones de estar solo, objeto de la estadía en Tolú, motivo de la discusión en una caseta a tan altas horas de la noche.

7. Los antecedentes de haber sido el sindicado PEDRO YI AMADOR, miembro activo de la Policía Nacional y ser retirado del servicio a voluntad de sus superiores.

8. Figurarle anotaciones en el registro SIJUF y un informe de inteligencia de la SIPOL del Departamento de Bolívar (estos aspectos no constituyen

pruebas o antecedentes judiciales, sino criterios de información)”24.

29. Después de la vinculación al proceso, la detención se mantuvo hasta el momento en que se definió la situación jurídica del sindicado, lo cual se mostraba conforme con el artículo 341 del C.P.P25, toda vez que, como 22 Ley 599 de 2000. Artículo 103. Modificado por la Ley 890 de 2004. Homicidio. “El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses”. 23 Ley 600 de 2000. Articulo 336. Citación para indagatoria. “(…) Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”.

24 Folio 83 del cuaderno No. 1 del tribunal. 25 Ley 600 de 2000, Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. “Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando 8 de 16

Radicación: 13001-33-31-002-2009-00409-01 (52.258) Actor: Pedro Luis Yi Amador y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ puede observarse, luego de la diligencia de indagatoria, los elementos que

sugerían la materialidad de la conducta se mantenían. Sin embargo, después se allegaron nuevos medios de prueba, como la declaración rendida por Humberto Gómez y los informes relativos a los ingresos y egresos de pacientes del Centro de Salud de Tolú, que corroboraban lo sostenido por el entonces sindicado y desvirtuaban los medios de prueba inicialmente recaudados por la fiscalía, en el sentido de que no estuvo en la ciudad el día de los hechos, lo que condujo a que el ente acusador se abstuviera de imponerle medida de aseguramiento.

30. Así las cosas, la Sala encuentra que se realizaron las diligencias investigativas necesarias para establecer la presunta responsabilidad de Pedro Luis Yi Amador en los hechos investigados y que, luego de escuchar sus descargos, se practicaron nuevas pruebas con el fin de corroborar su dicho. Por lo anterior, se considera que las determinaciones adoptadas por la fiscalía, que restringieron la libertad del aquí demandante, se ajustaron a la ley. 2.4. Estudio del daño especial

31. En providencia de 12 de octubre de 200726, la fiscalía precluyó la investigación a favor del demandante, dado que, “la versión del procesado, sobre su ubicación y permanencia en fecha y hora, en lugar distinto del que ocurre el insuceso, (…) permite concluir que no estaría en la ciudad de Cartagena para el 2 de octubre de 2006, en hora 11:45 PM. De hecho y revisada la foliatura no se tiene ninguna evidencia capaz de contradecirla o desvirtuarla, quedando incólume la presunción de inocencia”. Así, concluyó que era “procedente la

emisión de preclusión de la instrucción, ante la carencia de material probatorio que incrimine al sindicado”.

32. Como puede observarse, si bien al inicio de la investigación penal se consideró que existían elementos de juicio que revelaban la presunta participación de Pedro Luis Yi Amador en la conducta investigada y podían comprometer su responsabilidad penal, lo cierto es que, posteriormente, al practicar nuevas pruebas para corroborar lo sostenido por él en la diligencia de indagatoria, se concluyó que su dicho merecía credibilidad. Es decir, a pesar de que la orden de captura y posterior determinación de la fiscalía de mantener la privación de la libertad hasta la definición