CE - 630012331000201200004011SENTENCIA20230726165219

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

Actor: Isidro Encizo Alarcón

Demandado: Municipio de Armenia

Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADAElementos para la procedencia de responsabilidad del Estado con base en el título objetivo de imputación – No se acreditó la configuración del daño antijurídico alegado.

Procede la Sala a resolver e l recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados c on ocasión de la expedición de un Acuerdo municipal, mediante el cual se afectó un predio del actor con ocasión del cambio d el uso del suelo de área rural a urbana de protección ambiental.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío decidió la demanda de reparación directa presentada el 9 de diciembre de 2011 1 por el señor Isidro Encizo Alarcón en contra del municipio de Armenia, con el fin de que se le declare patrimonialmente

Administrativo del Quindío decidió la demanda de reparación directa presentada el 9 de diciembre de 2011 1 por el señor Isidro Encizo Alarcón en contra del municipio de Armenia, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los daños ocasionados con la afectación jurídica de un inmueble de su propiedad impuesta a través del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009 “ Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Arm enia, para el periodo 2009 – 2023, Armenia ciudad de oportunidades para la vida”2.

1 Folio 28 del cuaderno 1. 2 En consecuencia, solicitó una indemnización por concepto de perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, que las hizo consistir en la suma de $580’856.745 a favor de la parte actora, correspondiente a la pérdida del valor comercial de su inmueble y las construcciones existentes en el mismo, así como la suma global de $17.879’849.000 referente a las utilidades dejadas de percibir ante la imposibilidad de continuar con el proyecto de ceba de ganado estabulado para 150 novillos y la producción de humus y lixiviado mediante lombricultivo asociado a ceba de ganado estabulado para esa misma cantidad de novillos.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

Actor: Isidro Encizo Alarcón

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2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones narró que a través de escritura

Actor: Isidro Encizo Alarcón

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2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones narró que a través de escritura pública No. 758 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría Primera de Armenia, adquirió el predio denominado “El Resto Vereda Volcanes y Finca El Paraíso” ubicado en el paraje Volcanes del municipio de Armenia e identificado con cédula inmobiliaria 280-52751 y ficha catastral 00-03-0000-04729-000.

3. Se indicó que para entonces -año 2003 -, de conf ormidad con el Acuerdo municipal No. 001 del 24 de enero de 1999, modificado por el Acuerdo municipal No. 006 del 25 de marzo de 2004, el referido predio era rural y no tenía restricciones para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustriales, industriales, turísticas, entre otras. En consideración a ello, el actor construyó varias edificaciones al interior de ese inmueble y lo destinó para el proyecto de ceba de ganado estabulado para 150 novillos y la producción de humus y l ixiviado mediante lombricultivo asociado a ceba de ganado para esa misma cantidad de cabezas de ganado, así como también para alquilarlo para eventos recreativos.

4. El municipio demandado expidió el Acuerdo municipal No. 19 del 2 de diciembre de 2009, a través del cual cambió el uso del suelo del predio en cuestión, pasándolo de rural a urbano de protección ambiental de la Cuenca del

4. El municipio demandado expidió el Acuerdo municipal No. 19 del 2 de diciembre de 2009, a través del cual cambió el uso del suelo del predio en cuestión, pasándolo de rural a urbano de protección ambiental de la Cuenca del Río Quindío y, por tanto, “ con prohibición expresa para el ejercicio de cualquier actividad de explotación económica o agroindustrial”, permitiéndose su uso únicamente para el desarrollo de actividades de educación ambiental, recreación pasiva, investigación, eco turismo urbano sostenible, conectividad y espacio público natural.

5. Indicó que la anterior afectación a su inm ueble fue conocida por el actor a través del Oficio DP -POT-10-1748 del 12 de abril de 2010 del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Armenia, por medio del cual se le informó que el inmueble en mención, según los lineamientos de la nor matividad contenida en el Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, pertenecía a la zona urbana y se encontraba en zona de protección ambiental; asimismo, se le informó que los usos permitidos en ese suelo eran los de conocimiento, conservación y protección y aprovechamiento sostenible para educación ambiental, recreación pasiva, investigación, eco turismo urbano sostenible, conectividad y espacio público natural.

6. Sostuvo que el municipio demandado estaba llamado a responder a título de daño especial, en tanto el bien sufrió una desvalorización considerable, debido a que su uso se cambió y se limitó a lo regulado en el POT contenido en el Acuerdo municipal No. 19, a sí como también se impidió o limitó el desarrollo de las actividades agropecuarias que venía realizando el demandante bajo el

que su uso se cambió y se limitó a lo regulado en el POT contenido en el Acuerdo municipal No. 19, a sí como también se impidió o limitó el desarrollo de las actividades agropecuarias que venía realizando el demandante bajo el anterior POT -No. 001-, hecho que le produjo una pérdida considerable en lasRadicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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ganancias obtenidas por su actividad, todo ello según los avalúos aportados con la demanda3.

La defensa

7. El municipio de Armenia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.

Para tal efecto, sostuvo que no se causó daño alguno al demandante, dado que desde el Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999, el sector donde está ubicado el predio objeto de la discusión hacía parte de la categoría de suelo de protección ambiental, por formar parte de la Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Quindío, la cual se trata de un área de influencia directa de la ronda hidráulica, área de inundación, zonas de pendientes fuentes, bosques ripiaros, fragmentos y relictos de bosque, elementos naturales consolidados en una gran franja de protección ambiental, conforme lo determina el Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambientey el Decreto 1449 del 27 de junio de 1977.

8. En todo caso, manifestó que no estaba probado que el demandante, una vez

Protección al Medio Ambientey el Decreto 1449 del 27 de junio de 1977.

8. En todo caso, manifestó que no estaba probado que el demandante, una vez adquirió el predio, hubiera construido en el mismo diferentes edificaciones -casa principal, vivienda auxiliar, vivienda casero, pesebreras, construcciones auxiliares y cultivoso si éstas ya se encontraban de tiempo atrás, pues lo cierto era que a raíz de la afectación jurídica que se predica ba de l mismo, desde el PTO No . 001, tales construcciones estaban prohibidas, al punto que, mediante auto No. 003 del 19 de febrero de 2009 se dio apertura a un procedimiento administrativo en contra del aquí actor por parte de la Inspección de Con trol Urbano del

Departamento Administrativo de Planeación.

9. Por otra parte, indicó que, aun cuando el inmueble del actor estaba afectado bajo la figura de suelo de protección ambiental, a partir del Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999, dado su us o preexistente agrícola y agropecuario, tales actividades económicas podían seguir siendo desarrolladas en vigencias del Acuerdo municipal 019 del 2 de diciembre de 2 009, “bajo los parámetros dados en los diferentes instrumentos de Planeación Ambiental y T erritorial, con sus respectivas zonificaciones ambientales, que hacen parte de los usos y coberturas actuales, bajo la figura de zonas de protección sostenible agrícola donde se implementen sistemas alternativos de producción sostenible agrícola, para la diseminación de los impactos generados en dichas áreas susceptibles de erosión, avalanchas, deslizamientos, deforestación, pérdida de las coberturas

donde se implementen sistemas alternativos de producción sostenible agrícola, para la diseminación de los impactos generados en dichas áreas susceptibles de erosión, avalanchas, deslizamientos, deforestación, pérdida de las coberturas naturales y de la biodiversidad”, según el parágrafo 2° del artículo 15 del Acuerdo municipal 019 en mención, adicionado por el Acuerdo 06 del 9 de mayo de 2011.

10. Luego de surtirse el debate probatorio 4, en sus alegaciones, la parte actora insistió en que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad

3 Folios 1 a 28 del cuaderno 1.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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demandada bajo el título de imputación de daño especial por la ocupación jurídica de su inmueble, la cual le impedía seguir ejerciendo las actividades económicas agrícolas y agropecuarias que venía realizando bajo la vigencia de los Acuerdos municipales Nos. 001 de 1999 y 006 del 25 de marzo de 20045; por su parte, la demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda6.

11. En su concepto, el Ministerio Público manifestó que se debía acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto se probó que desde 2003 en el predio El Paraíso, el actor tenía sembrado varios cultivos de café, pasto y plátano, así como realizó inversiones significativas para poder obtener mayores rendimientos,

pretensiones de la demanda, por cuanto se probó que desde 2003 en el predio El Paraíso, el actor tenía sembrado varios cultivos de café, pasto y plátano, así como realizó inversiones significativas para poder obtener mayores rendimientos, los cuales se truncaron con la expedición del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, lo que le generó perjuicios económicos al demandante7.

La decisión

12. Mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe literal):

“PRIMERO: Declarar al municipio de Armenia (Quindío), administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados al demandante como consecuencia de la expedición del Acuerdo 019 de 2009 ‘por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de l Municipio de Armenia’ que modificó la clasificación del predio denominado El Paraíso de sector rural a sector urbano.

SEGUNDO: Condénase al Municipio de Armenia a pagar, en abstracto, los perjuicios causados al accionante, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante ocasionado con el Acuerdo 019 de 2009, según los parámetros establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

4 Mediante auto del 20 de marzo del 2012 se abrió el período probatorio, dentro del cual se allegaron los siguientes medios de prueba: ● Certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia del 4 de octubre de 2011 ● Certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 15 de abril de 2013

siguientes medios de prueba: ● Certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia del 4 de octubre de 2011 ● Certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 15 de abril de 2013 ● Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999 ● Acuerdo municipal 019 del 2 de diciembre de 2009 ● Oficio DP -POT-10-1748 del 12 de abril de 2010 del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Armenia ● Avalúo comercial A077-10 ● Avalúo comercial Al139-11 ● Auto de apertura d e investigación 003 del 19 de febrero de 2009 de la Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación – Inspección de Control Urbano. ● Experticia pericial del 7 de junio de 2012 rendida por el perito evaluador Alfredo Álvarez López ● Video Humus Orgánico de Lombriz California ● Testimonios de los señores Jhon Jairo Alarcón Bobadilla, Carlos Mario Muñoz Posada, José Idelgar Castañeda Valencia y Carlos Julio Morales. 5 Folios 445 a 460 del cuaderno 1. 6 Folios 423 a 443 del cuaderno 1. 7 Folios 462 a 465 del cuaderno 1.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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TERCERO: ORDÉNESE al Municipio de Armenia dar cumplimiento a éste fallo en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia según lo expuesto en la

TERCERO: ORDÉNESE al Municipio de Armenia dar cumplimiento a éste fallo en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En firme este fallo, devuélvase a los demandantes el excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del proceso, efectuándose las comunicaciones del caso para su cabal cumplimiento, cancélese su radicación y archívese el expediente, previa anota ción en el programa informático “Justicia Sigo XXI”.

13. Para arribar a dicha decisión, el Tribunal sostuvo que carecía de relevancia establecer si antes de la expedición del Acuerdo municipal No. 001 del 24 de enero de 1999 el predio del actor se encontraba o no en un área de protección, pues lo cierto era que -de acuerdo con el avalúo comercial-, ese bien inmueble había disminuido su valor económico de forma notable al pasar de rural a urbano.

14. Agregó que, en atención al Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, el actor no pudo continuar ejerciendo las actividades agropecuarias que venía realizando en su predio o por lo menos ya no en la misma proporción, hecho que supuso una disminución considerable en sus ganancias provenientes del proyecto d e ganado de ceba estabulado y en la producción de humus y lixiviados de lombriz relacionado a la ceba de ganado estabulado.

15. Sin embargo, indicó que no era dable acceder a la totalidad de las súplicas

del proyecto d e ganado de ceba estabulado y en la producción de humus y lixiviados de lombriz relacionado a la ceba de ganado estabulado.

15. Sin embargo, indicó que no era dable acceder a la totalidad de las súplicas de la demanda, toda vez que la Corporación Autónoma Regional del Quindío impuso multa de $30’000.000 de pesos al actor en atención a que con su actividad económica le causó graves daños al ambiente, incluso, antes de la expedición del Acuerdo municipal No. 019; entonces, no era dable que el demandante pretendiera obtener una indemnización, cuando su actuar generó un daño a la comunidad en general y, además, realizó construcciones en su predio sin contar con las respectivas autorizaciones de la autoridad competente.

16. En atención a ello, indicó que, para efectos de la respectiva indemnización, era necesario establecer si todas las actividades agrícolas y agropecuarias desarrolladas en el predio El Paraíso estaban legalmente autorizadas, por lo que procedió a imponer una condena en abstracto8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

17. En su apelación, la parte demandada cuestionó la decisión del a quo en punto a que no se tuvo en cuenta que, incluso, con anterioridad a la expedición del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, las construcciones y

8 Folios 509 a 520 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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actividad económica desarrolladas por el demandante no estaban permitidas en atención a la condición de zona de reserva ambiental que se predica del lugar donde se encuentra ubicado el terreno en cuestió n, conforme al Acuerdo municipal No. 001 del 24 de enero de 1999.

18. Agregó que lo que debe analizarse es la compatibilidad en materia de uso del suelo del predio objeto de discusión y las actividades allí desarrolladas por el demandante, a fin de concretar la fuente del daño, de ahí que no puede atribuirse un daño con el cambio del uso del suelo de rural a urbano, cuando la actividad económica adelantada por aquél señor no estaba permitida desde el Acuerdo municipal No. 001 de 1999, al punto que ya ha sido sancionado administrativamente.

19. En conclusión, ante la inexistencia de un daño antijurídico derivada de la ilegalidad de la conducta desplegada por la propia víctima, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada9.

20. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia las partes guardaron silencio10.

21. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, puesto que las modificaciones del uso del suelo del predio El Paraíso derivadas del Acuerdo muni cipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, causó al inmueble del actor una considerable reducción en su precio comercial, así como también que se disminuyera su actividad económica. Sin perjuicio de esto,

derivadas del Acuerdo muni cipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, causó al inmueble del actor una considerable reducción en su precio comercial, así como también que se disminuyera su actividad económica. Sin perjuicio de esto, sostuvo que como estaba probado que el señor Isidro Encizo Alarcón había sido sancionado por la Corporación Autónoma del Quindío por encontrarlo responsable de causar un daño ambiental con el desvío del cauce de un río y la construcción de jarillones sin contar con la respectiva licencia ambiental, no resultaba procedente acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, además, se debía condenar en abstracto, en atención a la falta de elementos materiales para determinar el monto de la indemnización11.

III. CONSIDERACIONES

22. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

9 Folios 526 a 530 del cuaderno del Consejo de Estado, 10 Folio 571 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 555 a 570 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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23. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a verificar si la entidad territorial demandada, al cambiar el suelo de rural a urbano con la expedición del

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23. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a verificar si la entidad territorial demandada, al cambiar el suelo de rural a urbano con la expedición del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, afectó el derecho de propiedad de la parte actora y, si se causó un daño antijurídico habida consideración de las actividades de explotación y construcción de obras que el actor venía desarrollando para el momento de tal cambio.

Caso concreto

24. La Sala revocará la sentencia objeto de impugnació n, dado que a partir del análisis de los elementos de prueba allegados se impone concluir que no se configuró ningún daño antijurídico en perjuicio del actor, tal como pasa a explicarse.

25. El Decreto 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales, Renovables y de Protección del Medio Ambiente, estableció en su artículo 83 que, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado “ d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

26. A su turno, el Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamentó la parte II del libro III del mentado Decreto 2811 de 1974, indicó que las aguas se dividen en aguas de uso público y aguas de dominio privado. De conformidad con su artículo 5, son aguas de uso público, las siguientes:

libro III del mentado Decreto 2811 de 1974, indicó que las aguas se dividen en aguas de uso público y aguas de dominio privado. De conformidad con su artículo 5, son aguas de uso público, las siguientes:

“a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;

b. Las aguas que corran por cauces ar tificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;

(…)

h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 77 del Decreto 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo predio”.

27. Por su parte, el artículo 313 de la Constitución Política establece que está a cargo de los concejos municipales reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de i nmuebles destinados a vivienda y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (numerales 7 y 9).Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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28. A fin de procurar el desarrollo de las anteriores directrices constitucionales, fue expedida la Ley 388 de 1997 12 en donde se señalaron puntualmente las funciones que en materia de desarrollo y ordenamiento territorial pueden dictar

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28. A fin de procurar el desarrollo de las anteriores directrices constitucionales, fue expedida la Ley 388 de 1997 12 en donde se señalaron puntualmente las funciones que en materia de desarrollo y ordenamiento territorial pueden dictar las autoridades municipales; en sus artículos 9º y 10º definió qué se entiende por plan de ordenamiento territorial y los determinantes que debe tener todo POT.

29. Del referido artículo 10, numeral 1º, literal b), se desprende que los municipios pueden definir las directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas y las directrices para la conservación de las áreas de especial importancia dadas las características propias del ecosistema en su territorio.

30. En línea con lo anterior, el Decreto 1504 de 1998 13 reglamentó el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. En esa disposición se clasificaron los elementos constitutivos naturales del espacio público, entre los

cuales se encuentran:

“b) Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zo nas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. ii) Elem entos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas,

pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. ii) Elem entos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales c omo: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental” (se resalta).

31. De acuerdo con el aparte subrayado, las cuencas hídricas se pueden definir como uno de los elementos naturales de las corrientes de agua que, al integrar el elemento constitutivo que a su vez hace parte del espacio público, resultan de suma importancia como áreas para la conservación y preservación del sistema acuífero, dentro del régimen ambiental nacional.

32. En reciente oportunidad, la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca de la protección especial que demanda la zona adyacente a los caudales hídricos por la relevancia que comporta de cara a la protección al medio ambiente, sosteniendo que todo terreno ady acente al margen paralelo de un caudal hídrico, en extensión máxima de treinta metros, forma parte de una zona de especial protección por su importancia para la preservación de un medio ambiente sano y, por tanto, es considerado como espacio público no sus ceptible

12 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”,

ambiente sano y, por tanto, es considerado como espacio público no sus ceptible

12 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, 13 Compilado en el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)

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de apropiación por particulares, situación establecida en la Carta Política de 199114.

33. Del análisis de la normativa en referencia se puede concluir que: i) los suelos que hacen parte del cauce de las cuencas, manantiales, ríos, quebradas y arroyos, entre otros, los cuales son elementos naturales constitutivos del espacio público, aunque se encuentren en predios colindantes de propiedad privada, forman parte de la ronda hídrica que se medirá como una franja paralela a la línea del cauce permanente del cuerpo de agua, hasta de treinta metros de ancho, los cuales son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado y, ii) en la elaboración de los planes de orde namiento territorial debe tenerse en cuenta el uso del espacio público, dentro del cual se encuentran comprendidas las áreas de conservación y preservación del sistema hídrico que abarca, a su turno, las cuencas, rondas hídricas y las zonas de manejo y protección ambiental.

34. De otra parte, en relación con la propiedad privada, el artículo 58 superior,

de conservación y preservación del sistema hídrico que abarca, a su turno, las cuencas, rondas hídricas y las zonas de manejo y protección ambiental.

34. De otra parte, en relación con la propiedad privada, el artículo 58 superior,

modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999 que abolió la expropiación sin indemnización, fijó ciertos elementos característicos de tal derecho fundament al en un Estado Social de Derecho 15, de los cuales se desprende que el derecho a la propiedad es un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas que están dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los que se destacan, el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, proteger el medio ambiente y velar por su conservación y la promoción de la justicia y el interés general16.

35. En este sentido, el artículo 1 de la Constitución d e 1991 establece el interés general como un aspecto que se proyecta sobre el derecho a la propiedad privada, acentuando su función social y ecológica.

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 22 de abril de 2020, exp. 2020 -00121, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 15<<Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privad o deberá ceder al interés público o

de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privad o deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dic ha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio>>. 16 Constitución Política, artículos 1 y 95. La función ecológica del derecho de dominio encuentra asidero en las disposiciones contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el artículo 79 constitucional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y cons ervar las áreas de especial importancia ecológica. Dentro de las atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, el artículo 80 confiere la posibilidad de que se establezcan medidas de protección dirigidas a