CE - 660012331000201000014011SENTENCIA20231025112506

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

Actor: HEEADY ROA DUARTE Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: REPARACIÓN DIRECTA – accidente de tránsito – vehículo destinado la prestación del servicio público de transporte de pasajeros impactó con un ciudadano que cruzaba la

avenida / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – la causa determinante y exclusiva del siniestro vial se generó por la conducta del peatón.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de octubre de 2007, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, se presentó un accidente de tránsito en el cual resultó involucrada una buseta de transporte público de pasajeros y un peatón, dejando como resultado la muerte de este último, suceso que, en criterio de los actores, se produjo porque no realizó el debido

un accidente de tránsito en el cual resultó involucrada una buseta de transporte público de pasajeros y un peatón, dejando como resultado la muerte de este último, suceso que, en criterio de los actores, se produjo porque no realizó el debido mantenimiento, semaforización y señalización de la vía, aunado a que el conductor del vehículo manejaba con exceso de velocidad.

II.ANTECEDENTES

1. Demanda

En escrito del 12 de enero de 2010 (fl. 19 del c.1), los señores Heeady Roa Duarte, Edwin Johniel Salazar Roa y Erick Román Salazar Roa, por conducto de apoderado judicial, demandaron en reparación directa al municipio de Dosquebradas, al ÁreaRadicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

Actor: HEEADY ROA DUARTE Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2 Metropolitana Centro Occidente, en adelante, AMCO, al Instituto Nacional de Concesiones, en adelante, INCO, a la sociedad Transportes Servilujo S.A., en adelante Transervilujo, y a los señores Carlos Carlosama López y Aristóbulo Córdoba Mancera, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Luis Hernando Salazar ocurrida en un accidente de tránsito.

En concreto, pidieron que se les reconociera y pagara el equivalente a 600; 500 y 300 SMLMV a favor de la esposa e hijos, por concepto de daño a la vida de relación

En concreto, pidieron que se les reconociera y pagara el equivalente a 600; 500 y 300 SMLMV a favor de la esposa e hijos, por concepto de daño a la vida de relación y perjuicio moral, así como lo que resultara probado por lucro cesante a favor de la primera de las personas mencionadas.

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, se narró que el 11 de octubre de 2007, aproximadamente a las 9:00 a.m., a la altura de la carrera 10 con calle 34 del municipio de Dosquebradas, ocurrió un accidente de tránsito que derivó en la muerte del señor Luis Hernando Salazar, quien al intentar cruzar la avenida fue atropellado por una buseta de transporte público de pasajeros.

Se explicó que antes del suceso, los habitantes del sector solicitaron a la entidad territorial que reparara el semáforo que se encontraba en el sitio, pero obtuvieron como respuesta que se había “tratado de mantener la intersección lo mejor posible”.

Se afirmó que el lugar estaba señalizado “ con avisos informativos de peatones en la vía ”, lo que obligaba a los conductores a reducir la velocidad; empero, el mal funcionamiento del semáforo elevó el riesgo, prueba de ello fue que luego se reparó y se puso en correcta marcha.

Se adujo que le asistía responsabilidad patrimonial al extremo pasivo, con base en lo siguiente:

● Al municipio de Dosquebradas, dado que (i) no impidió que el conductor de la buseta ejerciera la actividad peligrosa, pese a las infracci ones de tránsito con las que contaba; (ii) no realizó actividades frente al funcionamiento del

● Al municipio de Dosquebradas, dado que (i) no impidió que el conductor de la buseta ejerciera la actividad peligrosa, pese a las infracci ones de tránsito con las que contaba; (ii) no realizó actividades frente al funcionamiento del semáforo de la intersección donde ocurrió el siniestro; (iii) no señalizó la senda peatonal o dispuso de “mecanismos físicos o humanos de regulación del paso”; y (iv) no exigió a la entidad a la que trasladó la guarda de la vía que realizara las adecuaciones de seguridad y accesibilidad de la misma.

● El AMCO, por permitir que la empresa Transervilujo prestara el servicio deRadicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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3 transporte público urbano masivo de pasajeros en el municipio, “violando las condiciones de seguridad y utilizando un corredor vial excediendo capacidad y servicio” y, además, porque omitió verificar que dicha sociedad capacitara a todos los operadores sobre los equipos destinados al servicio p úblico de transporte.

