CE - 630012331000201000340011SENTENCIASENTENCIA20230623164928

Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658)

Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658).

Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros.

Demandado: La Nación — Fiscalia General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 906 de 2004. Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Absolución por indubio pro reo. Subtema 1.3. Falta de acreditación del daño antijuridico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Negada la ponencia al magistrado Nicolás Yepes Corrales?, la Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20137, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindio el 21 de agosto de 2014, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 4 de agosto del 2008, agentes de! GAULA y de la Policía desplegaron un operativo para dar con el paradero de la señora Carolina Roa Méndez que había

l. SÍNTESIS DEL CASO El 4 de agosto del 2008, agentes de! GAULA y de la Policía desplegaron un operativo para dar con el paradero de la señora Carolina Roa Méndez que había sido reportada como secuestrada desde las horas de la mañana de ese día. Hacia las cuatro de la tarde del mismo día, la señora Roa fue liberada y hallada por los policiales en una zona boscosa del municipio de Pijao. Según el informe rendido por el GAULA, la plagiada señaló hacia qué lado habían emprendido la huida sus captores, lo que permitió dar captura a uno de los supuestamente implicados y, posteriormente, por información de aquél, capturaron a Jorge Edward Fernández Zapata en el parque municipal. El 5 de agosto siguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pijao con Función de Control de Garantías le impuso a Jorge Edward medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como posible autor del delito de secuestro extorsivo. Mediante sentencia del 21 de enero de 2009, el Juzgado Único Penal del Circuito de Armenia absolvió al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo. Por considerar que su privación fue injusta, Fernández Zapata y algunos de sus familiares acudieron a esta jurisdicción en demanda de reparación directa. Il. ANTECEDENTES 1 Ponencia derrotada en Sala 4 de! 19 de julio de 2022. Cfr. Índice 28 y 29 SAMAI, 2 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: “los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y,

2 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: “los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (ii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (...y.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros 2.1. La demanda Los señores Jorge Edward Fernández Zapata, Gilberto Fernández Cano, Rosa Emma Zapata Tabarez?, María Margarita Tabares Guevara, Marisol Fernández Zapata, Filia Cano Ángel, Orlando Fernández Cano y, María Romelia Zapata Tabarez, pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación — Fiscalía General de la Nación, Rama: Judicial y el Ministerio de Defensa — Policía Nacional, con ocasión de la privación de libertad que soportó Jorge Edward Fernández Zapata dentro de la investigación criminal radicada al No. 630016000033200880540. Lo anterior, en procura del resarcimiento de los perjuicios que consideran les fueron irrogados con tal suceso. + 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío en auto del 6 de diciembre de 2010; notificado en debida forma”. El término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley$; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Rama Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalia General de la Nación. ¡ La Nación — Rama Judicial? se opuso a las pretensiones. de ta demanda. Para ello,

en oportunidad, por la Rama Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalia General de la Nación. ¡ La Nación — Rama Judicial? se opuso a las pretensiones. de ta demanda. Para ello, indicó que el proceso penal se adelantó de conformidad con la ley, y que, en todo caso, la medida de aseguramiento se dictó como consecuencia de las actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación quien fue la encargada de solicitar y allegar el material probatorio con el cual se dio inicio,a la investigación en contra de Jorge Edward Fernández Zapata. Por vía exceptiva propuso: (i) indebida representación y (ii) la innominada o genérica. La Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional%, opugnó las pretensiones de la demanda, por cuanto considera que actuó en cumplimiento del deber legal y se limitó a poner a disposición de la autoridad judicial al capturado y, de esa forma, mal pudo dar lugar al daño que se reclama. La Nación — Fiscalía General de la Nación!, manifestó su oposición a las pretensiones tras considerar que el daño que le devino a Jorge Edward Fernández Zapata fue producto de la propia culpa de la víctima quien no agotó los recursos contra la imposición de la medida de aseguramiento, sumado a que las decisiones adoptadas estuvieron ajustadas a la ley. Como excepciones propuso: (i) inexistencia de falla en las actividades propias de la Fiscalia General de la Nación, (1i) culpa de la víctima, (ii) inexistencia del daño. antijurídico, (iv) falta de aterializó en cumplimi y, la genérica. 3 En la demanda figura con el segundo apellido Tabarez, lo mismo que en poder otorgado (fl. 87, c. 1), en el

