CE - 632301 20240528093529

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: LUIS EDILBERTO MARROQUÍN ALARCÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Tema: Régimen de responsabilidad por daños causados por la actividad de fumigación área. Aspersión con herbicida glifosato.

Actividad peligrosa. Régimen objetivo de riesgo excepcional. No se probó el daño antijurídico. Confirma sentencia que negó pretensiones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de julio de 2009, el grupo antinarcóticos de la Policía Nacional realizó aspersión con glifosato en el municipio de Puerto Rico (Meta). Los demandantes consideran que la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la R epública, el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana son patrimonialmente responsables por la destrucción de sus cultivos

Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana son patrimonialmente responsables por la destrucción de sus cultivos de arroz , pues aducen que ello se produjo por la fumigación realizada con el herbicida referido.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 12 de octubre de 20101, Luis Edilberto Marroquín Alarcón, en nombre propio y en representación de Willy Jhanpowl Marroquín Pulido, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la destrucción de sus cultivos de arroz en el municipio de Puerto Rico (Meta).

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Luis Edilberto Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido ; por “daño a la vida de relación”, 100 SMLMV a Luis Edilberto Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido; y por daño emergente, la suma de $466.200.000 a Luis Edilberto

relación”, 100 SMLMV a Luis Edilberto Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido; y por daño emergente, la suma de $466.200.000 a Luis Edilberto Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de enero de 2009, Rodrigo Cárdenas Pérez arrendó a Luis Edilberto Marroquín Alarcón 50 hectáreas de un lote de terreno ubicado en la finca “ Agua Linda”, de la vereda El Dorado del municipio de Puerto Rico (Meta), para que fueran destinadas al cultivo de arroz.

Manifiesta que el 7 de abril de 2009, Héctor Salomón Suárez Lasprilla arrendó a Luis Edilberto Marroquín Alarcón 51 hectáreas de un lote de terreno ubicado en la finca “El Encanto” de la vereda Charco Danto del mismo municipio, avocadas a cumplir la misma finalidad.

1 Fl. 1 a 25, C. 1.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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Sostiene que el 5 de julio de 2009, la Policía Antinarcóticos fumigó con glifosato “las plantaciones y alrededores de la jurisdicción de Puerto Rico Meta” , lo que afectó “los cultivos tradicionales” y destruyó sus cosechas de arroz.

Los demandantes consideran que la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección

“los cultivos tradicionales” y destruyó sus cosechas de arroz.

Los demandantes consideran que la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana son patrimonialmente responsables por la destrucción de sus cultivos de arroz, pues ad ucen que ello se produjo por la fumigación realizada con glifosato.

Textualmente señalan en la demanda que existe una falla del servicio atribuible a las entidades accionadas, la cual “se deriva del incumplimiento de estas de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o una inactividad al no haber tomado las previsiones y precauciones de su parte al momento de fumigar por aspersión con glifosato el día 5 de julio de 2009 a eso del medio día, otros cultivos ilícitos, desconoci endo de su parte su volatilidad, lo mismo que las corrientes de aire y en consecuencia perjudicándome al fumigar mis cultivos lícitos y legales de arroz secano, el primero de extensión aproximadamente de 51 hectáreas, ubicado en la Vereda Charco Danto en la finca El Encanto, y el segundo predio de extensión aproximadamente de 50 hectáreas , ubicado en la finca Agua Linda Vereda El Dorado de jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), que sufrieron las consecuencias de este químico destruyéndolos parcia lmente y dañando la productividad de los cultivos y ocasionándome mi ruina económica (…)”.

2. Contestación

sufrieron las consecuencias de este químico destruyéndolos parcia lmente y dañando la productividad de los cultivos y ocasionándome mi ruina económica (…)”.

2. Contestación

El 7 de diciembre de 20102 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2 Fl. 117, C. 1.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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2.1. El Ministerio de Interior y Justicia3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que dentro de sus competencias no estaba la de efectuar aspersiones con glifosato. Por ello, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. El Ministerio de Defensa4 indicó que no existía prueba que diera cuenta de la falla del servicio que se le pretendía endilgar.

2.3. La Dirección Nacional de Estupefacientes5 indicó que no era la entidad competente para fumigar con glifosato. Propuso las excepciones de falta de integración del contradictorio, hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación.

2.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó la demanda extemporáneamente6.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 30 de junio de 2017 7 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 30 de junio de 2017 7 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 8 reiteró no estar legitimado en la causa por pasiva, toda vez que entre sus funciones no estaba la de fumigar con glifosato.

3.2. El Ministerio Público9 solicitó negar las pretensiones de la demanda aduciendo que los accionantes no acreditaron que el 5 de julio de 2009 se realizar on labores de aspersión con glifosato sobre sus cultivos de arroz.

3 Fl. 154 a 162, C. 1. 4 Fl. 171 a 174, C. 1. 5 Fl. 190 a 216, C. 2. 6 Fl. 246 a 249. C. 2. 7 Fl. 380, C. 2. 8 Fl. 390 a 393, C. 2. 9 Fl. 396 a 405, C. 2.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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3.3. La parte demandante y las demás accionadas guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de octubre de 201810 el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no existía prueba que diera cuenta que el 5 de julio de 2009 se realizaron operaciones de aspersión con glifosato sobre los cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín Alarcón.

cuenta que el 5 de julio de 2009 se realizaron operaciones de aspersión con glifosato sobre los cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín Alarcón.

Al respecto, indicó: “De esta manera, se tiene que no demostró que para el 5 de julio de 2009 se hubiera realizado fumigación por aspersión con glifosato sobre los predios en los cuales tenía los cultivos de arroz secano el demandante, y menos que como consecuencia del mismo hayan sufrido su destrucción, por cuanto solamente obran las manifestaciones que realiza el mismo actor ante la Personería Municipal de Puerto Rico y las quejas diligenciadas por él, sin que cuenten con más respaldo probatorio.”

5. Recurso de apelación

El 7 de noviembre de 201811, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 27 de noviembre de 201812 y admitido el 3 de mayo de 201913.

5.1. La parte demandante14 sostuvo que las pruebas del expediente permitían dar cuenta que la aspersión con glifosato realizada el 5 de julio de 2009 en el municipio de Puerto Rico (Meta) había sido la causa del deterioro sus cultivos de arroz.

Indicó que el proceso estaba viciado de nulidad porque la Policía Nacional y la Fuerza Aérea no habían sido incluidas en el auto admisorio de la demanda.

10 Fl. 422 a 435, C. Ppal. 11 Fl. 437 a 456, C. Ppal. 12 Fl. 457, C. Ppal. 13 Fl. 461, C. Ppal. 14 Fl. 437 a 456, C. Ppal.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

11 Fl. 437 a 456, C. Ppal. 12 Fl. 457, C. Ppal. 13 Fl. 461, C. Ppal. 14 Fl. 437 a 456, C. Ppal.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 18 de febrero de 202015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante16 y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República17 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, respectivamente.

6.2. El Ministerio de Justicia , el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía 18 supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

15 Fl. 469, C. Ppal. 16 Fl. 470 a 546, C. Ppal. 17 Fl. 557 a 560, C. Ppal. 18 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $257.500.000, pues el SMLMV para el año 2010 era de $515.000) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, pues aquella se estimó en $800.000.000.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

7 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8619 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos i mputables a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Ministerio de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer

19 “Artículo 86. Acción de repa ración directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier a otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvag uardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, ac túa al verificarse el

de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, ac túa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

8 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, a demás, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran sol ución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irr enunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducida d como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partesRadicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partesRadicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

9 puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, si gnifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del C.C.A., señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que se infiere que el 24 de agosto de 2009 25 Luis Edilberto Marroquín Alarcón conoció del daño alegado, pues en esa fecha presentó una queja ante el alcalde de Puerto Rico (Meta) por los daños ocasionados por la presunta aspersión de glifosato realizada el 5 de julio de 2009 en plantaciones de arroz de su propiedad; ii) que el 11 de mayo de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 8 de junio de ese mismo año 26; y, iii) que la demanda se presentó el 12 de octubre de 2010.

4. Legitimación en la causa

junio de ese mismo año 26; y, iii) que la demanda se presentó el 12 de octubre de 2010.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilid ad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inact iva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fe nece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 25 Fl. 47, C. 1. 26 Fl. 26, C. 1.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

25 Fl. 47, C. 1. 26 Fl. 26, C. 1.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

10 verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. Luis Edilberto Marroquín Alarcón está legitimado en la causa por activa, pues se acreditó que era el arrendatario de unos lotes de terreno destinados al cultivo de arroz, ubicados en el municipio de Puerto Rico (Meta), que alega haber sufrido daños por la aspersión de glifosato. De la relación del demandante con los cultivos, da cuenta copia de los respectivos contratos de arrendamiento28.

Por su parte, Willy Jhanpowl Marroquín Pulido no está legitimado en la causa por pasiva porque no demostró ser dueño o poseedor o aparcero del lote donde estaba el cultivo o cosecha afectada por la fumigación con glifosato. De hecho, no acreditó el corpus y el animus29 sobre el lote de terreno afectado ni otra situación que diera cuenta que lo explotaba de alguna manera y que se vio afectado con la fumigación del mismo.

4.2. Los intereses de l a Nación no está n debidamente representad os por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ni por el Ministerio del Interior y de Justicia (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes)30, porque dentro de sus funciones, consagradas respectivamente en los Decretos 3443 de 201031, 2159 de 199232 y 4530 200833, no se encuentran las de realizar aspersiones con glifosato.

Estupefacientes)30, porque dentro de sus funciones, consagradas respectivamente en los Decretos 3443 de 201031, 2159 de 199232 y 4530 200833, no se encuentran las de realizar aspersiones con glifosato.

27 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18. 28 Fl. 46 y 48 a 50, C. 1. 29 Código Civil, “ Artículo 762. Definición de posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la t enga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.” 30 Fl. 355 a 356, C. 2. Mediante auto del 6 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta aceptó al Ministerio de Justicia como sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

30 Fl. 355 a 356, C. 2. Mediante auto del 6 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta aceptó al Ministerio de Justicia como sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes. 31 Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010. “Por el cual se modifica la estructura del D3epartamento Administrativo de la Presidencia de la República”. 32 “Decreto 2159 del 30 de diciembre de 1992 “Por el cual se fusiona la Dirección Nacional de Estupefacientes con el Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y R ehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes.” 33 Decreto 4530 del 28 de noviembre de 2008. “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones”.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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4.3. Los intereses de la Nación se encuentra n debidamente representados por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, porque se aduce en la demanda que dicha entidad ocasionó un daño al realizar aspersión con glifosato sobre los cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín Alarcón. Al efecto, se advierte que el artículo 2 de la Resolución 1054 del 30 de septiembre de 200334 prevé que corresponde a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional -DIRAN- “el manejo de operaciones de aspersión” con glifosato.

Por demás, aunque en el recurso de apelación la parte demandante indicó que

la Policía Nacional -DIRAN- “el manejo de operaciones de aspersión” con glifosato.

Por demás, aunque en el recurso de apelación la parte demandante indicó que debía declararse la nulidad de lo actuado porque el auto admisorio 35 tuvo como parte demandada a l Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, pero no así a la Policía Nacional, lo cierto es que dicha entidad se encuentra representada por el propio Ministerio, quien obra en nombre y representación de la Nación.

A estos efectos, debe recordarse que en sentencia del 1° de octubre de 2014 esta Corporación manifestó: “[E]n el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del Decreto 1512 de 2000, ‘por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones’, dispuso que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección, a términos del artículo 2 ibídem, está a cargo de l Ministro de Defensa y, por tanto, es éste quien lo representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la Nación. Dicha representación puede delegarse en cualquiera de las dependencias del Ministerio, en la medida en que hacen part e de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio” 36.

34 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”

a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio” 36.

34 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones” 35 Fl. 117, C. 1. Mediante auto del 7 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda presentada por Luis Edilberto Marroquín y otro, contra “La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Ministerio del Interior y de Justicia - - dirección Nacional de Estupefacientes – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea de Colombia”. Razón por la que en el mismo proveído se dispuso notificar al Ministro de Defensa. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de octubre de 2014, Rad.: 33686.Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)

Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros

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Lo dicho se acompasa con lo dispuesto en el artículo 149 del CCA que dispone: “[…] En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho […]”.