CE - 630012333000202200118011AUTOQUERESUEL20231115182141

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 63001-23-33-000-2022-00118-01

Actor: JESÚS ANTONIO OBANDO ROA

Asunto: Resuelve recurso de apelación

TESIS: CARENCIA DE OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR, POR

SUSTRACCIÓN DE MATERIA. ACTO ACUSADO PRODUJO EFECTOS

DURANTE EL AÑO 2022. LOS EFECTOS DEL ACTO DEMANDADO

CUYA SUSPENSIÓN SON OBJETO DE LA SOLICITUD BAJO

ESTUDIO, YA CESARON.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación1 oportunamente interpuesto por el señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA, contra el auto de 3 de febrero de 202 3, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO2, por medio del cual se denegó la medida cautelar solicitada por la parte actora.

1 Repartido al Despacho Sustanciador el 26 de mayo de 2023, índice 3 del expediente digital. 2 En adelante el Tribunal.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

Actor: JESÚS ANTONIO OBANDO ROA

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Actor: JESÚS ANTONIO OBANDO ROA

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2

I.- ANTECEDENTES

El ciudadano JESÚS ANTONIO OBANDO ROA , actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA3, presentó demanda4 ante el Tribunal, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos de la Ordenanza núm. 017 de 7 de octubre de 2022, “Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento del Quindío para rea lizar operaciones de crédito público y se dictan otras disposiciones”, expedida por

el LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO5.

De manera subsidiaria pidió declarar la nulidad del “ […] acto de solicitud del trámite financiero ante la entidad bancaria o corporación financiera por la suma de $35.000.000.000 […]”; y suspender provisionalmente:

“[…] la construcción y dotación del centro integral para personas con discapacidad en el Departa mento del Quindío […], cuyo presupuesto es de […] $3.179.932.867,17, el cual se haya (sic) inmerso en la justificación para los recursos del

3 En adelante CPACA. 4 Demanda radicada el 7 de diciembre de 2022.

[…], cuyo presupuesto es de […] $3.179.932.867,17, el cual se haya (sic) inmerso en la justificación para los recursos del

3 En adelante CPACA. 4 Demanda radicada el 7 de diciembre de 2022. 5 En adelante el Departamento.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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3 proyecto de la Ordenanza 017 de 7 de octubre de 2002 y que se ejecutará entre los años 2022-2023, en el lote de terreno localizado en la calle 45 # 27 -40, con matrícula inmobiliaria núm. 282-38817 y ficha catastral […], donde se encuentran las instalaciones del Estadio Municipal de Calarcá Guillermo Jaramillo Palacio y las instalaciones de “Abrazar Asociación” – entidad privada que funge como dueña o propietaria, según el registro de instrumentos públicos del municipio de Calarcá de 3 de noviembre de 2022 […], sin que aparezca en dicho registro una escritura de devolución de los predio en cita al Departamento del Quindío, tal como lo dispuso la sentencia de 30 de marzo de 2022, del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío el 28 de junio de 2022 […].

EN consecuencia, una vez más, solicito al Tribunal Administrativo del Quindío, proferir medida cautelar consistente en suspender provisionalmente el trámite del

Administrativo del Quindío el 28 de junio de 2022 […].

EN consecuencia, una vez más, solicito al Tribunal Administrativo del Quindío, proferir medida cautelar consistente en suspender provisionalmente el trámite del empréstito de $35.000.000.000, concretamente los […] ($3.179.932.867,17) con destino a la Asociación Abrazar […]”.

II.- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Como fundamento de la solicitud de medida cautelar, en escrito separado de la demanda, el actor señaló que el acto acusado vulnera los artículos 29, 63 y 335 de la Constitución Política; y el Decreto núm. 092 de 23 de enero de 20176, disposiciones que prohíben hacer donaciones y auxilios a entidades de naturaleza privada, como es el caso de “Abrazar Asociación”, sin que a la fecha esta persona jurídica haya hecho el traspaso de devolución o restitución mediante escritura pública de los bienes que recibió en

6 “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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4 donación, en virtud de la Ordenanza núm. 025 de 3 de agosto de 20077, actualmente vigente y sin que exista convenio

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4 donación, en virtud de la Ordenanza núm. 025 de 3 de agosto de 20077, actualmente vigente y sin que exista convenio interadministrativo entre la Gobernación y tal sociedad.

Sostuvo que las escrituras públicas núms. 2686 y 2853 de 2007 de la Notaria Segunda de Calarcá, que materializaron la donación citada, siguen vigentes según el registro de instrumentos públicos de ese Municipio, de fecha 3 de noviembre de 2022, en el que figura “Abrazar Asociación” como propietaria de los predios donde funciona el Estadio Municipal de Calarcá Guillermo Jaramillo Palacio y la mencionada Asociación, bienes que son de uso público y fiscal.

Indicó que Abrazar Sociedad es una persona jurídica vigente, pues en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Armenia, de fecha 16 de noviembre de 2022, no figura como disuelta o liquidada.

Aseguró que al momento del trámite de l proyecto de Ordenanza 018 de septiembre de 2022, que luego se convirtió en el acto acusado, no se publicaron las ponencias ni informes de los ponentes en la Asamblea Departamental, ni en la Gaceta ni en la página web

7 “Por medio del cual se faculta a la Gobernadora del Departamento del Quindío para la transferencia de bienes inmuebles”.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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5 de la Gobernación del DEPARTAMENTO, c omo lo exige n los artículos 97 y 102 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20228, omisión que, en su criterio, daba lugar al archivo del proyecto.

Concluyó que la entidad “Abrazar Asociación” actualmente sigue siendo la propietaria de los predios sobre los cuales recaería la construcción de un centro de atención para personas con discapacidad, según lo ordenado en el acto acusado, por cuanto no se ha dado cumplimiento a la sentencia de 30 de marzo de 2 022 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia , confirmada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 28 de junio del mismo año, que ordenó “cesar de manera inmediata los efectos de la Ordenanza 025 del 03 de agosto de 2007 y de las Escrituras públicas No. 2686 del 12 de diciembr e de 2007 y 2853 del 29 de diciembre del mismo año ”, actos estos que materializaron la donación a favor de dicha sociedad y que, por tanto, impiden que sea beneficiada con los recursos públicos que autorizó la Asamblea.

III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III.1La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO solicitó

8 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III.1La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO solicitó

8 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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6 denegar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado , pues, a su juicio, no está viciado de ilegalidad y no se cumplen los requisitos para el decreto de la medida.

Aseguró que, si bien el actor afirmó que la Ordenanza núm. 017 de 7 de octubre de 2022 vulnera normas constitucionales y legales al promover una donación a particulares, de la revisión de los acápites de la Ordenanza acusada no surge tal interpretación.

Sostuvo que según el certificado de tradición y libertad del predio en mención, la propietaria del bien es la Fundación Abrazar, aspecto analizado en el trámite del proyecto de la Ordenanza acusada, en el cual se consignó en el documento de ponencia que los derecho s reales del inmueble pertenecen al DEPARTAMENTO, de acuerdo con la orden judicial de cancelación de la donación y la escritura núm. 2686, instrumento en el que en la anotación número 9 consignó la cesación a título gratuito del terreno.

Destacó que cancelados los efectos de la Ordenanza núm. 025 de

núm. 2686, instrumento en el que en la anotación número 9 consignó la cesación a título gratuito del terreno.

Destacó que cancelados los efectos de la Ordenanza núm. 025 de 2007 y de la escritura pública núm. 2686, el inmueble fue restituido a su propietario, el DEPARTAMENTO, situación tenida en cuenta durante el trámite de formación del acto demandado, en el cual se advirtió que desde abril de 2022 cesaron los efectos de la donaciónNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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7 enunciada.

Señaló que no es cierto que el acto acusado autorice la inversión de recursos públicos en predios privados, comoquiera que el inmueble que será destinado al desembolso de recursos públicos es de propiedad del DEPARTAMENTO, ni que las ponencias e informes del proyecto de Ordenanza no se hubieran publicado en la página web de la entidad, pues es evidente que la consulta realizada por el actor no se realizó “en el link donde se publican los proyectos, sino en aquel en el que ya se dan a conocer las Ordenanzas aprobadas ”, razón por la que estima que los pantallazos que se adjuntaron como prueba no corresponden al trámite de ordenanzas.

Agregó que el proyecto de Ordenanza 020 de 2022 fue publicado en debida forma el 10 de septiembre de ese año en la página web

pantallazos que se adjuntaron como prueba no corresponden al trámite de ordenanzas.

Agregó que el proyecto de Ordenanza 020 de 2022 fue publicado en debida forma el 10 de septiembre de ese año en la página web de la entidad, previ o a los debates, conforme a la certificación expedida por el Secretario General de la Asamblea para esa vigencia y certificación aclaratoria.

Por último, narró el trámite dado al proyecto de ordenanza y explicó que el 18 de septiembre de 2022 se publicó la designación de ponente, el 23 de ese mes se expidió el oficio por parte del DiputadoNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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8 ponente solicitando amp liación de términos, el 26 se presentó y publicó ponencia, y el 3 de octubre siguiente se publicó la segunda ponencia y el oficio de radicación correspondiente, actuaci ones estas que desvirtúan el cargo alegado por el demandante , puesto que si bien hubo un error en la custodia de la página web que “borró el elemento 3101”, obran las certificaciones y oficios de trazabilidad de actividades que permiten demostrar el cumplimiento estricto de lo previsto en la Ley 2200, al igual que las certificaciones expedidas por el Secretario General de la entidad, en las que se da cuenta del trámite impartido al proyecto de Ordenanza.

III.2. El DEPARAMENTO señaló que la parte actora pretende la

lo previsto en la Ley 2200, al igual que las certificaciones expedidas por el Secretario General de la entidad, en las que se da cuenta del trámite impartido al proyecto de Ordenanza.

III.2. El DEPARAMENTO señaló que la parte actora pretende la suspensión provisional de los efectos del acto acusado con fundamento en una situación jurídica ajena a la figura invocada, esto es, la titularidad del bien, sin cumplir los requisitos para la procedencia de la medida cautelar , habida cuenta que tanto la Ordenanza núm. 025 de 2007 como las escrituras públicas núms. 2686 y 2853 de 2007 no se encuentra n vigentes y no surte n efectos, conforme con lo ordenado en las sentencias proferidas en el proceso de acción popular de radicado núm. 63001-33-33-0062021-00210-00, pronunciamientos que constituyen título traslaticio de dominio suficiente para perfeccionar la tradición con su registro y que hacen innecesario el levantamiento de escrituras públicasNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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9 posteriores en las que se realice l a devolución del inmueble por parte de la Asociación Abrazar.

Respecto de la entrega real y material del bien por parte de la Asociación Abrazar, indicó que esta se dio el 31 de agosto de 2022, conforme consta en el acta de entrega de la misma fecha.

Respecto de la entrega real y material del bien por parte de la Asociación Abrazar, indicó que esta se dio el 31 de agosto de 2022, conforme consta en el acta de entrega de la misma fecha.

Añadió que en la solicitud de medida cautelar no se exponen argumentos concretos frente a la nulidad del acto acusado, sino que el actor se limita a reiterar la prohibición de realizar donaciones por parte de entidades públicas a particulares, situación analizada en el proceso de acción popular referido, que dio lugar a la anulación de los actos de donación y titulación y a la recuperación del predio por parte del ente.

Resaltó que no se justifican los motivos de urgencia para acceder a la medida ni se cumple la carga de la prueba de precisar y probar los derechos que se estiman amenazados o vulnerados por las normas cuestionadas.

En cuanto al argumento de falta de publicación del proyecto del acto acusado, indicó que los pantallazos aportados por el actor están incompletos, situación que, en su criterio, evidencia la faltaNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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10 de diligencia del demandante, mientras que las certificaciones expedidas por el Secretario de la Asamblea Departamental dan cuenta de que: (i) el proyecto que dio origen a la ordenanza demandada fue publicado tanto en la página web de la entidad como en un lugar visible de la Corporación el día 9 de septiembre

expedidas por el Secretario de la Asamblea Departamental dan cuenta de que: (i) el proyecto que dio origen a la ordenanza demandada fue publicado tanto en la página web de la entidad como en un lugar visible de la Corporación el día 9 de septiembre de 2022; (ii) la ponencia de primer debate se publicó el 26 de ese mes; y (iii) los debates primero y segundo se llevaron a cabo el 29 de ese mes y el 5 de octubre de 2022, respectivamente, conforme con lo ordenado en la Ley 2200.

Concluyó que no es cierto que la autorización otorgada al Gobernador del DEPARTAMENTO en la ordenanza acusada sea para la construcción del centro integral para personas en estado de discapacidad, sino que la misma tiene como objetivo financiar múltiples programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, en beneficio de toda la población del DEPARTAMENTO.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA

Mediante auto de 3 de febrero de 202 3, el Tribunal denegó la medida cautelar solicitada.

Explicó que de conformidad con el certificado de instrumentosNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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11 públicos aportado por la Asamblea Departamental de fecha 24 de septiembre de 2022, se advertía que el estado jurídico del inmueble relacionado por el actor era que: “ […] el predio con número de

11 públicos aportado por la Asamblea Departamental de fecha 24 de septiembre de 2022, se advertía que el estado jurídico del inmueble relacionado por el actor era que: “ […] el predio con número de matrícula inmobiliaria 282 -38817 – alertas en protección, restitución y formalización; para el 28 de abril de 2022 (sic) se efectuó la anotación núm. 9 que registró: Doc: SENTENCIA 057 DE 2022-03-3000:00:000 JUZGADO SEXTO ADMINIS TATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA […] Se cancela anotación núm. 1 […]”, lo que demuestra que le asiste razón a la demandada al afirmar que el predio en controversia ya no es de propiedad de la Asociación Abrazar y que el mismo retornó al Departamento.

Señaló que el material probatorio evidenciaba que para el momento en que se discutía el proyecto de ordenanza que, posteriormente, daría lugar a la ordenanza acusada , la Asamblea Departamental constató que el predio destina do a la construcción del Centro d e Atención Integral era de propiedad del Departamento y no de un particular.

Frente al argumento de falta de publicación del proyecto de ordenanza, sostuvo que de las constancias allegadas al proceso se observaba que todas las etapas de producción del acto fueron comunicadas a través de la página web de la entidad.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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V.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la decisión, el actor interpuso oportunamente recurso de apelación y afirmó que la Ordenanza 025 de 2007, que autorizó la donación a la Asociación Abrazar de los predios Estadio Municipal de Calarcá “Guillermo Jaramillo Palacio” y de las instalaciones donde funciona la referida persona jurídica , está vigente y lo seguirá hasta que la anule la jurisdic ción de lo contencioso administrativo, pues si bien los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal en el trámite de una acción popular, dispusieron la protección de los bienes, no declararon la nulidad del referido acto.

Explicó que el mencionado fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia declaró que “hacía las veces de título traslaticio del dominio ” y ordenó el registró en la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá “como medida de protección para efectos de que la titularidad del bien de uso público y el bien fiscal se restituyeran nuevamente al departamento del Quindío ”, sin que ello signifique que la Ordenanza 025 de 2007 y las escrituras públicas 2686 de 12 de diciembre y 2853 de 29 de diciembre de 2007 , que materializaron la donación, hayanNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

escrituras públicas 2686 de 12 de diciembre y 2853 de 29 de diciembre de 2007 , que materializaron la donación, hayanNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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13 desaparecido del ordenamiento jurídico.

Insistió en que según el certificado de instrumentos públicos de Calarcá de fecha 3 de noviembre de 2022, los predios dond e funcionan el Estadio Municipal “Guillermo Jaramillo Palacio” y la Asociación Abrazar, “ jurídicamente son propiedad de Abrazar Asociación”.

Adujo que el acto acusado es ilegal e inconstitucional porque desconoce el sentido del fallo de acción popular , máxime que el Registrador de Instrumentos Públicos de Calarcá, al momento de inscribir la sentencia de 30 de marzo de 2007 en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 282 -38817, “ […] no debió en la anotación 009 cancelar los efectos de la citada Ordenanza 025 de 2007 ni sus escrituras que materializaron el acto de donación, pues la sentencia no es de nulidad […]”.

Por último, solicitó que por vía de excepción se ordene inaplicar la anotación núm. 9 de 28 de abri l de 2022, del folio de matrícula inmobiliaria núm. 282 -38817, “ […] radicado: 2022 -1445,

anotación núm. 9 de 28 de abri l de 2022, del folio de matrícula inmobiliaria núm. 282 -38817, “ […] radicado: 2022 -1445, especificación: cancelación por orden judicial […]”, por violación del debido proceso.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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VI.- TRASLADO DEL RECURSO

VI.1La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO solicitó confirmar la decisión recurrida por estar ajustada a derecho y haber sido proferida observando el marco jurídico aplicable y las pruebas obrantes en el proceso , las cuales evidencia n que los predios referidos por el actor no son particulares, sino que le pertenecen al

DEPARTAMENTO.

Indicó que el escrito de apelación no contiene un fundamento claro frente al auto recurrido, toda vez que el actor alude a un “error” del Registrador de Instrumentos Públicos, situación ajena al control de legalidad del acto acusado.

Concluyó que la ordenanza demandada goza de presunción de legalidad y al tenor de los cargos presentados, sus efectos no deben ser suspendidos, por cuanto no se cumplió por parte del interesado con la carga argumentativa exigida por el artículo 229 y siguientes del CPACA.

VI.2El DEPARTAMENTO solicitó confirmar el proveído recurrido, por cuanto valoró en debida forma los medios probatorios y aplicó

con la carga argumentativa exigida por el artículo 229 y siguientes del CPACA.

VI.2El DEPARTAMENTO solicitó confirmar el proveído recurrido, por cuanto valoró en debida forma los medios probatorios y aplicó la jurisprudencia vigente.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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En cuanto a la titularidad del inmueble objeto de controversia , adujo que la sentencia proferida en el proceso de acción popular núm. 63001-33-33-006-2021-00210-00, señaló que la mis ma constituye título traslaticio de dominio “ […] suficiente para perfeccionar la tradición con su registro, siendo innecesario que medien escrituras públicas posteriores mediante las cuales se realice la devolución del inmueble […] ”, actuación que ya fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, en las anotaciones 9 y 10.

Agregó que conforme al certificado núm. 002-2023, suscrito por la Secretaría de Planeación Municipal de Calarcá, era viable el funcionamiento de la Fundación Abrazar como equipamiento institucional, en los términos de lo previsto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, esto es, el Acuerdo 015 de 2003, acto que no es objeto de nulidad en el asunto de la referencia.

Concluyó que el actor incurre en un error al afirmar que la

Ordenamiento Territorial vigente, esto es, el Acuerdo 015 de 2003, acto que no es objeto de nulidad en el asunto de la referencia.

Concluyó que el actor incurre en un error al afirmar que la suspensión provisional de los efectos del acto acusado tiene como objeto la protección de los derechos e interese s colectivos de la población del DEPARTAMENTO, habida cuenta que no ha considerado la realidad de los acontecimientos normativos yNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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16 notariales adelantados con relación al bien donde se ubica la Asociación Abrazar, en el cual no se han iniciado las obras de construcción del Centro Integral.

VII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 20219, el recurso de apelación procede en primera instancia contra el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

Comoquiera que en el presente caso el recurso interpuesto por la parte actora versa sobre la providencia por medio de la cual se denegó el decreto de una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, corresponde a la Sala conocer el presente recurso de apelación.

Problema jurídico

El Tribunal se abstuvo de decretar la suspensión provisional de los

de los efectos del acto acusado, corresponde a la Sala conocer el presente recurso de apelación.

Problema jurídico

El Tribunal se abstuvo de decretar la suspensión provisional de los

9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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17 efectos de la Ordenanza 017 de 2022, bajo el argumento de que el cargo atribuido en el escrito de solicitud de la medida, consistente en que el predio objeto de dicha Ordenanza es propiedad de un particular y no del DEPARTAMENTO, resultó desvirtuado con las pruebas allegadas al proceso y que dan cuenta que dicho inmueble, retornó a los dominios del DEPARTAMENTO.

Por su parte, el recurrente asegura que la Ordenanza 025 de 2007, que autorizó la donación a la Asociación Abrazar de los predios Estadio Municipal de Calarcá “Guillermo Jaramillo Palacio” y de las instalaciones donde funciona la referida persona jurídica, est á vigente, pues a pesar de que la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, dentro de una acción popular, ordenó cesar sus efectos, ello no implicó la anulación de

vigente, pues a pesar de que la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, dentro de una acción popular, ordenó cesar sus efectos, ello no implicó la anulación de dicho acto, porque ello solo puede ocurrir si es decl arado por la Jurisdicción Contencioso Administrativo en un proceso de nulidad.

En este orden , corresponde a la Sala examinar si procede la suspensión provisional de los efectos del acto acusado por violación de los artículos 29, 63 y 355 de la Constitució n Nacional y del Decreto 092 de 2017 , en tanto autorizan la ejecución de recursos públicos con destino a un inmueble de naturaleza privada; o si, por el contrario, asistió razón al a quo al estimar que no se configura laNúmero único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

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18 vulneración de las normas que prohí ben donaciones en favor de personas de derecho privado , porque el inmueble objeto de controversia retornó a la propiedad del Estado.

La medida cautelar consiste en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las d iversas medidas cautelares establecidas en el CPACA10 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza

CPACA10 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalida d en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,

10 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas ant erior a la conducta «vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o impone rle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).Número único de radicación 63001-23-33-000-2022-00118-01

Actor: JESÚS ANTONIO OBANDO ROA

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