CE - 65632023PensionGra 0 20240903112600912

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

Demandante: Luz Stella Soto Velasco Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial y nacionalizada. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022 . CONFIRMA

SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora LUZ STELLA SOTO VELASCO instauró demanda en contra de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en

La señora LUZ STELLA SOTO VELASCO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 007941 del 26 de febrero de 2015, (ii) RDP 015417 del 21 de abril de 2015, y (iii) RDP 019938 de 21 de mayo de 2015; por medio de las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la actora y confirmó tal decisión respectivamente al resolver los recursos de reposición y apelación.

1 Folios 32 a 33.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la accionante conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto,

previsiones de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto, reajustadas anualmente desde el 2 de abril de 2008.

Que la parte pasiva dé cumplimiento al fallo en los términos de l artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundament ó la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que la demandante nació el 2 de abril de 1958 . Que e n su vida laboral estuvo vinculada al magisterio nombrada mediante Decreto 1754 del 31 de diciembre de 1975 en calidad de directora en la Escuela Pantano de Vargas del municipio de Cali desde el 27 de enero de 1976 hasta el 15 de abril de 1983.

Que luego fue designada como docente titular mediante Decreto 0095 del 25 de enero de 1990 en el Distrito Educativo República Santo Domingo, de sde el 26 de febrero de 1990 hasta el 11 de diciembre de 2003. Que posteriormente fue incorporada al municipio de Cali en la Institución Industrial Pedro Antonio Molina, desde el 12 de diciembre de 2003 hasta la presentación de la demanda (28 de julio de 2015).

Que, el 4 noviembre de 2014, la reclamante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP. Que la referida e ntidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 007941 del 26 de febrero de 2015 , para

pensión gracia ante la UGPP. Que la referida e ntidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 007941 del 26 de febrero de 2015 , para lo cual manifestó que los certificados aportados para acreditar el tiempo de servicios son contradictorios, ya que en algunos consta que la vinculación es nacional y otros es nacionalizados, por lo que no era procedente acceder a la petición.

Que la actora presentó recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión los cuales fueron resueltos de manera negativa a través de la s Resoluciones RDP 015417 del 21 de abril de 2015 y RDP 019938 de l 21 de mayo de 2015 respectivamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

2 Folios 33 a 34. 3 Folios 34 a 37.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 2, 25, 58 y 84 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del Código Civil; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 al 4 de la Ley 114 de 1913; 3, 4 y 13 de la

Ley 39 de 1903; igualmente los Decretos 1848 de 1969, 435 de 1971, 446 de 1973, 1221 de 1975, 224 de 1972, 0671 de 1984 ; así como las Leyes 91 de 1989, 4 de 1976, y 153 de 1887; y Decreto Ley 2277 de 1979. Que la entidad demandada viola las normas citadas toda vez que la accionante cumplió con los requisitos exigidos en las mismas, esto es, tener vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 como educadora nacionalizada nombrada por el Decreto 1754 del 31 de diciembre de 1976, ejerciendo desde el 27 de enero de 1976 y, además, laboró por más de 20 años al servicio del magisterio.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de febrero de 20164 y notificada a la UGPP5, quien radicó memorial de contestación 6 en el que manifestó que, a la accionante no le asiste el derecho reclamado, dado que prestó los servicios, según los documentos aportados en la demanda, como docente de orden nacional, por tanto, no satisface las exigencias de las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en lo que se refiere a haber laborado 20 años de servicios en instituciones educativas como maestra territorial o nacionalizada. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo debido, (ii) ausencia de vicios de los actos administrativos demandados, y, (iii) prescripción. En la audiencia inicial7 el tribunal advirtió que no se vislumbraba vicio procedimental

demandada y cobro de lo debido, (ii) ausencia de vicios de los actos administrativos demandados, y, (iii) prescripción. En la audiencia inicial7 el tribunal advirtió que no se vislumbraba vicio procedimental que invalidara lo actuado, que la UGPP no propuso excepciones previas y tampoco encontró probada de oficio ninguna . Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio en determinar si la actora tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia con inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional; además se declaró la falta de ánimo conciliatorio y se incorporaron las pruebas aportadas, por lo que, d e conformidad con el inciso final del artículo 179 del CPACA, se corrió traslado para alegar de conclusión.

Por auto de mejor proveer 8, se solicitó al departamento del Valle del Cauca , al municipio de Santiago de Cali y al Fondo de Prestaciones Sociales d el Magisterio que certificaran si las plazas ocupadas por la reclamante eran de carácter territorial, nacional o nacionalizada, aportando copia de los actos administrativos donde conste

4 Folios 42 a 44. 5 Folio 50. 6 Folios 63 a 69. 7 Folios 82 a 84. 8 Folio 95.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

el vínculo y las situaciones administrativas que tuvo la docente.

www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

el vínculo y las situaciones administrativas que tuvo la docente.

Frente a lo anterior, el municipio de Santiago de Cali dio respuesta mediante oficio

FAGM 03303.9

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de julio de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demand a en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos reprochados , y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la accionante desde el 2 de abril de 2008, pero con efectos fiscales a partir del 4 de noviembre de 2011 por haberse decretado la prescripción trienal de mesadas.

Argumentó que, la entidad demandada reconoció que los servicios prestados desde el “27 de enero de 1976” (sic) hasta el 30 de enero de 1983 no están en discusión en la medida en que la actora fue docente con vinculación de tipo nacionalizada, lo que igualmente se acredita con el certificado de tiempo de servicios aportado.

Que, aun en el entendido de que la UGPP comput ó el tiempo de servicios anteriormente mencionado, no tuvo en cuenta los límites temporales que se acreditaron con la mencionada certificación laboral, siendo lo correcto el siguiente: desde el 14 de enero de 1976 (fecha del acto de posesión folio 109), y no desde el 30 de enero de 1976 como se indica en el acto acusado , esto hasta la fecha de

desde el 14 de enero de 1976 (fecha del acto de posesión folio 109), y no desde el 30 de enero de 1976 como se indica en el acto acusado , esto hasta la fecha de retiro ocurrido el 30 de enero de 19 83, período que es equivalente a 6 años, 11 meses y 19 días (ya que no se puede tener en cuenta la licencia no remunerada del 1 de febrero de 1981 hasta el 28 de febrero 1981). Que dicho lapso no está en discusión y debe considerarse para calcular el requisito de tiempo de servicio.

Que, conforme al material probatorio practicado, es claro que los nombramientos realizados por el departamento del Valle del Cauca fueron en plazas del Municipio de Cali y, en gracia de discusión, es evidente también que la designación realizada por el municipio de Cali a partir del 12 de diciembre de 2003 fue en una relación legal y reglamentaria de carácter municipal financiada con recursos del sistema general de participaciones, pues así expresamente lo indicó el acto que aceptó su traslado.

Que, siguiendo los lineamientos expuestos por el Consejo de Estado en sentencia del 21 de junio de 2018 ( 3805-2014), lo esencial para este tipo de casos es definir con exactitud el “origen de los recursos de la entidad nominadora” (…) , bajo el entendido de que “en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal,

9 Folios 104 a 115. 10 Índice 34 de SAMAI – Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

9 Folios 104 a 115. 10 Índice 34 de SAMAI – Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

hoy sistema general de participaciones”, tal como se verificó en el presente caso en el cual quedó acreditada la calidad de docente nacionalizada de la accionante.

Que, al verificar lo anterior y tras cumplir los demás requisitos, es necesario acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte activa, desde el 2 de abril de 2008, cuando la reclamante cumplió 50 años, pues los acreditó los 20 años de servicio en 2003.

Que, con base en lo anterior, efectivamente se encuentra configurada la excepción de prescripción de mesadas, puesto que la demandante solo radicó la solicitud de pensión gracia hasta el 4 de noviembre de 2014 cuando ya habían transcurrido los 3 años de que trata el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo que la fecha de efectos fiscales del derecho sería a partir del 4 de noviembre de 2011.

RECURSO DE APELACIÓN11

La parte demandada mostró su inconformidad con el fallo de primera instancia, por lo que solicitó que esta sea revocada y en su lugar se nieguen las pretensiones de la actora.

Argumentó que, en sede administrativa la reclamante no aportó las pruebas suficientes para validar el cumplimiento del requisito previstos en el artículo 1 .° de

la actora.

Argumentó que, en sede administrativa la reclamante no aportó las pruebas suficientes para validar el cumplimiento del requisito previstos en el artículo 1 .° de la Ley 114 de 1913, el cual establece un término no menor a veinte años de servicio al magisterio mediante una vinculación nacionalizada, departamental o municipal. Que, por tanto, la UGPP obró en legal y debida forma en la expedición de los actos administrativos censurados al negarle el reconocimiento y pago de la pensión gracia, toda vez que no logró acreditar lo anterior.

Que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, ya que constituye una exigencia indispensable para su viabilidad el hecho de que el maestro no reciba retribución alguna de la Nación por servicios que le preste a la misma, o que no se encuentre pensionado por cuenta de esta. Que, en tal sentido, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores territoriales.

Que, según los datos suministrados por el FOMAG, la accionante fue una docente nacional desde el 26 de febrero de 1990 , y como esta no aportó en debida forma los documentos requeridos por la entidad para realizar el estudio efectivo de su petición, toda vez que no se allegaron los certificados de información laboral y factores salariales en formato CETIL de los periodos laborados, resulta imposible determinar inequívocamente el tipo de nombramiento mediante el cual prestó sus servicios a la docencia, lo que implica denegar las pretensiones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

11 Índice 38 de SAMAI – Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

11 Índice 38 de SAMAI – Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 4 de diciembre de 2023,12 en el que se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a menos que se presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían pronunciarse sobre el mismo, pero estos guardaron silencio.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente los relativos a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya

período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magis terio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3 .° de dicha norma estableció que : «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

12 Índice 8 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

7

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos

señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 13. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indica ndo que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes v inculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y

de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes v inculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totali dad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participac iones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concept o del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salar iales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos re cursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se

dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo edu cativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defe cto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recurs os de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos

respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de particip aciones.» (Resaltado del texto original)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00841-01 (6563-2023)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la p laza a ocupar, lo cual se puede advertir , entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con inde pendencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10

financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,16 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de l