CE - 660012333000201600417021SENTENCIA20230130143824

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26 ) de enero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -20 22)

Demandante: MARÍA DORA HOYOS GUZMÁN

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL -DEPARTAMENTO DE RISARALDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA .

Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos / Intereses moratorios e indexación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 11 de marzo de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

La señor a María Dora Hoyos Guzmán , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, solicitó la nulidad del oficio 23648 del 18 de diciembre de 2015 expedido por la secretaria de despacho encargada y el profesional universitario de la Secretaría de Educa ción de Risaralda a través de la cual se negó el

1 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 18 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.

2 Cód igo de Pr oc edim ien to Adm ini str a tiv o y de lo Con te ncio so, en a dela nte C PA C A .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

Dem andante: María Dora Hoyos Guzmán

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reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago extemporáneo de la homologación y nivelación salarial de los años 1996 a 2009

Bogotá D.C. - Colombia

reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago extemporáneo de la homologación y nivelación salarial de los años 1996 a 2009

Como restablecimiento del derecho reclamó que se condenen a las entidades públicas a lo siguiente: i) reconocer y pagar los intereses moratorios con efectividad a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación hasta el momento en que se realice el pago efectivo del retroactivo, es decir, enero de 201 3; ii) liquidar los valores pretendidos con base al interés bancario corriente de dicho período, y únicamente sobre el valor del capital, sin incluir las sumas pagadas por concepto de indexación; iii) saldar las sumas adeudadas conforme a lo previsto los i ncisos 2° y 3° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y iv) sufragar las costas procesales.

1.2. Hechos relevantes 3.

El apoderado de l a demandante señaló como fundamentos fácticos de la demanda, los siguientes:

1. La señora María Dora Hoyos Guzmán integró la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del

Departamento de Risaralda.

2. El Ministerio de Educación Nacional dando cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 60 de 1993 certificó al ente territorial ut supra para la prestación del servicio educativo, dicha decisión quedó contenida en la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995.

3. Lo precedente tuvo como consecuencia el traslado del personal administrativo de la Nación a las plantas y cargos existentes

decisión quedó contenida en la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995.

3. Lo precedente tuvo como consecuencia el traslado del personal administrativo de la Nación a las plantas y cargos existentes en la Rama Ejecutiva del nivel departamental y municipal.

4. El Departamento de Risaralda por medio del Decreto 0258 de 2 marzo de 2005 homologó y niveló los cargos administrativos

3 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 18 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

Dem andante: María Dora Hoyos Guzmán

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de la Secretaría de Educación y Cultura, los cuales fueron pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.

5. El acto administrativo ibidem fue modificado por el Decreto 0986 de 31 de agosto de 2010, en virtud de la solicitud realizada por la citada Secretaría de Educación al Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de salvaguardar el principio de igualdad de la planta personal.

6. A través del Decreto 1062 expedido el 29 de septiembre de

realizada por la citada Secretaría de Educación al Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de salvaguardar el principio de igualdad de la planta personal.

6. A través del Decreto 1062 expedido el 29 de septiembre de 2010, m odificado por el Decreto 0990 de 31 de octubre de 2011 se asignó la correspondiente denominación de código, grado y asignación mensual «determinado en la planta de cargos homologados al personal administrativo del sector educativo», y en consecuencia la Ca rtera Ministerial del sector educativo mediante Oficio 2011EE187 de 3 de enero de 2011, aprobó la liquidación de la deuda correspondiente al retroactivo producto del mencionado ajuste.

7. El día 31 de diciembre de 2012 el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 1858 modificada por la Resolución 1384 de 5 de septiembre de 2013 reconoció y ordenó pagar a favor de la señora María Dora Hoyos Guzmán el retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial del interregno comprendido entre los años 1996 a 1999, sin embargo, los valores adeudados fueron sufragados hasta enero de 2013, es decir, después de los 30 días que la ley otorga para ello, de tal forma que se causar on intereses moratorios.

8. Inconforme con lo anterior, el 6 de octubre de 2015 radicó ante la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda petición de reconocimiento y pago de los intereses moratorios por la no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

9. La enunciada solicitud se negó por medio del oficio 23648 de

petición de reconocimiento y pago de los intereses moratorios por la no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

9. La enunciada solicitud se negó por medio del oficio 23648 de 18 de diciembre de 2015.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 4.

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política de 1991; 1649, 1617, numerales 1° y 2° del artículo 1608 del Código Civil y el artículo 177 del Decreto 01 de 1984.

Como concepto de violación el apoderado de la demandante argumentó que a pesar de que el acto acusado fundamenta la determinación desfavorable en que la indexación y los intereses moratorios son incompatibles por cuanto obedecen a una misma causa, lo cierto es que la inde xación se dirige a actualizar una deuda con base al índice de precios al consumidor, en cambio, los intereses moratorios tienen como finalidad resarcir y sancionar el

causa, lo cierto es que la inde xación se dirige a actualizar una deuda con base al índice de precios al consumidor, en cambio, los intereses moratorios tienen como finalidad resarcir y sancionar el retardo en el pago de una obligación dineraria, por tal razón, no se configura la incompa tibilidad entre éstos.

Por otra parte, aseguró que el proceso de homologación de los empleados de las plantas de personal de la Nación a las entidades territoriales, configuraba un deber en cabeza de la administración consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 5, consistente en pagar las deudas que fueran producto del reconocimiento de los costos del servicio educativo conforme a la Constitución Política y la ley dejados de pagar o reconocer por el Sistema General de Participaciones, en tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional no puede exonerarse de responsabilidad, en consideración a que se trató de un procedimiento administrativo en el cual tuvo participación.

1.4. Contestación de la demanda.

El Ministerio de Educación Nacional 6 señaló que en el proceso del epígrafe no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que no es el titular de la obligación pretendida por la ciudadana , ello en

4 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 18 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda e n el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.

5 «Por la cu al se e xp ide e l P lan Nac iona l d e D esar r o l lo, 2010 -2 014»

5 «Por la cu al se e xp ide e l P lan Nac iona l d e D esar r o l lo, 2010 -2 014»

6 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 18 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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razón a que la entidad que expidió el acto administrativo controvertido es la Secretaría de E ducación del Departamento de Risaralda, seguidamente sostuvo que debido a la descentralización educativa, la responsabilidad del procedimiento de homologación y nivelación salarial radica en cabeza del ente territorial al cual estuvo vinculada la petente, así las cosas, en el hipotético supuesto de una condena no puede endilgarse responsabilidad a la entidad, ya que, se acusa una actuación de la administración en la que no tuvo participació n, por lo anterior, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

De igual forma, propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud sustantiva de la demanda ; ii) prescripción y iii) genérica.

legitimación en la causa por pasiva

De igual forma, propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud sustantiva de la demanda ; ii) prescripción y iii) genérica.

El Departamento de Risaralda 7 luego de explicar en qué consiste la homologación de cargos 8 y nivelación salarial 9 afirmó que esos trámites se efectuaron a través de actos administrativos expedidos conforme a los lineamientos, directrices y circulares del Ministerio de Educación Naci onal, así mismo, señaló que dichos actos están en firme, se presumen legales y tienen fuerza ejecutoria, en tal medida si la demandante estaba inconforme con la decisión debió manifestar su desacuerdo en término.

Por último, propuso las siguientes excepc iones: i) inepta demanda; ii) falta de competencia de la entidad territorial para decidir sobre la homologación y nivelación salarial; iii) inexistencia de valores adeudados; iv) prescripción y v) genérica.

1.5. Trámite procesal .

A través de providencia de 2 8 de octubre de 2016 10, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda de la referencia y ordenó la notificación a las instituciones públicas demandadas .

7 Expe die nte d igi tal a índ ice 3 d e la s ac tuac ione s r eg is tr adas p or el T r ibun al Adm ini str at iv o de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci a lS AM A I.

8 «Eq uip ar ar car go s co n c ódig o y gr ado »

de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci a lS AM A I.

8 «Eq uip ar ar car go s co n c ódig o y gr ado »

9 «Re cono cim ient o de lo s r et r oac ti vos sa lar ia le s»

10 E xped iente d igi tal a í ndi ce 18 de l as actu ac ione s r eg is tr adas por el T r ibu nal Adm in is tr at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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Por auto de 17 de octubre de 201 7 se fijó como fecha para la audiencia inicial el 28 de noviembre de 201 711, la cual se realizó de manera conjunta y simultánea con otros procesos que tienen similitud fáctica y jurídica.

El magistrad o ponente surtió las siguientes etapas: i) declaró sane ado el proceso; ii) resolvió las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva 12 e ineptitud sustantiva de la demanda; y iii) fijó el litigio 13 en los siguientes términos:

sane ado el proceso; ii) resolvió las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva 12 e ineptitud sustantiva de la demanda; y iii) fijó el litigio 13 en los siguientes términos:

«determinar la legalidad de los actos demandados, conforme a las causales y argumentos de nulidad planteados en la demanda, a efectos de establecer si le asiste el derecho a los demandantes al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial de l personal administrativo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda ».

Los sujetos procesales intervinientes estuvieron de acuerdo con la fijación del litigio.

Posteriormente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, además a causa de que no existían medios probatorios por practicar, se prescindió de la audiencia de pruebas y se constituyó la Sala de Decisión para llevar a cabo la aud iencia de alegaciones y juzgamiento, fase en la que los interesados reiteraron las ideas expuestas en sus escritos de intervención precedentes.

Por último, se enunció el sentido de la decisión de fondo.

1.6. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 20 22 negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para tal efecto, señaló que el retroactivo por homologación y nivelación

proferida el 11 de marzo de 20 22 negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para tal efecto, señaló que el retroactivo por homologación y nivelación

11 S es ión su spend ida m ientr as se s ur tí a la ape lac ión en contr a de la dec is ión de e xcep ci ones pr evi as, si endo r eanu dada el 8 de m ar z o de 2022 .

12 La a utor idad ju dic ia l de cl ar ó pr obada l a e xcep ció n y or denó la d esv in cul aci ón d el M in ist er io de Edu cac ión, d ec isi ón con fir m a da por el Con sejo d e E sta do el 9 de s ept iem br e de 2 021, exped ient e 576 8 -201 9.

13 Ac ta de a udi enc ia v is ibl e en e l a índ ice 1 8 de las act uaci ones r egi str ad as p or el T r ibu nal Adm ini str at iv o de R isar a lda en e l S istem a de Ge sti ón J udic ia l -S AM AI.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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salarial de los años 1996 a 2009 se pagó en el mes de enero del año 2013 , en tal sentido a pesar de haberse realizado la cancelación del emolumento en un tiempo posterior no implica la generación de mora, así mismo, sostuvo que los valores reconocidos fueron indexados, reconocimiento incompatible con los intereses moratorios pretendidos, toda vez que la causa de los dos conceptos tiene asidero en la devaluación del dinero.

Igualmente, aseguró que no resulta aplicable a la controversia la sentencia C -367 de 1995, referida en el concepto de violación, ya que, el análisis de constitucionalidad se abordó la mora en el pago de pensiones.

Teniendo en cuenta que se negaron las súplicas de la demanda y no se comprobó la causación de costas, el juez colegiado se abstuvo de condenar en costas procesales a la parte demandante.

1.7. El recurso de apelación.

La parte demandante 14 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por varios motivos :

1. Las entidades demandadas desconocieron el deber constitucional y legal de realizar las gestiones administrativas y presupuestales de forma diligente, por cuanto la homologación y nivelación salarial debió asumirse por la parte demandada desde el momento en que efectuó el traslado de personal del nivel nacional al departamental y no a los 16 años

y presupuestales de forma diligente, por cuanto la homologación y nivelación salarial debió asumirse por la parte demandada desde el momento en que efectuó el traslado de personal del nivel nacional al departamental y no a los 16 años posteriores como sucedi ó en este asunto, situación que deviene en un retraso imputable a la administración y en la consecuente causación de mora generadora de intereses moratorios.

1. La indexación y los intereses no se excluyen entre sí, de ahí que no es admisible la interpretaci ón según la cual, se genera doble pago por la misma causa, puesto que la indexación hace alusión a la actualización de las sumas adeudadas, por el

14 Índ ice 16 de l as act uac ione s r egi str ad as por el T r ibun al Adm in istr a ti vo de Ri sar a lda en el Si stem a de Ges tión Ju dic ia l -S AM AI .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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contrario, los intereses moratorios son una sanción por la demora en el reconocimiento de una obligación, es decir reparan los perjuicios causados.

1. Los intereses moratorios deben reconocerse sobre el capital neto, por lo tanto, según el artículo 1617 del Código Civil y

demora en el reconocimiento de una obligación, es decir reparan los perjuicios causados.

1. Los intereses moratorios deben reconocerse sobre el capital neto, por lo tanto, según el artículo 1617 del Código Civil y demás normas concordantes las instituciones demandadas tendrán que pagar los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se efectué el pago, valor que equivale a una suma superior a la indexación .

1. Respecto a la inaplicabilidad de la sentencia 367 de 1995, manifestó que la jurisprudencia en relación al artículo 53 de la Constitución Política de 1991 ha estableci do que como consecuencia del pago tardío de acreencias laborales, el Estado debe reconocer intereses moratorios, ahora bien, a pesar de que el caso no es similar al discutido en la instancia judic ial, lo cierto es que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es claro al explicar que ante el incumplimiento en el pago de un emolumento laboral la sanción será reconocer intereses moratorios.

1.8. Alegatos de conclusión.

Una vez presentado el recurs o de apelación por el abogado de la recurrente, al estar dentro del término procesal correspondiente, el despacho ponente a través de auto proferido el 14 de septiembre de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes

de 2021, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia secretarial 15 de 16 de noviembre de 2 02 2, según la cual ejecutoriado el auto admisorio no hubo solicitud de pruebas.

15 Índi ce 9 de S AM AI.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las sigui entes,

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

Por lo tanto, como quiera que en el presente proceso tan solo apeló

está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

Por lo tanto, como quiera que en el presente proceso tan solo apeló la parte demandante, la Sala de Subsección únicamente se pronunciará sobre los motivos expresados por ella, que se circunscriben al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el pago del retroac tivo por el proceso de homologación y nivelación salarial surtido en el departamento de Risaralda .

2. Problema jurídico .

Acorde con los planteamientos del recurso de apelación presentado por las partes, le corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante :

✓ ¿La señora María Dora Hoyos Guzmán tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses moratorios en razón a que el retroactivo indexado por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Risaralda por el periodo de 1996 a 2009 solo fue c ancelado hasta enero de 2013?

Par a resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: i) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; ii) de los intereses ; iii) análisis de la Sala; iv) decisión en segundaNulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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instancia y v) condena en costas .

3. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos 16.

La Ley 43 de 1975 17, nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, la Ley 60 de 1993 18 ordenó la des centralización del servicio educativo, desmontando así la nacionalización ordenada por la ley anterior. La norma ut supra dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos a los departamentos y distrito s.

De esta forma, quedó claramente establecido que el personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía pagarse al respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar p arte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.

El traspaso o entrega de las plantas de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un proceso de incorporación que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos

respectivamente.

El traspaso o entrega de las plantas de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un proceso de incorporación que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, previstos en la planta de la Nación, con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamen tos), procedimiento que en el caso del personal administrativo, revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.

16 Se ap oya la Sal a en e l c once pto de la Sa la de Con s ulta y S er v ic io C iv il d el Con sejo de Est ado. Ra dic ac ión: 1607 . 9 de d ic iem br e de 2014. C .P . F la vio A ugus to Rodr í guez Ar ce.

17«Por la c ual se na cio nal iza la e duca ci ón pr im ar i a y secun dar i a que o fi cia lm en te v iene n pr esta ndo l os de par tam ento s, e l D istr ito Es pec ial de B o gotá, los m u ni cip ios , la s in tende nc ias y com isa r ia s».

18 De r ogad a por el ar tícu lo 11 3 de la Le y 715 de 2 001 . Regl am ent ada par cia lm en te por e l Decr e to 1168 de 1 999 « Por la c ual s e di ctan nor m a s o r gáni cas sobr e l a di str i buc ión de

Decr e to 1168 de 1 999 « Por la c ual s e di ctan nor m a s o r gáni cas sobr e l a di str i buc ión de com pet enc ias de confor m ida d con l os ar t ícu los 15 1 y 288 de la Co nst itu ció n Po lít ica y se distr ibu yen r e cur s os se gún l os ar t ícu los 356 y 35 7 d e la Co nst itu ció n Po lít ic a y se d ic tan otr as di spos ic ione s».Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

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Luego, la Ley 715 de 2001 19 pretendió municipalizar el servicio educativo que se había departamentalizado previamente. En aquella se preceptúo que los departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que la asunción de la administración a utónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones -artículos 5° y 6° -, aparejaba la obligación de los municipios de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las entidades territoriales debían recibir el personal

entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedim iento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos, de ntro del cual las entidades pudieran ejercer sus competencia según su situación fiscal.

La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fine s del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no solo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado d e responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, la cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

Según se analizó, las condiciones de inc orporación no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales sino a los resultados de un estudio técnico concertado que

19 «P or la cua l s e d i ct an n or m as or gá ni cas en m ater ia d e r e cur s os y com pe tenc ias de

sino a los resultados de un estudio técnico concertado que

19 «P or la cua l s e d i ct an n or m as or gá ni cas en m ater ia d e r e cur s os y com pe tenc ias de confor m idad con l os ar t ícu los 15 1, 288 , 3 56 y 357 ( Act o Leg isl ati vo 01 de 2 001) de l a Cons tit uc ión Po lít ic a y s e d ict an otr as d ispo si cio nes par a or gan iz ar la pr es tac ión de lo s ser v ici os de ed uc a ció n y sa lud, entr e otr os».Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00417 -02 (3639 -2022)

Dem andante: María Dora Hoyos Guzmán

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia

permitiera ubicar los servicios en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones que debían cu mplir, a los requisitos exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar, y a los demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los Decretos Reglam entarios de la Ley 4ª de 1992.

El personal administrativo tenía una connotación muy particular, por cuanto sus salarios debían ser cubiertos con