● El INCO, en tanto tenía la administración de la vía y asumió obligaciones de mantenimiento, rehabilitación y operación de dicho tramo.

● La sociedad Transervilujo , ya que era la empresa a la cual se encontraba afiliado el vehículo que generó el siniestro.

● El señor Carlos Carlosama López, toda vez que era el propietario y “guardián del vehículo involucrado”.

● La sociedad Transervilujo , ya que era la empresa a la cual se encontraba afiliado el vehículo que generó el siniestro.

● El señor Carlos Carlosama López, toda vez que era el propietario y “guardián del vehículo involucrado”.

● El señor Aristóbulo Córdoba Mancera, conductor de la buseta que produjo el accidente y quien tenía reportadas multas sin pagar “por conducir con exceso de velocidad, no portar la licencia de tránsito y transportar pasajeros en sitios distintos a los demarcados”.

2. Trámite en primera instancia

2.1. En auto del 4 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y dispuso su notificación a las partes y al Ministerio Público, actuaciones que se cumplieron en debida forma (fls. 21 – 22 del c.1).

2.2. El municipio de Dosquebradas ref irió que la vía se hallaba bajo la vigilancia, cuidado, atención y guarda del INCO, por tanto, era el único responsable de la demarcación de las zonas peatonales y vehiculares. Asimismo, destacó que no era el ente encargado de llevar el control sobre las multas impuestas a los conductores y, en esa medida, tampoco podía predicarse una responsabilidad en su contra.

Anotó que el peatón efectuó un cruce por la intersección sin conservar las medidas mínimas de protección, según se desprendía de la planilla de accidentalidad, circunstancia que evidenciaba que infringió las normas de tránsito contempladas en los artículos 55 y siguientes de la Ley 769 de 2009 y, como consecuencia, promovió su propio deceso, tanto así que en el informe de tránsito se dejó registró como causa

los artículos 55 y siguientes de la Ley 769 de 2009 y, como consecuencia, promovió su propio deceso, tanto así que en el informe de tránsito se dejó registró como causa del mismo “cruzar sin observar” (fls. 74 – 87 del c.1).Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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4 2.4. El AMCO citó lo consagrado en el Decreto 170 de 2001, relacionado con sus funciones como autoridad en el servicio público de transporte terrestre, automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, para concluir no se le asignó la semaforización, mantenimiento o reparación de los mismos ni la verificación de las condiciones de la malla vial (fls. 272 – 306 del c.3).

2.5. El INCO fundamentó que, de a cuerdo con las normas reglamentarias, era el administrador de las concesiones a favor del Estado, mas no de alguna vía, por ende, las tareas de administrar, construir, operar, rehabilitar y mantener estas eran obligaciones que radicaban en cabeza de los pa rticulares beneficiarios de tales contratos y, para el caso particular, la avenida del ferrocarril del municipio de Dosquebradas correspondía a Autopistas del Café S.A.

Agregó que, en lo relativo a la señalización del sector, debía considerarse el informe de accidente de tránsito que para el sitio específico del impacto registró cómo se

Dosquebradas correspondía a Autopistas del Café S.A.

Agregó que, en lo relativo a la señalización del sector, debía considerarse el informe de accidente de tránsito que para el sitio específico del impacto registró cómo se debió adelantar la maniobra de cruce de la vía, lo cual permitía derivar la actitud irregular del señor Luis Hernando Salazar al exponerse al peligro cuando pasó la avenida por un tramo que no estaba autorizado (fls. 220 – 233 del c.3).

2.6. La sociedad Transervilujo argumentó que el accidente se debió a la negligencia y falta de previsión de la víctima, quien desatendió las señales de tránsito instaladas en la avenida del ferrocarril, pues, además de que se abstuvo de utilizar las zonas destinadas para el paso peatonal, estaba distraído con su teléfono móvil al momento de cruzar, lo que le impidió verificar la existencia de algún peligro. Aclaró que los procedimientos de selección, evaluación y capacitación de sus conductores estaban certificados, precisamente, para evitar la accidentalidad en las rutas asignadas por las autoridades.

Aseveró que el semáforo instalado en el sitio en el que ocurrió el hecho estaba intermitente, situación que obligaba al peatón a tener más cuidado en esa vía con prelación vehicular. A su vez, expresó que, de conformidad con el informe de policía, el registro fotográfico y el croquis del accidente, se podía observar que el sector sí estaba demarcado con unas líneas blancas llamadas zona cebra y unas figuras humanas que daban cuenta de que era por ese lugar por donde debían transitar los ciudadanos, pero la víctima atravesó la avenida por otro lado.

estaba demarcado con unas líneas blancas llamadas zona cebra y unas figuras humanas que daban cuenta de que era por ese lugar por donde debían transitar los ciudadanos, pero la víctima atravesó la avenida por otro lado.

Adujo que la buseta recibió el impacto en seco en la parte derecha del parabrisas, “lo que ilustra que el difunto no alcanzó a ver el peligro de la maniobra que estabaRadicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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5 realizando, salió entre los arbustos plantados y siguió su marcha. Por ello es que el motorista de la buseta no tuvo la oportunidad de atisbar su intención de querer cruzar esa avenida, porque allí existe un conjunto de árboles plantados que reducen ostensiblemente la visibilidad” (fls. 41 – 50 del c.1).

2.7. El señor Aristóbulo Córdoba Mancera sostuvo que la víctima directa tuvo un comportamiento imprudente e irresponsable, habida cuenta de que pasó una vía con prelación para vehículos dada la intermitencia del semáforo, en un sector que no estaba habilitado para el cruce y hablando por teléfono celular.

Manifestó que conducía la buseta a una velocidad normal y con el debido cuidado, cosa diferente fue el señor Luis Hernando Salazar, de manera intempestiva, intentó atravesar la avenida y, por tal razón, frenó abruptamente, lo que ocasionó no solo

Manifestó que conducía la buseta a una velocidad normal y con el debido cuidado, cosa diferente fue el señor Luis Hernando Salazar, de manera intempestiva, intentó atravesar la avenida y, por tal razón, frenó abruptamente, lo que ocasionó no solo su deceso, sino que puso en peligro a los demás pasajeros que transportaba.

Comentó que en la avenida del ferrocarril existía una s eñalización comprensible para cualquier persona con comportamientos y conocimientos básicos primarios, esto es, avisos generales y algunos especiales como no girar a la izquierda, señales verticales de pare, el uso de doble vía, cruces peatonales con pintu ra blanca, señales preventivas de figuras humanas por donde debían cruzar los peatones, de piso luminosos y de velocidad de 40 km/h, las cuales no tuvo en cuenta el afectado.

Agregó que, contrario a lo mencionado en la demanda, no tenía comparendos por accidentes de tránsito con lesionados, pese a tener más de 11 años de experiencia en la conducción de vehículos de servicio público colectivo e individual (fls. 59 – 72 del c.1).

2.8. El señor Carlos Carlosama López señaló que se acreditó que la buseta de su propiedad se encontraba en óptimas condiciones técnico mecánicas, transitaba a una velocidad moderada y estaba conducida por una persona idónea en ese arte.

Puntualizó que el señor Luis Hernando Salazar fue precipitado al intentar cruzar la avenida del ferrocarril, mientras hablaba por su teléfono celular, “ ignorando que el semáforo indicaba que el cruce estaba en estado intermitente con lo cual se daba prelación a la buseta, debiendo esperar a que los vehículos pasaran y una vez

avenida del ferrocarril, mientras hablaba por su teléfono celular, “ ignorando que el semáforo indicaba que el cruce estaba en estado intermitente con lo cual se daba prelación a la buseta, debiendo esperar a que los vehículos pasaran y una vez estuviera libre la v ía, hacer uso por el lugar indicado en las señales existentes al momento de los hechos, empero, hizo todo lo contrario” (fls. 126 – 142 del c.1).Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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6 2.9. Seguros del Estado S.A., llamada en garantía del AMCO, dijo que no tenía conocimiento directo de los hechos del escrito inicial y, por tal motivo, coadyuvaba los razonamientos de la llamante. A su turno, arguyó que la eventual obligación que se llegare a producir no estaba cobijada por el contrato de seguros existente (fls. 432 – 449 del c.2).

2.10. La compañía Aseguradora de Fianzas S.A., llamada en garantía por el INCO, describió que los perjuicios reclamados no eran objeto de cobertura de la póliza pertinente, por expresa exclusión de las cláusulas del contrato de seguros, pero, al margen de ello, no se probaron los elementos de la responsabilidad frente al tomador, sino que el siniestro lo ocasionó la propia víctima (fls. 459 – 469 del c.2).

2.11. Autopistas del Café S.A., también llamada en garantía por el INCO, recalcó

tomador, sino que el siniestro lo ocasionó la propia víctima (fls. 459 – 469 del c.2).

2.11. Autopistas del Café S.A., también llamada en garantía por el INCO, recalcó que bajo la directriz del concesionario se encontraba adelantando el proceso constructivo del proyecto de desarrollo vial Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila, del cual forma parte integral la doble calzada de la avenida del ferrocarril; no obstante, el contrato 0113 de 1997 no autorizaba la intervención y ejecución de “amoblamiento urbano”, en la medida en que era una función que le correspondía al municipio, en atención a lo regulado en el Decreto 1504 de 1998.

Expuso que, aunque la obligación de la señalización en las vías nacionales era de su propietario, en este caso el INCO, no podía olvidarse que cuando implica señalización vial aledaña en las vías municipales, tales como info rmación sobre pasos peatonales, cruces intersecciones, zonas escolares, andenes, puentes, semáforos, bahías, entre otras, estaba asignada al ente territorial, en calidad de asegurador de la movilidad de su comunidad (fls. 509 – 526 del c.2).

2.12. Colseguros S.A., llamada en garantía por Autopistas del Café S.A., anotó que no por el hecho de que su asegurada tuviera la administración de la vía, automáticamente, la hacía responsable de los perjuicios reclamados, máxime cuando no tenía la guarda y control f rente al funcionamiento de los semáforos y menos para designar un guarda de tránsito que regulara el flujo vehicular y peatonal

automáticamente, la hacía responsable de los perjuicios reclamados, máxime cuando no tenía la guarda y control f rente al funcionamiento de los semáforos y menos para designar un guarda de tránsito que regulara el flujo vehicular y peatonal a diario (fls. 658 – 667 del c.3).

2.13. Seguros Generales Suramericana S.A., llamada en garantía por el señor Carlos Carlosama López, acotó que la buseta estaba en perfecto estado, circulaba a una velocidad moderada y el conductor era una persona con una larga experiencia en el manejo de vehículos destinados al transporte público de pasajeros; sinRadicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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7 embargo, la víctima directa desplegó una maniobra imprudente al intentar pasar la avenida distraído con su teléfono móvil y sin percatarse de la dirección en la que se movilizaban los vehículos, por consiguiente, no existía nexo de causalidad entre la actividad del asegurado y el daño alegado (fls. 486 – 500 del c.2).

2.14. Agotado el período probatorio, en proveído del 13 de octubre se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 814 del c.4).

2.15. La parte actora especificó que las pruebas recaudadas eran suficientes para que se accediera a las pretensiones pedidas, en razón a que era indudable que la

concepto, respectivamente (fl. 814 del c.4).

2.15. La parte actora especificó que las pruebas recaudadas eran suficientes para que se accediera a las pretensiones pedidas, en razón a que era indudable que la zona no contaba con aceras ni delimitaciones peatonales y el semáforo no estaba funcionando, circunstancias que “impidieron que se usara la vía adecuadamente ”, más el agravante de que el conductor de la buseta excedió la velocidad permitida (fls. 863 – 882 del c.4).

2.16. El municipio de Dosquebradas relató que la víctima estaba distraída hablando por celular y no avizoró la buseta, de ahí que fue su actuar determinante y exclusivo el que dio origen al daño. De otra parte, llamó la atención que no se valorara el dictamen pericial del señor Hernando Cardona Buitrago, en tanto no cumplió los requisitos de que trata el artículo 226 del CGP (fls. 906 – 909 del c.4).

2.17. El AMCO realizó un análisis de las pruebas testimoniales, a fin de estimar que el accidente fue causado por la conducta imprudente asumida por el señor Luis Hernando Salazar. Igualmente, señaló que el segundo peritaje decretado por el juez ostentaba falencias, ya que se basó en el dictamen inicial que estaba siendo cuestionado, no se aportaron motivaciones a dicionales ni se refirió a partir de qué elementos probatorios se soportaron las apreciaciones, por el contrario, se emitieron juicios de valor contra el conductor de la buseta, razón por la cual no cumplía con lo encomendado (fls. 826 – 840 del c.4).

elementos probatorios se soportaron las apreciaciones, por el contrario, se emitieron juicios de valor contra el conductor de la buseta, razón por la cual no cumplía con lo encomendado (fls. 826 – 840 del c.4).

2.18. La sociedad Transervilujo y los señores Aristóbulo Córdoba Mancera y Carlos Carlosama López, en un memorial conjunto, manifestaron que no obraba prueba que demostrara su responsabilidad en el hecho causante del daño; que los actores se limitaron a efectuar afirmaciones subjetivas, y cuestionaron el dictamen pericial rendido por el señor Hernán Cardona Buitrago, porque se extralimitó al formular juicios contra el conductor de la buseta, a sabiendas de que ese no fue el objeto de la prueba.Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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8 Informó que el señor Aristóbulo Córdoba Mancera había fallecido 1, pero que, en todo caso, la prueba técnica y las declaraciones de los pasajeros de la fecha de los hechos indicaban que este manejó con prudencia y que fue el actuar sorpresivo de la víctima lo que causó el siniestro (fls. 815 – 823 del c.4).

2.19. Autopistas del Café S.A. afirmó que no se acreditó que el accidente hubiera sido provocado por el mal estado de la vía ni por la falta de señalización, sino que fue resultado de la imprudencia de la víctima (fls. 923 – 939 del c.4).

sido provocado por el mal estado de la vía ni por la falta de señalización, sino que fue resultado de la imprudencia de la víctima (fls. 923 – 939 del c.4).

2.20. Seguros Generales Suramericana S.A. reiteró que se debía excluir a su asegurado de responsabilidad, en el entendido de que el día del accidente el vehículo se encontraba en óptimas condiciones (fls. 890 – 904 del c.4).

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 22 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las súplicas de la demanda, porque concluyó que el comportamiento asumido por la víctima fue imprudente y temerario, en razón a que intentó cruzar una vía con prelación vehicular, distraído con su teléfono móvil, y por una zona no autorizada, lo que permitía concluir que ocasionó el resultado dañoso, configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Para arribar a conclusión, estimó que el semáforo situado en el lugar de los hechos estaba intermitente el día del accidente, por lo que la prelación de la vía la tenían los vehículos que por allí se desplazaban y exigía que los peatones tuvieran u n mayor cuidado a la hora de transitar.

Afirmó que no había prueba técnica para determinar a ciencia cierta a qué velocidad se movilizaba la buseta, pero de las declaraciones de unos testigos, del agente de tránsito que atendió el evento y de uno de los peritajes aportados, se podía inferir que no era excesiva debido al alto flujo vehicular de la zona, lo que descartaba que

tránsito que atendió el evento y de uno de los peritajes aportados, se podía inferir que no era excesiva debido al alto flujo vehicular de la zona, lo que descartaba que la velocidad de la buseta hubiera sido la causa determinante del incidente.

Subrayó que el accidente ocurrió una esquina antes de d onde se hallaba demarcado el paso peatonal reglamentario, situación que demostraba que la víctima infringió las normas de tránsito relativas a cruzar por una zona no autorizada

1 Aportó el registro civil de defunción.Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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9 y, además, atendiendo su teléfono móvil en ese momento, circunstancias que conllevaron a que expusiera su integridad física (fls. 948 – 971 del c.ppal).

4. Recurso de apelación

La parte actora expresó su discrepancia con el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en lo expuesto en la demanda y, de otra parte, manifestó, en resumen, que no se tuvo en cuenta (i) que el conductor testificó que observó al peatón, “ ello implica que su presencia en la vía estaba autorizada y era previsible el suceso”; (ii) que la prelación de la vía la tenía la víctima; (iii) que el hecho de q ue el conductor no hubiera podido evitar el accidente transitando a menos de 40 km/h “habla por sí solo del exceso de velocidad”, sumado al cálculo matemático que se podía efectuar

no hubiera podido evitar el accidente transitando a menos de 40 km/h “habla por sí solo del exceso de velocidad”, sumado al cálculo matemático que se podía efectuar entre la distancia del lugar del impacto y del cuerpo, así como de los hall azgos de la necropsia; (iv) que la tesis respecto a que el peatón hablaba por celular se dio a partir de una entrevista de la investigación penal, lo cual no era cierto, según la declaración de la señora Francy Edith Muñetón Cardona, frente a quien no se razonó nada y también indicó la velocidad que llevaba la buseta; y (v) que no existía un paso peatonal dibujado, aceras o zonas demarcadas, sino “trazos borrosos que no permiten concluir que el peatón fue imprudente” (fls. 973 – 1015 del c.ppal).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 28 de junio y el 11 de julio de 2019, esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado por los demandantes y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 1021 – 1023 del c.ppal).

5.2. El AMCO reprodujo sus argumentos de defensa y, a reglón seguido, enfatizó en que el a quo valoró los medios de prueba más relevantes para verificar el cumplimiento del nexo de causalidad y que, si bien no relacionó el dictamen pericial rendido por el señor Hernando Cardona Buitrago, lo cierto era que no se podía valorar, por las imprecisiones que el mismo tribunal puso de presente y porque no dio respuestas puntuales sobre las aclaraciones y complementaciones que s e

rendido por el señor Hernando Cardona Buitrago, lo cierto era que no se podía valorar, por las imprecisiones que el mismo tribunal puso de presente y porque no dio respuestas puntuales sobre las aclaraciones y complementaciones que s e presentaron (fls. 1023 – 1044 del c.ppal).

5.3. La sociedad Transervilujo y los señores Aristóbulo Córdoba Mancera y Carlos Carlosama López precisaron que el dicho de la testigo referida en la alzada se oponía al de otros testigos presenciales, quienes fueron insistentes en sostener queRadicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

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10 la víctima cruzó sin mirar la vía y que estaba distraído con su teléfono móvil y, en todo caso, ella señaló que “se ocupó del teléfono y luego escuchó el estruendo”, es decir, no se percató con exactitud del siniestro. A simismo, destacó que era muy grave asegurar que en el sitio no existían señales de tránsito, cuando las pruebas documentales y la declaración del agente de tránsito desvirtuaban esa teoría, también que, pese a que el tribunal no hizo alusión a la prueba técnica del ingeniero físico, era evidente que reafirmaba que la buseta no sobrepasó el límite de velocidad permitido (fls. 1025 – 1028 del c.ppal).

5.4. Autopistas del Café S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A. insistieron

velocidad permitido (fls. 1025 – 1028 del c.ppal).

5.4. Autopistas del Café S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A. insistieron en lo expuesto a lo largo d e la controversia, aunque la primera añadió que, de no confirmarse la culpa de la víctima, lo procedente era declarar la concurrencia de culpas del municipio de Dosquebradas, de la víctima directa y del conductor de la buseta (fls. 1046 – 1054 y 1055 – 1071 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en una controversia cuya ascendió a $721’000.000, cantidad superior al límite de 500 SMLMV para la fecha de la presentación de la demanda, esto es, $257’500.000 2, establecido en el artículo 132.6 del CCA, para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación3.

2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto en el artículo 136.8 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

2 El salario mínimo legal mensual que rigió en el año 2010 era de $515.000.

de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

2 El salario mínimo legal mensual que rigió en el año 2010 era de $515.000. 3 Según lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 20.2. del CPC.Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00014-01 (64.204)

Actor: HEEADY ROA DUARTE Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

11 En el sub lite, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los perjuicios sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 11 de octubre de 2007, hecho en el que falleció el señor Luis Hernando Salazar.

Así las cosas, el plazo pa ra acudir ante esta jurisdicción vencía, en principio, el 12 de octubre de 2009; sin embargo, el 28 de agosto de ese año (faltando 1 mes y 14 días para que venciera el término de caducidad) se radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procura duría, la cual se declaró fallida el 26 de noviembre de 2009 (fl. 55 del c.4). Entonces, a partir del día siguiente se reanudó el plazo restante, el cual se extendió hasta el 3 de febrero de 20104 y, como la demanda se presentó el 12 de enero de ese año ( fl. 19 del c.1), se impone concluir que fue oportuna.

3. Legitimación

presentó el 12 de enero de ese año ( fl. 19 del c.1), se impone concluir que fue oportuna.

3. Legitimación

Con ocasión del daño que originó la presente acción, concurrieron al proceso en calidad de esposa e hijos, los señores Heady Roa Duarte; Edwin Johniel Salazar Roa y Erick Román Salazar Roa, respecto de quienes se encuentra acreditada su legitimación en la causa por activa, en virtud de los registros civiles obrantes a foli