CE - 64285FALTADEJURISDIC 20240422172345

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Encontrándose el proceso para dictar sentencia de segunda instancia en virtud de l recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, se advierte la falta de jurisdicción de esta Corporación para conocer el asunto , por lo que deberá anularse la sentencia emitida por el a quo y proceder a remitir el plenario a la Superintendencia de Industria y Comercio1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2016 2, Iconvisa Limitada interpuso el medio de control de reparación directa en contra del Municipio de Monterrey3 y el Consorcio Vial Monterrey 2013 4, con el fin de que se declaren responsables por haber usurpado, hurtado o plagiado el “ procedimiento para la elaboración de mezclas asfálticas densas en planta en caliente almacenables para conformar pavimentos a temperatura ambiente”; procedimiento, que contaba con la patente de invención 4-14748, otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 10250 del 31 de marzo de 2008.

2. Surtido el trámite procesal, el 30 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, dado que no se logró demostrar

2. Surtido el trámite procesal, el 30 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, dado que no se logró demostrar que para ejecutar el contrato 141 de 2013, se hubiere usurpado, plagiado o utilizado exactamente la misma creación protegida por la SIC para mezclar insumos de pavimentos asfalticos.

3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación el 13 de junio de 2019 , el cual fue admitido por el despacho el 16 de agosto de 20195.

1 Se advierte que es el despacho el competente para decidir el presente asunto, de acuerdo con lo señalado por el artículo 1253 del CPACA. 2 Folios 2 a 17, cuaderno 1. 3 En auto del 31 de octubre de 2016 se acepta el llamamiento en garantía realizado por el Municipio de Monterrey respecto de: (i) Daniel Arturo Vanegas Velásquez y Lopesan Asfaltos y Construcciones -integrantes del consorcio Monterrey 2013-; e (ii) Intervías, integrada por Ingenico LTDA., Héctor Fernando García Saray y David Ashbel Flórez Sierra (Folio 172 a 175 del cuaderno 1). En auto del 9 de marzo de 2018 se acepta el llamamiento en garantía realizado por Daniel Arturo Vanegas Velásquez respecto de la sociedad V&S Ingeniería LTDA. (Folio 161 a 162). 4 En auto del 13 de octubre de 2016 se acepta el desistimiento de la demanda respecto de Daniel Arturo Vanegas Velásquez - integrante del consorcio Monterrey 2013-. 5 Obra en el folio 326 del expediente físico.

4 En auto del 13 de octubre de 2016 se acepta el desistimiento de la demanda respecto de Daniel Arturo Vanegas Velásquez - integrante del consorcio Monterrey 2013-. 5 Obra en el folio 326 del expediente físico.

Radicación: 850012333-000-2016-00059-01 (64.285)

Demandante: Sociedad Iconvisa LTDA.

Demandado: Municipio de Monterrey y otro Referencia: Reparación directaRadicación: 850012333-000-2016-00059-01 (64.285)

Demandante: Sociedad Iconvisa LTDA Demandado: Municipio de Monterrey y otro

Referencia: Reparación directa

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

Sobre la jurisdicción competente para conocer la infracción a los derechos de propiedad industrial

4. Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, si el asunto está llamado a ser definido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aspecto que no puede ni debe entenderse san eado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 187 del CPACA6. Por eso, se ha entendido que el juzgador de segunda instancia tiene la potestad de pronunciarse oficiosament e sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de fondo7, como en este caso, lo relativo a la jurisdicción competente para conocer los hechos y pretensiones que sustentan la presente acción.

5. La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad de las demandadas y su consecuente condena por haber usurpado, hurtado o plagiado el procedimiento

la presente acción.

5. La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad de las demandadas y su consecuente condena por haber usurpado, hurtado o plagiado el procedimiento patentado “para la elaboración de mezclas asfálticas densas en planta en caliente almacenables para conformar pavimentos a temperatura ambiente”.

6. Para tal efecto, en el acápite de hechos afirmó que la patente de invención 4-14748, otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 10250 del 31 de marzo de 2008, fue “objeto de violación de derec hos de la propiedad intelectual, a través de las obras de mejoramiento de vías ”, concretamente con el ítem 2,5 de “Base estabilizada con crudo de castilla ” del contrato 141 del 25 de junio de 2013, al ser “procesada con el procedimiento patentado”.

7. Asimismo, el actor resalt ó un documento emitido por Colombia Compra Eficiente donde se expresó que “ las entidades estatales y sus agentes son responsables si en un proceso de contratación infringen dolosa o culposamente derechos de propiedad industrial leg almente reconocidos ”. De otra parte, en los fundamentos jurídicos mencion ó el artículo 2 ° de la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina de Naciones.

8. De manera clara se puede establecer que, bajo los hechos, pretensiones y fundamentos jurídicos formulados en la demanda, se pretende la protección y reparación del derecho de exclusiva sobre una patente; esto es, la infracción a los derechos de propiedad industrial8, por la utilización de la patente sin autorización de su titular.

fundamentos jurídicos formulados en la demanda, se pretende la protección y reparación del derecho de exclusiva sobre una patente; esto es, la infracción a los derechos de propiedad industrial8, por la utilización de la patente sin autorización de su titular.

9. La Decisión 486 del 2000 9 de la Comisión de la Comunidad Andina ,

6 “Artículo 187. contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación de 8 de abril de 2018. Exp. 46.005. 8 La propiedad intelectual se divide en dos categorías: (i) los derechos de autor y conexos; y (ii) la propiedad industrial. 9 Con antelación a que se adoptara la Decisión 486 de 2000, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena frente de las acciones para la protección de los derechos de propiedad industrial contemplaba una remisión a las legislacionesRadicación: 850012333-000-2016-00059-01 (64.285)

Demandante: Sociedad Iconvisa LTDA Demandado: Municipio de Monterrey y otro

Referencia: Reparación directa

3 estableció un régimen común y especial sobre propiedad industrial . En el artículo 238 y siguientes10, contempló la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, para que el titular del derecho solicite ante la autoridad nacional competente la protección de los derechos de propiedad industrial frente a eventuales infracciones o transgresiones con el fin de que cesen los actos que

238 y siguientes10, contempló la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, para que el titular del derecho solicite ante la autoridad nacional competente la protección de los derechos de propiedad industrial frente a eventuales infracciones o transgresiones con el fin de que cesen los actos que constituyan la infracción o se ind emnice por los daños y perjuicios. El mencionado instrumento internacional es aplicable al asunto, en cuanto el Estado Colombiano forma parte del mencionado sistema de integración regional11.

10. El artículo 24 del Código General del Proceso señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. A su vez, el numeral 51 del artículo 1 ° del Decreto 4886 de 2011, que modificó la estructura de la SIC, estableció que esta entidad tiene a su cargo la función de “administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

11. En este punto, también es relevante señalar que el artículo 20 del CGP les otorgó competencia a los Jueces Civiles del Circuito para conocer en primera instancia sobre los procesos relativos a propiedad industrial, esto, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que la misma norma les atribuyó a las autoridades administrativas, competencia que fue diferida por el artículo 2 4 del CGP a la Superintendencia de Industria y Comercio, para los casos de infracción a derechos de propiedad industrial.

12. Lo expuesto , permite evidenciar la regulación especial de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y c ómo el legislador cuidadosamente confió su resolución a la autoridad que es especialista en la

de propiedad industrial.

12. Lo expuesto , permite evidenciar la regulación especial de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y c ómo el legislador cuidadosamente confió su resolución a la autoridad que es especialista en la materia, para garantizar decisiones con mayor precisión técnica, lo que se traduce en calidad del servicio público de administración de justicia . Asimismo, atendió al principio de asignación eficiente12, el cual responde a la afinidad entre las funciones jurisdiccionales conferidas por la ley y aquellas que ejerce ordinariamente el órgano correspondiente, cuando lo hace en sede administrativa.

13. Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio será la competente para conocer los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial en primera instancia y las Salas Civiles de los Tribunales Superiores en segunda instancia, en virtud del numeral segundo del artículo 31 del CGP, que prevé al Tribunal como el competente para conocer las apelaciones de los procesos conocidos en primera instancia por las autorid ades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el

Juez Civil del Circuito.

14. Las disposiciones mencionadas no diferencian entre entidades públicas o

internas de los países miembros, lo cual constituía un obstáculo para el acceso a la administración de justicia aunado al tratamiento disímil que se podía dar en cada uno de los Estados parte. 10Se regulan aspectos propios, como la legitimación, pretensiones, criterios para indemnizar, medidas cautelares, entre otros. 11 En virtud de la suscripción del Acuerdo Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 y su aprobación por parte del Congreso de la República a través de la Ley 8ª de 1973.

11 En virtud de la suscripción del Acuerdo Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 y su aprobación por parte del Congreso de la República a través de la Ley 8ª de 1973. 12 Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Radicación: 850012333-000-2016-00059-01 (64.285)

Demandante: Sociedad Iconvisa LTDA Demandado: Municipio de Monterrey y otro

Referencia: Reparación directa

4 privadas como titulares de la acción por infracción de derechos, así como tampoco excluyen a dichas entidades como sujetos pasivos. Asimismo, lo ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia13 al establecer que la acción por infracción de derechos puede ser incluso adelantada frente a cu alquier el sujeto pasivo que infrinja el derecho de propiedad industrial.

15. La Corte Constitucional 14 al dirimir conflictos de jurisdicción, ha expresado que, al momento de determinar la naturaleza del conflicto, se deben aplicar de manera preferente las normas especiales -Decisión 486 del 2000 y CGP-. De esta manera ha asignado el conocimiento de las infracciones a los derechos de propiedad industrial a la Superintendencia de Industria y Comercio , ante la existencia de un procedimiento específico con pretensiones particulares.

16. En la misma línea, aunque se trata de controversias que cuentan con acciones especiales reguladas en normas diferentes a la Decisión 486 de 2000, la Corte Constitucional ha aplicado el criterio de especialidad normativa al momento de resolver sobre la juri sdicción competente para conocer de los conflictos relacionados con responsabilidad extracontractual por prácticas de competencia

Corte Constitucional ha aplicado el criterio de especialidad normativa al momento de resolver sobre la juri sdicción competente para conocer de los conflictos relacionados con responsabilidad extracontractual por prácticas de competencia desleal e infracción a derechos de autor, en las que es parte una entidad pública, eventos en los que le ha indicado que corre sponde su conocimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio - competencia desleal-15 y a los Jueces Civiles del Circuito -derechos de autor-16, respectivamente.

17. De otra parte, a pesar de que el CPACA le otorgó competencia al Consejo de Estado en única instancia y después a los Tribunales Administrativos -en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 -, para conocer de los procesos de propiedad industrial, esta se refiere solo a la legalidad de los actos administrativos de registro17 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio18. De manera que esta jurisdicción será competente cuando se demanden actos registrales bajo el medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.

18. En el caso concreto, se pretenden la reparación de los supuestos perjuicios causados por la utilización sin autorización la de patente de invención 4 -14748, otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 10250 del 31 de marzo de 2008 , asunto propio de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial , regulada en los artículos 238 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 y cuyo conocimiento fue asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio19, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 201220.

derechos de propiedad industrial , regulada en los artículos 238 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 y cuyo conocimiento fue asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio19, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 201220.

13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 8 de noviembre de 2018, 447-IP-2017. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 14 Consultar: (i) Corte Constitucional, Auto 368/23, M.P. Juan Carlos Cortés González; y (ii) Corte Constitucional, Auto 1001/22, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 15 Para efecto consultar los Autos: 1842/22, 1908/22, 840/23, 368/23, 1036/22, 270/23, 487/23 y 1560/23. 16 Para efecto consultar los Autos:430/22, 258/23, 1238/23, 1593/23 y 270/23. 17 Como referencia se pueden consultar los procesos:11001032400020150048000,11001032400020160051000, 11001032400020130000900, 11001032400020100040901, 11001032400020110044400, entre otros. 18 En ejercicio de las funciones consagradas en los artículos 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011. 19 En auto del 7 de julio de 2023, dentro del proceso 22-216828, la Superintendencia de Industria y Comercio indicó “ ser la autoridad competente para conocer de las acciones que se inicien por presunta violación a los derechos de propiedad industrial”. 20 “Artículo 24. ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que

autoridad competente para conocer de las acciones que se inicien por presunta violación a los derechos de propiedad industrial”. 20 “Artículo 24. ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: (…) 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:Radicación: 850012333-000-2016-00059-01 (64.285)

Demandante: Sociedad Iconvisa LTDA Demandado: Municipio de Monterrey y otro

Referencia: Reparación directa

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19. Por consiguiente, no es esta la jurisdicción que debe conocer de los conflictos asociados a la infracción del derecho de exclusiva que se conoce bajo las leyes e instrumentos internacionales en asuntos de propiedad intelectual.

20. El artículo 138 del CGP , preceptúa que cuando se declare la falta de jurisdicción, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente y si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. Asimismo, el artículo resalta que la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. La prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su v alidez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

21. Se deberá declarar la nulidad de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Casanare. Tal declaratoria no afecta la validez de lo actuado con anterioridad a la expedición de la sentencia referida.

22. En mérito de lo expuesto,

2019, por el Tribunal Administrativo de Casanare. Tal declaratoria no afecta la validez de lo actuado con anterioridad a la expedición de la sentencia referida.

22. En mérito de lo expuesto,

III. R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR la falta de jurisdicción de esta Corporación para decidir esta controversia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por el 30 de mayo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Casanare, por falta de jurisdicción.

TERCERO: En firme este proveído, REMITIR el expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio . Infórmese lo pertinente al Tribunal Administrativo de Casanare y háganse las anotaciones de rigor en el sistema SAMAI.

CUARTO: Para efectos de notificaciones judiciales, téngase en cuenta la información que se encuentra registrada en la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial”. (Negrilla fuera del texto).