CE - 660012333000201700421011SENTENCIA20230803155520

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 66001233300020170042101 (0932 -2019 )

Demandante: José Fernando Villa Ríos Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Prescripción. Costas. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, resuelve los recursos de apelación interpuesto s por ambas partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , el 24 de agosto de 2018 , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

El señor José Fernando Villa Ríos , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,

El señor José Fernando Villa Ríos , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,

1 En adelante UGPP . 2 Folios 30 a 40. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

Demandante: José Fernando Villa Ríos

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2 deprec ó d eclarar la nulidad de las Resoluciones (i) 41617 del 2 de noviembre de 2016, (ii) RDP 001378 de 49 de enero de 2017 , (iii) RDP 006719 del 22 de febrero de 2017 , (iv) RDP 048529 del 22 de diciembre de 2016 , (v) del acto ficto o presunto negativo con ocasión d el silencio respecto a l recurso de apelación interpuesto el 2 de febrero de 2017 , (vi) Resoluciones RDP 010582 de l 15 de marzo de 2017 , y (vii) RDP 024335 de fecha 8 de junio de 2017, que negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia en

que negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia en cuantía del 75% del salario, teniendo en cuenta todo s lo s factores salariales devengado s en el año anterior al 24 de marzo de 2011, fecha en que adquirió el estatus pensional ; (ii) actualizar las sumas que resulten a su favor con aplicación de la fórmula establecida por el Consejo de Estado ; (iii) cumplir la sentencia conforme a l artículo 192 y siguientes del CPACA ; y ( iv) pagar las costas procesales .

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

El señor José Fernando Villa Ríos , a través de apoderado, refirió que n ació el 29 de agosto de 1955 y p restó sus servicios como docente así : del 6 de junio de 1980 al 26 de abril de 1981; del 15 de marzo de 1983 al 21 de enero de 1985; y del 23 de diciembre de 1993 al 5 de septiembre de 2013.

Durante su labor docente , prestó sus servicios con honradez, idoneidad y buena conducta.

El 10 de junio de 2011 el accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

La UGPP negó la anterior solicitud por medio de la s Resoluciones UGM 021027 del 19 de diciembre de 2011 y UGM 041106 del 2 deNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

Demandante: José Fernando Villa Ríos

UGM 021027 del 19 de diciembre de 2011 y UGM 041106 del 2 deNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

Demandante: José Fernando Villa Ríos

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3 abril de 2012 , al c onsiderar que el tiempo laborado al servicio del municipio de Pereira entre el 6 de junio de 1980 y el 30 de diciembre de 2005 fue del orden nacional y , por lo tanto , debía n desestimarse.

El 24 de julio de 2012 el actor presentó una nueva solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue resuelta de forma negativa por la UGPP mediante las Resoluciones RDP 003908 del 29 de enero de 2013; RDP 012489 del 14 de marzo de 2013; y la RDP 014523 del 2 de abril de 2013 con los mismos argumentos expuestos con anterioridad, aunado al hecho de que, a pesar de haber sido allegadas nuevas certificaciones, estas no resulta ban ser certeras , pues en unas se afirma que su vinculación fue nacional y en otras nacionalizada.

1.3 Fundamentos de derecho y concep to de la vulneración

El actor señaló que, con los actos demandados , la entidad incurrió en falsa motivación , ya que no valoró de manera adecuada la documental allegada y cuya práctica fue solicitada por la misma entidad .

El actor señaló que, con los actos demandados , la entidad incurrió en falsa motivación , ya que no valoró de manera adecuada la documental allegada y cuya práctica fue solicitada por la misma entidad .

En ese orden, consider ó que la entidad no tuvo en cuenta el principio de la primacía de la realidad que lleva a la convicción de que nunca se vinculó como docente nacional y , po r el contrario, ostentó un tipo de vinculación territorial .

Indicó que cumple con los requisitos para acceder a la prestación que reclama por haber alcanzado los 50 años de edad y haberse desempeñado como docente por más de 20 años .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda , al señalar

4 Folios 266 a 274 .Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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4 que carecen de sustento legal.

Al respecto, sostuvo que se incurrió en contradicción en las certificaciones que fueron allegadas al expediente porque , entre el 6 de junio de 1980 y el 22 de enero de 1985, primero se afirmó que el vínculo del actor fue nacional y luego que nacionalizad o. Lo mismo o currió en lo certificado por el municipio de Pereira , ya que

6 de junio de 1980 y el 22 de enero de 1985, primero se afirmó que el vínculo del actor fue nacional y luego que nacionalizad o. Lo mismo o currió en lo certificado por el municipio de Pereira , ya que sostuvo que entre el 23 de diciembre de 1993 y el 5 de septiembre de 2013 , inicialmente existió una vinculación nacional y después municipal. En ese orden, c oligió que el actor cuenta con una vinculación nacional y no es posible reconocer la pensión gracia deprecada.

Propuso la s siguientes excepciones : (i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; (ii) buena fe; (iii) prescripción; y (iv) la genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en acatamiento del artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 24 de agosto de 2018 , oportunidad en la que fijó el litigio en los siguientes términos:

«[…] Si le asiste el derecho al demandante al reconocimiento y pago de la pensión gracia, una vez revisado el tipo de vinculación de los mismos, en conjunto con los cargos ocupados en el sector de la educación . En caso de salir avante las pretensiones de la demanda se analizará el fenómeno prescriptivo. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia d el 24 de agosto de 2018 , accedió parcialmente a las pretensiones de la

5 Folios 281 a 283 y Vto. 6 Folios 116 a 126.Nulidad y restablecimiento del derecho

de agosto de 2018 , accedió parcialmente a las pretensiones de la

5 Folios 281 a 283 y Vto. 6 Folios 116 a 126.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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5 demanda y, en consecuencia, ordenó :

«[…]

5. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP -, a pagar la pensión gracia en favor del señor José Fernando Villa Ríos, conforme lo devengado en el año anterior a la adquisición del status de pensionado, a partir de esta última fecha , pero con efectos fiscales desde el 18 de julio de 2014, al encontrarse probada parcialmente la excepción de prescripción, de conformidad con los términos y parámetros indicados en la parte motiva del presente proveído.

[…]

8. Se condena en costas a la parte demandada vencida.

[…] » (sic)

El a quo , luego de realizar un recuento de las normas y jurisprudencia que regulan la materia , y de acuerdo con el acervo probatorio allegado , encontró cumplido el requisito de la edad, así como el de buena conducta.

En cuanto al requisito de tiempo de servicios, expuso que de

jurisprudencia que regulan la materia , y de acuerdo con el acervo probatorio allegado , encontró cumplido el requisito de la edad, así como el de buena conducta.

En cuanto al requisito de tiempo de servicios, expuso que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio expedidos por la Secretaría de Educación Departamental de Pereira y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG –, se evidencia que : a) en el interregno comprendido entre el 6 de junio de 1980 y e l 26 de abril de 1981 , y del 15 de marzo de 1983 al 21 de enero de 1985 , el accionante tuvo vinculación nacionalizada del orden departamental; y b) en el per íodo contenido entre el 23 de diciembre de 1993 y el 5 de septiembre de 2013 , la vinculación fue nacionalizada del orden municipal .

Indicó que, en acatamiento de la sente ncia de unificación del 21 de junio de 2018, de acuerdo con el Decreto 0771 del 15 de diciembreNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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6 de 1993 se puede establecer que el nombramiento y plaza a ocupar es de carácter territorial , comoquiera que fue expedid o por el gobernador de en el Instituto San Pablo de Puerto Rico, situación

6 de 1993 se puede establecer que el nombramiento y plaza a ocupar es de carácter territorial , comoquiera que fue expedid o por el gobernador de en el Instituto San Pablo de Puerto Rico, situación que tiene respaldo en la Certificación 8040 del 9 de marzo de 2016 y los certificados visibles a folios 45, 72, 127 y 134 del plenario.

Por lo anterior, consideró que la entidad demanda da incurrió en u n error al no valorar los certificados aportados en reiteradas ocasiones que acreditan la vinculación docente territorial .

Señaló que el actor cumplió con suficiencia los requisitos establecidos para acceder a la pensión gracia y logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados.

En cuanto a la prescripción, explicó que el actor adquirió el estatus pensional el 24 de marzo de 2011 y que si bien el 13 de mayo de 2016 solicitó la reactivación del expediente, lo cierto es que el 10 de junio de 2011 , peticionó por primera vez a la entidad el reconocimiento y pago de la pensión gracia , por lo que es ese el que interrumpió por una sola vez el fenómeno de la prescripción por un lapso de 3 años , esto es , hasta el 10 de junio de 2014, y la demanda fue presentada el 18 de julio de 2017, por lo que declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 18 de julio de 2014 .

Condenó en costas a la entidad demandada por haber resultado ve ncida con base en los lineamientos indicados en la sentencia del

prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 18 de julio de 2014 .

Condenó en costas a la entidad demandada por haber resultado ve ncida con base en los lineamientos indicados en la sentencia del 7 de abril de 2016 que determina que debe realizarse bajo un criterio objetivo – valorativo . Indicó que se encuentran debidamente probados los gastos ordinarios a folio 197 del cuaderno 1, y que es evidente que se causaron agencias en derecho.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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7

5. LOS RECURSO S DE APELACIÓN

5.1 La parte demandante 7 solicitó modificar la sentencia en cuanto la declaratoria de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de julio de 2014, para en su lugar, ordenar el pago de la pensión gracia a partir del 16 de mayo de 2013 , fecha que corresponde a los últimos tr es (3) años contados a partir de la última petición formulada ante la entidad demandada .

Sobre el particular , señaló que en este caso no habría operado el fenómeno extintivo, en razón a que , si el derecho se caus ó desde el 24 de marzo de 2011, y la entidad demandada solo le notificó la decisión del primer trámite administrativo el 26 de junio de 2013 , durante ese per íodo no puede indicarse que ha operado la

el 24 de marzo de 2011, y la entidad demandada solo le notificó la decisión del primer trámite administrativo el 26 de junio de 2013 , durante ese per íodo no puede indicarse que ha operado la prescripción.

En ese orden, teniendo en cuenta que e ntre el 26 de junio de 2013 y el 16 de mayo de 2016 no habían transcurrido los tres años, la primera interrupción de la prescripción, se habría presentado el 26 de junio de 2013, lo que le permite al demandante acceder a su derecho desde la fecha de estatus .

Así, argumentó que la ley permite la interrupción de la prescripción , por un lapso de tres años, de lo cual se deduce que, debidamente interrumpida y presentada la demanda, el p eriodo determinado por el numeral 2.º del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 se extiende a seis (6) años y no simplemente a los últimos tres como lo dedujo el a quo .

5. 2 La UGPP 8 solicitó revocar la decisión y negar las pretensiones de la demanda por considerar que , de acuerdo con los certificados

7 Folios 312 a 316. 8 Folios 305 a 311.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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8 allegados, el demandante prestó sus servicios con una vinculación nacional y esa circunstancia impide acceder a la pensión gracia solicitada .

Reprochó la condena en costas , puesto que , en su criterio, debió tenerse en cuenta que no hubo temeridad ni mala fe.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Las partes presentaron escrito de alegaciones fuera de tiempo y e l Ministerio Público guardó silencio según consta en el informe secretarial a folio 360 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, interpuesto.

Asimismo , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código

9«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cu ando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» .

cu ando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» . 10«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apela do toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no po drá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvoNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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9 General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuesto s por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

2.2. Problema s jurídico s

De acuerdo con los recurso s de apelación interpuesto s, a la Sala le corresponde determina r:

el superior resolverá sin limitaciones.

2.2. Problema s jurídico s

De acuerdo con los recurso s de apelación interpuesto s, a la Sala le corresponde determina r:

1. ¿El señor José Fernando Villa Ríos cumple con l os requisito s establec idos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 para obtener el reconocimiento de la pensión gracia ?

2. En caso afirmativo, teniendo en cuenta las solicitudes radicadas por el accionante tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión gracia, ¿cuál fue la petición que tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción de las mesadas pensionales?

3. ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la entidad dema nda da en sede de primera instancia ?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación . Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho

íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación . Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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10 En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el

de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensió n gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios se ñalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º , distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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11 Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule

establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la to talidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter

que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gr acia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 11

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

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12

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12 Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sente ncia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 12 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de lo s gastos que generaban los fondos

general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de lo s gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de lo s docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados pa ra tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad ter ritorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así,

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 66001233300020170042101 (0932 -2019)

Demandante: José Fernando Villa Ríos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de

recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda est ablecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoc a que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos

localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cump lan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 13

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendría