CE-66001-23-31-000-2006-00553-02(16981)-2011

TERMINOS EN MATERIA TRIBUTARIA – Para su regulación debe remitirse al Código de Régimen Político y Municipal / PLAZOS EN DIAS MESES O AÑOS – Se entienden que terminan a la media noche del último día del plazo / PRIMER DIA DEL PLAZO – Significa el punto de partida para el inicio del cómputo del término que no está establecido en días / PLAZO EN MESES O AÑOS – Comienza a correr de mes a mes o año a año / PRIMER DIA DEL PLAZO – Fecha en que se notifica o se ejecuta el acto procesal indicativo del término / REQUERIMIENTO ESPECIAL – Dos años a la fecha del vencimiento del plazo para declarar / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL –Tres meses desde la notificación del requerimiento / DERECHO DE DEFENSA – No se vulnera cuando la Administración se equivoca en el término para contestar el requerimiento especial y el contribuyente lo presenta en tiempo Para establecer la forma como se deben contabilizar los términos se acude al Código de Régimen Político y Municipal, comoquiera que ni el Estatuto Tributario ni el Código Contencioso Administrativo contienen una regulación sobre el tema, y las reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal se aplican “en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa”(art. 59). El artículo 59[1] citado establece que “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que

terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal”; y el inciso segundo prevé que “El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días según los casos”. Cuando se trata de términos de “meses” o “años”, los plazos corren de fecha a fecha, es decir, el número del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo número del mes o año en el que termina. Por ello, cuando la norma se refiere, en este caso, al “primer día de plazo” significa la fecha de la notificación o del acto procesal que es el punto de partida para el inicio del cómputo del término que no está establecido en días. Tanto es, que la norma advierte que el plazo de un mes o de un año no siempre tiene el mismo número de días; en el primer caso podrá ser de 28, 29, 30 ó 31 días, y en el segundo, de 365 o 366 días, según corresponda. Contrario a cuando los términos son fijados en días, los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario, esto es, incluyendo los días inhábiles; es decir, cuando el plazo se fija en meses o en años el plazo comienza a correr de mes a mes o año a año, independientemente de que el día siguiente al de la notificación sea hábil o

inhábil; y el primer mes del término finaliza a la media noche del día cuyo número corresponda con el de la fecha de notificación. La Sala ha precisado que el “primer día del plazo” corresponde a la fecha en que se notifica o se ejecuta el acto procesal indicativo del inicio del término. Sobre la forma de computar los términos de meses o años en diferentes eventos, la Sala se ha pronunciado en varias ocasiones refiriéndose al plazo de un mes para responder el pliego de cargos contado a partir de su notificación, o para expedir el requerimiento especial (dos años a la fecha del vencimiento del plazo para declarar), darle su respuesta (tres meses desde la notificación del requerimiento), o para expedir la liquidación oficial (seis meses desde el vencimiento del plazo para responder el requerimiento) o para recurrirla. Por las razones expuestas, para la Sala los tres meses para responder el requerimiento especial según el artículo 707 del Estatuto Tributario, no iniciaron el día siguiente al de la notificación, porque no es un plazo fijado en días. El artículo 707 del Estatuto Tributario expresamente dispone que el término inicia el día de la notificación del acto. Observa la Sala que si bien la DIAN señaló que el contribuyente tenía plazo para contestar el requerimiento especial hasta el 2 de octubre de 2004, cuando el plazo vencía el 4 de octubre del mismo año, tal error no vulneró el derecho de defensa que le asiste al demandante, toda vez que presentó oportunamente la respuesta al requerimiento especial y, adicionalmente, el día 2 de octubre de 2004 correspondió a un día no hábil (sábado), razón por la cual, conforme al artículo 62 del Código de Régimen

Político y Municipal, se trasladó el término al primer día hábil siguiente.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 707

AUTO QUE DECRETA LA INSPECCION TRIBUTARIA – El Estatuto no señala que debe notificarse al representante legal de la sociedad / RECURSO DE RECONSIDERACION – Plazo para interponerlo El Estatuto Tributario no consagra la obligatoriedad de notificar el auto de inspección tributaria al representante legal de las sociedades, el artículo 779 ib expresamente señala que la inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, sin hacer distinción al respecto, lo anterior en concordancia con el artículo 565 ib. Por otra parte, observa la Sala que la diligencia fue realizada en las instalaciones de la actora, con la anuencia del representante legal y del revisor fiscal; así la notificación del auto de inspección tributaria cumplió su finalidad de dar a conocer al interesado la decisión de la Administración encaminada a la práctica de una inspección tributaria, sin que hubiera violado el derecho de defensa, por lo cual la pretendida nulidad no tiene vocación de prosperidad. No prospera el cargo. Respecto al argumento según el cual en la liquidación oficial de revisión se encuentra la constancia de notificación de fecha 30 de marzo de 2005, cuando en realidad se efectuó tal diligencia el 31 de marzo de 2005, violando de esta forma, la DIAN, el debido proceso, puesto que la Administración dio por vencido el término para interponer el recurso de reconsideración el 30 de mayo de 2005, un día antes de la fecha real de vencimiento, observa la Sala lo siguiente: Conforme se expuso anteriormente, los

dos meses para interponer el recurso de reconsideración, según el artículo 720 del Estatuto Tributario, no iniciaron el día siguiente al de la notificación, porque no es un plazo fijado en días. El artículo 720 del Estatuto Tributario expresamente dispone que el término inicia el día de la notificación del acto.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 779 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 720

NOTIFICACION POR CORREO – Se aplica el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley 788 de 2002 / DEDUCCION POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PROPIOS PARA EL CUBRIMIENTO PARCIAL DEL SERVICIO FUNERARIO, TALES COMO COFRES FÚNEBRES, VELONES, FLORES – no procede porque no se demostraron los requisitos de las expensas necesarias / DEDUCCION POR SALARIOS – Para que proceda el contribuyente debe aportar el paz y salvo por el pago de aportes parafiscales Observa la Sala que el artículo 5º de la Ley 788 de 2002modificó el artículo 566 del Estatuto Tributario, señalando, en forma expresa, que la notificación por correo se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la Administración, de esta forma, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, no tiene aplicación el artículo 1º del Decreto 1350 de 2002, por cuanto esta norma estableció un tratamiento diferente a la notificación por correo de que trata el artículo 566 del ordenamiento fiscal modificado. Observa la Sala que la demandante no refutó los argumentos

planteados por el a quo ni por la Administración. Se limitó a reiterar que en el momento de iniciar las negociaciones y acuerdos de servicios fúnebres prestadas por medio de las distintas funerarias del país, la demandante ya tenía algunas existencias de cofres y elementos de servicio funerario, los que debía consumir como costo o gasto en la operación de Cooinpaz Ltda, sin demostrar que los servicios prestados están contablemente respaldados, que las facturas cumplen con los requisitos legalmente establecidos para demostrar tales erogaciones, que los gastos asumidos son proporcionales y tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta. El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales; es decir, se requiere que el contribuyente haya pagado los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F. como requisito ineludible para su deducibilidad. Para ese efecto, el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable. Adicionalmente los empleadores deberán demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993. La Sala ha precisado que el paz y salvo por aportes parafiscales es requisito sine qua non de la deducción por salarios, precepto que responde a fines de política pública fiscal, obligación que está contenida expresamente en el artículo 108 del Estatuto Tributario. Observa la Sala que a pesar de que la Administración requirió al contribuyente en repetidas ocasiones (requerimiento ordinario, inspección tributaria, requerimiento especial)

para que allegara los correspondientes paz y salvos, la actora se limitó a alegar la procedencia parcial de la deducción sin subsanar las inconsistencias advertidas por la Administración. Acorde con lo señalado por el a quo y lo expresado por esta Corporación, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 108 del Estatuto Tributario debe ser total, en consecuencia, no se puede pretender el cumplimiento parcial de los presupuestos legalmente establecidos, para acceder al beneficio fiscal reclamado.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 108

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá, D.C., julio veintiocho (28) de dos mil once (2011) Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00553-02(16981)

Actor: COOPERATIVA DE INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ –

COOINPAZ LTDA.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, denegatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la Sociedad Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz – Cooinpaz Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira modificó la declaración de renta presentada por el año gravable 2001.

I) ANTECEDENTES

La COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA. COOINPAZ LTDA. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2001 el 2 de abril de 2002 con el No. 5302060541600, registró un saldo a pagar de cero (-0-) pesos. Mediante auto del 10 de octubre de 2003 la Administración comisionó a algunos funcionarios para practicar una Inspección Tributaria en las oficinas de la demandante. El 20 de octubre de 2003 los funcionarios comisionados realizaron la visita anunciada, atendida por el revisor fiscal de la sociedad, en la que se exhibieron los estados financieros del año gravable 2001, el acta de la asamblea de accionistas, fotocopia del libro mayor y balances y la relación del anexo de cargos diferidos, proveedores, ingresos administrativos, sociales y servicios, entre otra información. El 9 de febrero de 2004 nuevamente la DIAN realizó una visita a las oficinas de la sociedad, con fundamento en el auto de inspección No. 00224, diligencia que fue atendida por el revisor fiscal de la demandante. El 30 de junio de 2004 la Administración realizó visita a la actora, con base en el mismo auto de inspección No 00224, diligencia que fue aplazada. El 1º de julio de 2004 la DIAN reanudó la inspección, diligencia en la que solicitó los registros auxiliares de la cuenta de gasto 513030, aportes al ISS y cuenta 513032 caja año 2001. El 1º de julio de 2004 se levantó el acta de inspección tributaria No.

100762003000224, en la que se propuso la modificación de la declaración de renta del año gravable 2001 en los siguientes aspectos:  Adición de ingresos por valor de $747.849.878.  Desconocimiento de otras deducciones correspondientes a “Auxilios – donaciones – subsidios” por valor de $225.719.990.  Desconocimiento de salarios por $1.273.772.000. El 2 de julio de 2004 la DIAN profirió el Requerimiento Especial No. 160762004000149, por medio del cual propuso modificar la declaración de renta presentada por la actora. El 29 de marzo de 2005 la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 160642005000018, notificada por correo el 30 de marzo de 2005, en la que se propuso:  Adicionar el valor declarado de otros ingresos en $747.850.000, por efecto de la diferencia entre la información reportada por el revisor fiscal por $1.294.815.503, y la declarada en cuantía de $546.965.625.  Desconocer salarios por valor de $1.273.772.000, por el incumplimiento en el pago de aportes parafiscales.  Desconocer “otras deducciones” por $225.720.000, provenientes del concepto “Auxilios, donaciones y subsidios”. El 27 de mayo de 2005 la demandante interpuso el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial de revisión, resuelto mediante la Resolución No. 160772006000002 del 20 de febrero de 2006, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

1. DEMANDA Ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el apoderado judicial de la sociedad

COOPERATIVA DE INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ – COOINPAZ LTDA. solicitó que: “Se declare la Nulidad de la resolución No. 160772006000002 de fecha 20 de febrero de 2006, expedida por la División Jurídica de la ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE PEREIRA, notificada personalmente el 24 de febrero de 2006, mediante la cual se desató el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión No. 160642005000018 de fecha 29 de marzo de 2006, proferida por la División de Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira. Se declare la Nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Renta No. 160642005000018 de fecha 29 de marzo de 2006, proferida por la División de Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, notificada (sic) el 30 de marzo de 2005, mediante la cual se modificó la liquidación privada correspondiente a la declaración de renta y complementarios presentada por mi representada y correspondiente por el año gravable 2001. Se declare la Nulidad del acto administrativo No. 160762004000149 de fecha 2 de julio de 2004, proferido por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, notificada (sic) el 2 de julio de 2004, mediante la cual se propuso la modificación de la liquidación privada correspondiente a la declaración de renta y complementarios presentada por mi representada y correspondiente por el año gravable 2001. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se

ordene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE PEREIRA, el restablecimiento del derecho de la demandante declarando en firme su liquidación privada declaración de renta del año gravable y complementario por el año gravable 2001 presentada el día 2 de Abril del año 2002 en el

BANCAFE”.

Citó como normas violadas las siguientes:  Constitución Política: Artículos 2 y 29.  Estatuto Tributario: Artículos 556, 664, 683, 705, 714, 730, 742, 771-2 y 779.  Código de Procedimiento Civil: Artículos 174 y 313  Código de Comercio: Artículo 358  Decreto 2503 de 1987: Artículo 77. El concepto de violación se resume así: Violación de los artículos 556, 714 y 779 del Estatuto Tributario; 29 y 313 del Código de Procedimiento Civil, y 77 del Decreto 2503 de 1987. La sociedad demandante presentó la declaración de renta por el año gravable 2001 el 2 de abril de 2002, con vencimiento del plazo para declarar del 5 de abril de 2002, según el Decreto 9795 de 2001. De acuerdo con el artículo 705 del Estatuto Tributario, la Administración tenía plazo para notificar el requerimiento especial hasta el 5 de abril de 2004. La Administración inició investigación tributaria de oficio a la sociedad demandante, actuación que no fue notificada a su representante legal. La diligencia fue atendida por el revisor fiscal, quien no tiene la facultad de representación legal de la sociedad.

Conforme con el artículo 77 del Decreto 2503 de 1987, en concordancia con el artículo 556 del Estatuto Tributario, el auto que ordena la inspección tributaria debe ser notificado al representante legal de la persona jurídica. La Administración, al darle validez jurídica vinculante a la inspección tributaria, violó el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ésta no puede producir efectos jurídicos por no haber sido notificada en debida forma al representante legal de la sociedad actora. La sociedad actora solicitó que se declare que al no haber sido notificado el auto comisorio que ordenó la inspección judicial en debida forma al representante legal de la actora, esta actuación no produjo efectos jurídicos y, por ende, no se suspendió el término para notificar el requerimiento especial. En consecuencia, el Requerimiento Especial No. 160762004000149 del 2 de julio de 2004 fue notificado por fuera del término previsto en el artículo 705 del Estatuto Tributario, por cuanto no operó la alegada suspensión de términos. Violación del artículo 705 del Estatuto Tributario por desconocimiento de los términos legales prescritos. La sociedad actora alegó que la Administración violó el debido proceso al proferir la liquidación oficial de revisión sin cumplir el requisito procedimental de la expedición del requerimiento especial dentro del término previsto en el artículo 705 del Estatuto Tributario, razón por la cual se debe declarar la nulidad del Requerimiento Especial No. 160762004000149 del 2 de julio de 2004 y la Liquidación Oficial de Revisión No. 160642005000018 del 29 de marzo de 2005.

Violación del debido proceso art. 29 de la Constitución Política, violación del artículo 730 del Estatuto Tributario. La liquidación oficial de revisión fue entregada por correo el 30 de marzo de 2005, luego, se entiende notificada el 31 de marzo del mismo año. En consecuencia, el término para interponer el recurso de reconsideración debe ser contado a partir del 31 de marzo de 2005 hasta el 31 de mayo de 2005, y no como equivocadamente lo afirmó la administración al señalar: “…término contado a partir del día 30 de marzo de 2005 hasta el día 30 de mayo de 2005”. Violación al debido proceso, y violación de los artículos 556 y 747 del Estatuto Tributario. La Administración violó el debido proceso que le asiste a la demandante, toda vez que pretende, con fundamento en el artículo 747 del Estatuto Tributario, darle el valor de confesión a las manifestaciones hechas por el revisor fiscal de la compañía, el cual no ostenta la calidad de representante legal de la misma. La DIAN no valoró las restantes pruebas que obran en el expediente, que demuestran que la demandante tiene agencias en todo el territorio colombiano, divididas en 4 regiones así: Regional Bogotá, Regional Pereira, Regional Villavicencio y Regional Barranquilla. Cada regional se divide en cabeceras (ciudades principales), las cabeceras son las que están conformadas por las oficinas y los ingresos de los municipios circunvecinos, y por sus propios ingresos. Los ingresos de las cabeceras los constituyen los propios ingresos de sus oficinas, más los ingresos de los municipios que la conforman. Luego el total de

los ingresos de las cabeceras conforman los ingresos regionales, y la sumatoria de la totalidad de los ingresos de las regiones constituye el total de los ingresos del país. Por ejemplo, para el caso de la regional o zona de Bogotá, sus ingresos se encuentran conformados por los ingresos de las cabeceras agencia Bogotá, Tunja y Bucaramanga, y los ingresos de la cabecera Bogotá están integrados por los de las oficinas en Bogotá y demás oficinas de los municipios cercanos, tales como Fusagasugá, Facatativá, Villeta, Sasaima, sus oficinas locales, entre otros. La agencia cabecera Bogotá reportó ingresos por la suma de $546.965.625, tal como está reflejado en los libros oficiales, y la regional Bogotá, que incluye los ingresos de la agencia Bogotá, reportó como total de toda la regional $1.294.815.203. Cuando la Administración ordena la adición de ingresos por $747.850.000 está obligando a la demandante a tributar doblemente por el valor de los ingresos de las demás agencias u oficinas que componen la zona o regional Bogotá. Violación al debido proceso por desconocimiento total de salarios pagados por $1.273.772.000. Violación de los artículos 664 y 683 del Estatuto Tributario. La Administración desconoció la totalidad de los salarios pagados por la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda., por la suma de $1.273.772.000, correspondientes al año 2001, porque la demandante no aportó la totalidad de los soportes de pago, y paz y salvo de todas las agencias, y porque los soportes

remitidos se expidieron en fotocopia, en algunos casos no legibles, y adicionalmente no vinieron acompañados de ninguna relación o auxiliar contable que demostrara la base para la liquidación de los aportes parafiscales y de seguridad social. La DIAN violó el artículo 742 del Estatuto Tributario, toda vez que omitió la verificación de las planillas de pago de los aportes al Instituto de Seguros Sociales, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las Cajas de Compensación Familiar. Violación al debido proceso por desconocimiento de deducciones por $225.720.000. Violación del artículo 683 del Estatuto Tributario. La Administración desconoció deducciones por $225.720.000, derivadas de la adquisición de elementos propios para el cubrimiento parcial del servicio funerario, tales como cofres fúnebres, velones, flores, entre otros. Lo hizo por considerar que los soportes contables se aportaron en fotocopias, y no vinieron acompañados de ninguna relación o auxiliar contable. Esta afirmación la hace la Administración sin establecer a cuáles documentos se refiere, lo que no permitió al contribuyente ejercer el principio de contradicción de la prueba. De igual forma el actuar de la Administración es violatorio del artículo 683 del Estatuto Tributario, habida cuenta que es obligación del funcionario propugnar por la adecuada aplicación de las leyes que permitan que no se desmejore, de manera injustificada, la situación del administrado con relación a la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales.

1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La DIAN se opuso a las pretensiones de la actora, con fundamento en los

siguientes argumentos: Alega el demandante que la DIAN violó los artículos 556, 714 y 779 del Estatuto Tributario, toda vez que el auto de inspección tributaria no se le notificó directamente al representante legal de la Cooperativa, argumento que no comparte la Administración, toda vez que, conforme al artículo 565 ib, los autos que ordenen inspecciones tributarias deben notificarse por correo o personalmente. El auto de inspección tributaria fue notificado en debida forma, puesto que se envió por correo a la dirección informada por el contribuyente, como en efecto ocurrió: “…a folio 40 obra acuse de recibo Nro. 73924 del Auto Nro. 160762003000224, la cual aparece firmada por CLAUDIA AGUDELO, y fue entregado en la carrera 6 Nro. 15-35 de la ciudad de Pereira el 16 de octubre de 2003”. Al quedar demostrado que el auto de inspección tributaria fue notificado en debida forma y que la inspección se realizó dentro del término de firmeza de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2001, sí operó la suspensión de términos prevista en el artículo 706 del Estatuto Tributario y, por ende, tanto el acto preparatorio como el de determinación se notificaron dentro de los plazos legalmente establecidos. Señaló la DIAN que al notificarse el auto de inspección tributaria y realizarse la diligencia dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar, el plazo de firmeza se suspendió por tres meses más, de conformidad con el artículo 706 del Estatuto Tributario: “…lo cual nos da: 05.04.02, fecha de

vencimiento para declarar, el 10.10.03, se profiere el auto de inspección y la diligencia se inicia el 20.10.03, por tanto la Administración tenía plazo para notificar el requerimiento especial hasta el 05.07.04, y lo notifica por correo certificado el 02.07.04, según acuse de recibo Nro. 50474 ADPOSTAL, visto a folio 3143, dentro de la oportunidad legal”. Respecto de la alegada violación del artículo 556 del Estatuto Tributario, por cuanto la visita de inspección tributaria fue atendida por el revisor fiscal del demandante, y no por el representante legal de la Cooperativa, señaló la DIAN que el artículo 556 ib consagra la representación legal de las personas jurídicas, y el revisor fiscal no tiene tal representación, pero lo normal, cuando la Administración realiza una inspección tributaria, es que sea atendida por el contador o el revisor fiscal, y se entiende que está autorizado por el representante legal, ya que está en sus instalaciones y tiene la información y los documentos contables a cargo de la empresa. Está demostrado que el auto de inspección tributaria se notificó conforme a la normatividad vigente, y se realizó la inspección tributaria. Por tanto, operó la suspensión de términos prevista en el artículo 714 ib, así: “…el requerimiento se notificó el 02.07.04, el contribuyente tenía plazo para contestar hasta el 02.10.04, a partir de esta fecha la liquidadora tiene seis (6) meses para notificar la liquidación de revisión, lo que nos da el 02.04.05, y la liquidación de revisión se notifica el 30.03.05, según acuse de recibo número 20835 de ADPOSTAL, lo que

también nos muestra, que el acto de determinación de impuestos quedó notificada dentro del término legal”. Respecto a la alegada violación del artículo 730 del Estatuto Tributario, por la pretermisión de términos para dar respuesta al requerimiento especial, señaló que el contribuyente se notificó del requerimiento especial el 2 de julio de 2004, razón por la cual contaba con tres meses para su respuesta, hasta el 2 de octubre de

2004. Revisado el cuaderno de antecedentes se observó que la Administración no profirió ningún acto en ese lapso, solamente aparece la respuesta del contribuyente el 2 de octubre de 2004.

La Administración notificó la liquidación oficial de revisión el 30 de abril de 2005, y a partir de esta fecha la demandante contaba con el término de dos meses para presentar el recurso de reconsideración, radicado el 27 de mayo de 2005, razón por la cual no se pretermitió ese plazo. En cuanto a la alegada violación del artículo 747 del Estatuto Tributario respecto de la adición de ingresos por $1.294.815.503, señaló la DIAN que en el libro auxiliar del contribuyente se encontró que los ingresos por cada una de las agencias presentó un valor total de $3.460.618.361 por el año gravable 2001, así:

AGENCIA CUENTA VALOR PEREIRA 4125-01-01 $1.105.727.046

ARMENIA 4125-01-02 366.602.823

CALI 4125-01-03 201.659.596

IBAGUE 4125-01-04 166.414.260

VILLAVICENCIO 4125-01-05 971.253.573

BOGOTA 4125-01-06 546.965.625

YOPAL 4125-01-07 30.994.430

SAN GIL 4125-01-08 8.541.600

DUITAMA 4125-01-09 38.513.388

GARAGOA 4125-01-10 8.401.150

BUCARAMANGA 4125-01-11 4.235.200

TUNJA 4125-01-12 11.309.670

TOTAL $3.460.618.361

En los folios 584 a 1047 reposan las pruebas documentales con los datos correspondientes a: apellidos, nombres, cédulas, direcciones, ciudad y total cancelado de las personas, que en la zona de Bogotá cancelaron cuotas a la Cooperativa por el año gravable 2001 en una cifra equivalente a $1.294.815.503. Esta cifra no es una mera confesión de parte del revisor fiscal, sino que se obtuvo de las pruebas recopiladas por el funcionario investigador dentro de las facultades legales que le otorgó el auto de inspección tributaria. Hay un listado consecutivo que indica desde el número 1 al 16211, como una relación de Cooimpaz Limitada, con Nit. 816.004.746-4, con un título denominado “relación de afiliados recaudo año 2001 zona Bogotá” (folio 1047), que finaliza en el folio 584 con el total cancelado de todos los afiliados, en la suma de $1.294.815.203. Existe por tanto una diferencia evidente en los ingresos reportados en la zona de

Bogotá así:

AGENCIA CUENTA VALOR VALOR DIFERENCIA

REPORTADO DETECTADO BOGOTÁ 4125-01-06 $1.294.815.20

$546.965.625 747.849.578 3 La zona de Bogotá, conforme con el listado visible en los folios 584 a 1047, incluye Fusagasugá, Facatativá, Villeta, Sasaima, Tenjo, La Vega y Zipaquirá, entre otros, y los ingresos de esta zona fueron por el año 2001 de $1.294.815.203. La Administración probó desde el inicio de la investigación que el valor de $1.294.815.203 corresponde a la zona de Bogotá, y que de acuerdo con los libros auxiliares de la empresa, dicha zona solo tuvo ingresos por valor de $546.965.625. Entretanto en la hoja 33 de la demanda se afirma que esos municipios corresponden a la zona de Bogotá, luego no se evidencia una doble tributación, como lo alega la actora, sino una clara omisión de ingresos. Respecto al no pago de aportes parafiscales señaló la DIAN que dejó constancia en las visitas de inspección y en los actos administrativos que se solicitaron los paz y salvos por concepto de aportes parafiscales, para la proce