CE - 630012331000201000011011SENTENCIA20230220114216

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA MUERTE DE CIVIL POR PARTE DE UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA - ni la calidad de funcionario público, ni el hecho de portar el uniforme de la fuerza pública, ni la tenencia o el uso de un instrumento del Estado para causar un daño necesariamente vinculan a la Administración / CONFIGURACIÓN DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE – el daño fue causado por un miembro de la Policía Nacional cuando se encontraba desarrollando una actividad totalmente desligada del servicio. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de octubre de 2008, en la vía que del Caimo conduce al municipio La Tebaida, kilómetro 0+850 metros, se halló un vehículo de servicio público, tipo taxi, y dentro del mismo los cuerpos sin vida de

los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales, los cuales presentaban impactos de arma de fuego. Posteriormente, las autoridades competentes establecieron que el arma con la que se causó la muerte de estas personas correspondía a la de dotación entregada al patrullero Julián Alberto Grajales Grajales.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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La jurisdicción penal ordinaria declaró penalmente responsable al señor Julián Alberto Grajales Grajales, por la comisión del delito de homicidio agravado contra los señores antes mencionados, y también condenó al señor Alejandro Pérez Valencia, quien se desempeñaba como patrullero para el momento de los hechos, por la comisión del delito de favorecimiento. II. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2010, ante el Tribunal Administrativo del Quindío (fl. 33, c.1), los señores Luz Alba Peña Parra y Argemiro Mesa Zapata, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Santiago Mesa Peña; Kelly Dayan León Menchael, Dolly, Martha Lucia, Elsi Mesa Restrepo; Gustavo Mesa Restrepo, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Carlos Fernando Mesa Tabares; Ana Denis Peña; Nora Mesa Peña, en nombre propio y en representación de sus hijos Sebastián Salazar Mesa y Rodrigo Osorio Mesa; Argemiro Mesa Peña, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Joshua Steven y Nathaly Escarlet Mesa Mino; Rodrigo Osorio Almeida; Claudia Milena Palomino Correa, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Argemiro y Daniela Mesa Palomino; Blanca Lucero Morales Mejía; Faiber Yesid Mora Morales, en nombre propio y en representación de su hija Jissel Valentina Mora Camacho; Marisol Giraldo Ospina y Mónica Milena Camacho Daza, mediante apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios morales y materiales derivados de la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales, el 26 de octubre de 2008, en la que solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que se declare administrativamente responsable a la

los perjuicios morales y materiales derivados de la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales, el 26 de octubre de 2008, en la que solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que se declare administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se realicen las siguientes condenas a cargo de la parte demandada: A favor del grupo familiar del señor Rubén Antonio Mesa Peña: A título de indemnización por perjuicios morales, a favor de Luz Alba Peña Parra, Argemiro Mesa Zapata, Kelly Dayan León Menchael la suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; de Santiago Mesa Peña, Dolly Mesa Restrepo, Gustavo Mesa Restrepo, Martha Lucia Mesa Restrepo, Elsi Mesa Restrepo, Ana Denis Peña, Nora Mesa Peña, Argemiro Mesa Peña la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; de Rodrigo Osorio Almeida, Claudia Milena Palomino Correa, Carlos Fernando Mesa Tabares, Sebastián Salazar Mesa, Rodrigo Osorio Mesa, Joshua Steven Mesa Mino, Nathaly Escarlet Mesa Mino, Argemiro MesaRadicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Palomino y Daniela Mesa Palomino la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. A título de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Kelly Dayan León Menchael, la suma de dinero que resulte al aplicar la liquidación visible a folios 8-9 del cuaderno principal. A favor del grupo familiar del señor Larry Troy Mora Morales: A título de indemnización por perjuicios morales, a favor de Blanca Lucero Morales Mejía y Marisol Giraldo Ospina la suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una; de Faiber Yesid Mora Morales la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes; de Jissel Valentina Mora Camacho la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A título de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Marisol Giraldo Ospina, la suma de dinero que resulte al aplicar la liquidación visible a folios 10-11 del cuaderno principal. Que se disponga que la entidad demandada pida disculpas públicas por la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales a sus familiares, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Armenia, con la asistencia de las autoridades locales, el comandante de la Policía Nacional en horas de servicio y en estado de indefensión. Que se reconozca y pague a favor de los demandantes los intereses remuneratorios y moratorios sobre todas las sumas reconocidas por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, los primeros a partir del día 26 de octubre de 2008(fecha en que se produjo el daño) y los segundos a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso hasta que se efectué el pago de la obligación. Que todos los gravámenes o impuestos que

los primeros a partir del día 26 de octubre de 2008(fecha en que se produjo el daño) y los segundos a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso hasta que se efectué el pago de la obligación. Que todos los gravámenes o impuestos que se generen sean asumidos por la parte demandada. Las pretensiones se fundamentaron en los siguientes hechos: El 26 de octubre de 2008, aproximadamente a las 2:30 horas, los patrulleros de la Policía Nacional Julián Alberto Grajales Grajales y Alejandro Pérez Valencia, quienes se encontraban cumpliendo turno de vigilancia, entraron a un establecimiento de comercio ubicado en la vereda El Caimo, y empezaron a ingerir licor en compañía de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales. Entre las 3:00 y las 4:40 horas de ese mismo día, el patrullero Alejandro Pérez Valencia fue trasladado a un centro médico a bordo de un taxi conducido por el señor Rubén Antonio Mesa Peña, en compañía de su compañero el también patrullero Julián Alberto Grajales, y el señor Larry Troy Mora Morales. Una vez fue atendido el patrullero Pérez Valencia en el centro médico, en el mismo vehículo y los mismos ocupantes pasaron por la Subestación San Pedro, momento en el cual se escucharon unos disparos hechos por el uniformado Julián AlbertoRadicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Grajales, que dejaron como resultado la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales. Posteriormente, los policías dejaron el vehículo abandonado en la vía que de El Caimo conduce al municipio de La Tebaida, en el kilómetro 0+876 metros. Por los anteriores hechos, el patrullero Julián Alberto Grajales Grajales fue condenado, en calidad de autor, del delito de homicidio agravado y el policía Alejandro Pérez Valencia por la conducta de favorecimiento, mediante providencia del 9 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia. La anterior providencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, el 6 de febrero de 2009. La muerte de los señores se le atribuye a la Policía Nacional, porque entre las 3:00 y 5:40 del 26 de octubre de 2008, los patrulleros involucrados, quienes debieron estar prestando turno de vigilancia, no tuvieron control alguno por parte de sus superiores, de la central de radio del Departamento de Policía Quindío, ni de los comandantes de guardia de las dos estaciones a las que pertenecían, “razón por la cual hicieron lo que quisieron sin control alguno”. 2. Trámite de primera instancia Mediante providencia del 9 de febrero de 2010, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió la demanda de reparación directa y ordenó que se notificara personalmente a la parte demandada y al Ministerio Público (fl. 606 y 607, c. 2). La Nación-Ministerio

de Defensa-Policía Nacional contestó en forma oportuna la demanda (fl. 624 a 627, c. 2). Adujo que, la muerte causada a dos ciudadanos por parte de un patrullero, el 26 de octubre de 2008, no es imputable a la entidad en tanto que el uniformado que accionó su arma de dotación oficial no lo hizo prevalido de su condición de miembro de la fuerza pública, sino que en ese momento se apartó de sus funciones y lo hizo bajo los efectos del alcohol, constituyéndose en un “acto propio de su esfera social, sentimental y personal”. En consonancia con lo anterior, propuso como excepción la culpa personal del agente.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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En providencia del 3 de mayo de 2011, el magistrado ponente en primera instancia admitió la reforma a la demanda consistente en la incorporación de los registros civiles de algunos demandantes (fl. 636 y 637, c. 2). El 4 de octubre de 2011, el Tribunal abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 24 de abril de 2012, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 658, c. 2). La parte demandante presentó oportunamente los alegatos de conclusión. Solicitó que el juicio de responsabilidad se abordara bajo un régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, en razón a que “los asesinatos se cometieron con armas de dotación oficial”, por parte de un miembro de la entidad demandada que se encontraba “de turno y en servicio”. También argumentó que, en el evento de analizar la imputación bajo el título de falla en el servicio, se debía tener en cuenta que la Policía Nacional adelantó un proceso disciplinario en contra del patrullero Diofanor Grajales Ciro, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comandante de guardia de la subestación El Caimo, y lo encontró responsable, por no registrar en “los libros la novedad ocurrida con los patrulleros Grajales Julián Alberto y Pérez Valencia Alejandro”, relacionada con el hecho que estos estaban consumiendo licor mientras se encontraban en servicio. Agregó que si el patrullero de guardia hubiera informado a sus superiores acerca del estado de sus otros dos compañeros de turno, “el paso subsiguiente debió ser que se hubiera retirado del servicio a los homicidas, o, como mínimo se les hubiera retirado sus armas de dotación oficial” (fl. 659 a 673, c. 2). La Policía Nacional reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y adujo que no se probó que los policías involucrados el

servicio a los homicidas, o, como mínimo se les hubiera retirado sus armas de dotación oficial” (fl. 659 a 673, c. 2). La Policía Nacional reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y adujo que no se probó que los policías involucrados el día de los hechos se hubieran encontrado en servicio, puesto que en la minuta de servicios de la fecha no se hizo dicho registro. Por otra parte, sostuvo que las decisiones dictadas en el proceso penal y disciplinario evidenciaban que se trató de un acontecimiento imprevisible e irremediable para la institución (fl. 674 a 679, c. 2). El Ministerio Público guardó silencio (fl. 680, c. 2). 3. Sentencia de primera instancia En providencia del 27 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda, por considerar que aunque se acreditó que para el 26 de octubre de 2008, los señores Alejandro Pérez Valencia y Julián AlbertoRadicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Grajales Grajales se encontraban prestando su servicio y que el arma de dotación oficial asignada a este último fue utilizada para ocasionar la muerte a los señores Mesa Peña y Mora Morales, de las pruebas allegadas al expediente se podía inferir que la conducta de los policiales tuvo su origen en el ámbito personal y privado, en razón a que se acreditó que estaban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas con las víctimas, con quienes establecieron una relación como particulares y no como autoridad pública. En ese sentido, concluyó que los daños tuvieron origen en el hecho de un tercero, por cuanto los uniformados actuaron dentro de su ámbito personal y privado, y no como servidores públicos. Sobre este punto, resaltó que las conductas punibles fueron de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, situación que reafirmaba que las mismas no tuvieron nexo con el servicio (fl. 687 a 706, c. ppal.). Uno de los magistrados integrantes de la Sala del Tribunal a quo salvó el voto, por considerar que “se demostró que el victimario se encontraba en la noche de los hechos en servicio activo; de igual manera que el arma con la que los ultimó a los dos ciudadanos, era de dotación oficial”, y que, además, cuando estuvieron departiendo con las víctimas y consumiendo licor, “de ello se percató el comandante de guardia, y no obstante ello, no se adoptaron las medidas de precaución correspondientes, esto es, impedir que se siga tomando por parte de los uniformados, o solicitar al menos la devolución de las armas de dotación, o llamarlos al orden inmediato, en fin”. Finalmente sostuvo que se debió valorar debidamente el material probatorio allegado a la actuación, tanto en el proceso penal como disciplinario (fl. 708 y 709, c. ppal.). 4. Recurso de apelación y su concesión Inconforme con la anterior decisión, la parte

sostuvo que se debió valorar debidamente el material probatorio allegado a la actuación, tanto en el proceso penal como disciplinario (fl. 708 y 709, c. ppal.). 4. Recurso de apelación y su concesión Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento reiteró lo expuesto por el magistrado disidente en el salvamento de voto e insistió en que las pruebas recaudadas permitían comprobar la configuración de una falla en el servicio, dado que el arma de fuego con que se causó la muerte de las víctimas era de dotación oficial y quien la accionó fue el uniformado Julián Alberto Grajales Grajales, luego de departir y consumir licor con aquellos y en compañía del otro patrullero Alejandro Pérez Valencia. Además, que para el momento en que cometió el homicidio se encontraba en servicio y prestando el turno que se le había asignado.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Seguidamente, sostuvo que el Consejo de Estado ha desarrollado una doctrina probable sobre el punto de derecho que se discute en el caso concreto, la cual es aplicable al presente asunto por compartir identidad fáctica, según las sentencias del i) 9 de octubre de 2014, radicación 2002-00228-01 (29033); ii) 13 de noviembre de 2014, radicado 2002-01000-01 (34491); y iii) 12 de marzo de 2015, número de radicado 1999-00838-01 (30413). Por otra parte, adujo que el Tribunal a quo no valoró adecuadamente los siguientes medios de prueba: - Oficio 00119 del 11 de enero de 2012, remitido por el Departamento de Policía del Quindío, con el cual se acreditó que los uniformados involucrados en los hechos, se encontraban prestando sus servicios a las subestaciones El Caimo y San Pedro, como también la propiedad del arma con la cual se cometió el homicidio y la asignación de la misma a uno de sus miembros. - El oficio 208 del 30 de octubre de 2008, suscrito por el mayor Ronal Mauricio Pava Ramírez, comandante operativo de seguridad ciudadana, y mediante el cual le solicitó al comandante del Departamento de Policía del Quindío que investigara disciplinariamente a los comandantes de guardia de la subestación El Caimo y San Pedro, al Jefe de turno estación 100, al operador del canal uno y al Oficial de Guarnición, por estar en servicio los días 25 y 26 de octubre de 2008, documento que, a su juicio, evidencian “fallas en la cadena de mando a la que estaban sometidos los patrulleros involucrados”. - Declaración que rindió el agente Yesid Gallego Echeverry, el 26 de octubre de 2008, en el proceso disciplinario 2008-133, en la cual se puede apreciar “la

mando a la que estaban sometidos los patrulleros involucrados”. - Declaración que rindió el agente Yesid Gallego Echeverry, el 26 de octubre de 2008, en el proceso disciplinario 2008-133, en la cual se puede apreciar “la falla en la cadena de mando, en lo referente al control que debía ejercer sobre la patrulla involucrada en los hechos”; que el último reporte de los patrulleros involucrados fue a las 2:00 am. - Oficio 199 del 26 de octubre de 2008, suscrito por la subteniente Luz Stella Arango García, al cual le anexó las anotaciones del Libro Distrito Uno realizadas en los folios 348 a 350, lo que demuestra que “en toda la noche únicamente hubo un reporte y las patrullas estuvieron a la deriva durante más de 4 horas, es decir, no se ejerció control sobre las mismas”. - Fallo disciplinario proferido el 21 de junio de 2010, en la investigación disciplinaria DEQUI-2009-54 adelantada en contra del patrullero Diofanor Grajales Ciro, mediante el cual se le impuso una sanción consistente “en 20 días de multa del salario básico mensual vigente para la fecha de los hechos”, por el actuar omisivoRadicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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en el desempeño de sus funciones, pues no le informó a sus superiores que había visto a sus compañeros, Grajales y Pérez Valencia, tomando licor con las víctimas y tampoco registró ese hecho en los libros, con lo cual infringió el numeral 1° literal c y el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006. El Tribunal Administrativo del Quindío concedió el recurso de apelación, mediante auto del 24 de octubre de 2016 (fl. 724, c. ppal.). 5. Trámite de segunda instancia Mediante providencia del 6 de diciembre de 2016, se admitió el recurso de apelación; el 16 de febrero de 2017, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente. La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y agregó que las pruebas obrantes acreditan que el día de los hechos, el comandante de la subestación El Caimo incumplió sus deberes, concretamente, el de percatarse del estado anímico de sus subalternos, y no efectuar seguimiento desde las 3:30 hasta las 5:50 de la mañana, cuando “verificó de manera directa, encontró la moto en el establecimiento de Larry y verificó que los compañeros se habían ido para Armenia en un taxi” (fl. 733 a 755, c. ppal.). La Policía Nacional reiteró lo expuesto a lo largo del proceso (fl. 756 a 760, c. ppal.). El Ministerio Público solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, puesto

que, “aunque las actuaciones de los uniformados fueron adelantadas dentro de su esfera netamente personal y dentro de su círculo social”, la muerte de los señores Mesa Peña y Mora Morales acaeció cuando los patrulleros cumplían turno, se encontraban portando el uniforme de la institución y con el arma de dotación oficial asignada a uno de ellos (fl. 767 a 778, c. ppal.). El 22 de mayo de 2017, la parte demandante allegó al proceso copia del fallo de tutela de primera instancia proferido por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, el 9 de marzo de 2017, mediante el cual concedió el amparo deprecado por el señor Jorge Esteban Mesa Sepúlveda1, dentro del trámite de tutela 11001-03-15-000-2017-00392-00, así como copia de la sentencia proferida por el 1 Hijo del señor Rubén Antonio Mesa Peña, y quien presentó demanda de reparación directa de manera independiente por los mismos hechos que dieron origen a este proceso. El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Armenia, en primera instancia, y el Tribunal Administrativo del Quindío, en segunda instancia, negaron las pretensiones por él formuladas.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

9 Tribunal Administrativo del Quindío, en cumplimiento de la anterior decisión. Lo anterior, con el fin de que esas providencias fueran valoradas y se evitara la vulneración del derecho a la igualdad de los aquí demandantes al momento de dictar sentencia. Por auto del 22 de junio de 2017, el Despacho sustanciador negó el decreto de las documentales aportadas, por considerar que dicha solicitud probatoria se presentó de manera extemporánea. La Sala verifica que, a través de providencia del 5 de abril de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación revocó el referido fallo de tutela del 9 de marzo de 2017 y, en su lugar, negó las pretensiones formuladas por el accionante2. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor se estimó en una suma equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual excedía los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (26 de enero de 2010)3, para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación. 2. Ejercicio oportuno de la acción La caducidad es la sanción que establece la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

2 Consultado en la página web: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion, con el número de radicación 11001031500020170039201. 3 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, dado que la pretensión mayor se estimó en una suma equivalente a 1.000 s.m.l.m.v. la cual excede los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 10

Para eventos como el que aquí se analiza, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en el daño que se alega sufrido por la parte demandante con ocasión de la muerte de los señores Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy Mora Morales, ocurrida el 26 de octubre de 2008, de conformidad con lo indicado en los correspondientes registros civiles de defunción (fl. 622 y 623, c. 2) e informes periciales de necropsia (fl. 232 a 236 y 238 a 242, c. 1). Así las cosas, el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa vencía el 27 de octubre de 2010. La parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de octubre de 2009, la cual fue declarada fallida el 10 de diciembre de esa misma anualidad4, como la demanda fue instaurada el 26 de enero de 2010, no hay duda de que la misma se formuló en tiempo . 3. Legitimación en la causa En el plenario se cuenta con el registro civil de nacimiento del señor Rubén Antonio Mesa Peña, en el cual se evidencia que sus padres eran los señores Argemiro Mesa Zapata y Luz Alba Peña Parra (fl. 49, c. 1). Se tiene, asimismo, el registro civil de nacimiento de los señores Argemiro, Santiago y Nora Mesa Peña, en

Antonio Mesa Peña, en el cual se evidencia que sus padres eran los señores Argemiro Mesa Zapata y Luz Alba Peña Parra (fl. 49, c. 1). Se tiene, asimismo, el registro civil de nacimiento de los señores Argemiro, Santiago y Nora Mesa Peña, en el que se aprecia que sus padres también eran los señores Argemiro Mesa Zapata y Luz Alba Peña Parra; por tanto, se concluye que se trataba de hermanos de la víctima directa (fl. 51 y 56, c. 1 y fl. 616, c. 2). En cuanto a los actores Dolly, Martha Lucía, Elsi Mesa Restrepo, se encuentra demostrada la calidad de hermanos paternos de la víctima directa del daño, toda vez que en el expediente obran sus registros civiles de nacimiento (fl. 52, 53, 54 c. 1), en los que consta que su padre es el señor Argemiro Mesa. En relación con la señora Ana Denis Peña se encuentra acreditada su calidad de hermana materna del señor Rubén Antonio Mesa Peña, con su registro civil de 4 Fl. 601 a 603, c. 2.Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00011-01 (58376) Actor: MARTHA LUCÍA MESA RESTREPO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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nacimiento en el que aparece que su mamá es la señora Luz Alba Peña (fl. 55, c. 1). La señora Kelly Dayan León Menchael acreditó su condición de compañera permanente con los testimonios de los señores Arnobi Buitrago y William Alexander Ordoñez Bravo (fl. 581 a 585, c. pruebas). Conforme a lo anterior, se concluye que estos demandantes tienen interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor Rubén Antonio Mesa Peña y, por tanto, cuentan con legitimación en la causa por activa. No obstante lo anterior, por lo que se refiere a los sobrinos de la víctima, Sebastián Salazar Mesa y Rodrigo Osorio Mesa, hijos de la señora Nora Mesa Peña; Joshua Steven y Nathaly Escarlet Mesa Mino, así como Daniela Mesa Palomino, hijos del señor Argemiro Mesa Peña, la jurisprudencia de unificación indica que, además de la prueba del parentesco, debe probarse la relación afectiva con la víctima. Sin embargo, se observa que los testigos Arnobi Buitrago y William Alexander Ordoñez Bravo no hicieron mención alguna de la relación afectiva entre la víctima y sus sobrinos. Respecto del señor Gustavo Mesa Restrepo, quien concurrió en calidad de hermano paterno de la víctima, no allegó al proceso su registro civil de nacimiento, razón por la cual no puede establecerse su parentesco ni el de su hijo Carlos Mesa Tabares como sobrino del señor Rubén Antonio Mesa Peña. Argemiro Mesa Palomino tampoco aportó registro civil de nacimiento. Los señores Rodrigo Osorio Almeida y Claudia Palomino Correa demandaron en calidad de cuñados del señor Rubén Antonio Mesa Peña, pero no demostraron haber sufrido una afectación como consecuencia de su muerte. Por parte del señor Larry Troy Mora Morales comparecieron al proceso la señora Blanca Lucero Morales Mejía, el señor Faiber Yesid Mora

demandaron en calidad de cuñados del señor Rubén Antonio Mesa Peña, pero no demostraron haber sufrido una afectación como consecuencia de su muerte. Por parte del señor Larry Troy Mora Morales comparecieron al proceso la señora Blanca Lucero Morales Mejía, el señor Faiber Yesid Mora Morales y Jissell Valentina Mora Camacho