CE - 660012333000201700003011SENTENCIA20230809221948
Detalles
- Título
- CE - 660012333000201700003011SENTENCIA20230809221948
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
Demandantes: Paola Andrea Patiño Botero y otros
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Reparación directa Radicación: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
Demandantes: Paola Andrea Patiño Botero y otros Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Departamento de Risaralda y Caja de Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM en Liquidación–
Tema: Responsabilidad por omitir la verificación de las condiciones de salud de una reclusa que tuvo un parto en el sanitario de la celda.
Su hija fue encontrada en el sanitario, luego de que la madre fuera remitida al centro hospitalario . La menor sufrió hipoxia cerebral que le generó incapacidad del 9 7%. Se confirma la condena contra el Inpec y se absuelve a Caprecom porque el daño no le es imputable.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por el Instituto Nacio nal Penitenciario y Carcelario (en adelante , Inpec) y por el PAR CAPRECOM hoy liquidado (en adelante , Caprecom) contra la sentencia del 4 de junio de 2021
resuelve los recursos de apelación interpuesto s por el Instituto Nacio nal Penitenciario y Carcelario (en adelante , Inpec) y por el PAR CAPRECOM hoy liquidado (en adelante , Caprecom) contra la sentencia del 4 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que concedió parcialmente las pretensiones, así:
<<1. DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA PASIVA, formulada por la demandada Departamento de Risaralda, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
2. DECLÁRASE NO PROBADAS las excepciones de culpa exclusiva de la víctima formulada por la demandada INPEC, y la de falta de legitimación en la causa por pasiva (en sentido material), propuesta por la demandada PAR Caprecom Liquidado, administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., conforme lo considerado en este proveído.
3. DECLARAR LA RESPONSABILIDAD extracontractual del Instituto Nacion al Penitenciario y Carcelario –INPEC y al PAR Caprecom Liquidado, por la afectación del derecho a la salud de la señora Paola Andrea Patiño Botero y por las lesiones padecidas por la menor Sara Rojas Patiño, en virtud de los hechos a que se refiere este proceso.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
Demandantes: Paola Andrea Patiño Botero y otros
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4. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al PAR Caprecom Liquidado, administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer y pagar en favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:
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4. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al PAR Caprecom Liquidado, administrado por Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer y pagar en favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:
4.1. Por concepto de perjuic ios morales: Para la señora Paola Andrea Patiño Botero, conforme a lo expuesto, una suma equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Para la menor Sara Rojas Patiño y para el señor Fredy de Jesús Rojas Valencia, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno. Y para las menores Samara Rojas Patiño y Pamela Rojas Martínez, para los señores Juan Diego Rojas Martínez, Alba Lucía Botero Ortiz, Óscar Patiño Ramírez, María Magali Valencia y José Ovidio Rojas Cardona, una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de ellos.
4.2. Por concepto de daño a la salud: Para la menor Sara Rojas Patiño, una suma equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
5. ORDENAR como Medida de Satisfacción, que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y El PAR CAPRECOM Liquidado, administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. presente a las demandantes Paola Andrea Patiño Botero y la menor Sara Rojas Patiño, las disculpas a las cuales se
Penitenciario y Carcelario – INPEC y El PAR CAPRECOM Liquidado, administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. presente a las demandantes Paola Andrea Patiño Botero y la menor Sara Rojas Patiño, las disculpas a las cuales se hace referencia en la parte motiva y dentro del término allí indicado.
6. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC que, si no lo ha hecho, tenga en cuenta dentro de las políticas de la entidad, la necesidad de adoptar protocolos para que siempre se realice el examen médico de ingreso a las mujeres sindicadas y condenadas, así hubieren ingresado antes; la necesidad de adoptar como medida preventiva, la obligatoriedad de la realización de una prueba de embarazo a través de la enti dad correspondiente al momento del examen médico de ingreso de las mujeres sindicadas y condenadas, dejando constancia de su resultado en las historias médicas respectivas. El INPEC realizará el informe a que se hace referencia en la parte motiva de esta providencia dentro del término indicado.
7. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
8. NIÉGANSE las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por el departamento de Risaralda frente a la aseguradora La Previsora S.A., de conformidad con la parte motiva del presente fallo.
9. Las entidades demandadas condenadas darán cumplimient o al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 a 195 del CPACA.
10. Sin costas en la presente instancia, por lo considerado>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instanc ia porque resuelve un recurso de apel ación interpuesto contra una sentencia
10. Sin costas en la presente instancia, por lo considerado>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instanc ia porque resuelve un recurso de apel ación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de Risaralda era competente para conocer el proceso en primera in stancia en razón de la cuantía.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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Los recursos de apelación fue ron admitidos mediante providencia del 30 de agosto de 2021. Las partes guardaron silencio1 y el Ministerio público no emitió concepto. Mediante auto del 27 de abril de 2023 se concedió prelación de fallo.
ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 11 de enero de 2017 por Paola Andrea Patiño Botero (en adelante , <<la demandante>>), sus hijas, el padre y los abuelos paternos y maternos de la menor Sara Rojas Patiño (en ade lante <<la menor >>). La demanda se dirigió contra el INPEC, CAPRECOM en Liquidación y el Departamento de Risaralda , con el objeto de obtener la indemnización de perjuicios morales y materiales por el parto prematuro que sufrió la demandante cuando estaba recluida y las secuelas que presenta su hija Sara Rojas Patiño.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<PRIMERO. DECLARACIÓN. Que se declare a la NACIÓN INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA - I.N.P.E.C,
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<PRIMERO. DECLARACIÓN. Que se declare a la NACIÓN INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA - I.N.P.E.C, DEPARTAMENTO DE RISRALDA, CAJA DE PREVISIÓNSOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN y su gerencia liquidadora FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA S.A., Administrativamente respo nsables de la deficiente prestación del servicio carcelario y de salud que ocasionaron que la ciudadana PAOLA ANDREA PATIÑO BOTERO y por consiguiente su hija menor SARA ROJAS PATIÑO no tuvieran control en su estado de gestación, ni fuera atendido oportuna y adecuadamente el nacimiento de la infante, lo que le produjo finalmente un sufrimiento a la madre y a la menor una hipoxia y un sin nú mero de complicaciones en su estado de salud y una pérdida de su capacidad psí quica y motora del 69.0%, lo anterior acaecido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas anteriormente y por ende, de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes quienes acuden a esta in stancia en calidad directamente afectadas menor y madre, así como padre, hermanos, abuelos maternos y paternos de Sara Rojas Patiño.
SEGUNDO. PERJUICIOS MORALES: Que como consecuencia de la anterior declaratoria se conceda a pagar a cada uno de los demandan tes, por concepto de perjuicios morales , en su mayor intensidad y por el amplio sufrimiento que ese hecho les generó , el equivalente e n pesos a CIEN (100)
declaratoria se conceda a pagar a cada uno de los demandan tes, por concepto de perjuicios morales , en su mayor intensidad y por el amplio sufrimiento que ese hecho les generó , el equivalente e n pesos a CIEN (100) SALARIOS MÍ NIMOS MENSUALES LEGALES VIGENT ES Para tal efecto se solicitará al DANE la certificación del valor aplicable en esta fecha.
La anterior declaració n se realiza bajo juramento por la parte demandante al tenor del artículo 206 del Có digo General del Proceso y fundada, por una parte,
1 1 “Artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67, numeral sexto, de la Ley 2080 de
2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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en el amplio sufrimiento que el hecho le genera a la menor directamente afectada quien tuvo y tiene que sopesar el dolor, la angustia y congojo de su precario estado de salud y por aplicación de má ximas de la experiencia, es posible inferir que quien ha padecido dolencias fí sicas ha sufrido también perjuicios morales y, por otra parte el dolor de su familia (…).
estado de salud y por aplicación de má ximas de la experiencia, es posible inferir que quien ha padecido dolencias fí sicas ha sufrido también perjuicios morales y, por otra parte el dolor de su familia (…).
TERCERO. PERJUICIOS POR AFECTACIÓN AL DAÑO A LA SALUD: Que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condena a pagar a favor de: 1) la menor SARA ROJAS PATIÑO, en calidad de directamen te afectada, por concepto de dañ o a la salud el equivalente a CUATROCIENTOS (400) SMMLV (…)
Del mismo modo como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a pagar a favor de: 2) la madre de la menor PAOLA ANDREA PATIÑO BOTERO, por afectación a su derecho a la salud el equivalente a CIEN SALARIOS M ÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV) (…) al tener que soportar el estado de gestación de su hija Sara Rojas Patiño, sin controles de salud alguno, con dolores sin atención médica , en estado casi de indignidad, encerrada en una celda en las horas de la noche, sin energía y agua potable y, tener que finalmente dar a la luz sola en una celda sin atención de un médico, con fuertes dolores y gran hemorragia, lo que ocasionó que fuera remitida de urgencia a una clínica de la ciudad de Pereira, lugar donde quedó internada por unos días mientras se recuperaba de sus afecciones. Sin que fuera poco lo anterior, con el nacimiento de la menor Sara Rojas Patiño en tan deteriorado estado de salud, hace que la madre tenga que soportar verla en ese estado y atender esa situación, lo que afecta su esfera interna y externa de
que fuera poco lo anterior, con el nacimiento de la menor Sara Rojas Patiño en tan deteriorado estado de salud, hace que la madre tenga que soportar verla en ese estado y atender esa situación, lo que afecta su esfera interna y externa de comportamiento, lo que la hace merecedora a la indemnización que por este concepto se reclama en su favor. (…) 3) Así mismo y como indemnización por afectación al daño a la salud se ordene pagar a favor del padre de la menor FREDY DE JESÚS ROJAS VALENCIA y a sus hermanos SAMARA ROJAS PATIÑO, PAMELA ROJAS MARTÍNEZ y JUAN DIEGO ROJAS MARTÍNEZ, la suma de CIEN SALARIO S MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV) (…) al alterarse y afectarse sus condiciones psicofísica al tener que ver como su hija y hermana menor, correspondientemente, no se desarrolla normalmente y debido a esas falencias tienen que soportar y aten der esas dificultades para que su vida sea lo más llevadera posible por el resto de su existencia, prueba irrefutable del perjuicio reclamado a su favor por este concepto. (…) CUARTO. PERJUICIOS MATERIALES - LUCRO CESANTE: Que, como consecuencia de la decl aratoria de responsabilidad, se condena a pagar a favor de la menor SARA ROJAS PATIÑO, en calidad de directamente afectada, por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante el equivalente a los salarios que dejará de percibir la deman dante desde la fecha del cumplimiento de su mayoría de edad de 18 años (20/10/2032), hasta su expectativa de vida (20/10/2084). (…)>>
equivalente a los salarios que dejará de percibir la deman dante desde la fecha del cumplimiento de su mayoría de edad de 18 años (20/10/2032), hasta su expectativa de vida (20/10/2084). (…)>> 3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 22 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora Paola Andrea Patiño Botero por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ese mismo día fue remitida, enRadicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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calidad de detenida , al Establecimiento de Reclusión de Mujeres “La Badea” del municipio de Dosquebradas.
3.2.- El 23 de mayo de 2014 le hicieron el examen de ingreso. La demandante le manifestó al médico que no había tenido actividad sexual reciente, por lo que no utilizaba ningún método de planificación, y que su última menstruación había sido el 5 de abril de 2014, por lo que llevaba 48 días sin presentar período menstrual. Pese a lo expuesto , el médico no ordenó exámenes inmunológicos ni físicos para descartar un posible embarazo. A juicio de los demandantes, con dichos exámenes se habría podido determinar que la interna contaba para esa fecha con ocho semanas de gestación.
3.3.- Ese mismo día la reclusa fue llevada a su residencia porque el juzgado
dichos exámenes se habría podido determinar que la interna contaba para esa fecha con ocho semanas de gestación.
3.3.- Ese mismo día la reclusa fue llevada a su residencia porque el juzgado ordenó que la detención se cumpliera en el lugar del domicilio, teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia.
3.4.- El 26 de agosto de 2014 la demandante fue condenada a la pena principal de nueve años y cuatro meses de prisión, sin derecho a subrogado penal. El juzgado dispuso la detención y remisión al centro de reclusión “La Badea” para el cumplimiento de la condena.
3.5.- En esta ocasión el personal médico del INPEC no le realizó el examen de ingreso porque ya contaba con uno anterior, hecho en el mes de mayo. Esta omisión impidió determinar el estado real de salud de la demandante, que para la fecha debería tener cinco meses de gestación.
3.6.- Dos semanas después de su ingreso la demandante presentó quebrantos de salud: dolor de cabeza, molestias del coló n, dolor abdominal y sangrado vaginal, los cuales fueron asimilados por ella como síntomas de su período menstrual. No obstante, solicitó en varias oportunidades atención y valo ración por parte de los médicos del centro de reclusión, sin que se le hubiera prestado el servicio de salud . Los mencionados síntomas continuaron hasta el 21 de octubre de 2014.
3.7.- Para justificar su negativa de prestar el servicio médico a través de Caprecom, el INPEC le dijo a la demandante que como ella estaba afiliada al régimen contr ibutivo con la EPS Salud Total , su familia debía pedir las citas
3.7.- Para justificar su negativa de prestar el servicio médico a través de Caprecom, el INPEC le dijo a la demandante que como ella estaba afiliada al régimen contr ibutivo con la EPS Salud Total , su familia debía pedir las citas médicas para que fuera atendida por esa institución.
3.8.- La demandante no recibió atención médica durante su tiempo de reclusión. El personal de custodia se limitó a permitir, en varias ocasiones, que la interna Diana Toro (de quien no se sabe si era médic a o enfermera ), le suministrara medicamentos para el dolor de cabeza.
3.9. El 9 de octubre de 2014 la demandante comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y sangrado vaginal, que ella seguía asemejando a los síntomas deRadicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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su período menstrual. El 18 del mismo mes la demandante <<amaneció desmejorada, con dolor de cabeza, dolor abdominal, vómito, malestar general y sangrado vaginal>>, por lo que nuevamente solicitó que la llevaran al médico, pero el personal del INPEC le indicó que , como era sábado, este servicio no estaba funcionando . Además, c omo los síntomas no suponían una urgencia vital, consideraron innecesario remitirla a un centro hospitalario. Ese mismo día la demandante tuvo sangrado vaginal que se evidenció en su ropa, por lo que la dragoneante de turno le abrió la celda para que se as eara; aun así, no recibió atención médica y para aliviar sus dolencias no tuvo otra opción que ingerir una
la demandante tuvo sangrado vaginal que se evidenció en su ropa, por lo que la dragoneante de turno le abrió la celda para que se as eara; aun así, no recibió atención médica y para aliviar sus dolencias no tuvo otra opción que ingerir una pastilla prescrita por otra interna, actuación que realizó con el consentimiento del personal de custodia.
3.10.- El 20 de octubre de 2014 la demandante , por autorización de las dragoneantes de turno, recibió un medicamento suministrado por la interna Diana Toro. Al día siguiente solicitó de nuevo atención médica, pero esta le fue negada porque el cupo para este servicio estaba completo. A su vez, el médico le señaló que, por razones de tiempo, no podía atenderla.
3.11.- El 21 de octubre de 2014, a las 4:00 de la tarde, cuando se realiza el conteo de las internas, la demandante solicitó al personal de custodia que no la hicieran formar porque se sentía enferma , por lo que permaneció sentada. En horas de la noche, la demandante y sus compañeras de celda llamaron al personal de custodia e informaron el mal estado de salud en el que se encontraba. L a dragoneante Johana Duque Muñoz acudió a la celda y le manifestó que a esa hora no la podía sacar del centro de reclusión, que no había vehículo , y que debía llamar en la mañana a su familia para que ellos realizaran los trámites para la obtención de una cita médica con su EPS.
3.12.- A las 22:00 horas el estado de salud de la demandante empeoró y ya no soportaba el dolor, por lo que las compañeras de celda llamar on de nuevo a la
3.12.- A las 22:00 horas el estado de salud de la demandante empeoró y ya no soportaba el dolor, por lo que las compañeras de celda llamar on de nuevo a la dragoneante de turno, quien acudió y procedió a llamar a la interna Andrea de Jesús Higuita -quien al parecer era enfermera-. La reclusa le revisó el abdomen y encontró que estaba muy rígido; consideró que esto se debía a un problema de estreñimiento y le suministró el laxante “Bisacodilo” . La dragoneante Johana Duque le suministró unas gotas de valeriana para calmar el dolor.
3.13.- Debido a l dolor abdominal , la demandante fue al baño y tuvo una hemorragia: de su cuerpo salió algo que cayó al sanitario. Ante el suceso , la demandante entró en sho ck, lo que no le permitió hablar ni moverse. L as compañeras de celda acudieron al baño alumbrando con su celular, porque a esa hora el suministro de luz y agua no estaba habilitado, y vieron a la demandante en deplorables condiciones . Inmediatamente llamaron a las dragoneantes Johana Duque y Paula Ram írez; ante la situación, el personal de custodia esta vez sí gestionó el traslado de la demandante a la Clínica Los Rosales de la ciudad de Pereira, cuyo ingreso se produjo a las 23:04 horas.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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3.14.- La recién nacida quedó en el sanitario . Las compañeras de celda le
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3.14.- La recién nacida quedó en el sanitario . Las compañeras de celda le pidieron a la dragoneante Johana Duque que la sacara, pero ella manifestó que la criatura estaba muerta y que era necesario esperar la presencia del CTI para el levantamiento del cadáver; no obstante, minutos después las reclusas vieron que la recién nacida se movía. Las dragoneantes sacaron a la recién nacida y la llevaron al Hospital Santa Mónica de Dosq uebradas, cuyo ingreso se produjo a las 22:52 horas , en malas condiciones . Según el reporte médico , la niña nació con 30 semanas de gestación, y cuando llegó al hospital aún estaba dentro de la placenta y tenía el cordón umbilical, lo que no le permitió respirar; la menor fue estabilizada y remitida como urgencia vital al Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
3.15.- Debido al delicado estado de salud, la menor permaneció en la Unidad de Neonatos de dicha institución. Después, la demandante requirió los servicios de salud para ella y su menor hija, pero estos fueron negados por las directivas del centro de reclusión, por lo que debió interponer una acción de tutela , que fue concedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.
3.16. La menor presentó “hipoxia” -ausencia o falta de oxígeno en el cerebroque le produjo un daño cerebral permanente. Esto ha sido evidente en su desarrollo y presenta secuelas permanentes de discapacidad psicomotriz, que le impide n caminar, comer , tiene visión disminuida y, en general , no puede
que le produjo un daño cerebral permanente. Esto ha sido evidente en su desarrollo y presenta secuelas permanentes de discapacidad psicomotriz, que le impide n caminar, comer , tiene visión disminuida y, en general , no puede valerse por sí misma.
3.17.- Los demandantes afirmaron que las deficiencias en la prestación del servicio carcelario y las omisiones en la prestación del servicio de salud causaron las afectaciones que la demandante sufrió en el centro de reclusión y contribuyeron en la patología que presenta su hija, por lo que las demandadas deben responder por los perjuicios morales y materiales que se solicitan en la demanda. B.- Posición de la entidad demandada
4.- El Inpec contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.
4.1.- Indicó que el primer ingreso de la demandante en el centro de reclusión se hizo para adelantar trámites administrativos , como lo evidencia la planilla de registro. El examen médico de ingreso que se realiza a l personal privado de la libertad es rutinario y superficial, por lo que el médico no está obligado a ordenar exámenes de laboratorio. De ello se encarga Caprecom, entidad con la que se tiene contratado el servicio de salud del personal recluido.
4.2.- En la entrevista realizada por la médica del Inpec sobre las condiciones generales de salud de la demandante, esta no encontró motivos para desconfiar de la información suministrada en el sentido de que <<no tenía vida sexual activa, ni compañero sexual o cónyuge >>. Si bien la demandante afirmó tener
generales de salud de la demandante, esta no encontró motivos para desconfiar de la información suministrada en el sentido de que <<no tenía vida sexual activa, ni compañero sexual o cónyuge >>. Si bien la demandante afirmó tener un re traso menstrual, esto podía ocurrir por varios motivos ; pero, como laRadicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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demandante no tenía vida sexual, la profesional no estaba obligada a iniciar acciones para verificar un posible embarazo, pues inicialmente la detención era domiciliaria.
4.3.- La demandante permaneció varios meses en su domicilio, por lo que durante ese tiempo debió solicitar las citas médicas con su EPS Salud Total; sin embargo, no lo hizo, pese a que sabía que tenía un retraso menstrual.
4.4.- Para la entidad es <<inconcebibl e>> que, al haber tenido otro hijo, la demandante no advirtiera los cambios en su cuerpo ni las condiciones físicas en las que se encontraba , y menos aún que durante el tiempo de detención domiciliaria no hubiera comprado por lo menos una prueba casera de embarazo.
4.5.- De otra parte , en la entrevista la demandante refirió que se encontraba afiliada a la EPS Salud Total y no manifestó su deseo de desafiliarse ni solicitó la inclusión a Caprecom.
4.6.- La demandante no informó al I npec sobre su estado de embarazo cuando ingresó a cumplir la condena en el centro carcelario , y si bien en varias ocasiones fue atendida por el personal de sanidad, siempre refirió como síntomas cólicos y dolor a causa de su periodo menstrual ; de dicha información
ingresó a cumplir la condena en el centro carcelario , y si bien en varias ocasiones fue atendida por el personal de sanidad, siempre refirió como síntomas cólicos y dolor a causa de su periodo menstrual ; de dicha información no era posible suponer otra situación médica distinta a la manifestada. Si no se le hubiera brindado la atención médica, estos hechos se habrían informado a los funcionarios de la Defensoría del Pueb lo y de la Personería Municipal que acuden semanalmente al centro carcelario para verificar las condiciones del personal retenido. De ahí que concluya que estos hechos no se presentaron.
4.7.- Reprochó el comportamiento que tuvo la demandante en el momento del parto, porque <<permitió que la sacar an a la Clínica Los Rosales para s u atención, sin llevar a su hija recién nacida, cuando lo normal de una madre en la misma situación era llevársela, así no tuviera la convic ción de que estuviera viva>>.
4.8.- Propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque la demandante mintió en el examen inicial sobre su vida sexual; no informó sobre su estado de embarazo; no sacó a su hija del sanitario, y aceptó su traslado a l centro hospitalario dejando a la menor en el baño de la celda.
5.- El Departamento de Risaralda solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva, pues dicha entidad no participó en los hechos que se aducen en la demanda . Aclar ó que sus funciones son administrativas, de coordinación y de complementariedad, y no tiene a su cargo la prestación de servicios de salud.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
aducen en la demanda . Aclar ó que sus funciones son administrativas, de coordinación y de complementariedad, y no tiene a su cargo la prestación de servicios de salud.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356)
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6.- La Previsora S.A ., -entidad llamada en garantía por el Departamento de Risaraldacontestó la demanda y se opuso a sus pretensiones señalando los mismo argumentos del Departamento de Risaralda.
7.- PAR CAPRECOM Liquidado solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por los siguientes motivos:
7.1.- El examen de ingreso realizado a la demandante cumplió con los protocolos médicos. Del informe se evidencia que se detallaron los antecedentes gineco-obstétricos de la paciente. En la entrevista se advierte que la demandante faltó a la verdad y engañó al médico al manifestarle que no tenía actividad sexua l, por lo que era lógico que el médico no indagara sobre un posible embarazo.
7.2.- No existe acción u omisión que se pueda atribuir a esta entidad , pues no obra prueba en el expediente que acredite que se hubieran negado los servicios médicos que los demandantes manifiestan. No se le puede atribuir responsabilidad a la entidad p or el solo hecho de tener a su cargo la prestación del servicio de salud de la población privada de la libertad.
7.3.- Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva.
C.- Sentencia recurrida
8.- El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada la falta de
del servicio de salud de la población privada de la libertad.
7.3.- Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva.
C.- Sentencia recurrida
8.- El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada la falta de legitimación por pasiva del Departamento de Risaralda, no probada la culpa exclusiva de la víctima, no aceptó la concurrencia de culpas, y condenó al Inpec y a Caprecom en Liquidación (hoy PAR Caprecom Liquidado), a pagar los perjuicios morales y materiales . También dispuso medidas no pecuniarias que corresponden a lo transcrito en la pr imera parte de los antecedentes.
8.1.- Para el tribunal, el Inpec omitió el deber legal de realizar un nuevo examen de ingreso a la demandante cuando se dispuso que la condena debía cumplirse en el centro carcelario. E l examen era necesario para verificar las con diciones de salud de la reclusa. Este trámite habría permitido determinar el estado de gestación de la interna y el conocimiento de este hecho habría llevado a la entidad a adoptar las medidas necesarias para proteger la condición especial en la que se encontraba la demandante.
8.2.- En el expediente obra prueba –testimonio de
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