aterializó en cumplimi y, la genérica. 3 En la demanda figura con el segundo apellido Tabarez, lo mismo que en poder otorgado (fl. 87, c. 1), en el registro civil de matrimonio también figura Tabarez (fl. 26, c. 1) y, en el registro civil aportado no se inscribió el segundo apellido y, aunque en el encabezado se dice que se llama “Rosa Emma Zapata, más adelante se dice que se le dio el nombre de "María Eva Zapata”. 4 En el registro civil de nacimiento —sin serial obrante a folio 25, figura su segundo apellido con "z”, tal como también está en la demanda, no obstante, en el poder otorgado (fl. 58-59, c. 1) aparece con 's”. En este caso, se tomará en cuenta como figura en el registro civil de nacimiento. 5 Folios 1-17, €. 1 $ Folios 62-65, C. 1 7 Folios 69-75, C.1. 8 El término de diez (10) dias hábiles para contestar la demanda corrió entre el 3 y el 16 de mayo de 2011, según constancia de fijación en lista obrante a Folio 76, C. 1. 9 Escrito de contestación de la Rama Judicial, radicado el 13 de mayo de 2011, visible a folios 77-88, C. 1. 1 Escrito de contestación de la Policía Nacional, radicado el 16 de mayo de 2011, visible a folios 92-96, C. 1. 11 Escrito de contestación de la Fiscalía General de la Nación, radicado el 16 de mayo de 2011, visible a folios 122-127, €. 1.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658)

Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros

122-127, €. 1.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Quindío, en auto del 15 de marzo de 2012?, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora', la Fiscalía General de la Nación!?, la Rama Judicial?” y el Ministerio de Defensa — Policía Nacional!? para replicar lo expuesto previamente, en tanto que el Ministerio Público guardó silencio?”. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia proferida el 21 de agosto de 201418 en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado??, declaró administrativamente responsables a las demandadas, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Edward Fernández Zapata, en proporción de 1/3 de la condena a cada una de ellas, sin perjuicio de la solidaridad existente. Como consecuencia de esta declaración, condenó a los órganos demandados al pago de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente (en abstracto), así como también, del denominado daño a la vida de relación causados a los accionantes. 2.4. Los recursos de apelación 2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 9 de septiembre de 20149, formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos:

2.4. Los recursos de apelación 2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 9 de septiembre de 20149, formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos: 2.4.1.1. La actuación de la Fiscalía se materializó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, pues debía iniciar la investigación en la que estuvo involucrado el señor Fernández Zapata, señalado por Benjamin Mendoza Zapata (capturado al momento de la liberación de la secuestrada) como uno de los partícipes del delito. 2.4.1.2. La privación de la libertad de que fue objeto el señor Jorge Edward Fernández Zapata fue legítima y no constituye privación injusta de la libertad. 2.4.1.3. De acuerdo con la estructura del sistema penal acusatorio es la Rama Judicial y no la Fiscalía la que impone las medidas restrictivas de la libertad. 2.4.1.4. La tasación de los perjuicios morales no se efectuó correctamente, ni acorde a la realidad. Así mismo, el daño a la vida de relación no puede reconocerse porque fueron el resultante de una presunción del a quo. Tampoco se probó el lucro cesante y, menos, que hubiese lugar al 12 FL, 142,C. 1. 1F1.1702172,C.1 14 Fl. 154 a 160,C. 1. 5 Fl. 143 a 148,C. 1. 18 Fl, 152 y 153, C. 1 17 FL 173,C.1. 18 FL. 187 a202,C.2. 1% Al punto, el Tribunal Administrativo del Quindio indicó: “Así las cosas, a la luz del criterio acogido

18 Fl, 152 y 153, C. 1 17 FL 173,C.1. 18 FL. 187 a202,C.2. 1% Al punto, el Tribunal Administrativo del Quindio indicó: “Así las cosas, a la luz del criterio acogido mayoritariamente por el Consejo de Estado, basta ¡identificar en este caso que el señor Fernández Zapata soportó la privación de su libertad por el tiempo atrás indicado (fl. 150 e, de pruebas), por haber sido absuelto de los cargos que se le imputaron, para concluir que el Estado es responsable de los perjuicios de toda indole que se le ocasionaron a este ciudadano y a su familia con la restricción de su libertad”. 20 Fl, 205 a 225, C. ppal.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros reconocimiento del 25% por concepto de prestaciones sociales y, finalmente, el daño emergente reclamado no fue demostrado. 2.4.2, El Ministerio de Defensa — Policía Nacional?! « lo hizo con base en los siguientes cargos: : 2.4.2.1. Aunque en la sentencia de primera instancia se trajo a colación lo expuesto por el juez penal al momento de absolver por duda al señor Jorge Edward Fernández Zapata, en el sentido de que uno de los funcionarios del GAULA manipuló las entrevistas a su amaño y tergiversó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la captura, por lo que ordenó la compulsa de copias, tal hecho no lleva de inmediato a fundar una condena resarcitoria por parte del juez de lo contencioso administrativo, pues era un asunto que pendía de la debida investigación penal. En esa linea, no se

compulsa de copias, tal hecho no lleva de inmediato a fundar una condena resarcitoria por parte del juez de lo contencioso administrativo, pues era un asunto que pendía de la debida investigación penal. En esa linea, no se acreditaron las supuestas irregularidades en que incurrió dicha institución y, además, no existió una justa valoración de las pruebas, sino que se asignó una responsabilidad automática, calcada de la decisión penal. 2.4.3. La Rama Judicial?? fundamentó su alzada base en los siguientes cargos: 2.4.3.1. Como la captura y la investigación penal tuvieron origen en las actuaciones del GAULA y en los señalamientos que hizo uno de los autores del secuestro, estos son los llamados a responder por el daño causado. 2.5. Conciliación , , Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010%, el Tribunal Administrativo del Quindío convocó a las partes a audiencia de conciliación”, la cual fue evacuada el 8 de octubre de 2014%, y hubo de declararse fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes. En consecuencia, el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por los organismos demandados en contra de la sentencia de primera instancia. r. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia A Esta Corporación, en auto del 25 de noviembre de 2014%, admitió los recursos de apelación interpuestos por las demandadas. Así mismo, por auto del 20 de enero de 2015”, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Asi lo hicieron el Ministerio de Defensa — Policía Nacional? y la Fiscalia General

enero de 2015”, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Asi lo hicieron el Ministerio de Defensa — Policía Nacional? y la Fiscalia General de la Nación”, para replicar lo expuesto previamente. Por su parte, la demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio%. 21 FL 237 a 240, C. ppal. 22 Fl 242 a 251, C. ppal. 23 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de.2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”. 24 Esto, a través de auto del 18 de septiembre de 2014, que obra a folio 253 del C. ppal. 25 El acta de la audiencia de conciliación obra a folios 287-289 del C.ppal.;.: 26 Folio 296 del C.ppal. 27 Folio 298 del C.ppal. 28 Folios 299-303 del C.ppal. . 29 Folios 301-317, del C.ppal. .Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros . 11. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP),

Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros . 11. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887313, el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”. 3.2. En este orden de ideas, en asocio con los cargos de la apelación, hay lugar a la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Deben responder las demandadas por la privación de la libertad de que fue objeto el señor Jorge Edward Fernández Zapata, con ocasión de la captura e

la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Deben responder las demandadas por la privación de la libertad de que fue objeto el señor Jorge Edward Fernández Zapata, con ocasión de la captura e imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en sitio de reclusión, en el marco de un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria en aplicación del principio in dubio por reo? Si la respuesta al anterior problema es de signo positivo, la Subsección deberá establecer: (1) si la privación de la libertad le es imputable a todos los órganos demandados o a uno en particular; (ii) si la liquidación de perjuicios establecida por el a quo se encuentra en consonancia con las pruebas aportadas y con los lineamientos de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. IV, CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996% y a la naturaleza del 30 Fl 318, €. ppal. 31 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por ias leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las

hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por ias leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original). 2 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(1J). 33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. Y "Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimientoRadicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros asunto%, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante, ya que el señor, Jorge Edward Fernández Zapata fue absuelto a través de sentencia proferida el, 4 de febrero de 2009%, la cual cobró ejecutoria ese mismo día?” por lo que, en principio, tenía plazo para incoar su demanda hasta el día 5 de febrero de 2011%, pero, cuando aún restaban ocho meses y nueve días de dicho término, esto es, el 26 de mayo de 2010, la actora radicó la solicitud para la realización de la; audiencia de conciliación

ocho meses y nueve días de dicho término, esto es, el 26 de mayo de 2010, la actora radicó la solicitud para la realización de la; audiencia de conciliación prejudicial, que fue declarada fallida el 2 de agosto de 2010%, y presentó la demanda el 25 de noviembre de 2010%. 4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Jorge Edward Fernández Zapata, en su condición de víctima directa; Gilberto Fernández Cano y Rosa Emma Zapata Tabarez, quienes acreditaron ser los padres del señor Jorge Edward; María Margarita Tabares Guevara, quien demostró ser la abuela materna de la víctima directa? Filia Cano ángel, en su condición de abuela paterna Marisol Fernández Zapata, en calidad, de hermana, Orlando Fernández Cano, quien acreditó ser tío paterno y María Romelia Zapata Tabarez, en calidad de tía materna, En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Director General de la Policía Nacional o su delegado, como quiera que las diligencias de captura fueron acometidas por miembros del Gaula, el Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez de control de garantias”; y por el Director Ejecutivo de ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

preventiva ante el juez de control de garantias”; y por el Director Ejecutivo de ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”. 35 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). . 36 Folios 27-30, e. 1. ¿> 37 Esto, si se tiene en cuenta que la decisión fue leída en audiencia y notif cada alli mismo y por estrado a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley 906 de' 2004. 38 “Artículo 136 del CCA. Caducidad de las acciones. (7

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (...Y' 39 Folios 39-49 del cuaderno . - 40 De conformidad con el sello de recibido de la Oficina Judicial de Armenia - Quindio, visible a folio 17 del cuaderno 1. 11 Esto, de acuerdo con el registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 9746817, visibles a folio 18 del cuaderno 1. % Conforme con el registro civil de nacimiento sin serial, que obra a folió 20 del cuaderno 1, en el que consta que Rosa Emma Zapata es hija de María Margarita Tabares. Si bien en este registro Civil solamente figura con el nombre de Margarita, puede establecerse por el registro civil de nacimiento de con indicativo seria! No,

que Rosa Emma Zapata es hija de María Margarita Tabares. Si bien en este registro Civil solamente figura con el nombre de Margarita, puede establecerse por el registro civil de nacimiento de con indicativo seria! No, 31420069, obrante a folio 21, que el nombre completo es María Margarita Tabares Guevara. % Así consta en el registro civil -sin indicativo serialvisible a folio 19, c.1, en el que consta que la mencionada demandante es la madre de Gilberto Fernández, padre de la victima directa. 4 Tal como se desprende del registro civil con indicativo serial No. 11768891visibie a folio 22, c.1, en el que consta que la mencionada demandante es hija de Gilberto Fernández y Rosa Emma Zapata, padres de la victima directa. , 45 De conformidad con e! registro civil de nacimiento —sin serial—, obrante a folio 24, e. 1, en el que consta que Orlando es hijo de Filia Cano, abuela paterna de Jorge Edward. 46 De acuerdo con el registro civil de nacimiento —sin serial—, obrante a folio 25, e. 1, en el que consta que María Romelia es hija de Maria Margarita Tabares, abuela materna de Jorge Edward, 47 “Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantias imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros garantías quien impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en

defensa la controversia pertinente.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658) Demandante: Jorge Edward Fernández Zapata y otros garantías quien impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Jorge Edward Fernández Zapata. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (1) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuando el juez de control de garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia. El análisis de la necesidad, a su vez, no debe basarse en fórmulas generales o abstractas, sino con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del delito en el caso concreto!. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La

la comisión del delito en el caso concreto!. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueces penales de circuitos especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4) años o más%. Dicha medida, puede ser sustituida por la de detención en el lugar de residencia, cuando sea suficiente para el cumplimiento de los fines, conforme a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado%. La definición del tipo de medida cautetar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar el juez de garantías, a fin de establecer si la restricción de Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión (...)” : % “Articulo 307. Son medidas de aseguramiento: || A. Privativas de la libertad || 1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. || 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento, [...]”. 4 “Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla

recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: || 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. || 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la victima. |] 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que ro cumplirá la sentencia. [...]”. $0 Corte Suprema de Justicia, $ CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-469 de 2016, fundamento jurídico 20; y sentencia C-123 de 2004, fundamento jurídico 5. 32 “Artículo 313. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: || 1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. |] 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años”. 5 “Artículo 314 Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: || 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva

de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. [...]”.Radicado: 63001-23-31-000-2010-00340-01 (52658)

Demandante: