CE - 61843Actode 0 20240827114245219

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

Demandante: Hernando Ortiz Pico Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – (Dirección Nacional de Estupefacientes, liquidada) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho - extinción de dominio - actos administrativos de ejecución - improcedencia del control judicial - fallo inhibitorio

Síntesis del caso: El demandante solicitó la nulidad de un acto administrativo, mediante el cual se ordenó hacer efectiva la entrega real y material de un inmueble, en cumplimiento de una decisión judicial . A título de restablecimiento del derecho, solicitó que le fuera restituida y respetada su posesión.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante -1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.

Sentencia recurrida - 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de abril de 2009, Hernando Ortiz Pico presentó demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes (en adelante, la Dirección) con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se

trascribe):

“PRETENSIONES: Primera. Declarar nula la resolución No. 1837 de Diciembre 23 de 2008, expedida por CARLOS ENRIQUE ROBLEDO SOLANO, subdirector jurídico de la DIRECCI ÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, mediante el cual se determin ó hacer efectiva la orden de entrega, dada por el JUZGADO 5to. PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C., del inmueble ubicado en

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). 2 Folios 1 al 19 del Cuaderno 1.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

Demandante: Hernando Ortiz Pico

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la Calle 67 Nro. 10 A26 de Bogotá, D.C., (dirección actual), identificado con el folio de matr ícula inmobiliaria número 050C -411267, aseveración que hago porque en la resolución aquí mencionada dice: “ARTICULO PRIMERO: HACER efectiva la orden de entrega real y ma terial del inmueble (...) dispuesta en la sentencia de primera instancia de fecha mayo 10 de 2004 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de Dominio, (radicado No. 2004 - 07-5.)...” proceso que se siguió en contra de Gilberto Rodríguez Orejuela. Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la DIRECCI ÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, le sea restituida y respetada la posesión sobre el inmueble ubicado en la Calle 67 Nro. 10 A26 de Bogotá, D.C., (dirección

NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, le sea restituida y respetada la posesión sobre el inmueble ubicado en la Calle 67 Nro. 10 A26 de Bogotá, D.C., (dirección actual), identificado con el folio de matr ícula inmobiliaria número 050C -411267, la misma que venía ejerciendo de manera quieta, pacifica, pública y tranquila al momento de la producción y ejecución de la Resolución que ahora es objeto de la presente acción. Tercera. Que de igual manera se ha venido ejerciendo sobre el DIRECCI ÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (sic), al pago de los perjuicios, que se hubieren podido ocasionar a mi representado, en la cuantía que en el tr ámite incidental respectivo y en la oportunidad pertinente te demuestre sufrió mi representado, con ocasión del despojo arbitrario de que fue objeto y hasta la fecha en que se le restituya en su derecho. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del t érmino de establecido en el artículo 176 del CCA. Cuarta. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A. Quinta. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.”

2. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes

afirmaciones y hechos:

3. 1) El 29 de diciembre de 2008, la Dirección le notificó al demandante la Resolución 1837 de 23 de diciembre de 2008, la cual ordenaba hacer efectiva

afirmaciones y hechos:

3. 1) El 29 de diciembre de 2008, la Dirección le notificó al demandante la Resolución 1837 de 23 de diciembre de 2008, la cual ordenaba hacer efectiva la entrega real y material del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-411267 y ubicado en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, con base en la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de Dominio ,

(radicado No. 2004 – 07 -5), confirmada en sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

4. 2) El 2 de enero de 2009, el demandante presentó solicitud de (se trascribe) “(…) nulidad y/o revocatorio y/o suspensión (…) mediante la cual dem[ostraba] su inconformidad y oposición al contenido de la decisión (…) ”.

A pesar de lo anterior, el 5 de enero de 2009, la Dirección efectuó la diligencia de entrega y, por tanto, el 8 de enero de 2009, el demandante radicó “adición a la solicitud de nulidad y/o revocatoria ”, que se había presentado el 2 de enero de 2009, pues no había obtenido respuesta.

