CE - 660012333000201300465031SENTENCIA20230628083210

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Caducidad del medio de control incoado – Operó

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que negó las pretensiones del libelo.

Según la demanda, la pasiva incurrió en una serie de fallas del servicio en el marco del proceso penal que se adelantó en contra del señor Saúl Enríquez Zuluaga Olivar por el delito de usurpación de marcas y patentes , actuación que concluyó con sentencia absolutoria en favor del procesado, lo cual determinó la materialización de daños susceptibles de reparación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 4 de diciembre de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 19 de diciembre de 20131, por los señores Saúl Enrique Zuluaga Olivar (afectado directo), Gloria Cecilia

Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 19 de diciembre de 20131, por los señores Saúl Enrique Zuluaga Olivar (afectado directo), Gloria Cecilia Morales Ciro (ex esposa), esta última quien actúa en nombre propio y en representación de su mejor hija Antonia Zuluaga Morales, María Faidy Olivar Cofles

(madre), Pedro Saúl, Saúl Andrés, Alfonso, Daniel Alfonso y José Augusto Zuluaga Ospina (hijos), este último quien actúa en nombre propio y como representante legal de la sociedad Zuluaga Zuluaga y Cía. S. en C, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A., cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

1 Según sello de presentación personal visible a folio 29 del cuaderno 1.Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

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3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la pasiva y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron causados con motivo del proceso penal que se adelantó en contra del señor Saúl Enríquez Zuluaga Olivar por el delito de usurpación de marcas y patentes que concluyó sentencia absolutoria, actuación en la que se evidenciaron conductas

fueron causados con motivo del proceso penal que se adelantó en contra del señor Saúl Enríquez Zuluaga Olivar por el delito de usurpación de marcas y patentes que concluyó sentencia absolutoria, actuación en la que se evidenciaron conductas reprochables y determinantes de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y de un error judicial por parte de las autoridad es judiciales. Al lado de ello, alegó que SANFORD COLOMBIA S.A. orquestó una campaña de desprestigio para lesionar los intereses de la Papelería de Occidente.

4. Por lo anterior, solicitó el reconocimiento de: i) 100 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicios morales y daño a la salud, respectivamente, en favor del señor Saúl Enrique Zuluaga Olivar y 50 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demás demandantes; ii) $45’000.000 por concepto d e daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales; iii) $2.869’686.760 por perjuicios materiales en favor de la sociedad Zuluaga Zuluaga Cía. S. en C. los cuales comprenden el menoscabo patrimonial que afrontó, la incautación de mercancías y las utilidades que dejó de percibir por cuenta del proceso penal.

Hechos

5. Se relató que en 1987 se abrió el establecimiento de comercio denominado Papelería de Occidente como un negocio familiar de los entonces esposos Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y Luz Marina Ospino. Afirmó que el negocio prosperó rápidamente, por lo que se abrieron sucursales en Cali, Pereira y Manizales y se

Papelería de Occidente como un negocio familiar de los entonces esposos Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y Luz Marina Ospino. Afirmó que el negocio prosperó rápidamente, por lo que se abrieron sucursales en Cali, Pereira y Manizales y se constituyó la sociedad Zuluaga y Zuluaga y Cía. S. en C., como propietaria del establecimiento.

6. Señaló que en el 2004, se diseñó una estrategia comercial de gran impacto para la temporada escolar consistente en la oferta de productos a muy bajo precio, entre ellos, esferos de marcas “kilométrico plus” y “paper mate” , oferta condicionada a la compra de la totalidad de la lista escolar.

7. Indicó que la mencionada estrategia generó malestar entre los competidores, entre ellos, de la firma NEWEL SANFORD S.A. – hoy SANFORD DE COLOMBIA S.A.- quien, sin fundamento alguno, formuló una denuncia penal en contra de la Papelería de Occidente, la que dio lugar a que se iniciara una investigación penal en contra del señor Zuluaga Olivar, por el delito de usurpación de marcas y patentes -proceso seguido bajo la radicación 2005 03562-.

8. Con ocasión a los hechos de la denuncia, la DIAN, en procedimiento del 15 de diciembre de 2005, realizó una visita aduanera en la que se produjo la incautación de 486 docenas de bolígrafos “Paper Mate” y 632 de bolígrafos “kilométrico Plus”, tras considera rse que estos elementos no contaban con la documentación

de 486 docenas de bolígrafos “Paper Mate” y 632 de bolígrafos “kilométrico Plus”, tras considera rse que estos elementos no contaban con la documentación completa para su ingreso al país y, además, no cumplían con los patrones deRadicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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3 calidad, impresión y tamaños aportados por la denunciante, sociedad que no tenía la calidad de propietaria o licenciataria de las mencionadas marcas.

9. Dada la debilidad de la prueba incriminatoria, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación; sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, el 25 de abril de 2006, tuvo a SANFORD DE COLOMBIA S.A. como víctima sin que lo fuera, pues no era licenciataria de esas marcas y, en consecuencia, acogió su petición de no acceder a la solicitud de preclusión. Al lado, requirió a la Fiscalía para que aportara nuevos elementos de convicción durante la etapa de juicio, a la par que este organism o desistió del recurso contra la decisión de negar la preclusión, aun cuando dicha impugnación era procedente.

10. El 22 de mayo de 2006, SANFORD DE COLOMBIA S.A., sin tener legitimación alguna, solicitó el cambió de radicación del proceso, a lo que accedió la Fiscalía de manera exótica.

11. Sin una prueba contundente, el 6 de febrero de 2008, se llevó a cabo audiencia

alguna, solicitó el cambió de radicación del proceso, a lo que accedió la Fiscalía de manera exótica.

11. Sin una prueba contundente, el 6 de febrero de 2008, se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación; luego, el 23 de junio siguiente, se celebró audiencia de acusación, y, finalmente, el 7 de julio del mismo año, se dio inició a la audiencia preparatoria, diligencia en la cual la Fiscalía no cumplió la carga de exponer nuevos elementos de juicio sino que presentó los mismos con los que contaba al momento de solicitar la preclusión2.

12. Como era de esperarse, el señor Zu luaga Olivar fue favorecido con una sentencia absolutoria, por cuanto, dadas las evidentes carencias probatorias, no se logró demostrar su responsabilidad penal, lo cual dejó en evidencia que se vinculó y procesó al actor por una conducta punible que no cometió, situación que le causó perjuicios susceptibles de reparación.

13. Por los anteriores hechos, la parte actora reprochó, en concreto, que: i) SANFORD DE COLOMBIA alegó la calidad de víctima sin serlo y presentó patrones de originalidad de una marca de la cual no era propietaria; ii) la Fiscalía reconoció como víctima a esta sociedad, sin serlo; aceptó un cambio de radicación del proceso, sin fundamento, y, además, desistió del recurso contra la providencia que negó la solicitud de preclusión. A la par de esto, imputó y acusó al actor como autor de una conducta punible sin pruebas contundentes sin aportar elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad penal reprochada ; y, iii) el juez

que negó la solicitud de preclusión. A la par de esto, imputó y acusó al actor como autor de una conducta punible sin pruebas contundentes sin aportar elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad penal reprochada ; y, iii) el juez penal de conocimiento no aceptó en su oportunidad la solicitud de preclusión; sin embargo, luego profirió sentencia absolutoria.

14. Lo anterior determinó, en criterio de la parte actora, la desintegración de la unidad familiar, pues el señor Zuluaga Olivar se separó de su esposa, al paso que sufrió el deterior o de su estado de salud, ya que presentó dos accidentes

2 Ha de señalarse que las copias que reposan de la actuación penal seguida bajo la radicación 2005-03562, dan cuenta de que estas audiencias se surtieron en fechas diferentes.Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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4 cardiovasculares. Al lado esto, se causó un grave detrimento patrimonial a la sociedad demandante, pues la Papelería de Occidente entró en quiebra3.

La defensa

15. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones, para lo cual consideró que la parte actora no interpuso los recursos de ley contra las decisiones cuestionadas, de allí que no pueda alegar el error judicial como fuente de responsabilidad.

16. Añadió que la calidad de víctima de SANFORD COLOMBIA cumplió con los condicionamientos previstos en la Ley 906 de 2004, por lo cual no había razón para

allí que no pueda alegar el error judicial como fuente de responsabilidad.

16. Añadió que la calidad de víctima de SANFORD COLOMBIA cumplió con los condicionamientos previstos en la Ley 906 de 2004, por lo cual no había razón para no tenerla como tal dentro de la actuación. Frente a la decisión de no precluir la investigación, dijo que la misma no resultó censurable y que, en todo caso, cuando se confirmó en sede de reposición, se expuso con claridad las razones para ello.

17. Finalmente, sostuvo que la parte actora no cumplió la carga de probar los daños que adujo, por lo que sus pretensiones estaban llamadas al fracaso4.

18. SANFORD DE COLOMBIA S.A. propuso la excepción de caducidad de la acción, tras afirmar que la afectación económica de la sociedad actora ocurrió en el 2008, el divorcio en agosto del 2011 y la historia clínica dio cuenta de los quebrantos de salud del actor en ju lio de este mismo año, luego, la demanda se promovió por fuera de los años siguientes a la fecha de estos acontecimientos5.

19. Indicó que comprendía un deber legal denunciar las conductas delictivas de las cuales tenía conocimiento, precisamente, las relacio nadas con la comercialización por parte de la Papelería de Occidente de productos que no cumplían con los estándares de calidad y originalidad de la marca “Kilométrico”; de allí que, amparado bajo los principios de buena fe y de confianza legítima, puso en conocimiento de las autoridades esas conductas, con miras a que fueran investigadas6.

20. La Fiscalía, pese a que fue notificada del auto admisorio, no contestó la demanda.

Alegatos

autoridades esas conductas, con miras a que fueran investigadas6.

20. La Fiscalía, pese a que fue notificada del auto admisorio, no contestó la demanda.

Alegatos

3 Folios 1 a 29 del cuaderno principal. 4 Folios 1673 a 1686 del cuaderno 1. 5 En audiencia inicial, el tribunal declaró no probada esta excepción, lo que fue objeto de recurso de apelación que resolvió esta Subsección en auto del 5 de diciembre de 2017, oportunidad en la cual confirmó la decisión recurrida con fundamento en que el cómputo de la caducidad debía iniciar a partir de la ejecutoria de la sentencia absolutoria fecha en la que se tuvo certeza del desenlace de la actuación penal. 6 Folios 1691 a 1712 y 258 del cuaderno 1.Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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21. Al concluir la etapa probatoria 7, SANFORD DE COLOMBIA S.A. alegó de conclusión, oportunidad en la cual señaló que no obra prueba que demostrara la mala fe en su actuación y, por el contrario, cuando instauró la denuncia penal presentó los protocolos de calidad de las marcas cuestionadas para cotejo pericial; luego, cuando solicitó el cambio de radicación, lo hizo amparado en la especialidad legal de las Fiscalías, de allí que actuó de buena fe y amparado en el principio de confianza legítima.

luego, cuando solicitó el cambio de radicación, lo hizo amparado en la especialidad legal de las Fiscalías, de allí que actuó de buena fe y amparado en el principio de confianza legítima.

22. Añadió que el hecho de permanecer vinculado a una investigación que concluye con una sentencia absolutoria no comporta per se un daño de naturaleza indemnizable sino que comprende un deber de todo ciudadano de contribuir con la realización de la justicia material.

23. Finalmente indicó que no se acreditaron los daños alegados en la demanda ni cómo ellos guardan relación con las conductas que reprocha constitutivas de fallas del servicio.

24. La Rama Judicial presentó alegatos de conclusión de manera extemporánea y la Fiscalía no intervino.

La decisión

25. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda.

26. Preliminarmente, indicó que los reproches de responsabilidad debían analizarse bajo la óptica del error judicial y del defectuoso funcionamiento, pues, de manera concurrente, se controvirtieron conductas y decisiones que se produjeron en el marco de un pro ceso penal que concluyó con sentencia absolutoria -ejecutoria de esta decisión que tuvo en cuenta para emprender el cómputo de la caducidad y concluir que la acción se ejerció en tiempo-.

27. Con este enfoque, analizó el material probatorio para señalar que se evidenció que con ocasión al procedimiento efectuado por la DIAN el 15 de diciembre de 2005, se inició el proceso penal anunciado en la demanda en contra del señor Zuluaga Olivar por el d elito de usurpación de marcas y patentes, proceso seguido bajo la

que con ocasión al procedimiento efectuado por la DIAN el 15 de diciembre de 2005, se inició el proceso penal anunciado en la demanda en contra del señor Zuluaga Olivar por el d elito de usurpación de marcas y patentes, proceso seguido bajo la radicación 2005-03562 de conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de

7 En la referida audiencia, el Tribunal incorporó la p rueba documental aportada por la parte actora, a saber: registros civiles de nacimiento de los demandante, contrato de divorcio por mutuo acuerdo de 17 de agosto de 2011, Certificado de Cámara y Comercio de la sociedad SANFORD DE COLOMBIA S.A., solicitud de registro de marca 344524, Certificado de Inscripción de Registro Público de Propiedad Industrial, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Historia Clínica del paciente Saúl Zuluaga Olivar, Declaraciones de Renta de la sociedad Zuluaga Zuluaga Cía. S. en C., copias del proceso penal seguido bajo la radicación 2005 -03562 de conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (se anexaron algunas decisiones, no obra la integridad del expediente), copias del proceso penal seguido bajo la radicación 2006-00423 de conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito (se remitieron copias de algunas diligencias, en particular, reposa copia del acta de la audiencia de solicitud de preclusión solicitada por la Fiscalía y desistimiento del recurso.Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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6 Conocimiento y del Juzgado Tercero Penal -ante el cual se adelantó la audiencia de juicio oral-; sin embargo, al revisar las copias aportadas por la parte actora, se pudo establecer que en contra de ese señor se siguieron dos investigaciones más relacionadas con el referido delito, las cuales se adelantaron bajo los radicados 2006-423 y 2006-428.

28. Indicó que se ac reditó que en el proceso 2006 -423 se celebró audiencia el 25 de abril de 2006 en la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira negó la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía, decisión que no fue recurrida por el señor Zuluaga Olivar, si no por la Fiscalía General de la Nación, de allí que no resultaba procedente el análisis bajo los presupuestos del error judicial.

29. En torno al reproche frente al desistimiento de la Fiscalía del recurso contra de la decisión anterior, precisó que los suje tos procesales están facultados para emplear los medios de contradicción que estimen procedentes, al paso que están habilitados para desistir de los mismos. Con todo, indicó que la actora no recurrió el auto que admitió dicho desistimiento.

30. Al punto de lo s señalamientos por cambio de radicación, indicó que la competencia para conocer los delitos contra la propiedad intelectual y telecomunicaciones le corresponde a las Fiscalías Especializadas, por lo que procedía el cambio de radicación.

30. Al punto de lo s señalamientos por cambio de radicación, indicó que la competencia para conocer los delitos contra la propiedad intelectual y telecomunicaciones le corresponde a las Fiscalías Especializadas, por lo que procedía el cambio de radicación.

31. Por otra parte, s eñaló que el proceso 2006 -428 inició con ocasión de la diligencia de allanamiento y registro que se practicó en la Papelería de Occidente el 21 de febrero de 2006, oportunidad en la cual se incautaron 8.950 unidades de lapiceros de la marca “Paper Mate”.

32. Agregó que en estas dos investigaciones no obran las decisiones en las que se admitió a SANFORD DE COLOMBIA S.A. como víctima, por lo que no podría emprenderse un análisis dirigido a establecer si se ajustaron a derecho o no.

33. Al lado de esto, dijo que en el proceso 2005-03562 -al cual hace referencia la demandase acreditó que: i) el 15 de junio de 2007 se llevó a cabo audiencia preliminar de control de legalidad de incautación de mercancías por parte de la DIAN en diciembre de 2005; ii) el 6 de febrero y el 23 de junio de 2008, se surtieron audiencias de formulación de imputación y de acusación, respectivamente; y, iii) el 12 de noviembre del mismo año, se realizó audiencia preparatoria en la cual la Fiscalía y SANFORD DE COLOMBIA anunciaron sus pruebas.

34. Indicó que en este proceso tampoco obra la decisión que admitió a esa sociedad como víctima; sin embargo, tal condición se encuentra acreditada, pues obra la certificación emitida el 15 de febrero de 2008, en la que la Superintendencia de

34. Indicó que en este proceso tampoco obra la decisión que admitió a esa sociedad como víctima; sin embargo, tal condición se encuentra acreditada, pues obra la certificación emitida el 15 de febrero de 2008, en la que la Superintendencia de Industria y Comercio informó que el 5 de septiembre de 2003, inscribió licencia de la marca “Kilométrico (Nominativa)” de “Berol Corporation” a SANFORD S.A.Radicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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35. Señaló que este proceso –radicación 2005 03562culminó con fallo absolutorio proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira en audiencia del 15 de diciembre de 2010, decisión que confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior el 19 de febrero de 2011, autoridad que indicó que la absolución no se produjo por la certeza de que el procesado actuó conforme a la ley, sino por que no se pudo dar validez al peritaje practicado con el fin de establecer la originalidad de los productos incautados.

36. Concluyó que estas actuaciones no se evidenciaron caprichosas, arbitrarias o ilegales, sino que se adoptaron en desarrollo propio del ejercicio de la acción penal, por lo que el actor estaba en la obligación de soportar la investigación, en tanto que con ella se pretendía esclarecer la comisión de conductas punibles.

37. Agregó que el hecho de obtener una sentencia absolutoria no tornó injusta o

por lo que el actor estaba en la obligación de soportar la investigación, en tanto que con ella se pretendía esclarecer la comisión de conductas punibles.

37. Agregó que el hecho de obtener una sentencia absolutoria no tornó injusta o antijurídica la actuación que le precedió y, de esta manera, no se podía alegar la reparación automática de daños con causa en dicha absolución.

38. Finalmente, dijo que no se acreditó que el proceso de divorcio que afrontó el actor, el infarto que padeció o la presunta quiebra de la sociedad actora haya n tenido como causa el proceso penal.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

39. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar el fallo del a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

40. Como argumentos concretos de disenso expuso que, con mejor criterio, esta instancia debía reconocer las irregularidades del proceso penal al cual fue vinculado el actor y que concluyó con sentencia absolutoria a su favor, por cuanto las mismas se encontraban probadas, ya que los elementos de juicio demostraron que:

• SANFORD DE COLOMBIA: i) se constituyó como víctima sin tener tal calidad; ii) se opuso a la solicitud de preclusión de la investigación y; iii) presentó patrones de originalidad de las marcas en litigio sin ser licenciataria de las mismas.

• La Fiscalía General de la Nación: i) reconoció la calidad de víctima de la referida sociedad sin serlo; ii) desistió del recurso de apelación contra la decisión del juez

• La Fiscalía General de la Nación: i) reconoció la calidad de víctima de la referida sociedad sin serlo; ii) desistió del recurso de apelación contra la decisión del juez de negar la preclusión solicitada; iii) accedió al cambio de radicación del p roceso; iv) no investigó tanto lo favorable como lo desfavorable ni aportó nuevos elementos en juicio; v) sindicó y acusó al señor Zuluaga Olivar de la comisión de conductas sinRadicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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8 tener pruebas de cargo contundentes, todo lo cual quedó en evidencia en la sentencia penal absolutoria.

• La Rama Judicial: i) no accedió a la solicitud de preclusión formulada en favor del procesado y confirmó y le reconoció personería a SANFORD DE COLOMBIA para actuar como víctima sin serlo.

41. Finalmente dijo que contra la solicitud que resuelve el cambio de radicación no procede recurso alguno8.

42. En proveído del 28 de mayo de 2020 9, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, el 22 de octubre siguiente, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto10.

43. En esta oportunidad, la actora insistió en las acusaciones de la demanda y agregó que no recurrió la providencia que admitió el desistimiento del recurso de apelación contra la decisión que negó la solicitud de preclusión de la investigación,

43. En esta oportunidad, la actora insistió en las acusaciones de la demanda y agregó que no recurrió la providencia que admitió el desistimiento del recurso de apelación contra la decisión que negó la solicitud de preclusión de la investigación, por cuanto no estaba habilitada para ello11.

44. El Ministerio Público solicitó confirmar el fallo del a quo, para lo cual sostuvo que no se demostraron conductas reprochadas a la Rama o a la Fiscalía dentro de la causa pena l seguida bajo la radicación 2005 -03562 -sobre el que versaron los hechos de la demanda -, dado que obraban suficientes elementos para imputar y acusar al actor por la comisión del delito de usurpación de marcas y patentes, pues los bolígrafos de la marca “Kilométrico” incautados por la DIAN en la Papelería de Occidente no tenían los documentos de importación en regla ni cumplían los patrones de originalidad aportados por SANFORD DE COLOMBIA S.A., compañía que contaba con licencia para comercializarlos en el país, de allí que tampoco se le pudiera reprochar a ésta la falta de interés para acudir en calidad de víctima.

45. Agregó que ninguna prueba confirmó los demás reproches de la demanda, por tanto, pese a existir una sentencia absolutoria, lo cierto es que la vinculación e investigación en contra del actor constituía una carga que debía soportar en virtud del deber de todo ciudadano de contribuir con el funcionamiento del Estado, en particular, cuando éste ejerce la acción penal12.

46. SANFORD COLOMBIA S.A. solicitó confirmar la sentencia apelada y rechazar los argumentos de la apelante, pues el fallo apelado se fundamentó en

particular, cuando éste ejerce la acción penal12.

46. SANFORD COLOMBIA S.A. solicitó confirmar la sentencia apelada y rechazar los argumentos de la apelante, pues el fallo apelado se fundamentó en consideraciones fácticas y jurídicas adecuadas y, además, en el expediente no se

8 Folio 703 a 705 del cuaderno principal. 9 Folio 2168 del cuaderno principal. 10 Folio 2171 del cuaderno principal. 11 Índice 14 SAMAI 12 Índice 18 SAMAIRadicación: 66001-23-33-000-2013-00465-03 (65.926) Actor: Saúl Enríquez Zuluaga Olivar y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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9 probó la existencia del daño que alegan los actores derivado de su vinculación al proceso penal13.

47. La Fiscalía General de la Nación señaló que no se encuentra demostrada la “actitud pasiva y omisiva” durante la instrucción e investigación, tal como se le reprochó en la demanda, y, por el contrario, se evidenció que su actuación se ajustó al cumplimiento de las competencias que constitucionalmente le fueron confiadas14.

48. La Rama Judicial no intervino en esa etapa procesal.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

49. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación indicado.

50. Antes de emprender cualquier análisis, la Sala encuentra oportuno volver sobre

o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación indicado.

50. Antes de emprender cualquier análisis, la Sala encuentra oportuno volver sobre los supuestos de imputación del daño alegado, de cara a establecer si el medio de control de reparación directa que se promovió se ejerció oportunamente respecto de cada uno de ellos -aspecto que debe analizarse de manera oficiosa, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción -15. Lo anterior atiende a la circunstancia derivada de que en la demanda se acumularon multiplicidad de reproches frente a cada una de las imputacion es encausadas, que si bien podrían analizarse de manera conjunta bajo la perspectiva de que el actor considera que de manera injusta se adelantó un proceso en su contra, tal pretensión no podría desligarse del hecho claro y evidente de que la demanda se particularizaron diversas actuaciones que en su sentir no debieron ser adoptadas, las que sindica como fuente del daño que se le ha causado.

51. Ha de resaltarse, inicialmente, en lo que toca con la caducidad de las acciones ejercidas ante esta jurisdicción, que el artículo 136 de la CCA -aplicable al asunto16prevé que la acción de reparación directa debe intentarse dentro del término de

13 Índice 16 SAMAI 14 Índice 15 SAMAI 15 Al respecto, esta Corporación ha precisado lo siguiente: “ Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para rev isar todos los

de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para rev isar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (subrayas fuera de texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth. 16 Si bien la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011 -19 de diciembre de 2013-, lo cierto es que para efectos del cómputo