CE - 660012333000201600518021SENTENCIA20230928182830

Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

Accionante: Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN POPULAR Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

Accionante: DEFENSORÍA DEL PUEBLOREGIONAL RISARALDA

Accionado: DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OTROS

Tesis: Se vulneran los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la seguridad y salubridad públicas cuando un municipio omite el cumplimiento de la obligación legal de crear c árceles para las personas detenidas preventivamente y ello incide en el hacinamiento de los establecimientos carcelarios del departamento de

Risaralda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

demandante en contra de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La Defensoría del Pueblo de la Regional Risaralda promovió acción popular1 pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE BALBOA , el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos del Municipio de Balboa ; relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad como (sic) el acceso a la infraestruc tura de servicios que garantice la salubridad (sic) y la salubridad públicas.

SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE BALBOA , el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y a la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, que en el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el Despacho, contado a partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere efectuado, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad

técnicamente viables con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir, tendientes a conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, garantizando los recursos y los instrumentos necesarios para facilitar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, conforme lo ordena la Ley 65 de 1993.

TERCERO: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que su despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

[…]” (Mayúsculas y negrillas del original).

1.2. LOS HECHOS

La parte accionante indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, existe un marco legal que le asigna “ a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente”.

1 Folios 13 a 19 cuaderno 1.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Explicó que conforme con el artículo 19A de dicha ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho, además de las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, deberá promover la aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.

Señaló que el documento Conpes 3828 de 2015 de Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia indicó que “(…) del seguimiento al sistema penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley y, por ende, no gestionan ni destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles para las personas detenidas preventivamente” y que dicho incumplimiento incide en la sobrepoblación de los establecimientos del orden nacional.

Anotó que en los centros de reclusión de Risaralda, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI “Cárcel La 40”, Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal”, se presentan altos niveles de hacinamiento que se reducirían si las entidades territoriales cumplieran con las obligaciones a su cargo relacionadas con la población privada de la libertad en ejecución de una medida de aseguramiento de detención preventiva.

presentan altos niveles de hacinamiento que se reducirían si las entidades territoriales cumplieran con las obligaciones a su cargo relacionadas con la población privada de la libertad en ejecución de una medida de aseguramiento de detención preventiva.

Sostuvo que con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para las personas detenidas preventivamente , las entidades territoriales incurren en omisión de la Ley 65 de 1993 y violan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, seguridad y salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

Manifestó que requirió al municipio de Balboa, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento de Risaralda para que informaran si contaban con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y arribó a la conclusión que laRadicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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administración municipal no cuenta con el espacio para el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención preventiva en donde las personas detenidas en esa calidad dispongan de un lugar sin hacinamiento, con las condiciones mínimas que garanticen una permanencia digna y segura.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Risaralda el 26 de julio de 2016 2 y correspondió por reparto al despacho de la

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Risaralda el 26 de julio de 2016 2 y correspondió por reparto al despacho de la magistrada Paola Andrea Gartner Henao3.

2.2. Por auto del 12 de agosto de 2016 la magistrada de conocimiento la admitió4, ordenó la notificación personal a la parte demandada, Ministerio de Justicia y del Derecho, departamento de Risaralda y municipio de Balboa, y vinculó a la acción popular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

- USPEC.

2.3. Los accionados contestaron la demanda manifestando lo siguiente:

El Ministerio de Justicia y del Derecho

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2017 5, esto es, en oportunidad, el apoderado judicial se opuso a las pretensiones, para lo cual expuso que conforme a lo previsto en el Decreto 2897 de 2011 6, el ministerio no tiene asignadas atribuciones para c umplir o solucionar directamente los conflictos en materia de sanidad, infraestructura y administración de un establecimiento penitenciario y carcelario para detención preventiva.

2 Folio 19 anverso del cuaderno 1. 3 Folio 20 ibídem. 4 Folio 22 a 24 ibídem. 5 Folios 33 a 37 ibídem. 6 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del

5 Folios 33 a 37 ibídem. 6 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Precisó que de acuerdo con lo establecido en los Decretos 4150 y 4151 de 2011, las medidas administrativas tendientes a atender asuntos al interior de los centros penitenciarios y carcelarios como lo son las condiciones de salubridad, la atención médica, asignación de celdas para dormir y atender visitas conyugales, traslados d e internos a otros establecimientos, la prestación del servicio de salud, agua, alimentación y de infraestructura carcelaria están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

Señaló que la adscripción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC al Ministerio de Justicia y del Derecho no constituye una relación jerárquica funcional ni de subordinación, toda vez que, según lo previsto en los artículos 44, 104 y 105 de la Ley 489 de 1998, dicha figura alude a la orientación, controles sectoriales y administrativos tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio

en los artículos 44, 104 y 105 de la Ley 489 de 1998, dicha figura alude a la orientación, controles sectoriales y administrativos tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio subordinado de facultades y competencias por parte de entes adscritos.

Aseveró que esa cartera ministerial en el marco de su competencia de diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria y con el ánimo de supe rar la problemática del sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto del plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

Respecto del plan de construcción y refacción carcelaria señaló que a partir del año 2000 el Gobierno Nacional inició un proceso de transformación del sistema penitenciario con el objeto de lograr unas instalaciones adecuadas, en terrenos adquirid os que cumplieran con l os requisitos necesarios para el funcionamiento específico de establecimientos penitenciarios y carcelarios.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Agregó que en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 se previó la construcción y dotación de 10 nuevos establecimientos de reclusión con el objeto de, entre otros, ampliar y

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Agregó que en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 se previó la construcción y dotación de 10 nuevos establecimientos de reclusión con el objeto de, entre otros, ampliar y readecuar la infraestructura para reducir el hacinamiento.

Informó que el Gobierno Nacional logró que en el Plan Nacional de Desarrollo para lo s años 2011 -2014 se autorizara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC para que mediante concesión llevara a cabo la construcción, mantenimiento y conservación de centros penitenciarios y carcelarios a través de un proceso de tercerización, y que el 13 de julio de 2011 se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y de Justicia, el INPEC y la Corporación Andin a de Fomento – CAF, cuyo objeto era la ampliación de la capacidad del Sistema Penitenciario y Carcelario en 26.000 cupos para el año 2014 mediante la construcción de seis a ocho establecimientos de reclusión.

En cuanto a las graves falencias en la prestación del servicio de salud en los establecimiento penitenciarios y carcelarios , adujo que junto con el Ministerio de Salud y P rotección Social expidió la Circular Conjunta 051 de 2012 para la adopción e implementación de lineamientos generales para la vigilancia y control de eventos de salud pública en los centros de reclusión.

Además, expuso que se emitió el Decreto 2496 de 2012 que tiene como finalidad permitir la contratación de una EPS, diferente a CAPRECOM, para la afiliación al sistema de salud de la población privada de la libertad y la existencia de una EPS diferenciada para las personas privadas de la

finalidad permitir la contratación de una EPS, diferente a CAPRECOM, para la afiliación al sistema de salud de la población privada de la libertad y la existencia de una EPS diferenciada para las personas privadas de la libertad.

Enfatizó en que desde la expedición de la Ley 65 de 1993, le corresponde a los entes territoriales la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad; no obstante, estaRadicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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obligación no ha sido asumida cabalmente por los alcaldes y gobernadores.

Anotó que con fundamento en el artículo 168 de la Ley 65 de 1993 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC profirió la Resolución 1505 del 31 de mayo de 2013 “Por la cual se declara el estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional del INPEC” , con el fin de conjurar la grave situación de salud de los centros reclusorios y con base en la cual el director general del INPEC adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del dicho estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.

Expresó que “(…) la actuación del INPEC y de la USPEC ha sido de tal

del INPEC adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del dicho estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.

Expresó que “(…) la actuación del INPEC y de la USPEC ha sido de tal naturaleza que su aparente “inacción” no obedece a un querer administrativo encaminado a “sacar de bulto”, como se dice coloquialmente, sino que es producto del desbordamiento de obligaciones de todo tipo, que para su correcta y eficaz solución requieren ser desarrolladas previos estudios, cronogramas y procedimientos que demandan tiempos más allá de los que en una utopía de Estado serían exigibles”.

El departamento de Risaralda

Por escrito radicado el 7 de marzo de 20177, esto es, de manera oportuna contestó la demanda por conducto de apoderado, manifestando lo siguiente:

Que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados por la demandante, toda vez que de acuerdo con lo establecido en la Ley 65 de 1993, la entidad competente para la administración, mantenimiento y custodia de las cárceles nacionales, departamentales o municipales es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.

7 Folios 42 a 58 del cuaderno 1.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Precisó que el departamento de Risaralda no posee cárceles o establecimientos carcelarios o penitenciarios del orden departamental,

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Precisó que el departamento de Risaralda no posee cárceles o establecimientos carcelarios o penitenciarios del orden departamental, razón por la cual no le asiste responsabilidad por la presunta violación a los derechos colectivos invocados por la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se opuso a la primera , ya que es competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de conformidad con lo expresado por la Ley 65 de 1993 y los decretos que la han reglamentado.

En cuanto a la segunda pretensión, señaló que es el INPEC y, de manera subsidiaria, el municipio de Balboa los competentes para atender los requerimientos de la población recluida en las cárceles para detención preventiva de los condenados y sindicados.

De igual forma, se opuso a la pretensión tercera por considerar que el departamento de Risaralda no está obligado a cumplir y que el departamento de Risaralda cedió a título gratuito al INP EC el lote denominado “El Pílamo” con el fin de construir el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Pereira, lo cual solucionará el hacinamiento que se vive en la cárcel “La 40” de Pereira.

Sostuvo que conforme el artículo 298 de la Constitución Política y el literal f) del artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, el Departamento de Risaralda no tiene a su cargo la construcción, administración, custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o condenados y sindicados por contravenciones.

no tiene a su cargo la construcción, administración, custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o condenados y sindicados por contravenciones.

Como medios exceptivos propuso el de falta de legitimación en la causa por pasiva y “la existencia de precedente en materia carcelaria y penitenciaria y cosa juzgada”.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Frente a la excepción de “existencia de precedente en la materia y efecto de cosa juzgada” sostuvo que sobre hechos y pretensiones similares al caso que nos ocupa ya se han proferido varios pronunciamientos.

Solicitó que se acumularan a la presente acción popular los procesos radicados bajo l os números 2016-00518-00; 2016 -00519-00; 201600529-00;2016-00524-00; 2016 -00525-00; 2016 -00520-00; 201600517-00, que cursan en distintos despachos del Tribunal Administrativo de Risaralda.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

Por escrito radicado el 7 de marzo de 2017 8, esto es, oportunamente, contestó la demanda por conducto de apoderado, explicando lo siguiente:

Expuso que pese a que la entidad fue creada mediante el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 fue hasta mayo del año siguiente que inició

contestó la demanda por conducto de apoderado, explicando lo siguiente:

Expuso que pese a que la entidad fue creada mediante el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 fue hasta mayo del año siguiente que inició su funcionamiento y solo hasta el 2013 le fueron asignados los recursos presupuestales, momento desde el cual inició las labores tendientes a la contratación de las principales necesidades en los establecimientos a nivel nacional.

Recalcó que la entidad hasta hace menos de tres años desde la fecha en que se contestó la demanda, asumió formalmente el cumplimiento de unas funciones que trajeron como consecuencia, “(…) heredar una problemática estructural y compleja proveniente del IN STITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, materializada en el hecho de recibir una infraestructura inadecuada y vetusta, en regular estado y con índices de intervención bajos, sin dejar de mencionar el más delicado de todos, el hacinamiento carcelario”.

Expuso que conforme el numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, el INPEC reporta a la USPEC las necesidades de los establecimientos

8 Folios 64 a 78 del cuaderno 1.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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penitenciarios y carcelarios en cuanto a infraestructura, bienes y servicios de su competencia y luego establece prioridades conforme al presupuesto asignado a la unidad para tales efectos.

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penitenciarios y carcelarios en cuanto a infraestructura, bienes y servicios de su competencia y luego establece prioridades conforme al presupuesto asignado a la unidad para tales efectos.

Explicó, en cuanto a la asignación del presupuesto, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con las metas presupuestales, establecen unos límites de gastos para cada sector y sus respectivas entidades, lo cual no permite atender la totalidad de las necesidades que tienen cada una de ellas.

Indicó que la unidad solicitó presupuesto suficiente en las vigencias 2013, 2014 y 2015 para efectos de cumplir con las prioridades indicadas por el INPEC, pero no fueron apropiados los recursos solicitados en su totalidad.

Señaló que la USPEC ha venido trabajando en dos frentes, a saber, el mejoramiento y rehabilitac ión de la infraestructura existente y la generación de nuevos cupos para todos los establecimientos de reclusión del país que están a cargo del INPEC.

Indicó que para diciembre de 2014 generó 2.116 cupos, para el año 2015 se crearon 6.724 cupos entre pro yecto de rehabilitación, pabellones de mediana seguridad y proyecto colonias y que para el año 2016 se generaron 1.936 cupos más en pabellones de mediana seguridad.

Anotó que conforme al artículo 17 de la Ley 65 de 1993, las autoridades locales y el departamento correspondiente deben destinar presupuesto para atender a la población sindicada y condenada en cada departamento.

Sostuvo que en el caso concreto el departamento de Risaralda debe

locales y el departamento correspondiente deben destinar presupuesto para atender a la población sindicada y condenada en cada departamento.

Sostuvo que en el caso concreto el departamento de Risaralda debe cumplir con las disposiciones citadas a efectos de solucionar el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva del municipio de Balboa.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Explicó que en virtud de las competencias asignadas por la Ley 1709 de 2014 a la USPEC, suscribió el contrato de fiducia mercantil número 331 de 2016 con el Consorcio Fondo d e Atención en Salud PPL 2017, el cual se encarga de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos para la atención integral en salud y la prevención de enfermedades en la población privada de la libertad. Señaló que con ello se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios médicos a los internos.

Propuso como medio exceptivo la falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a que la USPEC , carece de competencia para trasladar , asignar cupos o hacer intervenciones en los establecimientos de detención preventiva.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Por escrito radicado el 10 de marzo de 20179, es decir, en oportunidad, contestó la demanda por conducto de apoderado e indicó que acepta como ciertos todos los hechos relacionados en el escrito de la demanda y

Por escrito radicado el 10 de marzo de 20179, es decir, en oportunidad, contestó la demanda por conducto de apoderado e indicó que acepta como ciertos todos los hechos relacionados en el escrito de la demanda y coadyuva las pretensiones solicitadas.

Consideró que se debe establecer las autoridades sobre las cuales recae el deber legal de garantizar el espacio para el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención preventiva en condiciones dignas y de seguridad.

Expuso que el Tribunal Administrativo de Risaralda al momento de tomar la decisión de fondo en la presente acción popular, debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 que dispone que los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito capital deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad policiva.

9 Folios 86 a 88 del cuaderno 1.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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Indicó que, además, los entes territoriales deben incluir en sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, pago de empleados, raciones de presos, gastos por remisiones y viáticos, materiales, suminist ros, compras de equipos y demás

respectivos presupuestos las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, pago de empleados, raciones de presos, gastos por remisiones y viáticos, materiales, suminist ros, compras de equipos y demás servicios, absteniéndose los gobernadores y alcaldes de aprobar o sancionar los presupuestos que no llenen los requisitos establecidos por dicho artículo.

Precisó que conforme al artículo 17 de la Ley 65 de 1993 adicionado por el artículo 9 de la Ley 1709 de 2014 , la reclusión de las personas sindicadas o detenidas preventivamente corresponde a los distintos entes territoriales mientras que la reclusión de las personas condenadas compete al INPEC.

Aseveró que los entes territoriales que integran el departamento de Risaralda han incumplido con el debe r legal que les asiste de crear y sostener sus propios centros de reclusión, omisión que ha sido determinante para agudizar aún más la crisis de hacinamiento que impera en el Establecimiento Penitenciario de Pereira.

Agregó que la responsabilidad de la infraestructura carcelaria del orden nacional, su construcción y refacción recae en la USPEC, por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de este instituto en la presente acción popular pues, la vulneración de los derechos colectivos alegados solo cesa con la creación de nuevos pabellones o centros de reclusión.

El municipio de Balboa contestó de manera extemporánea.

2.4. Mediante providencia del 6 de junio de 201 710 el magistrado de conocimiento dejó sin efectos las actuaciones surtidas y declaró el agotamiento de la jurisdicción en la presente acción popular.

2.4. Mediante providencia del 6 de junio de 201 710 el magistrado de conocimiento dejó sin efectos las actuaciones surtidas y declaró el agotamiento de la jurisdicción en la presente acción popular.

10 Folios 104 a 105 del cuaderno 1.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

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2.5. Contra la decisión anterior, la Defensoría del Pueblo R egional Risaralda interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 15 de febrero de 201811, en el sentido de revocar el auto proferido el 6 de junio de 2017 y ordenar continuar con el trámite de la acción popular.

2.6. La audiencia de pacto se celebró el 6 de junio de 201812 y se declaró fallida ante la falta de fórmula de pacto. En la misma audiencia, se profirió el auto de pruebas en el que se tuvieron como tales las aportadas por la parte demandante y por el departamento de Risaralda, se negó la inspección judicial solicitada por la parte actora y se decretó como prueba de oficio librar oficios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al municipio de Balboa.

2.7. Allegadas las pruebas documentales decretadas, por auto del 13 de julio de 201813 se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran;

INPEC y al municipio de Balboa.

2.7. Allegadas las pruebas documentales decretadas, por auto del 13 de julio de 201813 se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran; no obstante, guardaron silencio.

2.8. En proveído del 10 de agosto de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión14.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión , mediante sentencia del 23 de noviembre de 2018, dispuso15:

“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, departamento de Risaralda, INPEC y USPEC.

2. Se niegan las súplicas de la demanda.

3. No habrá condena en costas, ni reconocimiento de incentivo económico, por lo expuesto en la motiva.

11 Folios 225 a 227 del cuaderno 1. 12 Folios 242 a 244 del cuaderno 1. 13 Folio 289 del cuaderno 2. 14 Folio 293 del cuaderno 2. 15 Folios 321 a 336 del cuaderno 2.Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02

Accionante: Defensoría del PuebloRegional Risaralda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

4. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría envíese copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de la

www.consejodeestado.gov.co 14

4. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría envíese copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de la presente sentencia a la Defensoría Regional del Pueblo.

[…]”

Como razones para decidir, expuso que, una v ez valoradas las pruebas obrantes en e