CE - 660012333000201500020011SENTENCIA20231018115311

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: SOCIEDAD GUAYACANES LTDA.

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA

Tema: Ocupación permanente de bien inmueble por ejecución de obras públicas. Caducidad del medio de control de reparación directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

I. SINTESIS DEL CASO

La sociedad Guayacanes Ltda., propietaria del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 290 -15364, cuya área total de terreno era de 10534,17 m2, sufrió ocupación permanente de 938.96 m2 del bien, en razón de la construcción del Anillo Vial Longitudinal de Pereira, obra pública ejecutada por la entidad demandada, que finalizó antes del 22 de febrero de 2010.

El 13 de diciembre de 2011, la Alcaldía de Pereira inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290 -15364 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la

El 13 de diciembre de 2011, la Alcaldía de Pereira inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290 -15364 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la Resolución No. 5254 de 5 de diciembre de 2011 , que dio inicio a un procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria directa de la porción del terreno afectado con los trabajos públicos. La demandante considera que sus intereses se han visto afectados porque “las condiciones físicas del predio cambiaron en virtud de la ocupación por la fase 1 de la obra pública” y estima que la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-15364 de la Resolución No. 5254 de 5 de diciembre de 2011,efectuada el 13 de diciembre de 2011, sacó “el predio de mayor extensión […] del comercio […]”, impidiendo su explotación económica.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de enero de 20151, Sociedad Guayacanes Ltda., mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa , present ó demanda en contra d el municipio de Pereira , por la ocupación permanente de 938 ,9 m2 del predio de su propiedad, distinguido con el folio de matrícula inmobiliar ia No. 29015364, área afectada con la construcción de la primera fase del anillo vial longitudinal de ese municipio.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte

15364, área afectada con la construcción de la primera fase del anillo vial longitudinal de ese municipio.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar las sumas de $694.830.440, correspondiente al valor comercial de 938.94 m2 afectados con la obra pública , y $1.321.292.192, por la minusvalía del inmueble de mayor extensión.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirm ó que la sociedad Guayacanes Ltda. era propietaria del inmueble inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290 -15364 y en el catastro vigente bajo el número 01 -08-00260014-000, ubicado en la calle 42 carrera 11 y en la quebrada la Dulcera del municipio de Pereira.

Sostuvo que el 13 de abril de 2010, mediante Decreto 364, el municipio de Pereira declaró las especiales condiciones de urgencia y utilidad pública de los bienes ubicados en los terrenos de construcción del anillo vial longitudinal.

Manifestó que, en fecha indeterminada, el representante legal de la sociedad Guayacanes Ltda. autorizó al municipio de Pereira para realizar las obras en una parte del predio de su propiedad.

Indicó que el 23 de abril de 2010, mediante Resolución No. 1841, el municipio de Pereira inició el procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria directa del inmueble de propiedad de la demandante.

Advirtió que el 15 de junio de 2010, con autorización del representante legal de la sociedad Guayacanes Ltda., mediante Resolución No. 2755, el municipio de Pereira

inmueble de propiedad de la demandante.

Advirtió que el 15 de junio de 2010, con autorización del representante legal de la sociedad Guayacanes Ltda., mediante Resolución No. 2755, el municipio de Pereira

1 Fl. 2 a 17, C. 1.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

3 revocó la Resolución No. 1841 del 23 de abril de 2010 , por inconsistencias en el área afectada del inmueble.

Señaló que el 5 de diciembre de 2011 , mediante la Resolución No. 5254, el municipio de Pereira , nuevamente, inició el procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria directa de 938.96 m2 del inmueble de propiedad de la sociedad Guayacanes Ltda.

Expuso que el 6 de diciembre de 2011 el representante legal de la sociedad Guayacanes Ltda. fue notificado de la Resolución No. 5254 de 5 de diciembre de 2011.

Aseveró que , en fecha indeterminada, la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda elaboró el avalúo del inmueble afectado con la construcción del anillo vial longitudinal de Pereira.

Declaró que el 7 de diciembre de 2011 , la sociedad Guayacanes Ltda. en Liquidación manifestó su inconformidad con el avalúo fijado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda y renunció a términos para el agotamiento de la etapa de negociación voluntaria.

Declaró que el 13 de diciembre de 2011, se inscribió en el folio de matrícula

Propiedad Raíz de Risaralda y renunció a términos para el agotamiento de la etapa de negociación voluntaria.

Declaró que el 13 de diciembre de 2011, se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-15364 la prohibición de enajenación del inmueble de propiedad de la demandante.

Expresó que el 16 de diciembre de 2011, en atención a lo manifestado por la sociedad Guayacanes Ltda., el municipio de Pereira requirió a la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda para que revisara el avalúo, sin que se conozcan los resultados de tal revisión.

Afirmó que el 22 de febrero de 2012, el Secretario Jurídico del municipio de Pereira remitió a la Secretaría de Infraestructura el expediente del inmueble de propiedad del demandante, para continuar con su proceso de adquisición.

Advirtió que, en fecha indeterminada y en vista de que el municipio no continuó con el trámite de negociación voluntaria y/o expropiación del inmueble de propiedad de la demandante, la Sociedad Guayacanes Ltda. elevó una petición a la entidad territorial para que se diera trámite al proceso respectivo.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

4 Afirmó que el 30 de octubre de 2013, la Lonja de Camacol elaboró el avalúo del inmueble de propiedad de la demandante.

Sostuvo que el 25 de junio de 2013, la Secretaría de Infraestructura Municipal le respondió que debía elaborarse un nuevo avalúo, por c uanto el anterior se hallaba vencido.

inmueble de propiedad de la demandante.

Sostuvo que el 25 de junio de 2013, la Secretaría de Infraestructura Municipal le respondió que debía elaborarse un nuevo avalúo, por c uanto el anterior se hallaba vencido.

Indicó que eI 8 de enero de 2014, la sociedad Guayacanes Ltda. le comunicó a la Secretaría de Infraestructura Municipal su intención de finiquitar la enajenación de la parte del inmueble de su propiedad, afectado con la obra pública.

Señaló que el 21 de febrero de 2014 la Secretaría de Infraestructura Municipal le comunicó a la sociedad Guayacanes Ltda. que le asistía la intención de finiquitar el procedimiento de enajenación del inmueble.

La demandante consider a que sus intereses se han visto afectados porque “las condiciones físicas del predio cambiaron en virtud de la ocupación por la fase 1 de la obra pública” y estima que la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-15364 de la Resolución No. 5254 de 5 de diciembre de 2011 ,efectuada el 13 de diciembre de 2011 , sacó “el predio de mayor extensión […] del comercio […]”, impidiendo su explotación económica.

2. Contestación

El 30 de septiembre de 2015 2, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. El Municipio de Pereira 3 indicó que la demandante no atacó los actos administrativos que eran plausibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, pretende revivir los términos de

2.1. El Municipio de Pereira 3 indicó que la demandante no atacó los actos administrativos que eran plausibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, pretende revivir los términos de caducidad. Propone las excepciones de indebida escogencia y caducidad del medio de control.

El municipio de Pereira llamó en garantía a la Previsora S.A., Compañía de Seguros con fundamento en la póliza multirriesgo No. 1001053 con vigencia entre el 1 ° de mayo de 2010 y el 1 ° de abril de 2011. El 28 de junio de 2016 4, el Tribunal

2 Fl. 29, C.1. 3 Fl. 51 a 67, C.1. 4 Fl. 175 a 176, C.1.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

5 Administrativo de Risaralda admitió el llamamiento en garantía y ordenó su notificación a la Previsora S.A., Compañía de Seguros.

2.2. La Previsora S.A., Compañía de Seguros, llamada en garantía, guardó silencio.

3. Audiencia inicial

El 26 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Risaralda celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determi nar si “el municipio de Pereira debe responder administrativ a y

previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determi nar si “el municipio de Pereira debe responder administrativ a y patrimonialmente por los daños y perjuicios al parecer causados a la sociedad demandante con ocasión del proceso de enajenación voluntaria de un inmueble propiedad de esta última; o si por el contrario, las actuaciones desplegadas por el ente territorial no han causado daño antijurídico alguno posible de ser indemnizado”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 18 de junio de 2018 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 reiteró lo dicho en el escrito de demanda, manifestado que en el plenario se encontraba acreditada la afectación parcial del inmueble de su propiedad, con la construcción de la obra pública “Anillo Vial Longitudinal del Municipio de Pereira”, en cuyo efecto argumentó que “la responsabilidad patrimonial por ocupación permanente se configura con la prueba de que una parte o la totalidad de un bien inmueble respecto del cual se detenta el derecho de dominio, hubiere sido ocupado permanentemente por la administr ación o por particulares que actuaron autorizados por ella […]”.

4.2. El municipio de Pereira , la Previsora S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

5 Fl. 367 a 368, C.2. 6 Fl. 372 a 377, C.1.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

silencio.

5 Fl. 367 a 368, C.2. 6 Fl. 372 a 377, C.1.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2019 7, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la caducidad del medio de control de reparación directa , al constatar que la demanda se presentó por fuera del término legalmente. Asimismo, denegó la condena en costas, al considerar que no se hallaban probadas.

Al efecto sostuvo que: “se hace necesario abordar nuevamente el análisis de la figura jurídica de la caducidad, pues si bien fue propuesta como excepción previa por la entidad demandada, y fue despachada en forma desfavorable en la audiencia inicial celebrada dentro del proceso ( decisión que no fue recurrida), ya ahora […] debe efectuar[se] un nuevo estudio con base en todo el recaudo probatorio que se adosado (sic) al expediente. […] La sociedad demandante, conforme al material probatorio estuvo enterada de la terminación de la obra de la que pretende derivar las condenas correspondientes desde el momento en que estuvo cursando las comunicaciones con la entidad municipal demandada. A lo sumo la medida cautelar de la que se queja y que indica también es ge neradora del daño antijurídico fue inscrita en efecto el día 5 de diciembre de 2011. […] la demanda fue presentada el 21 de enero del año 2015 […] la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 9 de julio de 2014 […] Conforme se indica en la demanda […] la Resolución 5254

21 de enero del año 2015 […] la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 9 de julio de 2014 […] Conforme se indica en la demanda […] la Resolución 5254 de diciembre de 2011 fue notificada el 6 de diciembre de 2011 al representante legal de la sociedad demandante, y al decir de la misma apoderada de esta parte (en sus alegatos de conclusión), a partir de allí el predio quedó […] por fuera del comercio, por la imposibilidad de adelantar licenciamiento para construcción. El acto administrativo anterior no fue objeto de recursos ni de acción ante esta jurisdicción. Conforme se puede leer de la documentación que obra en el dosier (sic), la obra fue terminada inclusive antes del último intento de negociación, pues la sociedad que ahora demanda había dado autorización a la entidad municipal para que se ocupara la franja de terreno, con mucha anterioridad a los actos administrativos q ue daban luces del proceso que se avecinaba. A la postre y como se indica en la contestación de la demanda, para noviembre del año 2010 la obra ya estaba ejecutada en su totalidad. Así las cosas, tomando inclusive la fecha posterior que es la de notificación de la medida cautelar de “oferta de compra” a la que atribuye parte del origen de los perjuicios, no la de terminación de la obra (que a la postre significó la ocupación permanente de la franja de terreno que se viene haciendo referencia) se tiene lo si guiente: Fecha de inicio del término para presentar la demanda: 7 de diciembre de 2011, por lo que se contaba hasta el 7 de diciembre de 2013 para

7 Fl. 240 a 255, C.Ppal.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

7 Fl. 240 a 255, C.Ppal.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

7 incoarla. […] al momento de presentarse la solicitud de conciliación extrajudicial (julio de 2014) ya el plazo mencionado estaba más que fenecido. […] Por otro lado, tratar de indicar que como la medida inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria dilataba el término de caducidad es una posición no aceptada por la jurisprudencia […]”.

6. Recurso de apelación

El 7 de septiembre de 2019 8 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de octubre de 2019 9 y admitido el 9 de diciembre de 201910.

6.1. El extremo activo precisó que el daño que se alega en la demanda tiene como causa eficiente la ocupación permanente de un inmueble de un particular con ocasión de unas obras o trabajos públicos en los que el término para interponer la demanda debe comenzar a co ntarse a partir del conocimiento del hecho dañino, anotando que para la demandante no fue posible demandar con anterioridad, dado que el procedimiento administrativo adelantado por el municipio de Pereira se encontraba inconcluso.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 18 de febrero de 202011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora12 y el municipio de Pereira13 reiteraron lo alegado en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora12 y el municipio de Pereira13 reiteraron lo alegado en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

7.2. La Previsora S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto

8 Fl. 392 a 409, C.Ppal. 9 Fl. 411, C. Ppal. 10 Fl. 416 s, C. Ppal. 11 Fl. 420, C. Ppal. 12 Fl. 432 a 436, C. Ppal. 13 Fl. 425, C, Ppal.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

8 contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, pues la cuantía, dada por la estimación razonada en la demanda14, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación15, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157 y 247 del del CPACA.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el

declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el artículo 14016 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por la ocupación permanente de un bien inmueble por parte del municipio de Pereira.

14 “Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación raz onada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Parágrafo . Cuando la cuantía esté

En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Parágrafo . Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.” 15 La estimación razonada de la cuantía corresponde a $2.016.122.596, lo cual es superio r a 500 SMLMV ($322.175.000) del año en que ésta se presentó. 16 “Artículo 140. Reparación directa . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurí dico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanent e de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño ”Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño ”Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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3. Caducidad del medio de control de reparación directa derivada de la ocupación por obra pública

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo d e certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable , y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “..el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

10 situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apar ato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducar ía al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de

vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fech a posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. ”. Lo anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentr o de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 66001233300020150002001 (65359)

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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Además, d e acuerdo con la jurisprudencia de unificación sobre la materia, esta

Demandante: Sociedad Guayacanes Ltda.

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Además, d e acuerdo con la jurisprudencia de unificación sobre la materia, esta Corporación ha establecido que el término para presentar la demanda, tratándose de un evento de ocupación temporal o permanente por causa de una obra pública, debe computarse, en el primer evento, desde el momento en que cesa la ocupación temporal o, en el segundo, desde que fue finalizada la obra que ocupa permanentemente el bien, exceptuando en ambos casos, las situaciones en que el actor no pudo conocer el hecho en este momento, sino que lo hace con posterioridad, de manera que el computo t iene lugar desde la fecha del conocimiento21.

En este sentido, la jurisprudencia ha afirmado:

“en tratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa