CE - 62213INCENDIOFORESTA 0 20240531104812247

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

Proceso: Reparación directa

FALLA DEL SERVICIO -Título de imputación por excelencia. OMISIÓN DE DEBERES Y OBLIGACIONESResponsabilidad del Estado por omisión. FALLA DEL SERVICIO -Título de imputación de responsabilidad por excelencia. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN -Elementos. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-Debe acreditarse que de haberse realizado la conducta debida, se habría interrumpido el proceso causal. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS -Presunción de autenticidad. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valoración probatoria. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO -Valoración probatoria. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia, artículo 167 CGP.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 1 de abril de 2013, ocurrió un incendio en la finca Río de Janeiro, de propiedad de Alba Luz Luque Fuentes , ubicada en el Municipio de Valledupar. En el hecho, parte del bosque seco tropical y el palmar que había en el predio quedaron destruidos. La demandante aduce que la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Valledupar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar –en adelante CORPOCESAR – incurrieron en falla del servicio por omisión , pues ella había denunciado y solicitado seguridad por invasiones, atentados y amenazas de los pobladores vecinos al predio y las autoridades no actuaron.

ANTECEDENTESRadicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Reparación directa

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La demanda

El 25 de mayo de 2015, Alba Luz Luque Fuentes presentó demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Valledupar y CORPOCESAR , para que se hicie ran las siguientes declaraciones:

«Primero: Declarar que la Nación -Fiscalía General de la Nación, la Nación -Policía

la Nación, el Municipio de Valledupar y CORPOCESAR , para que se hicie ran las siguientes declaraciones:

«Primero: Declarar que la Nación -Fiscalía General de la Nación, la Nación -Policía Nacional, Corpocesar y el Municipio de Valledupar son administrativa y solidariamente responsables por la incineración del bosque tropical seco perteneciente a la finca Río de Janeiro en razón a la omisión administrativa de las entidades anteriormente mencionadas, con ocasión a los hechos narrados en la demanda.

Segundo: Condenar a la Nación -Fiscalía General de la Nación, la Nación -Policía Nacional, Corpocesar y el Municipio de Valledupar a pagar solidariamente a la demandante, por concepto de perjuicios materiales $683.780.112,65 (seiscientos ochenta y tres millones setecientos ochenta mil ciento doce pesos con sesenta y cinco centavos m/cte.).

Tercero: El valor a que ascienda la condena por concepto de perjuicios materiales será reajustado en su valor al momento del fallo teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor, conforme a la certificación que expida el DANE.

Cuarto: Dispon er que las sumas liquidadas de dinero que se reconozcan en la sentencia devengarán intereses de ley desde el momento en que quede ejecutoriado el fallo.

Quinto: Condenar en costas a las entidades demandadas»1.

Hechos

La demandante indicó que es propietaria de la finca Río de Janeiro en el Municipio de Valledupar, el predio cuenta con un bosque seco tropical y un palmar que son de

Hechos

La demandante indicó que es propietaria de la finca Río de Janeiro en el Municipio de Valledupar, el predio cuenta con un bosque seco tropical y un palmar que son de importancia ecológica y ambiental, y han sido objeto de estudio y conservación. En los años previos a la demanda, los habitantes de los corregimientos vecinos invadieron el predio, atentaron contra la fauna y flora, y amenazaron a la propietaria con acudir a vías de hecho, por la instalación de una cerca eléctrica para impedirles el paso. El 7 de marzo y el 1 de abril de 2013, desconocidos prendieron fuego en diferentes partes del predio y, con ello, destruyeron parte del palmar y del bosque seco tropical.

Según la demanda, las autoridades demandadas incurrieron en omisión, pues con anterioridad a los incendios, la propietaria del predio denunció l as amenazas e

1 Folio 21 c. 1.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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irregularidades y solicitó protección. Sin embargo, las entidades no actuaron ni previnieron el incendio2.

El 25 de junio de 2015, el Tribunal rechazó la demanda por caducidad del medio de control, al considerar que el término de contabilización inició el 8 de marzo de 2013 –día siguiente al primer incendio – pues en ese momento se configuró la omisión alegada. Como la demanda se interpuso el 25 de mayo de 2015, declaró la

control, al considerar que el término de contabilización inició el 8 de marzo de 2013 –día siguiente al primer incendio – pues en ese momento se configuró la omisión alegada. Como la demanda se interpuso el 25 de mayo de 2015, declaró la caducidad3. Esta Corporación, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, declaró la caducidad respecto del incendio del 7 de marzo de 2013 y consideró no probada la caducidad del segundo incendio del 1 de abril de 2013 4. Por lo anterior, frente a este último incendio, la parte demandante estimó la cuantía de los daños materiales en la suma de $341.890.0565.

Contestación de la demanda

CORPOCESAR señaló que como autoridad ambiental no tenía la función de conservar el orden público , ni brindar seguridad a la propiedad de la demandante. Después del incendio, la entidad hizo una visita de inspección y monitoreo del grado de recuperación del ecosistema afectado y adelantó actividades de capacitación a la comunidad de los corregimientos vecinos. Indicó que en contra de la demandante se inició un procedimiento sancionatorio ambiental, por el presunto aprovechamiento del bosque tropical seco sin autorización. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, y hecho de un tercero6.

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional sostuvo que no existía nexo de causalidad entre el daño alegado y la supuesta omisión, pues las pruebas acreditan que terceras personas ocasionaron los daños en la finca Río de Jane iro y no se ocasionó por conductas atribuibles a la entidad. Expuso que los comandantes de

que terceras personas ocasionaron los daños en la finca Río de Jane iro y no se ocasionó por conductas atribuibles a la entidad. Expuso que los comandantes de policía del Municipio de Valledupar y del Departamento del Cesar no recibieron solicitudes de protección de la demandante. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, y hecho de tercero7.

2 Folios 20 y 21 c. 1. 3 Folios 31 a 35 c. 2. 4 Folios 44 a 46 c. 2. 5 Folios 373 a 383 c. 3. 6 Folios 85 a 90 c. 2. 7 Folios 120 a 128 c. 2.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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La Nación -Fiscalía General de la Nación afirmó que en el Sistema Oral Penal Acusatorio obraban, aproximadamente, diez denuncias de la demandante y de los administradores de la finca Río de Janei ro, que en su mayoría fueron archivadas ante la imposibilidad de ubicar a la denunciante o al autor de los delitos. Por lo anterior, sostuvo, no existe nexo de causalidad entre el daño y la falla alegada. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva8.

El Municipio de Valledupar no contestó la demanda.

Sentencia de primera instancia

El 12 de julio de 2018 , el Tribunal Administrativo del C esar profirió sentencia en la

El Municipio de Valledupar no contestó la demanda.

Sentencia de primera instancia

El 12 de julio de 2018 , el Tribunal Administrativo del C esar profirió sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que no existía prueba que permita concluir con certeza cuál fue la causa del incendio del 1 de abril de 2013 en el predio de la demandante. Estimó que, aunque se estableció que el incendio fue «originado por el hombre», también se acreditó que había presencia de tercero s que realizaban actividades de caza y prendían quemas para sacar a los animales de las madrigueras, y abundante material vegetal disecado por el verano, que podía actuar como combustible. Agregó que el informe de los bomberos tampoco fue contundente en determinar quién causo el incendio y las declaraciones rendidas no aclararon ese punto.

Concluyó que como no existían elementos contundentes que identifiquen quién originó el incendio, ni cuáles fueron los motivos o causas del mismo, no hay certeza de que los pobladores vecinos al predio causaron el incendio como venganza o retaliación contra la propietaria del inmueble9.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia en el que esgrimió que aunque el Tribunal encontró probad o que antes del incendio, los pobladores vecinos atacaron al predio, el juez valoró esos hechos como situaciones aisladas y no como ataques sistemáticos por su frecuencia y cronología . Sostuvo que esos hechos, en conjunto con el material probatorio, constituyen indicios que demuestran que el incendio fue provocado por los vecinos, ante la o misión de las

aisladas y no como ataques sistemáticos por su frecuencia y cronología . Sostuvo que esos hechos, en conjunto con el material probatorio, constituyen indicios que demuestran que el incendio fue provocado por los vecinos, ante la o misión de las

8 Folios 294 a 299 c. 3. 9 Folios 683 a 700 c. principal.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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demandadas para atender las solicitude s de protección de forma previa. Agregó que el Tribunal impuso una carga probatoria de altísimo rigor e imposible consecución, pues exigió la individualización de los autores del incendio, hecho que ni siquiera la Fiscalía General de la Nación ha logrado, pu es las denuncias instauradas se han archivado ante la imposibilidad de identificar a los responsables10.

Trámite de segunda instancia

El 9 de agosto de 2018 , el Tribunal concedió el recurso de apelación 11 y el 30 de octubre de 2018, el Despacho admitió el recurso12. El 11 de diciembre de 2018, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia 13. La parte demandante y la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto 14. El Municipio de Valledupar, la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, CORPOCESAR y el Ministerio Público guardaron silencio15.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

Municipio de Valledupar, la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, CORPOCESAR y el Ministerio Público guardaron silencio15.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 25 de mayo de 2015, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaci ones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

10 Folios 705 a 707 c. principal. 11 Folio 709 c. principal. 12 Folio 713 c. principal. 13 Folio 719 c. principal. 14 Folios 722 a 737 c. principal. 15 Folio 738 c. principal.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de

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2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $322.175.00016.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 17, en este caso , por omisiones imputables a varias entidades públicas.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i) del artículo 164.2. del CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –25 de mayo de 2015– porque el 1 de abril de 2013 ocurrió un incendio en la finca Río de Janeiro, de propiedad de Alba Luz Luque Fuentes, conforme al informe investigativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar18 y la denuncia nº. 200016001231201302119 por el delito de incendio, instaurada por la demandante19. Como el 7 de marzo de 2014 se presentó solicitud

16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500. 17 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad . Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421. 18 Folios 10 a 12 c. 1. 19 Folio 453 y 454 c. 3.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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de conciliación prejudicial (f. 2 c. 1), el término de caducidad se suspendió hasta el 30 de abril de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 64 0 de

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de conciliación prejudicial (f. 2 c. 1), el término de caducidad se suspendió hasta el 30 de abril de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 64 0 de 200120, fecha en la que se expidió constancia de que se efectuó la audiencia y fue declarada fallida la conciliación (f. 2 c. 1). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por el año y los 26 días faltantes, que vencía el 27 de mayo de 2015.

Legitimación en la causa

5. Alba Luz Luque Fuentes está legitimada en la causa por activa, pues acreditó ser la propietaria de la finca Río de Janeiro, ubicada en la zona rural del Municipio

de Valledupar, conforme a las anotaciones No. 3 y 4 de la matrícula inmobiliaria No. 190-33829 y la escritura pública No. 1.428 del 25 de octubre de 197321.

La Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional tiene capacidad para ser demandada, pues es una entidad pública, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Es la entidad a la que corresponde proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los pa rticulares. Además, asegurar la convivencia pacífica (artículos 218 de la Constitución Nacional –en adelante CN– y 1 de la Ley 62 de 1993).

La Nación-Fiscalía General de la Nación tiene capacidad para ser demandada, pues es una entidad pública, con person ería jurídica, patrimonio propio y autonomía

218 de la Constitución Nacional –en adelante CN– y 1 de la Ley 62 de 1993).

La Nación-Fiscalía General de la Nación tiene capacidad para ser demandada, pues es una entidad pública, con person ería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Es la entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que tengan las características de delito y que lleguen a su conocimiento a través de denuncia, petición especial, querella o de oficio (artículos 250 y 251 de la CN).

El Municipio de Valledupar tiene capacidad para ser demandado, pues es el ente territorial encargado, a través de su alcalde , de conservar el orden público dentro de su territorio, el bienes tar general de sus habitantes y velar por el adecuado

20 Que establece que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 o hasta que se venza el término de 3 meses a que se refiere el artículo 20, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por un a sola vez y será improrrogable. 21 Folios 350 a 367 c. 3.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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manejo de los recursos naturales y del ambiente (artículos 311 y 315 de la C N, 3 y 91 de la Ley 136 de 1994).

CORPOCESAR tiene capacidad para ser demandada, pues la Ley 99 de 1993 la creó (artículo 33) como ente corporativo de carácter público, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables (artículo 23). Su objeto es ejecutar políticas públicas, planes, proyectos y programas sobre medio ambiente y recursos naturales y aplicar la normatividad sobre su disposición, admin istración, manejo y aprovechamiento (artículo 30). Es la máxima autoridad ambiental su área de jurisdicción y realiza sus tareas en coordinación con las entidades territoriales y demás autoridades competentes (artículo 31). Su jurisdicción comprende el territorio del Departamento del Cesar, con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta.

II. Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio por omisión de las entidades demandadas, en la atención de las solicitudes de protección de la propietaria de un predio en el que hubo un incendio que destruyó parte de un bosque seco tropical y un palmar de importancia ecológica y ambiental.

III. Análisis de la Sala

propietaria de un predio en el que hubo un incendio que destruyó parte de un bosque seco tropical y un palmar de importancia ecológica y ambiental.

III. Análisis de la Sala

7. Con la demanda se allegaron 30 fotografías22 y en la audiencia inicial , el Tribunal ordenó citar a Nora Helena Fuentes para que hiciera el reconocimiento de las mismas 23. En la diligencia, sostuvo que era familiar en tercer grado de la demandante y había trabajado para esta última en la finca Río de Janeiro . Indicó que en el inmueble constantemente ha bía incendios por el verano o porque las personas cazaban. Al observar las fotos, afirmó que (i) correspondían a incendios de tres años diferentes –desde 2013 en adelante– (ii) las tomó en época de verano y (iii) como ocurrían incendios tan seguido, no recordó en qué fecha tomó cada una de las fotografías24.

22 Folios 169 a 184 c. 2. 23 Folio 407 c. 3. 24 CD folio 643 c. 4, archivo: «Audiencia de pruebas-2», minuto 1:15 a 14:30.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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Aunque se tiene cert eza de la persona que tomó las fotografía s, conforme al contenido de la diligencia de reconocimiento, no existe certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas. Según la declarante, las fotos

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Aunque se tiene cert eza de la persona que tomó las fotografía s, conforme al contenido de la diligencia de reconocimiento, no existe certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas. Según la declarante, las fotos se tomaron en la finca Río de Janeiro, pero no se conoce en qu é ubicación exacta del inmueble, en qué fecha, ni cuáles corresponden al incendio del 1 de abril de

2013. Por lo anterior y conforme al artículo 244 del CGP, estas fotografías carecen de valor probatorio.

Responsabilidad del Estado por omisión

8. La falla del servicio se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio25, el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado 26 o, en términos generales, la violación de la ley27. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servic io debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente28.

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como causa del daño29. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los deberes del Estado frente a una función determinada –marco normativo – y la conducta –por acción u omisión– asumida en cada evento. Sin embargo, el Estado no puede considerarse un «asegurador universal» o que de presentarse una omisión se configura la responsabilidad extracontractual de manera automática . El

conducta –por acción u omisión– asumida en cada evento. Sin embargo, el Estado no puede considerarse un «asegurador universal» o que de presentarse una omisión se configura la responsabilidad extracontractual de manera automática . El deber de intervención o iniciativa del Estado no es absoluto, pues está condicionado a la disponibilidad de recursos económicos y humanos, a la capacidad institucional y al complejo funcionamiento del aparato estatal.

25 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 1939 [fundamento ju rídico párrafo 4], en Gaceta n°. XLVIII p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad. [fundamento jurídico 2], en Gaceta n°. LXIII de 1961 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico p. 743]. 26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 3]. 27 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1975, Rad. 1389. 28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482. 29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 1990, Rad. 3510 [fundamento jurídico 2 y 3].Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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Tratándose, entonces, de la respo nsabilidad del Estado por omisión, la jurisprudencia ha establecido que el juez debe determinar si están acreditados los siguientes elementos: (i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían evitado los daños; (ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de los que disponía la entidad para el adecuado cumplimiento del deber legal –conforme a las circunstancias del caso – (iii) un daño antijurídico y (iv) la relación causal entre la omisión y el daño30. Frente a este último elemento, esta Sección ha indicado que lo decisivo no es la existencia efectiva de la relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal, impidiendo la producción del daño31. Por ello, el juez debe establecer el daño, la causa del mismo, si el Estado estaba en posibilidad de interrumpir ese proceso causal y si tenía el deber jurídico de hacerlo.

Caso concreto

9. Según el recurso de apelación, del material probatorio allegado es posible – mediante la prueba indiciaria – deducir que el incendio ocurrido en la finca Río de Janeiro fue provocado por los vecinos de los caseríos Guacoche y El Jabo, ante la omisión de las entidades demandadas en prevenir el incendio del 1 de abril de 2013, que destruyó parte del bosque seco tropical y del palmar.

Janeiro fue provocado por los vecinos de los caseríos Guacoche y El Jabo, ante la omisión de las entidades demandadas en prevenir el incendio del 1 de abril de 2013, que destruyó parte del bosque seco tropical y del palmar.

10. Conforme a lo señalado, la Sala, para estudiar la alegada responsabilidad del Est ado por omisión , en primer lugar, establecerá si se demostró el hecho dañoso, esto es, la quema y destrucción de parte del bosque seco tropical y del palmar en la finca Río de Janeiro de propiedad de Alba Luz Luque Fuentes. En segundo lugar, identificará el marco normativo de la actividad pública que la demandante alega como causa del daño , respecto de cada una de las entidades demandadas. En tercer lugar, analizará la conducta asumida por cada entidad y su relación de causalidad con el daño.

11. Respecto de la prueba del hecho daño alegado, o bra en el expediente el informe investigativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar del 14 de

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 2001 -00213-01 (AG) [fundamento jurídico página 34]. 31 Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad. 12.789.Radicación: 20001-23-31-000-2015-00257-02 (62213) Actor: Alba Luz Luque Fuentes Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

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abril de 2013 32 y la denuncia nº. 200016001231201302119 , por el delito de

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abril de 2013 32 y la denuncia nº. 200016001231201302119 , por el delito de incendio, instaurada por la demandante 33. En el primer documento , el capitán comandante Óscar Guillermo Lúquez y dos sub oficiales del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio hicieron una visita a la finca Río de Janeiro , con el fin de establecer las causas de los incendios en el predio . Conforme al documento, se hicieron los siguientes hallazgos:

«[…] pude constatar ocho puntos de inicio de fuego, en varios lugares […] se pudo constatar a través de las marcas que deja el fuego, que estos fueron provocados, ya que se encuentran rastros de combustible (vegetal seco) acumulado, para luego ser el principio del fuego, las diferentes marcas reflejadas en las palmas, nos indican, que el fuego fue programado, se observa gran intensidad y destrucción del fuego, mientras que en los alrededores se sostiene el material vegeta l totalmente disecado por el fuerte verano.

En desarrollo de la investigación, logramos entrevistas a algunas personas que transitaban por el área […] nos comentaron la presencia permanente de cazadores, los cuales hacen uso de fuego para obligar a los animales a salir de sus madrigueras. […] el inspector del corregimiento El Jabo, centro poblacional muy cercano al área de la reserva, quien manifestó que debido a la cercanía de la población a la finca, los habitantes hace n permanente presencia en el predio en actividades de casería como medio de subsistencia , que está dentro de la posibilidad que estos dejen en sus sitios de guardia algún material causante

población a la fi