CE - 660012333000201600596021SENTENCIAFALLO20230509164146

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)

Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio , departamento de

Risaralda

Temas: Intereses moratorios o legales por homologación y nivelación salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Sandra Yaneth Espinosa Correa formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 23570 del 17 de diciembre2

Contencioso Administrativo, la señora Sandra Yaneth Espinosa Correa formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 23570 del 17 de diciembre2

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa de 2015, expedido por la Secretaría de Educación del depart amento de Risaralda, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homo logación salarial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) condenar al Ministerio de Educación Nacional, departamento de Risaralda, Secretaría de Educación departamental, a reconocer y pagar los intereses moratorios por el desembolso tardío de l a homologación y nivelación salarial, los cuales deben ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de treinta días, una vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses reclamados con base en el capital neto canc elado, sin incluir el valor que se reconoció por concepto de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iv) disponer el pago de los intereses moratorios en los términos ordenados por el artículo 192 ibidem; y v) condenar en costas a la entidad demandada, en caso de que presente oposición a las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Hechos

intereses moratorios en los términos ordenados por el artículo 192 ibidem; y v) condenar en costas a la entidad demandada, en caso de que presente oposición a las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora Sandra Yaneth Espinosa Correa prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, en calidad de personal administrativo.

1. El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2480 del 12 de julio de 1995, con miras a dar cumplimiento a la Ley 60 de 1993, e n el sentido de certificar al departamento de Risaralda, para la administración del servicio educativo.

1. Producto de lo anterior, se transfirió el personal administrativo del servicio educativo nacional, a las plantas de personal de las entidades territoriales, con3

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa iguales cargos, códigos y salarios que traían desde la Nación; sin embargo, no se tuvo en cuenta que, en la mayoría de los casos, el personal administrativo del orden territorial tenía un nivel salarial superior al personal del orden nacional.

1. A partir de lo antes indicado, se generó la obligación en las entidades del orden nacional, que entregó el personal, y del orden territorial, que lo recibió, de realizar la homologación de cargos y la nivelación salarial correspondiente, desde el momento en que se produjo el traslado y, por ende, desde esa fecha, la demandante debió recibir la diferencia salarial correspondiente.

la homologación de cargos y la nivelación salarial correspondiente, desde el momento en que se produjo el traslado y, por ende, desde esa fecha, la demandante debió recibir la diferencia salarial correspondiente.

1. Pese a lo expuesto, al momento en que se produjo el traslado, el personal administrativo incorporado no fue homologado y nivelado salarialmente, respecto de los cargos pares del nivel territorial.

1. La Sala de Consult a y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004 indicó que las entidades territoriales debían realizar la nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser asumida por la Nación.

1. El departamento de Risaralda expidió el Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005 con el propósito de homologar y nivelar los cargos administrativos de la Secretaría de Educación.

1. La Secretaría de Educación le solicitó al Ministerio de Educación Nacional la modificación parcial del estudio técnico de homologación y nivelación salarial con el propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad, lo que fue aprobado mediante concepto jurídico del 30 de junio de 2010.

1. A través del Decreto 0986 del 31 de agosto de 2010 se modificó el Decreto 0258 de marzo de 2005 por medio del cual se produjo la homologación y nivelación de cargos.4

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa x) Mediante el Decreto 1062 del 29 de septiembre de 2010 se asignó la denominación de código, grado y asignación salarial a la plant a de personal

Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa x) Mediante el Decreto 1062 del 29 de septiembre de 2010 se asignó la denominación de código, grado y asignación salarial a la plant a de personal homologado y tal decisión fue modificada por el Decreto 0990 del 31 de octubre de

2011.

1. Por medio del Oficio 2011EE187 del 3 de enero de 2011 el Ministerio de Educación aprobó la liquidación de la deuda correspondiente al ajuste de la homologación y nivelación salarial.

1. Por virtud de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación departamental, reconoció y ordenó el pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a favor de la demandante y, en ella, se indicó expresamente que la fecha en que se constituyó la obligación fue en el año 1997.

1. El anterior acto se modificó y adicionó por medio de la Resolución 1384 del 5 de septiembre de 2 013, en lo que respecta a los valores relativos a servicios personales, contribuciones inherentes a nóminas, indexación y deuda total del personal administrativo.

1. Aunque en el artículo primero de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012 se afi rmó que el pago corresponde a los años 1997 a 2009, en realidad, la gran parte de personal se transfirió a la planta departamental desde el año 1996.

1. El hecho anterior implica que la obligación de reconocer la homologación salarial inició desde el mes de enero de 1996, producto de la expedición de la Resolución

gran parte de personal se transfirió a la planta departamental desde el año 1996.

1. El hecho anterior implica que la obligación de reconocer la homologación salarial inició desde el mes de enero de 1996, producto de la expedición de la Resolución 2480 del 12 de julio de 1995, por la cual se transfirió el personal administrativo, y hasta el 31 de diciembre de 2009, como lo indicó la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012; sin embargo, el período a cancelar entre los beneficiarios varía atendiendo la fecha de ingreso, retiro o prescripción y, en el caso de la accionante,5

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa el lapso comprende desde 1996 hasta 2009.1

1. De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría de Educación, el retroactivo salarial se pagó a la demandante en enero de 2013, es decir, que este se hizo en forma extemporánea.

1. La obligación del pago de nivelación salarial debió realizarse en idéntica fecha del pago del salario, por lo que la tardanza al respecto genera intereses moratorios al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo

(sic).

1. El 7 de octubre de 2015 , la demandante formuló, ante la Secretaría de Educación del departamento, una solicitud orientada a que se reconocieran los intereses moratorios causados por la tardanza en el pago de su nivelación salarial y, con ello, interrumpió el fenómeno prescriptivo.

Educación del departamento, una solicitud orientada a que se reconocieran los intereses moratorios causados por la tardanza en el pago de su nivelación salarial y, con ello, interrumpió el fenómeno prescriptivo.

1. El 17 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación expidió el Oficio 23570, mediante el cual resolvió, en forma desfavorable, la petición anterior. Ese acto se le notificó el 15 de enero de 2016, y su contenido comporta una ilegalidad, en cuanto no se informó al peticionario los recursos que contra él procedían.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:

1 Según se indicó en el hecho 17 de la demanda.6

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su empleo equivalente en la estructura receptora, en este caso, como resultado de la descentralización del servicio de educación.

1. La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los

descentralización del servicio de educación.

1. La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos violó la ley, en la medida en que pretendió equiparar los intereses a la i ndexación cuando ambos provienen de una fuente distinta.

1. En el empleador recae la obligación de pagar oportunamente los salarios a sus empleados y, en caso de no cumplir su cometido, debe reconocer los intereses moratorios que surgen a causa de tal tardanza.

1. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, indicó que las entidades territoriales, previo al proceso de homologación, debían realizar la nivelación salarial, pues en virtud del p rincipio de igualdad, debían recibir iguales salarios a sus homólogos del nivel territorial; sin embargo, en el caso de la demandante, las diferencias salariales no se pagaron en forma oportuna y, por ende, es viable reconocer los intereses pretendidos, decisión que atiende los principios de igualdad y favorabilidad en la aplicación de la condición más beneficiosa al empleado.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El d epartamento de Risaralda , por conducto de apoderado, contestó la demanda2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque cuando se produjo la homologación y nivelación salarial, los recursos fueron pagados en forma oportuna a cada uno de sus beneficiarios. Además, precisó las circunstancias que

2 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y Tribunales.7

oportuna a cada uno de sus beneficiarios. Además, precisó las circunstancias que

2 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y Tribunales.7

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa rodearon tal actuación administrativa, en los términos que se procede a transcribir:

[…] Ahora, haré referencia al Ajuste de la Homologación y Nivelación Salarial de que trata el DECRETO 0986 DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 , que es a lo que se dirige la demanda, puesto que este acto lo que hizo fue revisar y ajustar el decreto 0258 de 2005 (homologación y nivelación salarial como tal), debido a disparidades encontradas, por lo que se sometió a un nuevo estudio técnico que para el MEN estuvo ajustado según oficio No. 2010EE54347 del 30 de julio de 2010 proferido por la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del MEN.

[…] Una vez realizado el ajuste al proceso plurimencionado, se expidi ó el Decreto 1062 del 29 de septiembre de 2010 asignando denominación, código, grado, asignación mensual, determinado en la planta de cargos homologada, siguiendo el Decreto 0990 del 31 de octubre de 2011 que modificó el Decreto 1062 de fecha 29 de septiembre de 2010 para concluir con la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012 por lo cual se reconoció y ordenó el pago de la deuda retroactiva por concepto de homologación y nivelación salarial del personal administrativo Departamento de

de 2010 para concluir con la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012 por lo cual se reconoció y ordenó el pago de la deuda retroactiva por concepto de homologación y nivelación salarial del personal administrativo Departamento de Risaralda, modificada por la Resolución 1384 del 5 de septiembre de 2013, en donde se consignaron un o a uno, cédula a cédula, todos los valores a pagar a los beneficiarios del mencionado proceso.

Actos administrativos que se encuentran en firmes [sic], gozan de validez jurídica, por lo que si alguno de los tantos beneficiarios consideraban que debían ca ncelárseles sumas adicionales a las estipuladas, como por ejemplo intereses moratorios como los que solicita la parte actora, así debieron haberlo hecho y en su debido momento, y no pretender revivir términos caducos mediante un derecho de petición present ado a finales de la vigencia 2015, a pesar de que su situación se encuentra consolidada al estar en firme los actos de ajuste a la homologación y nivelación salarial y surtiendo los efectos de ejecutoriedad.

Por último, el apoderado de la entidad propuso las excepciones de ineptitud de la8

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa demanda3, falta de competencia de la entidad territorial para decidir sobre la homologación y nivelación salarial, inexistencia de los valores adeudados y prescripción.

1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación, por intermedio de apoderado, contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que

prescripción.

1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación, por intermedio de apoderado, contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

1. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante l a incorporación y homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio técnico.

1. En el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de participación para la educación serían destinados para financiar la prestación del serv icio educativo y el pago del personal docente y administrativo de las instituciones públicas.

1. A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005 se establecieron las directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los criterios y procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las entidades territoriales, la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo ese proceso se siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses pretendidos.

Finalmente, el apoderado de la entidad planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda y genérica e innominada.

3 Porque el acto que se debió enjuiciar fue el que consolidó la situación del pago de la homologación. 4 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y

innominada.

3 Porque el acto que se debió enjuiciar fue el que consolidó la situación del pago de la homologación. 4 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y Tribunales.9

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa 1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, m ediante sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 5, denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

1. La homologación y nivelación salarial de los empleos administrativos de la Secretaría de Educación Departamental se produjo mediante Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005 y, por virtud de la Resolución 1853 del 31 de diciembre de 2012, se reconoció y ordenó el pago de la deuda por concepto del retroactivo producto de esa nivelación; en particular, a favor de la demandante, el valor concedido comprendió el período de 1996 a 2009, respecto del cual se dispuso la indexación de las sumas debidas.

1. La accionante pretende el reconocimiento de los intereses moratorios producto del inoportuno pago de los valores reconoci dos por concepto de homologación y nivelación salarial y la entidad resolvió, en forma desfavorable tal petición.

1. Al analizar el procedimiento que se tuvo que adelantar con miras a realizar el proceso de homologación y nivelación en referencia, se puede constatar que el lapso que se empleó para ese efecto fue razonable, tal como lo ha considerado la

1. Al analizar el procedimiento que se tuvo que adelantar con miras a realizar el proceso de homologación y nivelación en referencia, se puede constatar que el lapso que se empleó para ese efecto fue razonable, tal como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

1. En el caso sub examine, la administración, consciente del término de duración del proceso aludido, decidió reconocer la indexación de las sumas adeudadas al accionante, con el propósito de compensar la depreciación monetaria, debido a que no cumplió oportunamente con su obligación; por ende, el reconocimiento de intereses moratorios pretendidos no es viable, en la medida en que estos riñen con la indexación ya reconocida y pagada por la entidad, incompatibilidad que ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, razón

5 Ver archivo en PDF que obra en el índice 20 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y Tribunales.10

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa suficiente para no acceder a las súplicas del libelo.

1.4. El recurso de apelación

La señora Sandra Yaneth Espinosa Correa, actuando por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación,6 que sustentó así:

1. La controversia está orientada a que se reconozcan los intereses por mora debido al pago tardío de la homologación y nivelación salarial, pues la administración debe reconocer oportunamente sus obligaciones.

1. La incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios invocada por el a quo

al pago tardío de la homologación y nivelación salarial, pues la administración debe reconocer oportunamente sus obligaciones.

1. La incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios invocada por el a quo para negar las pretensiones de la demanda, no es una figura que pueda aplicarse en el asunto bajo análisis, comoquiera que una y otra no devienen de idéntica fuente; en efecto, la mora que se reclama, se produce como una sanción al empleador por el pago inoportuno de la obligación, mientras que la indexación resulta de la actualización del valor debido, con el fin de que no se pierda el poder adquisitivo, producto de la devaluación.

1. Por lo anterior, l a obligación de pago del retroactivo debió reconocerse con intereses moratorios y no de manera indexada, pues fue cancelada 16 años después de su causación, es decir, tardíamente, por lo que no era procedente la aplicación del artículo 178 del CCA [sic] aplicable a la ejecución de sentencias, sino los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil, dado que este derecho no nació en virtud de una providencia judicial, sino del propio proceso de homologación y nivelación salarial.

1. Adicionalmente, el incumplimiento de las entidades demandadas en abonar de forma oportuna las diferencias salariales debidamente homologadas y niveladas corresponde a una mora que no se le puede atribuir a la demandante, dado que el

6 Ver archivo en PDF que obra en el índice 26 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y Tribunales.11

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)

Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa

Tribunales.11

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa pago de dicha obligación dependía únicamente de la administración quien de forma negligente retuvo el valor y solo reconoció una indexación que solo cubre el componente inflacionario, pero deja de lado el sancionatorio al cual tiene derecho con base en los artículos 1617 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, además con los principios de favorabilidad, igualdad y equidad.

1. Por último, si bien es cierto lo pretendido es que se declare que la demandante tiene pleno derecho a que la parte pasiva le reconozca intereses moratorios sobre el retroactivo por homologación en lugar de la indexación ya abonada, lo anterior no se hace con la intención como manifiesta y precisa el a quo, de que se paguen sobre una misma obligación ambos conceptos, puesto que para el caso en particular, en efecto, no es aceptable jurídicamente que se causen las dos figuras para el mismo período, pero sí que se atienda e l principio constitucional de favorabilidad para el trabajador (tanto para la aplicación de normas como para su interpre tación), es decir, que se de prelación a la sanción por mora y no a la actualización monetaria otorgada en su momento.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes no intervinieron en esta oportunidad, dado que tampoco se habilitó esta etapa al no haberse surtido un período probatorio conforme a lo previsto en el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA.7

1.6. El Ministerio Público

etapa al no haberse surtido un período probatorio conforme a lo previsto en el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

2. Consideraciones

7 Ver constancia secretarial del 1.° de junio de 2022 obrante en el índice 9 del registro en SAMAI. 8 Idem.12

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la demandante tiene o no derecho al reconocimiento y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de la homologación y nivelación salarial.

2.2. Marco normativo

2.2.1. En torno a la homologación y nivelación salarial

A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionalizar la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».

Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356, se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la Nación y las entida des territoriales. De igual manera, debía determinar el situado fiscal, que comprendía « el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que

se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la Nación y las entida des territoriales. De igual manera, debía determinar el situado fiscal, que comprendía « el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen».

En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale.

Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 19939, en la que se dispuso la descentralización del sector educativo 10 y, de ese modo, empezó la

9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 10 En el artí culo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese servicio.13

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la prestación de ese servicio. En el parágrafo 11 del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los depar tamentos,

desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la prestación de ese servicio. En el parágrafo 11 del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los depar tamentos, municipios y distritos. De igual manera, a través de los diferentes artículos de esa normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos, a las entidades del orden territorial.

Con base en lo anterior, las planta s de personal entrarían a hacer parte de la respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamento s, municipios o distritos, y el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados, como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de 198912.

Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, de nominada ley general de la educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el le gislador. Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y vigilancia, y administración.

En lo que respecta a la financiación de la educación estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte de los departamentos, los

11 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los

produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte de los departamentos, los

11 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a la fecha de publ icación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que asuman las entidades territoriales». 12 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló : «El régimen prestacional aplicable a los actuales d ocentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».14

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022) Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social13.

A través del Ac to Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el propósito de « atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los

propósito de « atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los departamentos, distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos relacionados con la salud y la educación preesco lar, primaria, secundaria y med