CE - 660012333000201600921011SENTENCIA20230510120835

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018 )

Demandante: JOSÉ HENRY BETANCUR MONCADA

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Tema: Sanción moratoria por el pago tardío o inoportuno de cesantías definitivas . Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los recurso s de apelación interpuesto s por la parte demandada y el agente del ministerio público , en contra de la sentencia del 8 de noviembre de 2017 , proferida por el Trib unal Administrativo de Risaralda , por medio de la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

Administrativo de Risaralda , por medio de la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

José Henry Betancur Moncada , por intermedio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de l Oficio 34991 del 7 de septiembre de 2015 , expedido por la Secretaría de Educación del municipio d e Pereira por medio de l cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesant ías definitivas.

1 Folio 20 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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2 Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Nación – Fondo Naciona l de Prestaciones Sociales pagar la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías reconocidas a través de la Resolución 76 del 7 de marzo de 2014, debidamente ajustada conforme con el IPC; además, que se condene al pago de las costas

día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías reconocidas a través de la Resolución 76 del 7 de marzo de 2014, debidamente ajustada conforme con el IPC; además, que se condene al pago de las costas

2.2. Hechos relevantes

El señor apoderado de la parte demandante narró los hechos que se resumen a continuación 2:

2.2.1. José Henry Betancur Moncada prestó sus servicios como docente de la Institución Educativa Jesús María Ormaza del municipio de Pereira desde el 1 de marzo de 1971 hasta el 20 de enero de 2013 .

2.2.2. El 5 de marzo de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas .

2.2.3. Por medio de la Resolución 76 del 7 de marzo de 2014 le fueron reconocidas las cesantías definitivas por valor de $186.626.142, y a esa suma se le descontaron $71.454.751 por concepto de cesantías parciales que le habían sido consignadas previamente , por lo que el saldo se estableció en la suma de $115.171.502 , decisión que le fue notificada en esta misma fecha.

2.2.4. El 9 de mayo de 2014 le fueron pagadas las cesantías definitivas.

2.2.5. El 31 de agosto de 2015 solicitó el pago de la sanción moratoria.

2.2.6. A través del Oficio 34991 del 7 de septiembre de 2015 la Secretaría de Educación de Perei ra negó la solicitud.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

moratoria.

2.2.6. A través del Oficio 34991 del 7 de septiembre de 2015 la Secretaría de Educación de Perei ra negó la solicitud.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

2 Folios 18 a 20 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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3

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 13. - Constitución Política: artículos 2, 5, 6, 23, 74 , 93, 94, 121, 122, 209. - Ley 1755 de 2015. - Ley 1071 de 2006.

El apoderad o de la parte demandante indicó que se debe declarar la nulidad del acto demandado puesto que el señor Betancur Moncada tiene derecho al pago de la sanción moratoria por no haberse realizado el pago en los términos previstos en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 1996.

2.4. Contestación de la de la demanda

La Nación, Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda 3, ya que la situación de los docentes se rige por la

2.4. Contestación de la de la demanda

La Nación, Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda 3, ya que la situación de los docentes se rige por la normativa especial que se encuentra en la Ley 91 de 1989 y en su decreto reglamentario 2831 de 2005, por lo que no les son aplicables disposiciones previstos en normas generales como la Ley 50 de 1990 , la Ley 244 de 1995, la Ley 344 de 1995, la Ley 1071 de 2006, que establecieron sanciones por el incumplimiento de la consignación del auxili o de cesantías.

Por otra parte, propuso las excepciones de « falta de vinculación del contradictorio – litisconsorcio necesario» en la cual solicitó la comparecencia del municipio de Pereira y del Departamento de Risaralda, «ineptitud sustantiva de la dema nda por falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Educación Nacional» , «inexistencia del demandado – falta de relación con el reconocimiento del derecho conexo o derivado del acto administrativo expedido por la entidad terri torial – falta de competencia del Ministerio de Educación para expedir el acto administrativo y reconocer el derecho reclamado», «caducidad de la acción», «prescripción», «régimen prestacional especial e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al régimen do cente»,

3 Folios 68 a 93 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

3 Folios 68 a 93 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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4 «detrimento patrimonial al Estado», «cobro de lo no debido», «buena fe».

2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

Dentro del trámite de la audiencia inicial, realizada el 8 de noviembre de 2017 4, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió las excepciones de la siguiente manera:

Para comenzar, se pron unció respecto de la caducidad de la acción y al respecto evidenció que no se con figuró en el caso concreto , puesto que el acto demandado le fue notificado al señor Betancur Moncada el 8 de septiembre de 2015 , el 15 de septiembre de 2015 presentó la solicitud de conciliación judicial; el día 18 de noviembre de 2015 se declaró fallida y el 1 de diciembre de 2015 se radicó la demanda, por lo que conc luyó que se radicó en tiempo.

En cuanto a las excepciones de «falta de vinculación del contradictorio – litisconsorcio necesario», «inexistencia del demandado – falta de relación con el reconocimiento del derecho conexo o derivado del acto administrativo expedido por la entidad territorial – falta de competencia del Ministerio de Educación para

contradictorio – litisconsorcio necesario», «inexistencia del demandado – falta de relación con el reconocimiento del derecho conexo o derivado del acto administrativo expedido por la entidad territorial – falta de competencia del Ministerio de Educación para expedir el acto administrativo y reconocer el derecho reclamado» «ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Educación Nacional» , relacionadas con la falta de competencia del Ministerio de Educación Nacional por el no tener la potestad nominadora, determinó que no tienen vocación de prosperidad por cuanto las actuaciones de las Secre tarías de Educación corresponden a facultades de delegación que les han sido o torgadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, numeral 4 del Decreto 2831 de 2005, conforme con el cual tienen a su cargo la función de pro yectar los actos de reconocimient o o rechazo de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero que obtienen aprobación de la fiduciaria encargada de los recursos del Fondo, y por tal razón es la entidad demandada la que debe comparecer al proceso.

4 Folios 117 a 121 vto. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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5

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5 Respecto de la excepción de prescripción advirtió que solo habría de analizarse en la sentencia, conforme con lo dispuesto por el Consejo de Estado.

En relación con las excepciones de «régimen prestacional especial e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al régimen docente», «detrimento patrimonial al Estado», «cobro de lo no debido», «buena fe», señaló que se trata de argumentos de fondo que habrían de ser resueltos en la sentencia.

A continuación, fijó el litigio e n los siguientes términos:

«De acuerdo con la demanda y su contestación, considera que el objeto de litigio se concreta a determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la cancelación de las cesantías, causada entre el 5 de junio de 2013 al 8 de mayo de 2014 (334 días de retardo); o si como lo considera la accionada no hay lugar a dicho pago toda ve z que el Decreto 2831 de 2005, estableció un trámite diferente al indicado en la Ley 244 de 1995, razón por la cual no era posible reconocer y pagar las cesantías solicitadas por el demandante en tiempos distintos de los que efectivamente transcurrieron »5.

2.6. La sentencia apelada

indicado en la Ley 244 de 1995, razón por la cual no era posible reconocer y pagar las cesantías solicitadas por el demandante en tiempos distintos de los que efectivamente transcurrieron »5.

2.6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda 6, por medio de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar hizo un recuento de la normativa que ha regido el reconocimiento y pago de las cesantías de los empleados públicos.

A continuación expuso qu e, pese a que para la fecha de elaboración del fallo no existía una línea jurisprudencial clara respecto de la procedencia de la sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías para los docentes, dado que no se rigen por el régimen

5 Folio 199 vto. del expediente . 6 Folios 125 a 133 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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6 prestacional general, sino que se les aplica el previsto en la Ley 91 de 1989, en algunos fallos el Consejo de Estado condenó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en aplicación de las Leyes

6 prestacional general, sino que se les aplica el previsto en la Ley 91 de 1989, en algunos fallos el Consejo de Estado condenó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, con fundamento en los prin cipios de igualdad y favorabilidad, y esa es la posición que prohijaba la sala, dado que es la más garantista de sus derechos.

En este punto, entró a analizar el caso concreto y al respecto encontró demostrado lo siguiente:

• El señor José Henry Betancur M oncada solicitó el 5 de marzo de 2013 la liquidación de cesantías definitivas correspondientes a los servicios prestados como docente. - A través de la Resolución 76 del 7 de marzo de 2014 se efectuó en su favor el reconocimiento de estas, y este fue consign ado el 9 de mayo de 2014, como consta en el folio 5 del expediente. - Conforme con la normativa invocada, la demandada tenía hasta el 20 de junio de 2013 para efectuar el pago, sin embargo , solo lo hizo en la fecha antes expuesta .

Así las cosas, concluyó que, en efecto tiene derecho al pago de la sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día de retraso , desde el 21 de junio de 2013 hasta el 8 de mayo de 2014.

Una vez resuelto lo r elacionado con el derecho sustancial se pronunció respecto de la excepción de prescripción, y al respecto concluyó que no se encuentra configurada puesto que la entidad tenía que haber realizado el pago el 20 de junio de 2013, lo que

Una vez resuelto lo r elacionado con el derecho sustancial se pronunció respecto de la excepción de prescripción, y al respecto concluyó que no se encuentra configurada puesto que la entidad tenía que haber realizado el pago el 20 de junio de 2013, lo que implica que el interes ado contaba hasta el 20 de junio de 2016 para hacer la reclamación y, dado que efectivamente la radicó el 31 de agosto de 2015, afirmó que se hizo en tiempo.

En este punto, se refirió a la pretensión de indexación e indicó que, dado que no existe un criterio unificado, procedía acceder a esta debido a que era más favorable a los intereses del trabajador.

Por último, condenó en costas a la entidad demandada , para lo cual recurrió al criterio objetivo valorativo.

Como consecuencia de lo anterior , resolvió :Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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7

«1. Se declara no probada la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, conforme las razones expuestas en esta providencia.

2. Se declara la nulidad del Oficio No. (sic) 34991 del 7 de septiembre de 2015, por medio del cual la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira niega el reconocimiento y

expuestas en esta providencia.

2. Se declara la nulidad del Oficio No. (sic) 34991 del 7 de septiembre de 2015, por medio del cual la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira niega el reconocimiento y pago de la sanción morator ia por retardo en el pago de las cesantías al actor, de acuerdo con los argumentos expresados en la parte motiva de este proveído.

3. Como consecuencia de la declaración que antecede, se condena a la Nación — Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar en favor del demandante la sanción por mora en el pago de las cesantías, prevista en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de la presta ción, y generada entre el 21 de junio de 2013 al 8 de mayo de 2014 , de conformidad con lo razonado en la parte considerativa de la presente sentencia.

4. Se condena a la entidad demandada, Nación — Ministerio de Educación —Fondo Nacional de Prestaciones So ciales del Magisterio -, a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la demandante según el Índice de Precios al Consumidor, de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., atendiendo lo señalado en la parte considerativa de e ste fallo.

5. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

6. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandada vencida. Liquídense por Secretaría.

7. Ejecutoriada esta provide ncia. devuélvase el remanente de

en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

6. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandada vencida. Liquídense por Secretaría.

7. Ejecutoriada esta provide ncia. devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente ».

2.7. Los recurso s de apelación.

La apoderada del Ministerio de Educación apeló la decisión anterior 7, con el fin de que se negaran las pretensiones de la demanda , puesto que no le era posible pagar las cesantías definitivas en los términos previstos en la Ley 244 de 1995, pues el trámite para los docentes se rige por lo prescrito en la Ley 91 de 1989, así como en el Decreto 2851 de 2005 y en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.

7 Folios 135 a 138 vto. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

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A lo anterior agregó que todo gasto debe contar con la respectiva apropiación presupuestal .

Por otra parte, afirmó que desde la expedición de la Ley 715 de 2001 la administración del servicio educativo no e s nacionalizada

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A lo anterior agregó que todo gasto debe contar con la respectiva apropiación presupuestal .

Por otra parte, afirmó que desde la expedición de la Ley 715 de 2001 la administración del servicio educativo no e s nacionalizada sino descentralizada por lo que los entes territoriales reciben los recursos para la participación en la educación y tienen responsabilidad respecto de la administración del recurso humano .

Además, sostuvo que en la sentencia C – 928 de 2006 la Corte Constitucional señaló que el hecho de que los docentes tuvieran un régimen prestacional diferente del de los demás servidore s públicos no resulta per se violatorio del derecho a la igualdad.

A e llo agregó que, en todo caso, no debió accederse a la indexación de las sumas , pues ello implica un doble pago por un mismo concepto lo cual contraviene lo decidido en la sentencia C – 448 de 1996.

Por otra parte, insistió en los argumentos de la contestación de la demanda.

El procurador 37 judicial II para asuntos administrativos de Pereira, apeló parcialmente la sentencia del 8 de noviembre de 2017 8 en lo relacionado con la actualización de las sumas conforme con el IPC, y para el efecto invocó la sentencia del 17 de noviembre de 2016, proferida dentro del expediente 1520 -2014.

2.8. Alegatos de conclusión en la segunda instancia.

Conforme con lo consignado por el secretario de la Sección Segunda, tanto la parte demandante como demandada y el agente del ministerio público guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

Segunda, tanto la parte demandante como demandada y el agente del ministerio público guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

8 Folios 139 y 140 vto. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

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9 De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superi or resolverá sin limitaciones .

En el caso concreto se analizarán los argumentos de la entidad demandada y del agente del ministerio público conforme con el problema jurídico que a continuación se formula.

3.3. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación , en el caso concreto se deberá determinar si entre el señor José Henry

problema jurídico que a continuación se formula.

3.3. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación , en el caso concreto se deberá determinar si entre el señor José Henry Betancur Moncada tiene derecho al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas al tratarse de un docente.

Adicionalmente, en el evento en el que se entienda que sus pretensiones tienen vocación de prosperidad, se deberá establecer quién debe realizar el pago; y, por último, se deberá definir si había lugar a la actualización de la condena conforme con el índic e de precios al consumidor.

9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se co nceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 10 «Com petencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

por la ley […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

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10 3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.1 Del auxilio de cesantías en el sector público y la sanción por el incumplimiento en su consignación

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus artículos 12 11 y 17 12 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de ser vicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

La liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, que indicó que «para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariado s nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la

nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidaci ón se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses».

Para el caso de los servidores públicos en general, el legislador profirió la Ley 244 de 1995, la cual fue subrogada por la Ley 1071 de 2006, dentro de las cuales se regularon los términos para el reconocimiento y pago de cesantías, así como la sanción que debe cubrir la entidad en caso de mora en dicho pago , a saber:

11 Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o pres taciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contrato. 12 Art ículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cue nta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

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11 «Artículo 1º. (Subrogado por el artículo 4º. de la Ley 1071 de 2006). Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo . En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informárse le al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir

el inciso primero de este artículo. Artículo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cua l quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo . En caso de m ora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mis mas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. »

Como p uede observarse, estas disposiciones legales no solo impusieron unos términos específicos para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías, sino que también indicaron una sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor de los trabajadores públicos, tal y como lo señala el artículo 2º de la Ley 1071 de 2006 13.

13 Ar tículo 2º. Ám bito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los

miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Ban co de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00921 -01 (1106 -2018)

Dem andante: José Henry Betancur Moncada

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

12 En conclusión, la cesantía como prestación social reconocida a los servidores públicos, cuenta con unos términos perentorios, que de no ser cumplidos generan una sanción por mora en el pago oportuno, situación que le es aplicable al personal docente como servidores del Estado.

3.4.2. El régimen de los docentes

En la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

En el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, se estableció el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente de la siguiente manera:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule

el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente de la siguiente manera:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados has