CE - 630012333000201400092011SENTENCIAFALLO20230928142338

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

Demandante: Luis Germán Agudelo Camacho Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza s del orden nacionalizado. Interinidad. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo del Quindío , por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor LUIS GERMÁN AGUDELO CAMACHO instauró demanda en contra de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor LUIS GERMÁN AGUDELO CAMACHO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 017478 del 29 de noviembre de 2012, y (ii) RDP 010999 del 6 de marzo de 2013 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del demandante , y se confirmó tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho

1 Folios 2 a 3.2

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se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 26 de enero de 2011.

Que se ordene a la parte pasiva pagar de los intereses moratorios a que haya lugar desde el momento de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se cumpla la totalidad

de enero de 2011.

Que se ordene a la parte pasiva pagar de los intereses moratorios a que haya lugar desde el momento de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se cumpla la totalidad de la condena, así como las costas por los gastos ocasionados con la presentación de la demanda.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el demandante nació el 26 de enero de 1961 . Que durante su vida laboral se desempeñó como docente interino en el departamento del Guaviare desde el 1º hasta el 30 de octubre de 1980 , esto en virtud del nombramiento efectuado por la misma autoridad territorial. Posteriormente, el actor detentó una vinculación como educador de la mencionada entidad a partir del 2 de marzo de 1981 y hasta el 17 de mayo de 1994 . Por último, el reclamante fue nombrado en calidad de maestro oficial por parte del departamento del Quindío del 14 de julio de 1995 hasta la fecha de presentación de la demanda (19 de febrero de 2014).

Que el 9 de abril de 2012 , el señor Agudelo Camacho radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 017478 del 29 de noviembre de 2012 , aduciendo que el docente tuvo una relación legal y reglamentaria del orden nacional no computable para acceder a la prestación pretendida, por lo que el primero interpuso recurso de apelación que fue resuelto

noviembre de 2012 , aduciendo que el docente tuvo una relación legal y reglamentaria del orden nacional no computable para acceder a la prestación pretendida, por lo que el primero interpuso recurso de apelación que fue resuelto negativamente a través de la Resolución RDP 010999 del 6 de marzo de 2013, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 14 de julio de 2014 ,3 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que no le asiste el derecho reclamado al accionante, toda vez que este no cumplió con los requisitos previstos para tal fin en la Ley 114 de 1913, habida cuenta de que de

2 Folios 1 a 2. 3 Folios 63 a 64. 4 Folios 71 y 78. 5 Folios 107 a 132.3

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acuerdo con los tiempos de servicio aportados en el trámite administrativo , se observa que estos fueron desarrollados con base en un nombramiento del orden nacional. Que adicionalmente, tampoco acreditó tener un vínculo vigente al 31 de diciembre de 1980, tal y como lo previó la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a ), el cual indica que la pensión gracia se reconocería a los docentes

diciembre de 1980, tal y como lo previó la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a ), el cual indica que la pensión gracia se reconocería a los docentes nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980 que fueran titulares de la referida prestación, lo cual no correspondía a la situación del actor.

Propuso las excepciones que denominó, (i) falta de cumplimiento de requisitos legales, (ii) fuerza mayor, (iii) inexistencia de la obligación, (iv) cobro de lo no debido, (v) buena fe de la demandada, y (vi) prescripción.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló qu e no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia escrita el 18 de marzo de 2016, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa. Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933,

a la parte activa. Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para posteriormente analizar la aplicación de los requ isitos previstos en estas normas en el caso específico del accionante.

Sobre el caso particular aseguró que del acervo probatorio se constató que el señor Luis Germán Agudelo Camacho tuvo una vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, ello como docente interino de primaria en la Escuela Rural La Vorágine del departamento del Guaviare. Que, aun así, lo cierto es que el Consejo de Estado ha sostenido que este tipo de nombramiento no es de carácter territorial, sino que se trata de la prestación del servicio docente como empleado nacional, toda vez que el Fondo Educativo Regional se nutre de recursos de la Nación, de ahí que formalmente el acto administrativo tiene como encabezado la siguiente autoridad: «República de Colombia - Ministerio de Educación Nacional».

6 Folios 141 a 142. 7 Folios 160 a 161. 8 Folios 178 a 188.4

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Que, en tal sentido, el demandante no cumplió con el requisito de tener una vinculación inicial al servicio docente en el nivel territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Que al respecto vale precisar que el accionante sol o tuvo un

Que, en tal sentido, el demandante no cumplió con el requisito de tener una vinculación inicial al servicio docente en el nivel territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Que al respecto vale precisar que el accionante sol o tuvo un nombramiento por el término de 30 días, el cual pese al contenido de las certificaciones que indican que era nacionalizado, realmente ello no era así , si se examina que la autoridad que expidió la resolución fue el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo Educativo Regional del Guaviare.

Que sobre el punto debe resaltarse el contenido normativo del artículo 12 del Decreto 102 de 1976, que dispone que los cargos docentes administrados por el FER son sometidos al régimen salarial y prestacional del orden nacional docente.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demanda nte en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que la normativ a aplicable a la pensión gracia se encuentra en un escenario confuso respecto de los docentes nacionalizados por las transformaciones legislativas, como parece ser la situación en la cual incurrió el tribunal de origen, pues de su providencia se desprende que el derecho a la pensión gracia solo recae en los maestros de entidades territoriales, hecho que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado en el sentido de asegurar que los docentes del régimen nacionalizado tienen derechos adquiridos como es el caso del actor.

Que el señor Agudelo Camacho tiene todas las calidades indicadas por la Ley 114 de 1913, por lo que el argumento referente a que el pago de sus acreencias se desprendió del erario distribuido por el Fondo Regional Educativo, no es de recibo

Que el señor Agudelo Camacho tiene todas las calidades indicadas por la Ley 114 de 1913, por lo que el argumento referente a que el pago de sus acreencias se desprendió del erario distribuido por el Fondo Regional Educativo, no es de recibo porque nunca fue argumentado por la UGPP, pues de hecho la misma certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Guaviare lleva a pensar inequívocamente que el presupuesto del primero tiene finalidad de entidad territorial.

Que, en tal sentido, el principio de legítima confianza debe ser aplicad o en este caso, pues de acuerdo con los certificados que han emanado desde la misma administración del departamento de l Guaviare, resulta claro que el reclamante perteneció al régimen territorial, y prueba de ello es que la transformación descrita hace tránsito entre el fondo regional y la Secretaría de Educación Departamental.

Que, en conclusión, el demandante inició su labor docente con decoro y compromiso desde el 1º de octubre de 1980 en el nivel territorial según se puede evidenciar del material probatorio, lo cual se desprende con mayor claridad cuando se advierte que fue nombrado mediante la Resolución 1179 de l a misma fecha expedida por una autoridad en nombre del Fondo Educativo Regional del Guaviare,

9 Folios 190 a 199.5

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siendo parte en consecuencia del régimen departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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siendo parte en consecuencia del régimen departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales con la que reiteró los argumentos expuestos en su contestación para solicitar que se confirme el fallo apelado.10

La parte demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta etapa procesal.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular una con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de

por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la c reó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

10 Folios 241 a 245. 11 Según acta secretarial obrante a folio 246 del expediente.6

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Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudi o también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, s e les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equi valente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las

por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.8

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nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspo ndía a los

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspo ndía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los e ntes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vincula ción interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certifi cación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)9

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texto original)9

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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,15 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,

jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación a l 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cual es circunscriben por congruencia la competencia de