5. 3) El 27 de enero de 2009 , la Dirección dio respuesta a las solicitudes planteadas e indicó que el acto que ordenó hacer efectiva la entrega real y material se fundamentaba en el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 4685 de 2008 que otorgó (se trascribe) “ (…) funciones de policía

planteadas e indicó que el acto que ordenó hacer efectiva la entrega real y material se fundamentaba en el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 4685 de 2008 que otorgó (se trascribe) “ (…) funciones de policía judicial de índole administrativo para hacer efectiva la entrega real y materialRadicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

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de bienes inmuebles urbanos y rurales ordenada en las sentencias de extinción de dominio (…)”.

6. 4) Sin embargo, dicha orden era ilícita porque la sentencia, que declaró la extinción de dominio, no la contenía. En concreto, la sentencia (se transcribe) “Constaba de doce puntos, ninguno de los cuales ordenan la práctica de la diligencia de entrega ni tampoco establec[ía] término de ninguna naturaleza para que la misma se produ[jera]. Sólo se remit[ió], el Señor Juez, en cada uno de estos puntos a declarar la extinción de dominio y relacionar los folios de matrícula de los inmuebles afectados con ella”. Por lo tanto, se privó, injustamente, de la posesión que ejercía sobre el inmueble.

7. Se invocaron como cargos de nulidad la “carencia de fundamento legal ” para adoptar la decisión y la omisión de solicitar la ejecución de la sentencia.

En relación con el primero, se indicó que la sentencia no contenía la orden de

7. Se invocaron como cargos de nulidad la “carencia de fundamento legal ” para adoptar la decisión y la omisión de solicitar la ejecución de la sentencia.

En relación con el primero, se indicó que la sentencia no contenía la orden de entrega del inmueble, como lo ordenó la Resolución demandada y, por tanto, no existía un fundamento legal para dicho mandato. En relación con el segundo cargo, alegó que el proceso judicial de extinción de dominio era declarativo y de condena y, por ende, era necesario que la sentencia indicara también (se transcribe) “ (…) la manera en cómo se debería hacer efectiva dicha condena, esto es la entrega, lo que en este caso no ha ocurrido”, por lo que le correspondía al Estado agotar el procedimiento y solicitar la correspondiente ejecución.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. contestó la demanda 3 en representación de la extinta Dirección y se opuso a las pretensiones. Indicó que, según se le comunicó al demandante, el 27 de enero de 2009, en la respuesta a sus escritos de oposición , el procedimiento y la diligencia de entrega se fundaron en (se trascribe) “ (…) el Decreto Legislativo No. 4685 del 12 de diciembre de 2008 y por el Decreto 3929, que regula [ban] el Estado de conmoción interior y que habilita [ban] al subdirector jurídico de la entidad demandada para ejercer funciones de Policía Judicial Administrativa, con el fin de hacer la entrega real y efectiva de los bienes extintos de dominio”.

9. Alegó que, si bien las sentencias que declararon la extinción de dominio no

demandada para ejercer funciones de Policía Judicial Administrativa, con el fin de hacer la entrega real y efectiva de los bienes extintos de dominio”.

9. Alegó que, si bien las sentencias que declararon la extinción de dominio no ordenaban la entrega del inmueble, (se trascribe) “(…) ello no significa[ba] que mi defendida no se encontraba facultada para proferir la resolución de entrega y más aún la de adelantar el desalojo ; es que de dicha consecuencia “extinción de dominio” (…) nacen tales resultas, actuando dentro del uso de las facultades de policía judicial administrativa (…)”.

3 Folios 1 a 25, Cuaderno contestación de la demanda.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

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10. Por último, alegó que el acto que se pretendía anular no era susceptible de control de legalidad, por no tratarse de una decisión definitiva, que concluyera un procedimiento administrativo, ni de un acto de ejecución que exced iera, parcial o totalmente, lo decidido en la sentencia ejecutada.

11. Propuso como excepciones: 1) la legalidad del acto administrativo demandado, porque la Dirección emitió la Resolución en ejercicio de sus competencias. 2) El e jercicio indebido de la acción, ya que los actos administrativos que exp edía la Dirección no son definitivos, por lo que el mecanismo que procedía era el de reparación directa para solicitar los

competencias. 2) El e jercicio indebido de la acción, ya que los actos administrativos que exp edía la Dirección no son definitivos, por lo que el mecanismo que procedía era el de reparación directa para solicitar los presuntos perjuicios causados al demandante por la resolución demandada. 3) La inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por el demandante. 4) La caducidad de la acción.

1.3. Sentencia recurrida

12. El 18 de enero de 2018 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia 4, en la

que decidió (se trascribe):

“Falla: Primero. Declárase no probadas las excepciones denominadas ejercicio indebido de la acción y caducidad de las pretensiones, propuesta por la Dirección Nacional de Estupefacientes (actualmente Sociedad de Activos Especiales S.A.S.), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declárase probada de oficio la excepción de inepta demanda por cuanto el acto administrativo cuya nulidad se pretende no es susceptible de control judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Deniéguense las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Abstienese de condenar en costas. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.”

13. El Tribunal consideró que las excepciones del ejercicio indebido de la acción y su caducidad no debían prosperar. Respecto de la primera, se

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.”

13. El Tribunal consideró que las excepciones del ejercicio indebido de la acción y su caducidad no debían prosperar. Respecto de la primera, se evidenció que el daño provenía de un acto administrativo que el demandante consideraba ilegal, por lo que la acción de nulidad y restablecimiento de derecho sí era procedente, según el artículo 85 del CCA. Sobre la segunda, no encontró configurada la caducidad de la acción ya que (se transcribe) “(…) no hay prueba que permita establecer una fecha cierta en que inició el término de caducidad, asimismo, es un argumento de la solicitud de nulidad del acto demandado, la falta de notificación (…)”. En relación con las restantes excepciones no se pronunció.

14. Sin embargo, e l Tribunal encontró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda porque consideró que la Resolución demandada era un acto

4 Folios 250 al 288 del Cuaderno de Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

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de ejecución, que no extralimitó lo ordenado por la autoridad judicial y, por tanto, no era susceptible de control judicial . Consideró que el acto que se demandó (se trascribe) “(…) no cont[enía] ninguna manifestación de voluntad de la administración frente a una situación jurídica particular (…) ” pues las

tanto, no era susceptible de control judicial . Consideró que el acto que se demandó (se trascribe) “(…) no cont[enía] ninguna manifestación de voluntad de la administración frente a una situación jurídica particular (…) ” pues las sentencias de extinción de dominio orden aron, como resulta lógico, la tradición a favor de la Nación y, según el artículo 740 del Código Civil, ello implicaba un modo de adquirir el dominio a través de la entrega material de las cosas.

1.4. Recurso de apelación

15. El demandante presentó recurso de apelación 5, en el que solicitó la revocatoria de la Sentencia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones,

con base en cuatro cargos:

16. 1) Alegó que el Tribunal hizo una (se transcribe) “(…) indebida adecuación y/o interpretación de los fundamentos en que el actor centro la controversia ” pues la finalidad de la acción incoada era la (se transcribe) “(…) declaración de nulidad de la Resolución No. 1837 de Diciembre 23 de 2008, proferida por Dirección Nacional de Estup efacientes, mediante la cual se hizo efectiva la orden de entrega (…)”, sin embargo, el Tribunal centró su análisis en l o que denominó “excepción de oficio ” y decidió que se trataba de un acto de ejecución, no demandable.

17. 2) A legó que la decisión desconoció (se trascribe) “ (…) normas de raigambre constitucional, que incluso son y/o se catalogaron como derechos fundamentales, entre ellos el artículo 29, 2, 4 y 6 (…)”. Normas que de haberse observado hubieran implicado una decisión favorable al demandante.

raigambre constitucional, que incluso son y/o se catalogaron como derechos fundamentales, entre ellos el artículo 29, 2, 4 y 6 (…)”. Normas que de haberse observado hubieran implicado una decisión favorable al demandante.

18. 3) Se desconoció que en el proceso ya se había debatido la naturaleza del acto demandado y que el Consejo de Estado había ordenado la admisión de la demanda, mediante Auto de 6 de diciembre de 2013, al revocar la decisión de rechazo de la dema nda. En concreto, alegó que el Tribunal (se trascribe) “(…) desconoció un precedente (…) el superior ya había resuelto todo lo atinente a la calidad del acto (…)”.

19. 4) La sentencia no solo desconoció, sino que interpretó indebidamente el acervo probatorio obrante el proceso. En primer lugar, el Tribunal desconoció que la sentencia (se trascribe) “(…) no contemplaba, ni ordenó la entrega del inmueble y menos aún estableció plazo de ninguna naturaleza para que esa entrega se produjera. (…) no se facultó a la entidad (…) para que hubiese adelantado y/o reali[zado] la diligencia de entrega que se ordenó de manera irregular en el acto administrativo objeto de nulidad (…) ”. En segundo lugar, alegó que la tradición de bienes inmuebles se materializa con la inscripción del

5 Folios 290 a 300 del Cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

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título ante la Oficina de Instrumentos Públicos, no mediante la entrega material del bien , en consecuencia, era claro que el acto demandado excedió la orden judicial . En tercer lug ar, los decretos en que fundamentó sus competencias la demandada fueron declarados inconstitucionales y, de ese modo, el proceso de extinción de dominio se regía por la Ley 333 de 1998, que en su artículo 22 preveía la obligación de que la sentencia ordena ra, expresamente, la entrega del bien, cuando no estuviera en poder del Estado , sin embargo, en el caso específico el juez no incluyó dicha orden.

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

20. En la oportunidad para alegar de conclusión la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.6 insistió en los argumentos expuestos a lo largo del proceso y solicitó la confirmación de la sentencia . El demandante guardó silencio 7. El Ministerio Público 8 consideró acreditada la “ inepta demanda ” que fue declarada por el Tribunal y, por tanto, solicitó la confirmación de la sentencia impugnada.

21. El 9 de julio de 2024, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento para conocer de este asunto, (se trascribe) “(…) por cuanto en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B hi [zo] parte de la Sala de Decisión que profirió la

impedimento para conocer de este asunto, (se trascribe) “(…) por cuanto en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B hi [zo] parte de la Sala de Decisión que profirió la providencia recurrida, esto es, la sentencia de 18 de enero de 2018 que negó las pretensiones de la demanda”9. El impedimento será aceptado en la parte resolutiva de esta providencia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar . - 2.2. - Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

22. La Sala no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto toda vez no se encuentran reunidos todos los presupuestos procesales para dictar sentencia, en específico, porque, tal como concluyó el Tribunal, el acto administrativo demandado es de ejecución y, al no configurarse alguno de los supuestos excepcionales para que sea enjuiciado, su control judicial no e s procedente.

Para demostrar la anterior premisa es necesario analizar la naturaleza jurídica del acto administrativo demandado y las exigencias legales respecto del contenido de la sentencia de extinción de dominio.

6 Folios 309 a 312 del Cuaderno del Consejo de Estado. 7 Folios 319 del Cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folios 315 a 318 del Cuaderno del Consejo de Estado. 9 Índice 35 Samai.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

Demandante: Hernando Ortiz Pico

Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

9 Índice 35 Samai.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

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23. El artículo 50 del CCA , en los mismos términos del artículo 74 del CPACA, prevé que, por regla general, los recursos administrativos solo proceden contra los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones administrativas, es decir, contra actos definitivos, entendidos como aquellos que “ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirect amente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. A su turno, el artículo 49 del CCA, en los mismos términos del artículo 75 del CPACA, indica que no proceden los recursos administrativos contra “los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”

24. Las anteriores normas son relevantes para determinar los actos administrativos que, al ser definitivos, son susceptibles de la interposición de los recursos administrativos y, además, de control judicial, previ o el agotamiento de la “vía gubernativa”, en los términos del artículo 63 del CCA.

25. En este orden de ideas, solo las decisiones administrativas definitivas, esto es, las que finalizan un procedimiento administrativo o las que afecten derechos o intereses, o impongan cargas, sanciones y obligaciones que

25. En este orden de ideas, solo las decisiones administrativas definitivas, esto es, las que finalizan un procedimiento administrativo o las que afecten derechos o intereses, o impongan cargas, sanciones y obligaciones que modifican o alteran situaciones jurídicas determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por ello, los actos que impulsan la actuación, y no otorgan alguna solución de fondo a las solicitudes de los administrados o aquellos que se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son cuestionables por vía judicial10.

26. Por tanto , en relac ión con los actos de ejecución, esta Corporación ha considerado, como regla general, que no son susceptibles de ser enjuiciados, sin embargo, excepcionalmente , ha aceptado que puedan ser objeto de control judicial siempre que concurra uno o varios de los s iguientes supuestos

(se trascribe): “(…) i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv ) se presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada (…)”11. Excepciones que han sido aceptadas de forma pacífica y sistemática por esta Corporación 12. En conclusión, los actos

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 19 de noviembre de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2020-00242-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 19 de noviembre de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2020-00242-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 9 de septiembre de 2021, Exp. 25000-23-42-000-2014-00844-01(3441-16); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 19 de junio de 2020, Exp. 25000-23-42-0002016-01823-01 (0438-17); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Auto de 3 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-36-000-2017-00864 01 (63128); entre otras. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 19 de junio de 2020, Exp. 25000-23-42-000-2016-01823-01 (0438-17). 12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 25 de abril de 2024, Exp. 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 18 de octubre de 2023, Exp. 20001-23-33-000-2014-00336-01 (2285-2019); Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 11 de junio de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2019-0023500; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 25 de noviembre de 2021, Exp. 25000 -23-42-000-2015-05526-01(4342-19); Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoRadicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

Demandante: Hernando Ortiz Pico

Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

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de ejecución podrán ser enjuiciados siempre y cuando, creen, extingan o modifiquen determinada situación jurídica que dé lugar a la existencia de un acto susceptible de ser estudiado por esta jurisdicción.

27. El acto demandado, Resolución No. 1837 de 23 de diciembre 23 de 200813,

en su parte resolutiva, dispuso:

“ARTICULO PRIMERO: HACER efectiva la orden de entrega real y material del inmueble situado en la calle 67 No. 10 - 52, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C -411267, dispuesta en la sentencia de primera instancia de fecha mayo 10 de 200 4 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de Dominio, (radicado No. 2004 - 07 -5.), confirmada íntegramente en sentencia

del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de Dominio, (radicado No. 2004 - 07 -5.), confirmada íntegramente en sentencia del 25 de mayo del 2006 proferida por la Sala Penal de Tribunal S uperior del Distrito Judicial de Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO: Para los fines establecidos en el artículo primero de la presente Resolución, comunicar por el medio más expedito, el contenido de la misma al ocupante y/o demás personas que se encuentren en el inmueble

ubicado en la calle 67 No. 10 - 52, para que en el término de tres (3) días, contados a partir del siguiente a la fecha de comunicación, entregue a la Dirección Nacional de Estupefacientes, el inmueble antes mencionado e identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-411267, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro.

ARTICULO TERCERO: Prevenir al ocupante del inmueble ubicado en la calle 67

No. 10 - 52, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C -411267 de la ciudad de Bogotá D.C, y demás personas que se encuentren en el lugar, cualesquiera que sean, que, en caso de no producirse la entrega real y material del mismo en el término establecido en el artículo segundo del presente acto administrativo, se procederá a hacer efectiva la misma, con el apoyo de la fuerza pública.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la

Policía Metropolitana de Bogotá D.C. para que conforme a lo previsto en el

apoyo de la fuerza pública.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la

Policía Metropolitana de Bogotá D.C. para que conforme a lo previsto en el Decreto Ley 4685 de 2008, se preste el apoyo correspondiente a fin de dar cumplimiento al presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución, por tratarse de un acto administrativo de ejecución, no procede recurso alguno.”

28. Según lo anterior, es claro que la Dirección, a través del acto demandado, ordenó hacer efectiva la entrega real y material del inmueble que había sido objeto de extinción de dominio. P ara el efecto , dispuso comunicar a los ocupantes del inmueble la decisión y otorgarles un término de 3 días para realizar la entrega y, en caso de no producirse, ordenó que se procediera con el apoyo de la fuerza pública.

29. La motivación de la decisión incluyó, entre otras razones: i) que en virtud de las sentencias de extinción de dominio, estaba demostrado que los ocupantes del inmueb le (acá demandante) no poseían título alguno que legitimara su permanencia en él, por tanto, su renuencia a la entrega desconocía las sentencias de extinción de dominio; ii) que el Decreto Legislativo 4685 de 12 de

Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 8 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2019-00235-00 Exp. 25000-23-24000-2007-00285-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 23 de febrero de 2018, Exp. 25000-23-27-000-2012-00008-01(20638); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 54001-23-31-000-1997-13274-02(1325-10); entre otras. 13 Folios 23 a 26 del Cuaderno 1.Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)

Demandante: Hernando Ortiz Pico

Demandado: Soc