CE - 630012331000201100232011SENTENCIASENTENCIA20230725131256

Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01 (56640)

Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 63001-23-31-000-2011-00232-01 (56640).

Gonzalo Arévalo Baldión y otros. La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros Acción de reparación directa. Tema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 906 de 2004. Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Absolución por indubio pro reo. Subtema 1.3. Falta de acreditación del daño antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA NSTANCIA Negada la ponencia al magistrado Nicolás Yepes Corrales', la Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20132, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 22 de octubre de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el 14 de junio del 2008,

de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el 14 de junio del 2008, capturaron a los señores Gonzalo Arévalo Baldión y Danilo Jiménez Gómez. Al día siguiente, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva corno posibles responsables del delito de rebelión; así mismo, el 15 de julio de la misma anualidad, la Fiscalía 13 Seccional de Calarcá formuló acusación en su contra. Mediante sentencia del 27 de enero de 2009 proferida por el Juzgado único Penal del Circuito de Calarcá, fueron absueltos de la responsabilidad penal en aplicación del principio de in dubio por reo. Con fundamento en esos hechos y, por considerar que la privación de la libertad fue injusta la parte actora acude en reparación directa con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios que, aduce, le fueron causados.

II. ANTECEDENTES Expediente No. 63001233100020110023201 2.1. La demanda 3

Los señores Gonzalo Arévalo Baldión, Adela Baldión Marulanda y María Hermelina 4 Arévalo Baldión pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de 1 Ponencia derrotada en Sala 3 del 25 de mayo de 2022. Cfr. indice 49, aplicativo SAMAI. 2 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: 'los

1 Ponencia derrotada en Sala 3 del 25 de mayo de 2022. Cfr. indice 49, aplicativo SAMAI. 2 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: 'los expedientes que están para falle en relación con (i) privación injusta de la libertad, (U) conscriptos y, (Di) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... ) Escrito de demanda visible a folios 5-39, C. 1 y, presentado el 1 de junio de 2011, conforme obra en el sello de la Oficina Judicial de la Seccionar de Administración Seccional del QuindioRadicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01 (56640) Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros condena a cargo de la Nación - Fiscalía General de !a Nación, Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Secciona! de Administración Judicial de Armenia y, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Octava BrigadaBatallón de Alta Montaña, con ocasión de la privación: de libertad que soportó el primero de los mencionados dentro de la investigación criminal radicada al No.

6300160000332008800035. Lo anterior, en procura del resarcimiento de los perjuicios que consideran les fueron irrogados con tal suceso. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindio en auto del 27 de septiembre de 2011; notificado en debida forma 6 . El término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley 7 ; y esta fue

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindio en auto del 27 de septiembre de 2011; notificado en debida forma 6 . El término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley 7 ; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Fiscalía General dé la Nación, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Rama Judicial. La Nación - Fiscalía General de la Nación se opus 1ó a las pretensiones de la demanda. Para ello, indicó que sus actuaciones estuvieron conforme a lo previsto en el artículo 250 Constitucional y la ley, y que, en todo caso, la medida de aseguramiento fue proferida por un juez penal de confrol de garantías. Además, objetó los perjuicios materiales y, respecto de los morales indicó que no se ajustaban a lo jurisprudencialmente dispuesto. Por vía exceptiva propuso: (i) falta de causa por activa y (u) culpa excluyente de un tercero, por cuanto la incriminación provino de parte de miembros del Batallón de Alta Montaña No. 5. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejércitó Nacional 9 , opugnó las pretensiones de la demanda, por cuanto afirmó que ha dicha institución no le asiste responsabilidad y que, las incomodidades que haya podido causarle la privación al señor Arévalo Baldión, debió soportarlas. Igualmente, consideró exagerado el pedimento de perjuicios. La Nación - Rama Judicial 10 , manifestó su oposición a las pretensiones dado que, las distintas etapas procesales se agotaron en debida forma, sumado a que las decisiones adoptadas estuvieron ajustadas a la ley, y resultaban procedentes,

La Nación - Rama Judicial 10 , manifestó su oposición a las pretensiones dado que, las distintas etapas procesales se agotaron en debida forma, sumado a que las decisiones adoptadas estuvieron ajustadas a la ley, y resultaban procedentes, al existir denuncia en contra de Arévalo Baldión. Corno excepciones propuso: (i) genérica, e (u) indebida representación. Expediente No. 63001233100020110018601 2.1. La demanda" Los señores Danilo Jiménez Gómez, Carmen Estella Ramos Clavijo, Luisa Fernanda Jiménez Ramos, Mario Augusto Jiménez' Ramos, Octavio Jiménez Sepúlveda y Ligia Gómez de Jiménez, pretenden que esta jurisdicción profiera 4 En la demanda se presentó como: "Maria Ermelina", sin embargo, al constatar con el registro civil de nacimiento con serial No. 31420109, allí figura como "María Hernielina". Folio 42, C. 1, Folios 250-251, C. 1 6 Folios 256-261, C . l. El término de diez (10) días hábiles para contestar la demanda corrió entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2011, según constancia de fijación en lista obrante a Folio 265, C. 1. 8 Escrito de contestación de la Fiscalía General de la Nación, radicado 91 25 de octubre de 2011, visible a folios 266-278 y 326-338, C. 1. Escrito de contestación del Ejército Nacional, radicado el 8 de noviembre de 2011, visible a folios 290-302,

C. 1.

folios 266-278 y 326-338, C. 1. Escrito de contestación del Ejército Nacional, radicado el 8 de noviembre de 2011, visible a folios 290-302, C. 1. 10 Escrito de contestación de la Rama Judicial, radicado el 9 de noviembre de 2011, visible a folios 313-320, C. 1. 11 Escrito de demanda visible a folios 7-42, C. 2 y, presentado el 3 de junio de 2011, conforme obra en el sello de la Oficina Judicial de la Seccional de Administración Seccional del Quindio 2Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01(56640)

Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros

sentencia de condena a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia y, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Octava Brigada - Batallón de Alta Montaña, con ocasión de la privación de libertad que soportó el primero de los mencionados dentro de la investigación criminal radicada al No. 6300160000332008800035. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío en auto del 29 de septiembre de 201112; notificado en debida forma 13 . El término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley 14 ; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Rama Judicial. Tanto la Nación - Fiscalía General de la Nación 15 la Nación - Ministerio de

contestada, en oportunidad, por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Rama Judicial. Tanto la Nación - Fiscalía General de la Nación 15 la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional 16 , y la Nación - Rama JudiciaV 7 , se opusieron a las pretensiones de esta demanda, replicando los argumentos de defensa en el mismo sentido del caso precedente. Por auto del 8 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo del Quindío dispuso la acumulación de las dos demanda& 8 , para que ambas surtieran trámite por la cuerda procesal del expediente 63001-23-31-000-2011-00232-00. Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Quindío, en auto del 13 de noviembre de 2012 1 9, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora 20 , la Fiscalía General de la Nación 21 , los otros demandados y el Ministerio de se mantuvieron en silencio 22 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia proferida el 22 de octubre de 201523, en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado 24 , declaró administrativamente responsables a la Nación - Fiscalía General de la 12 Folios 282-284, C. 2 13 Folios 289-294, c.2. 14 El término de diez (10) días hábiles para contestar la demanda corrió entre el 3 al 18 de noviembre de 2011,

12 Folios 282-284, C. 2 13 Folios 289-294, c.2. 14 El término de diez (10) días hábiles para contestar la demanda corrió entre el 3 al 18 de noviembre de 2011, según constancia de fijación en lista obrante a Folio 297, C. 1. 15 Escrito de contestación de la Fiscalía General de la Nación, radicado el 10 de noviembre de 2011, visible a folios 298-310 y 358-370, C. 2. 16 Escrito de contestación del Ejército Nacional, radicado el 17 de noviembre de 2011, visible a folios 320-332, C. 2. 17 Escrito de contestación de la Rama Judicial, radicado el 17 de noviembre de 2011, visible a folios 346-353, C. 2. 18 Folios 387-388, C. 2. 19 FI. 398, C. 1. 20 FIs. 400-404, C. 1. 21 FI. 405-422, C. 1. 22 FI. 422, C. 1. 23 FI. 428-452, C. ppal. 24 Al punto, el Tribunal Administrativo del Quindio indicó: "Así las cosas, actando el precedente existente sobre la materia, solo en aquellos eventos en que la conducta de la persona fue la determinante para que se produjera su privación de la libertad dentro de la investigación de una conducta punible, habría lugar a predicar que no existe deber indemnizatorio por privación injusta de la misma pese a que posteriormente sea absuelto por la justicia; por el contrario, en los demás eventos, no se puede considerar un justo título para ello el que exista una carga del administrado de soportar una privación de la libertad mientras las autoridades

absuelto por la justicia; por el contrario, en los demás eventos, no se puede considerar un justo título para ello el que exista una carga del administrado de soportar una privación de la libertad mientras las autoridades investigan si se cometió o no un ilícito penal, cuando el resultado de esa actividad arroje una absolución en favor de éste". 3Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01(56640)

Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros

Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de Ip libertad padecida por los señores Gonzalo Arévalo Baldión y Danilo Jiménez Gómez; además, declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional. Como condenas impuso el pago del equivalente a 18 smlmv por concepto de daño emergente (honorarios de defensa), para cada uno de los privados de la libertad; el correspondiente lucro cesante por el tiempo de la privación; perjuicios morales tasados en 50 smlmv para las víctimas directas, sus cónyuges, padres e hijos y 25 smlmv para María Hermelina Arévalo en condición de hermana de Gonzalo Arévalo y; por daño a la vida de relación en la modalidad de bienes o derechos convencionalmente amparados el equivalente a 20 smlmv, para cada uno de los privado de la libertad. En cuanto a los reconocimientos efectuados al señor Gonzalo Arévalo Baldión, aquellos fueron destinados a la masa herencia¡ o sucesora¡ de aquél, en consideración a su fallecimiento 25 . 2.4. Los recursos de apelación

los reconocimientos efectuados al señor Gonzalo Arévalo Baldión, aquellos fueron destinados a la masa herencia¡ o sucesora¡ de aquél, en consideración a su fallecimiento 25 . 2.4. Los recursos de apelación 2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 10 de noviembre de 2015 26 , formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos: 2.4.1.1. La actuación de la Fiscalía se materialikó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. 2.4.1.2. En el contexto de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía no cumple funciones judiciales, su labor se circunscribe a investigar y acusar. Esto para decir que la Fiscalía, en ningún momento, tomó decisiones sobre la libertad de los señores Gonzalo Arévalo Baldión y Danilo Jiménez Gómez, sino que ello corrió por cuenta de un juez de control de garantías. 2.4.1.3. Respecto a la indemnización de perjuicios, indicó que el rubro por "daño a la vida de relación" no se encontraba demostrado y, por tanto, debía desestimarse, pues su reconocimiento se basóen una presunción y en un alcance que el mentado perjuicio no tiene. Así mismo, no hay lugar a reconocer un 25% de prestaciones sociales al momento de liquidar el lucro cesante, pues la reparación directa no tiene por fin indemnizar derechos laborales. 2.4.2. La Nación - Rama Judicial 27 , por escrito de¡ 12 de noviembre de 2015, lo hizo con base en los siguientes cargos: 2.4.2.1. El juez con funciones de control de garantías que actuó dentro del proceso

2.4.2. La Nación - Rama Judicial 27 , por escrito de¡ 12 de noviembre de 2015, lo hizo con base en los siguientes cargos: 2.4.2.1. El juez con funciones de control de garantías que actuó dentro del proceso penal seguido en contra de los señores Arévalo Baldión y Jiménez Gómez, cumplió con las funciones asignadas por la Ley 906 de 2004 y lo que sucedió fue que la teoría presentada por la fiscalía al inicio del juicio oral, no encontró respaldo en las pruebas legalmente recaudadas y arrimadá's al proceso, es decir, se presentaron falencias de tipo probatorio que impidieron proferir una sentencia condenatoria. 2.4.2.2. La medida de aseguramiento obedeció a :principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, pues con base en las pruebas presentadas por la 25 Al proceso se allegó copia del registro civil de defunción con serial 03960554, en el que consta que el señor Gonzalo Arévalo Baldión falleció el 9 de enero de 2012. Cfr. FI. 381, C. iY 26 FI. 455-467, C. ppal. 27 FI. 468-475, C. ppal. 4Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01(56640)

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Fiscalía se podía inferir de manera razonada la necesidad de la misma, mas no la responsabilidad penal de los acusados, de ahí que, desde el punto de vista de la causalidad material, la privación de la libertad de los señores Arévalo y Jiménez fue producto de la actuación del ente investigador quien incumplió con sus

responsabilidad penal de los acusados, de ahí que, desde el punto de vista de la causalidad material, la privación de la libertad de los señores Arévalo y Jiménez fue producto de la actuación del ente investigador quien incumplió con sus deberes probatorios, por lo que el juez debió absolver a los procesados. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el articulo 70 de la Ley 1395 de 201028, el Tribunal Administrativo del Quindío convocó a las partes a audiencia de conciliación 29 , la cual fue evacuada el 9 de febrero de 201630, y hubo de declararse fallida por inasistencia de la parte actora. En consecuencia, el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por los organismos demandados en contra de la sentencia de primera instancia. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 5 de abril de 201631, admitió los recursos de apelación interpuestos por las demandadas. Así mismo, por auto del 1 de junio de 20163 2 , corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hizo la Fiscalía General de la Nación 33 , para replicar lo expuesto previamente. Por su parte, la demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio 34 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188735-36, el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el

aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188735-36, el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma 28 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso". 29 Esto, a través de auto del 27 de enero de 2016, que obra a folio 490 del C. ppal. ° El acta de la audiencia de conciliación obra a folios 494 495 del C. ppal. 31 Folio 505 del C.ppal. 32 Folio 507 del C. ppal. 33 Folios 508-513, del C. ppal. 34 FI. 531, C. ppal. 11 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

11 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leves viqenfes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original). 36 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (W). 5Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01 (56640)

Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros

norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciars&oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido p r opuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 37 .

tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido p r opuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 37 . 3.2. En este orden de ideas, tomando en consideración que la primera instancia declaró probada la falta de legitimación de la Nación Ministerio de DefensaEjército Nacional y que, tal aspecto, no fue objeto de.disenso en el recurso, se entiende que las actuaciones de ese demandado quedaron excluidas de la controversia a resolver en segunda instancia. En consecuencia, en asocio con los cargos de la apelación, hay lugar a la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad a la que fueron sometidos los señores Gonzalo Arévalo Baldión y Dariilo Jiménez Gómez como consecuencia de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en su contra por el delito de rebelión, pese a que el proceso penal en la que ésta fue impuesta culminó con decisióñ de absolución por existir duda en torno a la responsabilidad de los incriminados? Si la respuesta al anterior problema es de signo positivo, la Subsección deberá establecer: (i) si la privación de la libertad le es imputable a todos los órganos demandados o a uno en particular; (u) si la liquidación de perjuicios establecida por el a quo se encuentra en consonancia con las prüebas aportadas y con los lineamientos de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. t

W. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

por el a quo se encuentra en consonancia con las prüebas aportadas y con los lineamientos de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. t

W. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Iitis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199638 y a la naturaleza del asunt0 39 , así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante.

En lo que concierne a la demanda presentada por el señor Gonzalo Arévalo Baldión y su núcleo familiar, se tiene que mediante sentencia de¡ 27 de enero de 2009 fue absuelto de la responsabilidad pena 140, fallo que fue confirmado el 2 de abril de 200941 y cobró ejecutoria el 9 de julio de esa anualidad 12, lo que viene a ' CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2016, exp. 46005. "Artículo 73. competencia. De las acciones de reparación directa y dé repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 39 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 40 Folios 204-208. C. 3.

rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 40 Folios 204-208. C. 3. 41 Folios 210-247, C. ppal. 42 Constancia de ejecutoria visible a folio 247, C. 1. 6Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01 (56640) Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros indicar que el término de caducidad corría entre el 10 de julio de 2009 y el 10 de julio de 2011 y, como la demanda se presentó el 21 de junio de 2011 43 quiere decir ello que fue oportuna, inclusive, sin tener en cuenta el tiempo de suspensión por el trámite de conciliación prejudicial. 44 Para el caso de la demanda presentada por el señor Danilo Jiménez y sus familiares, el plazo de caducidad es el mismo del caso anterior, por cuanto fue absuelto en la misma providencia. Entonces, como presentó la demanda el 3 de junio de 2011, es claro que lo hizo de forma oportuna, sin necesidad de tener en consideración el término de suspensión por el trámite de la conciliación prejudicia1 45 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Gonzalo Arévalo Baldión, persona privada de la libertad, Adela Baldión Marulanda 46 (madre) y María Hermelina Arévalo Baldión (hermana) 47 . Así mismo, se encuentra legitimado el señor Danilo Jiménez Gómez, en su condición de privado de la libertad, Carmen

Hermelina Arévalo Baldión (hermana) 47 . Así mismo, se encuentra legitimado el señor Danilo Jiménez Gómez, en su condición de privado de la libertad, Carmen Estella Ramos Clavijo (cónyuge) 48 , Luisa Fernanda Jiménez Ramos (hija) 49 , Mario Augusto Jiménez Ramos (hijo) 50 , Octavio Jiménez Sepúlveda (padre) 51 y Ligia Gómez de Jiménez (madre) 52 . En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez de control de garantías; y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, dado que fue el juez de control de garantías quien impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los señores Gonzalo Arévalo y Danilo Jiménez. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patri monia¡mente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (U) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 43 F1. 5a30,C.2.

responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (U) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 43 F1. 5a30,C.2. Consta que el 13 de abril de 2011 se presentó solicitud de conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida el 7 de junio de ese año. Cfr. fis. 57-58, C . l. 41 La solicitud de conciliación prejudicial se elevó el 24 de febrero de 2011 y se declaró fallida el 7 de abril de ese año. Cfr. folios 48-49. C. 3. 46 Conforme al registro civil de nacimiento, sin serial, obrante a folio 40, C . l. consta que Gonzalo Arévalo Baldión es hijo de Luis Arévalo y Adela Baldión Marulanda. 47 De acuerdo con el registro civil de nacimiento serial No. 31420109, correspondiente a María Hermelina Arévalo Baldión, consta que aquella es hija de Luis Antonio Arévalo Martínez y Baldión Marulanda Adela. Cfr. FI. 42, c. 1. 48 Conforme al registro civil de matrimonio serial 070725, obrante a folio 52, C. 3. ' Según registro civil de nacimiento con serial 24154100, obrante a folio 54, C. 3. ° De conformidad con el registro civil de nacimiento serial 32782800, obrante a folio 53, C. 3. 51 De acuerdo con el registro civil de nacimiento de Danilo Jiménez Gómez - sin serial. Se sabe que aquél es hijo de Octavio Jiménez y Ligia Gómez Cfr. folio 50, C.3. 52 [bid.

hijo de Octavio Jiménez y Ligia Gómez Cfr. folio 50, C.3. 52 [bid. 7Radicado: 63001-23-31-000-2011-00232-01(56640) Demandante: Gonzalo Arévalo Baldión y otros 4.2.2. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe medidas de aseguramiento privativas de la libertad 53 , cuando el juez de control de garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obsfruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctfrna, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia 54 . El análisis de la necesidad, a su vez, no debe basarse en fórmulas generales o abstractas 55 , sino con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del delito en el caso concreto 56 . Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención preventiva en establecimiento carcelario o en la re s idencia del imputado. La primera procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueces penales de circuitos especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4) años o más 57 . Dicha medida, puede ser sustituida por la de detención en el lugar de residencia, cuando sea suficiente para el p umplimiento de los fines, conforme a la vida personal, laboral, familiar o social dél imputado 56 . La definición del tipo de medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y

el lugar de residencia, cuando sea suficiente para el p umplimiento de los fines, conforme a la vida personal, laboral, familiar o social dél imputado 56 . La definición del tipo de medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar el juez de garantías, a fin de establecer si la restricción de los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción