CE - 660012331000200800289011SENTENCIA20230815151613

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 66001-23-31-000-2008-00289-01 (40410)

Actor: COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE OCCIDENTECOOTRASOC

Demandado: SERVICIUDAD ESP Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Concepto. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Su pacto es posible en ejercicio de la autonomía de la voluntad. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Cuando no se pacta, constituye una declaración unilateral sin efectos jurídicos. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLESValor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. SERVICIO PÚBLICOTransformaciones constitucionales y legales del nuevo servicio público. CONTRATOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-Derecho privado. REPARACIÓN DE REDES-Son servicios inherente a los servicios públicos y pueden ser cobrados en las facturas. TERMINACIÓN UNILATERAL ACORDADA-Las partes pueden pactarla en los contratos. TERMINACIÓN UNILATERAL ACORDADA-Su ejercicio no supone función administrativa ni la expedición de actos administrativos. TESTIMONIO-Crítica testimonial. INTERROGATORIO DE PARTE-La declaración de parte es una forma de provocar la confesión. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra

DE PARTE-La declaración de parte es una forma de provocar la confesión. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que se declaró inhibido para conocer las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 28 de febrero de 2007, la Cooperativa de Trabajadores Asociados de OccidenteCootrasoc y Serviciudad ESP celebraron el contrato n. 01, para la cesión —de Serviciudad ESPde un espacio en su factura mensual para la inclusión del cobro de los servicios de mantenimiento prestados por la cooperativa. Serviciudad ESP terminó unilateralmente el contrato y lo liquidó. Cootrasoc alegó que la terminación fue ilegal, pues no se configuró la causal de terminación unilateral.

ANTECEDENTES2

Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones El 22 de octubre de 2008, Cootrasoc, a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra Serviciudad ESP. Solicitó $908.727.317 por los perjuicios ocasionados por la terminación unilateral del contrato. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la causal de terminación unilateral no se configuró, pues, transcurridos seis meses desde el inicio del contrato, la empresa tuvo más de 2000 usuarios. Adujo que antes de terminar el contrato, las partes debieron intentar solucionar sus controversias directamente o mediante mecanismos alternativos de solución de controversias.

El 30 de octubre de 2008, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el

terminar el contrato, las partes debieron intentar solucionar sus controversias directamente o mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. El 30 de octubre de 2008, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, Serviciudad ESP sostuvo que la terminación y la liquidación unilateral del contrato eran actos administrativos que gozaban de presunción de legalidad. Expuso que la entidad no incumplió las obligaciones del contrato. El 29 de julio de 2010, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que la prueba testimonial acreditó que siempre tuvieron más de 2000 usuarios y que Serviciudad dejó de afiliarlos. La parte demandada dijo que el sistema de facturación estaba actualizado, pues empleados de la cooperativa reportaban a diario la afiliación y desafiliación de los usuarios. Reiteró que la demandante no probó que tuvo más de 2000 usuarios en enero de 2008, hecho que configuró la causal de terminación. El Ministerio Público conceptuó que la demanda debió solicitar la nulidad de la comunicación que terminó el contrato y del acta de liquidación unilateral, pues eran actos administrativos que gozaban de presunción de legalidad. El 22 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia se declaró inhibido para fallar, al estimar que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la terminación unilateral del contrato, pues en la demanda no se había pedido la nulidad de ese acto administrativo. La demandante interpuso recurso de

se declaró inhibido para fallar, al estimar que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la terminación unilateral del contrato, pues en la demanda no se había pedido la nulidad de ese acto administrativo. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 2 de diciembre de 2010 y admitido el 3 de marzo de 2011. Esgrimió que —según la Ley 142 de 1994— el contrato se regía por el derecho privado y la terminación unilateral no era un acto administrativo. El 27 de abril de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que la Ley 1423 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones de 1994 autorizaba la inclusión de cláusulas exorbitantes —como la terminación unilateraly el uso de esas facultades se regía por el derecho público —art. 31-.

Sostuvo que Serviciudad ESP ejerció una potestad exorbitante mediante acto administrativo y pidió se confirmara la sentencia.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía

conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA, esto es, $230.750.000. Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios originados de una relación contractual (arts. 1546 y 1602 CC y

87 CCA). Demanda en tiempo

3. Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y esta fuera efectuada unilateralmente por la Administración, el término para formular pretensiones es de dos años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe.

Si la administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500.4 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación judicial dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

Las partes en la cláusula décima sexta del contrato n”. 01 pactaron que «una vez vencido el plazo del contrato, las partes procederían a hacer un balance de las contraprestaciones del mismo en un término que no exceda de dos meses para lo

Las partes en la cláusula décima sexta del contrato n”. 01 pactaron que «una vez vencido el plazo del contrato, las partes procederían a hacer un balance de las contraprestaciones del mismo en un término que no exceda de dos meses para lo cual se levantará un acta final. Si en este tiempo no se ha realizado dicha acta de liquidación por motivos ajenos a la Empresa, se procederá por parte de esta a realizar la liquidación del contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo inicial» (f. 12 c. 1). La Sala ha estudiado, en regímenes exceptuados a la aplicación de la Ley 80 de 1993, los actos que «liquidan» un contrato y ha concluido que constituyen una manifestación unilateral de corte de cuentas de la entidad, que no es de obligatorio cumplimiento por parte del contratante al no constituir acto administrativo?. En estos casos, dado el régimen aplicable al contrato, la entidad no está facultada para imponer obligaciones en ese corte de cuentas, ni para emitir un acto administrativo que pueda, posteriormente, ser cobrado mediante un proceso ejecutivo. Por ello, las entidades deberán, en todo caso, iniciar los procesos declarativos respectivos para obtener el reconocimiento de las sumas contenidas en ese corte de cuentas, que, se reitera, no son fuente de obligaciones para los contratistas. El término de la caducidad para los contratos que se rigen por el derecho privado, en los que las partes pactan «liquidación bilateral y unilateral», no se puede contar desde el vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente, como lo prevé el artículo 164.10.d CCA para los contratos que se rigen por la Ley 80 de 1993. El término de caducidad deberá contarse desde el vencimiento de la obligación de

desde el vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente, como lo prevé el artículo 164.10.d CCA para los contratos que se rigen por la Ley 80 de 1993. El término de caducidad deberá contarse desde el vencimiento de la obligación de liquidarlo bilateralmente. El contrato n”. 01 fue terminado unilateralmente mediante comunicación del 15 de febrero de 2008, recibida por el contratista el 18 de febrero de 2008 (f. 44 c. 2). A partir del día siguiente inició el conteo de dos meses para la 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2009, Rad. 43.036 [fundamento jurídico 3.4.1], Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, Rad. 57.822 [fundamento jurídico 54].5 Expediente n.” 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones liquidación bilateral del contrato, que finalizó el 19 de abril de 2008. Como la demanda fue interpuesta el 22 de octubre de 2008, esto es, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar bilateralmente el contrato, se presentó en tiempo.

Legitimación en la causa

4. La Cooperativa de Trabajadores Asociados de Occidente-Cootrasoc y Serviciudad ESP están legitimados en la causa por activa y por pasiva, pues celebraron el contrato n.” 01 [hecho probado 8.1]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se incumple un contrato —que se rige por el derecho privado— cuando el contratante lo termina unilateralmente por encontrar configurada una causal de terminación prevista en el mismo.

ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se incumple un contrato —que se rige por el derecho privado— cuando el contratante lo termina unilateralmente por encontrar configurada una causal de terminación prevista en el mismo.

1. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6

Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc

disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 8.1 El 28 de febrero de 2007, Serviciudad ESP y Cootrasoc celebraron el contrato n”. 01, para la cesión por parte de Serviciudad ESP de un espacio en su factura mensual para la inclusión del cobro de los servicios de mantenimiento prestados por la cooperativa —«asistencia domiciliaria todo en uno»—. El plazo del contrato era de cinco años contados a partir de la firma del acta de inicio, según da cuenta copia simple del contrato (f. 7-13 c. 1). 8.2 El 18 de abril de 2007, Cootrasoc y la interventora del contrato n”. 01 firmaron el acta de iniciación, según da cuenta copia simple del acta (f. 42 c. 2). 8.3 El 15 de febrero de 2008, Serviciudad ESP terminó unilateralmente el contrato n. 01. Conforme a la comunicación, se configuró una causal de terminación, pues trascurridos seis meses desde la iniciación del contrato y de su llegada al mercado, el potencial de usuarios estaba por debajo de 2000 clientes, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 57 c. 1). 8.4 El 22 de febrero de 2008, Cootrasoc envió una comunicación a Serviciudad en respuesta a la decisión de dar por terminado el contrato unilateralmente. Dejó

simple de la comunicación (f. 57 c. 1). 8.4 El 22 de febrero de 2008, Cootrasoc envió una comunicación a Serviciudad en respuesta a la decisión de dar por terminado el contrato unilateralmente. Dejó consignado que no incumplió el contrato pues «llevando 6 meses en el mercado con el programa (...) el potencial de usuarios llegaba a la cifra de 2133 afiliados y a la fecha de recibo del comunicado 2641», según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 45-46 c. 2). 8.5 El 10 de marzo de 2008, Serviciudad ESP dio respuesta a la comunicación del 22 de febrero de 2008. Dejó consignado que entre el 15 de diciembre de 2007 y el 24 de enero de 2008 el programa contaba con 1969 usuarios, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 47-48 c. 2).7 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones 8.6 El 23 de octubre de 2008, Serviciudad ESP —en la «Resolución n”. 358»- liquidó unilateralmente el contrato n”. 01 de 2007. Según la liquidación, Serviciudad ESP tenía que girarle a Cootrasoc $58.100.879 y las partes quedaban a paz y salvo por todo concepto, según da cuenta copia simple de la liquidación (f. 58-65 c. 1).

El régimen jurídico del contrato

9. La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio

El régimen jurídico del contrato

9. La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la función pública” y optó por un 'nuevo servicio público' basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN).

Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho. Transformación fundamental hacia un derecho administrativo de la libertadf. Con la alteración drástica de esa noción clave del derecho administrativo, es apenas natural que los instrumentos jurídicos que la regulaban también hayan sufrido una significativa transformación. La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales someten a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de octubre de 2020, Rad. n”. 48009. En sentido similar,

someten a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de octubre de 2020, Rad. n”. 48009. En sentido similar, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de mayo de 2004, Rad n”. AP 020; sentencia del 10 de febrero de 2005, Rad n”. AP 254; sentencia del 24 de febrero de 2005, Rad n”. AP 1470; auto del 17 de febrero de 2005, Rad n”. 27673; sentencia del 26 de enero de 2006, Rad n”. AP 1944; sentencia del 26 de enero de 2006, Rad n?. AP 1640; sentencia del 2 de marzo de 2006, Rad n”. AP 543; sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad n”. 16257; auto del 18 de julio de 2007, Rad n”. 29745; sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad n”. AP 004; sentencia del 19 de junio de 2008, Rad n”. AP 005; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, Rad n”. 32018; sentencia del 15 de noviembre de 2011, Rad n”. 21178, y Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003.8 Expediente n.” 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado.

iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos. Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 33 de la Ley 142 —desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes—. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40). La regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1993 —después de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001-— facultó a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de cláusulas exorbitantes en cierto tipo de contratos de cualquier empresa de servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás. Las Comisiones de Regulación cuentan con quince días para responder las solicitudes de las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término opera el silencio administrativo positivo.

10. El artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 —modificado por el artículo 1” de la Resolución CRA 193 de 2004— prevé que todas las personas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico o de las actividades complementarias de los mismos a las que se refiere esa resolución, deberán pactar

1” de la Resolución CRA 193 de 2004— prevé que todas las personas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico o de las actividades complementarias de los mismos a las que se refiere esa resolución, deberán pactar las cláusulas excepcionales —previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993-— en: ) los contratos que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema de licitación, de conformidad con el artículo 40 y el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994. ii) En los contratos de obra, consultoría, suministro de bienes, compraventa y los de mantenimiento siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la 5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997 Rad. S-701 [fundamento jurídico f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017, Rad 56562 [fundamento jurídico 1] con aclaración de voto; sentencia de 8 de junio de 2018, Rad. 38120 [fundamento jurídico 3.6] con aclaración de voto; en sentencia de 30 de septiembre de 2019, Rad. 43036 [fundamento jurídico 3.4.1] con aclaración de voto y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003 [fundamento jurídico 61].9 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en

Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidad debidos. ¡i) En los contratos en los que se entregue total o parcialmente la operación o gestión de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda llevar a una falla en la prestación del servicio por el incumplimiento en la continuidad o calidad debidas. iv) En los contratos en los cuales, por solicitud de la persona prestadora, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico haya autorizado en forma expresa y previa a su celebración.

11. El 28 de febrero de 2007, Cootrasoc y Serviciudad ESP celebraron el contrato n”. 01 [hecho probado 8.1]. Serviciudad ESP celebró el contrato en vigencia de la Ley 142 de 1994, por ello, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado.

Como el contrato de cesión n”. 01 no es de los previstos en el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, la Comisión de Regulación no hizo obligatoria —por vía generalla inclusión en este contrato de las cláusulas exorbitantes previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Tampoco se acreditó que la Comisión de Regulación autorizara su inclusión para este contrato en particular.

12. El artículo 148 de la Ley 142 de 1994 prevé que en las facturas no se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las

Regulación autorizara su inclusión para este contrato en particular.

12. El artículo 148 de la Ley 142 de 1994 prevé que en las facturas no se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario. En armonía con esa disposición, el artículo 14.9 establece que la factura es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos. El mantenimiento de las acometidas —derivación de la red local del servicio que llega hasta el registro de corte del inmueble-— está a cargo del usuario, pues a la empresa de servicios públicos únicamente le corresponde el mantenimiento de las redes locales (art. 28 de la Ley 142 de 1994). El cobro por el mantenimiento de las acometidas puede incluirse en las facturas, pues se trata de un servicio inherente a la prestación de los servicios públicos?. En concordancia con ese marco jurídico, $ Cfr. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concepto SSPD 631 de 2001 [fundamento jurídico 1], en www. superservicios.gov.co.10

Expediente n.” 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones Cootrasoc y Serviciudad ESP celebraron un contrato de cesión de un espacio en la factura mensual, para la inclusión del cobro de los servicios de mantenimiento de las redes internas —«puerta adentro»— prestados por la cooperativa —«asistencia domiciliaria todo en uno»-—.

La terminación unilateral del contrato

factura mensual, para la inclusión del cobro de los servicios de mantenimiento de las redes internas —«puerta adentro»— prestados por la cooperativa —«asistencia domiciliaria todo en uno»-—. La terminación unilateral del contrato

13. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda) y, por regla general, se extingue por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625 núm. 9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625 núm. 8 y 1740 CC). Salvo que se configuren circunstancias de esta naturaleza, las partes deben ajustar su comportamiento a la intención expresada al momento de la formación del contrato. Por ello, en principio, la acción individual de uno de los contratantes es insuficiente para ponerle fin. La autonomía privada impone la fuerza normativa del contrato, que exige el deber legal del cumplimiento, ya sea voluntariamente o por orden judicial (arts. 1535, 1551 y 1603

CC) y descarta la imposibilidad de aniquilarlo por acto unilateral. La Sala reitera que las partes pueden dotarse recíprocamente, o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad de resolver el contrato. Este pacto expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (arts. 15, 16, 1502 y 1519 CC) o cuando implique abuso del derecho (art. 830 C.Co.)”.

expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (arts. 15, 16, 1502 y 1519 CC) o cuando implique abuso del derecho (art. 830 C.Co.)”. En muchos contratos típicos, además, se establece la facultad de terminación unilateral ya sea por incumplimiento o a voluntad (ad nutum). Por ejemplo: el transporte de cosas (art. 1034 C. Co.); el arrendamiento (art. 1995 y 2000 CC); el usufructo (art. 859 CC); el mandato (art. 2188 CC y 1279 C. Co.); el depósito (arts. 2258 CC y 1177 C. Co.); el hospedaje (art. 1199 C. Co.); la agencia (art. 1326 C. Co.); el comodato (arts. 2218 CC); el seguro (art. 1068 C. Co.); el suministro (art. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de agosto de 2020, Rad. 36.875 [fundamento jurídico 5].11 Expediente n. 40.410

Demandante: Cootrasoc Niega pretensiones 973 C. Co.); el de cajillas de seguridad (artículo 1420 C. Co.); el de apertura de crédito y descuento (art. 1406 C. Co.) y el de cuenta corriente (art. 1389 C. Co.), entre otros.

La inclusión de la terminación unilateral —como cláusula excepcionalestá permitida en algunos contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994. Las partes, además, pueden pactar la terminación o resolución unilateral en el marco de la

en algunos contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994. Las partes, además, pueden pactar la terminación o resolución unilateral en el marco de la legislación civil o comercial. La diferencia básica entre estas cláusulas —las excepcionales y las que otorgan poderes unilaterales por pacto o según la naturaleza del contrato—, está dada en que, no obstante la unilateralidad, estas últimas no comportan el ejercicio de una prerrogativa de derecho público. Esto se debe a que su origen no está en las disposiciones normativas de carácter legal que pretenden dotar a la Administración de poderes por fuera del derecho común, sino que se ampara en el derecho privado, en cuyo marco, las partes ejercen la autonomía privada en aras del interés particular del negocio y de cada uno de los contratantes.

14. Como las partes pactaron la terminación unilateral y en ese contrato no podían pactar cláusulas excepcionales [núm. 11], la decisión de Serviciudad ESP de dar por terminado unilateralmente el contrato no es ejercicio de función administrativa y tampoco supone la expedición de «actos administrativos».

Como las decisiones adoptadas por la entidad durante la ejecución del contrato no son actos administrativos, no son susceptibles de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. El daño no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje el poder de imperio del Estado, sino de determinar un incumplimiento del contrato por la entidad, que decidió terminar unilateralmente el contrato. Por ello, la