CE - 660012333000201400032011SENTENCIAFALLO20230906125302

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 66001-23-33-000-2014-00032-01 (0099-2015)

Demandante: Julieth Venancia Acuña de Romaña Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

Rechaza recurso de reposición contra auto que no avoca conocimiento para unificar. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora JULIETH VENANCIA ACUÑA DE ROMAÑA instauró demanda en contra

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora JULIETH VENANCIA ACUÑA DE ROMAÑA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la s Resoluciones, (i) RDP 46076 del 3 de octubre de 2013, (ii) RDP 49404 del 24 de octubre de 2013, y (iii) RDP 49536 del 25 de octubre de 2013, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia

1 Folios 1 a 3, C1.2

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a favor de la demandante, y se confirmó tal decisión respectivamente . Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previs iones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 17 de marzo de 2006, junto a los intereses e indexación correspondientes.

la mencionada prestación conforme a las previs iones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 17 de marzo de 2006, junto a los intereses e indexación correspondientes.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 189, 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 17 de marzo de 1950. Que durante su vida laboral se desempeñó como docente en el departamento de Cundinamarca desde el 2 de junio de 1969 hasta el 1º de marzo de 1977 , esto en virtud del nombramiento efectuado por la misma autoridad territorial. Posteriormente, la actora detentó una vinculación como educadora del departamento de Caldas entre el 13 de mayo de 1980 y el 15 de febrero de 1982. Finalmente, laboró al servicio del municipio de Pereira a partir del 12 de junio de 1995, y por lo menos hasta la fecha de presentaci ón de la demanda (29 de enero de 2014), aquella aún ejercía como educadora en razón de este mismo vínculo.

Que el 18 de septiembre de 2013, la señora Acuña de Romaña radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gra cia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 046076 del 3 de octubre de 2013 al aducir que se acreditó un tiempo de labor como docente nacional

laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 046076 del 3 de octubre de 2013 al aducir que se acreditó un tiempo de labor como docente nacional que no le permitía acceder a la prestación, por lo que la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación que fueron resueltos negativamente a través de las Resoluciones RDP 049404 del 24 de octubre de 2013 y RDP 049536 del 25 de octubre del mismo año, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 27 de febrero de 2014 3 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el cual manifestó que la primera vinculación de la demandante se da como maestra en la Escuela Rural "La Palma" del municipio de Fosca en el departamento de Cundinamarca del 2 de junio

2 Folios 3 a 5, C1. 3 Folios 21 a 22, C1. 4 Folios 25 a 26, C1. 5 Folios 61 a 65, C1.3

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de 1969 al 1 de marzo de 1977 . Después de esto , la actora se desempeñó como educadora oficial de primaria en el departamento de Caldas desde el 29 de abril de

de 1969 al 1 de marzo de 1977 . Después de esto , la actora se desempeñó como educadora oficial de primaria en el departamento de Caldas desde el 29 de abril de 1980 hasta el 15 de febrero de 1982 , no obstante, los continuos y recurrentes traslados por parte de Ministerio de Educación son prueba de la calidad ostentada por la accionante como docente del orden nacional y no nacionalizada como pretende hacerlo ver.

Propuso las excepciones que denominó, (i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, (ii) prescripción y (iii) genérica o innominada.

En la audiencia ini cial6 resolvió la excepción de prescripción en el sentido de declararla probada parcialmente en caso de que prosperaran las pretensiones de la demanda. Para ello adujo que se encontró probado el hecho de que tanto la reclamación administrativa y la present ación de la demanda en este caso fueron presentadas en 2013 y 2014, es decir, por fuera de los 3 años siguientes a la exigibilidad del derecho en debate.

Seguidamente, en dicha diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio , se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 , y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusi ón con el fin de dictar sentencia oral en esa misma oportunidad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia oral en desarrollo de la

para alegar de conclusi ón con el fin de dictar sentencia oral en esa misma oportunidad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia oral en desarrollo de la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de agosto de 2014 , a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa. Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 , a fin de analizar posteriormente la aplicación de los requisitos previstos en estas normas en el caso específico de la accionante.

Sobre el caso particular aseguró que, como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia, dado el carácter excepcional con que fue instituida la pensión gracia, para su reconocimiento y pago es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, como son que el interesado haya prestado todo el tiempo de servicio en planteles departamentales, municipales o nacionalizados.

6 Folios 81 a 87, C1. 7 Folios 83 a 87, C1.4

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Que dicho supuesto fáctico no se cumple en el sub examine, puesto que de la totalidad de las vinculaciones laboral es de la señora Julieth Venancia Acuña de

Que dicho supuesto fáctico no se cumple en el sub examine, puesto que de la totalidad de las vinculaciones laboral es de la señora Julieth Venancia Acuña de Romaña, solo 9 años, 6 meses y 12 días fueron en calidad de docente territorial y docente nacionalizada.

Que al respecto, no es posible tener en cuenta el per íodo de servicio en virtud del nombramiento realizado por el departamento de Risaralda por medio del Decreto 420 del 12 de mayo de 1995, toda vez que dicha entidad territorial actuó en uso de las facultades conferidas en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, es decir, con fundamento en una verdadera desconcentración administrativa territorial, pues las funciones de nombrar, remover, trasladar, contro lar y en general administrar el personal docente otorgadas dichas autoridades , no se efectuarían con plena autonomía administrativa y financiera, sino en calidad de administradores del FER, organismo este supervisado por un delegado del Ministerio de Educación Nacional.

Que resulta necesario condenar en costas a la parte activa al haber resultado vencida, tal como lo dispone para el efecto el artículo 188 del CPACA.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demanda nte en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron compre ndidos en el proceso de nacionalización iniciado con la ley 43 de 1975 de la educación primaria como de la secundaria. Aseguró que en tal sentido, a ellos por habérseles sometido

departamentales o regionales y municipales que quedaron compre ndidos en el proceso de nacionalización iniciado con la ley 43 de 1975 de la educación primaria como de la secundaria. Aseguró que en tal sentido, a ellos por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con la s Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

Que con base en dicho contexto, debe tenerse en cuenta que al 31 de diciembre de 1980, la señora Julieth Venancia Acuña de Romaña se encontraba vinculada a la docencia, toda vez que laboró hasta el 15 de febr ero de 1982, adquiriendo el derecho a que se les respete la normativ a de que trata las leyes anteriores, más aún cuando de cara a los elementos probatorios allegados a la demanda, no puede sostenerse válidamente que su vinculación corresponde a la de una educadora nacional, por cuanto en los términos del artículo 1º de la Ley 91 de 1989, no fue nombrada por el Ministerio de Educación, sino por una autoridad del orden territorial, tanto así que igualmente fue objeto de traslados e incorporaciones sin perder esa condición.

8 Folios 91 a 107, C1.5

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Que si bien es cierto la reclamante fue vinculada nuevamente a la docencia en el año de 1995 mediante Decreto 420 del 12 de mayo de 1995, es decir, en vigencia de la Ley 29 de 1989, también es cierto que ella se encuentra incursa en lo establecido en el artículo 15 , numeral 2º , literal a) de la Ley 91 de 1989, derecho que no puede ser vulnerado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes presentaron alegaciones finales con las que ratificaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda respectivamente.9

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.10

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vi nculación con carácter de territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.

Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó conocimiento para unificación de jurisprudencia

Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra en la plataforma SAMAI,11 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto del 26 de octubre de 2022,12 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada

en la plataforma SAMAI,11 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto del 26 de octubre de 2022,12 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como plaza docente.

Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA 13 prevé en su inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de análisis en esta instancia.

9 Folios 139 y 140 a 150, C1. 10 Según acta secretarial obrante a folio 151, C1. 11 Índice 38 de la plataforma SAMAI. 12 Índice 32 de la plataforma SAMAI. 13 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.6

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Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la pr esente Ley el personal docente

a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la pr esente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% de l salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluye ndo a los docentes nacionales de su8

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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con l a totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al

Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que tam bién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta

de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio q ue prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma excl usiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 16 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último,

interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de l os actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o

nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,17 la Sección Segunda también fijó como regla

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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Lozano contra la UGPP.10

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jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 d e diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territor