CE - 630012331000201200097021SENTENCIA20230427101914

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698)

Demandantes: JORGE IVÁN MORALES PULIDO Y OTROS

Demandados: NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN RAMA

JUDICIAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA POR IRREGULARIDAD EN

NOTIFICACIÓN

Síntesis del caso: como consecuencia del deceso del señor Carlos Andrés Yagire Pulido en un accidente de tránsito se inició un proceso penal por los lineamientos de la Ley 906 de 2004 en contra del conductor del vehículo involucrado en el accidente que culminó con preclusión de la investigación, los demandantes formulan el medio de control de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque consideran que i) la decisión de preclusión no les fue notificada y, en consecuencia, no pudieron ser reparados por los perjuicios causados con el fallecimiento de su familiar y, ii) luego de la decisión de preclusión presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual, sin embargo, la decisión de preclusión incidió en el proceso ordinario porque el juez civil declaró probada la cosa juzgada en material penal, circunstancia que eliminó definitivamente la

decisión de preclusión presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual, sin embargo, la decisión de preclusión incidió en el proceso ordinario porque el juez civil declaró probada la cosa juzgada en material penal, circunstancia que eliminó definitivamente la posibilidad de obtener el resarcimiento de perjuicios a favor de los actores.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 303 a 308 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Quindío (fls. 277 a 299 cdno. apelación) que dispuso:

“Primero.- Negar las pretensiones de la demanda , por las consideraciones expuestas.

Segundo.- Sin costas en la instancia, por lo expuesto.

Tercero.- En firme este fallo, DEVUÉLVASE al Despacho de origen, CANCÉLESE su radicación, previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI”. (fl. 299 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 1º de noviembre de 2011 (fl. 10 cdno. ppal .), los señores Clara Inés Pulido Duque, Jorge Iván Morales Pulido y Claudia Lorena Morales Pulido por intermedio de apoderado, promovieron demanda de reparación

señores Clara Inés Pulido Duque, Jorge Iván Morales Pulido y Claudia Lorena Morales Pulido por intermedio de apoderado, promovieron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo con las siguientes súplicas:

“PRETENSIONES

2.1. DECLARACIONES

Declárese que la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial representada por el señor Director Ejecutivo de Administración Judicial, es administrativamente y e xtracontractualmente responsable de los perjuicios sufridos por los señores Clara Inés Pulido Duque, Jorge Iván Morales Pulido y Claudia Lorena Morales Pulido en sus calidades de Hermanos de Carlos Andrés Yagire Pulido, los dos últimos, y madre la primera, en razón del ERROR JURISDICCIONAL – FALLA EN EL SERVICIO imputable a la Fiscalía General de la Nación en el Departamento del Quindío.

2.2. CONDENAS

PERJUICIOS MATERIALES

Comprendido estos por el Daño Emergente y Lucro Cesante

DAÑO EMERGENTE PRESENTE O CONSOLIDADO

Como daño emergente, igualmente se tiene el valor que la familia debió cancelar por concepto de sepelio de CARLOS ANDRÉS YAGIRE PULIDO, suma que ascendió a un millón ochocientos mil pesos moneda corriente ($ 1.800.000.oo), además del valor que la parte actora ha venido pagando al suscrito abogado por concepto de su representación en todos los procesos que la ha correspondido actuar según se describió en los

corriente ($ 1.800.000.oo), además del valor que la parte actora ha venido pagando al suscrito abogado por concepto de su representación en todos los procesos que la ha correspondido actuar según se describió en los hechos de la demanda, y que para el efecto se ha estimado, en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000.oo).

LUCRO CESANTE:

El occiso en el momento de su muerte devengaba un salario mensual de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE ($381.500.oo) y aumentado en sus prestaciones sociales, conforme la doctrina este asciende a una suma adicional de NOVENTA Y CINCO MILExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($95.375.00) por concepto de pre staciones sociales para un total mensual de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.CTE ($ 476.875.oo), suma que deberá ser actualizada en el momento del fallo correspondiente (…)

PERJUICIOS INMATERIALES

POR PERJUICIOS MORALES

Los perjuicios tales como la depresión, el impacto psicológico al encontrarse en esa situación; en la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Estos, como los anteriores, son evidentes, son manifiestos, no se requiere

(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Estos, como los anteriores, son evidentes, son manifiestos, no se requiere de mayores esfuerzos, ni de pruebas adicionales a las que se solicitan en la demanda, para inferir la ocurrencia y la existencia de estos perjuicios , que se solicita doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los actores.

2.2.2.A título de estos perjuicios para cada uno de los actores , cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la aflicción producida en los actores, por la muerte de su familiar.

2.2.3. Ordénese a La Nación – Fiscalía General de la Nación, que las anteriores sumas deberán actualizarse conforme a lo dispuesto en los artículos del Código Contencioso Administrativo 178 y 177 (…).

2.2.4. Condénese a La Nación – Fiscalía General de la Nación, entidad demandada, en costas, conforme lo dispone la Ley 446 de 1998 y la jurisprudencia, en la medida que su gestión dentro del proceso exceda la necesaria para ejercitar el derecho de audiencia y contradicción.” (fls. 1 a 10 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la s pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 29 de junio de 2005, luego de terminar su jornada laboral, el señor Carlos

Como fundamento fáctico de la s pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 29 de junio de 2005, luego de terminar su jornada laboral, el señor Carlos Andrés Yagire Pulido falleció víctima de un accidente de tránsito en el momento en el que la bicicleta en la que se movilizaba colision ó con el vehículo de servicio público de transporte de pasajeros de placas VIZ 601 que se encontraba estacionado en la vía, el automotor estaba afiliado a la sociedad Expreso Cafetero SA.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 2) Para los demandantes el accidente se produjo por la imprudencia del co nductor del vehículo quien lo estacionó en plena vía pública sin las señales que el Código Nacional de Tránsito establece para el “pare, la parada momentánea, el estacionamiento y la inmovilización por avería” (fl. 3 cdno. ppal.).

1. Como consecuencia del deceso del señor Yagire Pulido se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía Quince Seccional de Armenia en la cual la señora Claudia Lorena Morales Pulido , progenitora del fallecido, fue reconocida como víctima en representación de su familia.

1. La Fiscalía Quince Seccional de Armenia (Quindío) solicitó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa misma ciudad la preclusión de la investigación, sin embargo, a las víctimas no se les notificó sobre la realización d e la audiencia, por

1. La Fiscalía Quince Seccional de Armenia (Quindío) solicitó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa misma ciudad la preclusión de la investigación, sin embargo, a las víctimas no se les notificó sobre la realización d e la audiencia, por ende no acudieron a la diligencia, no pudieron ejercer su derecho de contradicción y defensa ni contaron con la oportunidad de recurrir la decisión que declaró la preclusión de la actuación procesal.

1. Después de haberse dictado la preclusión de la investigación y dadas las circunstancias en las que se produjo e l accidente de tránsito , los familiares del fallecido Carlos Andrés Yagire Pulido instauraron una demanda de responsabilidad civil extracontractu al en contra del conductor del vehículo de placas VIZ 601, el propietario del automotor y la sociedad Expreso Cafetero SA, la cual fue conocida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia quien en sentencia negó las pretensiones, por el hecho de considerar que el proceso hizo tránsito a cosa juzgada con el pronunciamiento penal existente de preclusión de la investigación, decisión que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Armenia.

1. Los demandantes interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia el cual fue declarado improcedente por razón de la cuantía del asunto.

1. Para los demandantes, existe un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la NaciónExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa

de justicia por parte de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la NaciónExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 pues, la decisión de preclusión no les fue notificada y esto llevó a que la jurisdicción ordinaria civil negara las pretensiones de la deman da por estimar probada la cosa juzgada en lo penal , en otras palabras, los demandantes perdieron la oportunidad de ser indemnizados.

3. Contestación de la demanda

1. Mediante escrito radicado el 13 de marzo de 2014 (fls. 149 a 171 cdno. ppal.), la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en los argumentos que se resumen a continuación:

a) La investigación penal iniciada con ocasión del accidente de tránsito en el que se produjo el fallecimiento del señor Carlos Andrés Yagire Pulido se adelantó en cumplimiento de un deber constitucional y legal , además, la falla del servicio alegada no provino de alguna de sus actuaciones.

b) Debe declararse la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva ” pues, en los casos de Ley 906 de 2004 asume el papel de acusador frente a las conductas punibles y no es quien toma las decisiones , en ese sentido, si bien l a fiscalía investigadora solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia con Funciones de Conocimiento la preclusión de la investigación, fue dicho despacho judicial quien decidió acceder a tal solicitud.

fiscalía investigadora solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia con Funciones de Conocimiento la preclusión de la investigación, fue dicho despacho judicial quien decidió acceder a tal solicitud.

c) Operó la caducidad de la acción , si los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad por la solicitud de preclusión de la investigación, los términos de ley se encuentran superados.

1. Por su parte, la Nación - Rama Judicial contestó la demanda el 14 de marzo de 2014 (fls. 172 a 176 cdno. ppal.) y expuso los siguientes argumentos de defensa:

a) A un cuando se estime que los demandantes no fueron notificados de la realización de la audiencia de preclusión, lo cierto es que por este hecho no es posible predicar la existencia de responsabilidad por defectuoso funcionamiento deExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 la administración de justic ia porque la decisión de preclusión estuvo debidamente fundamentada en elementos probatorios contundentes.

b) Si los demandantes consideraron que por el hecho de no acudir a la audiencia de preclusión de la investigación les fueron vulnerados sus derechos , lo cierto es que existe culpa de la víctima por cuanto los actores tenían la facultad de hacer uso del recurso extraordinario de revisión e inclusive acudir a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío en providencia del 13 de septiembre de 2018 negó las pretensiones de la demanda (fls. 277 a 299 cdno. apelación), por las

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío en providencia del 13 de septiembre de 2018 negó las pretensiones de la demanda (fls. 277 a 299 cdno. apelación), por las siguientes razones:

1. Según la demanda , el título de imputación por el cual se accionó fue el del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y no el del error judicial pues, los demandantes en ninguna parte cuestionaron las decisiones judiciales que en su momento tomaron los jueces penal y civil.

1. A partir de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los demandantes accionan porque consideran que de haber tenido conocimiento de la realización de la audiencia de preclusión i) habrían recurrido la decisión de preclusión y en segunda instancia se les indemnizaría n los perjuicios ocasionados con el deceso de su familiar y, ii) en el proceso civil no habría operado la cosa juzgada con lo cual también serían indemnizados , sin embargo, como no pudieron asistir a la audiencia perdieron la oportunidad de obtener una indemnización de perjuicios.

1. Si bien en el expediente se demostró que los demandantes no fueron notificados de manera oportuna sobre la realización de la audiencia de preclusión de la investigación penal y, por ende , no pudieron controvertir la decisión de preclusión que fue notificada en estrados, lo cierto es que dicha circunstancia no acredita la existencia de un daño antijurídico.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

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existencia de un daño antijurídico.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 4) Los daños que se indemnizan son aquellos que son ciertos y, en este caso particular este elemento no se demostró pues, los demandantes aseguran que de haber sido notificados de la realización de la audiencia de preclusión habrían recurrido la misma y obtenido una indemnización de perjuicios tanto en la jurisdicción penal como en la civil, no obstante, esta circunstancia no se encuentra acreditada.

1. En el caso del proceso penal, aun cuando los demandantes recurrieran la decisión i) “nada le aseguraba a la señora Clara Inés Duque Pulido que el indiciado por el presunto delito fuese a resultar condenado dentro de dicho sumario” (fls. 297 vlto. y 298 cdno. apelación) y, ii) no existe prueba de que las víctimas serían indemnizadas.

1. Lo anterior también se predica en el proceso civil, esto es, que los demandantes serían indemnizados.

1. A pesar de que se concluya la existencia de un daño, lo cierto es que este no sería imputable a las entidades demandadas pues el defecto procesal (esto es, la falta de notificación de la realización de la audiencia de preclusión) pudo ser subsanado con la alegación de la correspondiente nulidad procesal ante el juez penal de primera instancia, sin que exista prueba que dentro del proceso penal se haya alegado dicha situación por quienes actuaban en calidad de víctimas lo que

subsanado con la alegación de la correspondiente nulidad procesal ante el juez penal de primera instancia, sin que exista prueba que dentro del proceso penal se haya alegado dicha situación por quienes actuaban en calidad de víctimas lo que configura la causal de exoneración del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

5. Recurso de apelación

El 25 de septiembre de 2018 la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 303 a 308 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:

1. No existe culpa de la víctima, una vez fue dictada la decisión de preclusión de la investigación resultaba improcedente la solicitud de nulidades procesales.

1. Los demandantes perdieron la oportunidad de ser indemnizados debido a que la falta de notificaci ón sobre la realización de la audiencia de preclusión de laExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 investigación conllevó a la firmeza de la decisión que culminó el proceso penal y ello, a su vez, incidió en la decisión adoptada en el proceso ordinario civil donde se declaró la cosa juzgada ; de haber podido recurrir la decisión habrían demostrado, tanto en el proceso penal como en el civil , la responsabilidad del conductor del vehículo por el ejercicio de actividades peligrosas.

1. Las consideraciones del a quo apuntan a un daño eventual y especu lativo, sin embargo, se acreditó la certeza de una oportunidad perdida de obtener un fallo favorable de la jurisdicción civil como consecuencia de un defectuoso

1. Las consideraciones del a quo apuntan a un daño eventual y especu lativo, sin embargo, se acreditó la certeza de una oportunidad perdida de obtener un fallo favorable de la jurisdicción civil como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el proceso penal.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto de l 11 de diciembre de 2018 se admitió el recurso de apelación (fl. 314 cdno. apelación) y el 10 de abril de 2019 (fl. 316 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso , al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal l a Fiscalía General de la Nación pidió confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 314 a 324 cdno. apelación).

La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 346 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) Objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

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Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La Sala advierte que esta Corporación en segunda instancia consideró oportuna la demanda1 y, por ende, entrará a determinar si en el presente caso la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación son patrimonial y extracontractualmente responsables del supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que le impidió a los demandantes satisfacer la indemnización de perjuicios que reclamaban, tanto en un proceso penal como en uno civil, como consecuencia del deceso de l señor Carlos Andrés Yagire Pulido , quien falleció víctima de un accidente de tránsito.

El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por estimar que no se acreditó que el daño alegado por la parte actora tuviera el carácter de cierto pues , en modo alguno se dem ostró la potencialidad de obtener un fallo favorable a sus intereses, esto es, que en materia penal la decisión sería condenatoria con la consecuente indemnización de perjuicios en favor de las víctimas, o que tendrían una sentencia favorable a las pretensiones formuladas en demanda de responsabilidad civil extracontractual.

De igual forma , el a quo concluyó que el daño invocado no resulta ba imputable a las entidades demandadas porque el defecto procesal sobre el cual se funda el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia pudo ser subsanado por las víctimas con la alegación de la correspondiente causal de nulidad ante el juez penal de primera instancia.

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia pudo ser subsanado por las víctimas con la alegación de la correspondiente causal de nulidad ante el juez penal de primera instancia.

1 En auto del 7 de junio de 2012 el Tribunal Administrativo del Quindío rechazó por caducidad la demanda (fls. 106 a 112 cdno. ppal.), decisión que en su momento fue apelada por la parte demandante, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de 29 de agosto de 2013 revocó el auto de 7 de junio de 2012 y, en su lugar, admitió la demanda de reparación directa instaurada por Clara Inés Pulido Duque y otros contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por el hecho de considerar que “ no era previsible que los demandantes conocieran sobre la extensión de los efectos de la cosa juzgada en la fecha en que se precluyó la investigación penal, y que las consecuencias adversas de la preclusión de la investigación penal solo se consumaron cuando la jurisdicción ordinaria decidió en forma definitiva que el fenómeno de la cosa juzgada en lo penal era extensible a la responsabilidad civil extracontractual derivada del hecho delictivo”, lo cual ocurrió el 6 de diciembre de 2010 con la ejecutor ia de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de responsabilidad civil (fls. 132 a 139 cdno. ppal.); e n consecuencia, la demanda presentada el 1º de noviembre de 2011 (fl. 10 c. ppal. 2) se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso

consecuencia, la demanda presentada el 1º de noviembre de 2011 (fl. 10 c. ppal. 2) se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 Los demandantes insisten en la responsabilidad de las entidades demandadas, de un lado, porque no les era exigible a quienes actuaron en calidad de víctimas en el proceso penal invocar una nulidad procesal debido a la improcedencia de tal solicitud ante la firmeza d e la decisión de preclusión de la investigación y, de otro, porque se demostró la certeza de una oportunidad perdida de obtener un fallo favorable de la jurisdicción civil a consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el proceso penal.

La sentencia de primera instancia será confirmad a por ser denegatoria de las pretensiones, debido a que en el presente caso no se demostró el daño alegado por los demandantes, entendido como la pérdida de oportunidad potencialmente apta de i) obtener la reparación de los perjuicios reclamados en el proceso penal o, ii) ser indemnizados en el proceso de responsabilidad civil extracontractual.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1. Según se enuncia en la demanda, la falla endilgada a las entidades demandadas consistente en la falta de notificación a las víctimas de la citación para la audiencia de preclusión programada en el proceso penal identificado con el número

1. Según se enuncia en la demanda, la falla endilgada a las entidades demandadas consistente en la falta de notificación a las víctimas de la citación para la audiencia de preclusión programada en el proceso penal identificado con el número 630016000033200501432, lo cual, en su criterio, i) les impidió recurrir la decisión de preclusión de la investigación y obtener una sentencia condenatoria con indemnización de perjuicios e, ii) incidió en la decisión que adoptó la jurisdicción civil dentro del proceso de responsabilidad civil e xtracontractual, circunstancia que, su vez, cercenó la oportunidad de obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por los perjuicios sufridos y causados por la muerte de Carlos Andrés Yagire Pulido en un accidente de tránsito.

1. De lo expuesto en la demanda y en el recurso de apelación, la Sala observa que el daño se contrae a la pérdida de oportunidad de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados, bien sea por la vía civil o penal, a los familiares del señor Carlos Andrés Yagire Pulido , víctima de un acc idente de tránsito, por lo tanto, la SalaExpediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 verificará lo concerniente a la acreditación del daño como primer elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado.

1. En casos como estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente

responsabilidad patrimonial del Estado.

1. En casos como estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede deducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión judicial definitiva, sino que deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus intereses y que al precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable3.

1. En este asunto particular, la Sala observa que no se cumplen con los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.

2.2 Estudio del caso concreto

1. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se encuentran

demostrados los siguientes hechos relevantes:

a) El día 29 de junio de 2006, el señor Carlos Andrés Yagire Pulido falleció víctima de un accidente de tránsito luego de que la bicicleta en la que se desplazaba hacia el municipio de Circacia (Quindío) colisionara contra la parte trasera del bus de servicio público marca KIA, de placas VIZ601, afiliado a la empresa Expre so Cafetero que cubría la ruta Bogotá – Pereira; como consecuencia de lo anterior se inició un proceso penal en contra del señor Óscar Londoño Naranjo por el delito de

Cafetero que cubría la ruta Bogotá – Pereira; como consecuencia de lo anterior se inició un proceso penal en contra del señor Óscar Londoño Naranjo por el delito de homicidio culposo que culminó el 16 de junio de 2006 con decisión de preclusión,

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso no. 13001 -23-31-000-1999-00328-01(25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no. 13001233100020010050601 (37 .111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-0002007-00642-01(42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras. 3 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos Guerrero.Expediente 63001-23-31-000-2012-00097-02 (62.698) Actores: Jorge Iván Morales Pulido y otros Reparación directa Apelación sentencia

12 según c onsta en certificaciones expedidas por la Fiscalía Quince Seccional de Armenia (fls. 80 y 91 cdno. ppal.).

b) Del acta de la audiencia de preclusión se extrae que aquella se realizó el 16 de junio de 2006 a las 11:30 de la mañana sin comparecencia de las víctimas, asimismo, se tiene que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia accedió a la solicitud formulada por el Fiscal Quince Seccional de Armenia y dispuso la

junio de 2006 a las 11:30 de la mañana sin comparecencia de las víctimas, asimismo, se tiene que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia accedió a la solicitud formulada por el Fiscal Quince Seccional de Armenia y dispuso la preclusión de la investigación iniciada en contra del señor Óscar Londoño Naranjo por el delito de homicidio culposo “en aplicación del artículo 332 numerales 2 y 5 del

C. P. P.” (fls. 82 a 83 cdno. ppal.).

c) El 21 de septiembre de 2009 , el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia declaró probada de oficio la excepción de “cosa juzgada” y decidió desfavorablemente las pretensiones formuladas “en este proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Clara Inés Pulido Duque, Claudia Lorena Morales Pulido y Jorge Iván Morales Pulido en contra de Óscar Londoño Naranjo, Miriam Vélez Sánchez y la Sociedad Expreso Cafetero SA. ” (fl. 39 cdno. ppal.), luego de considerar que el asunto discutido “ya fue objeto de debate en otro proceso, donde se estudió de fondo el asunto y se encontró que operó el caso fortuito y fuerza mayor por un hecho exclusivo de la víctima, encuadrándos e e