CE - 660012333000201800035011SENTENCIA20230718215000

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01 (3120-2020)

Demandante: David Posada Bernal

Demandado: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relaci ón laboral subyacente o encubierta; empresas de servicios temporales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda , de 24 de enero de 2020, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), el ciudadan o David Posada Bernal , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declar ara la nulidad de la Resolución 0681/ 2017, de 20 de

la Ley 1437 de 2011), el ciudadan o David Posada Bernal , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declar ara la nulidad de la Resolución 0681/ 2017, de 20 de junio de 2017 , a través de la cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que a la demandada se le condenara y ordenara lo siguiente: i) a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones; ii) a reconocerle los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, así como los aportes a la Seguridad Social en pensiones; iii) a cancelarle las vacaciones, cesantías, primas de vacaciones, navidad, antigüedad, alimentación, técnica, y todos los demás factores salariales que devenga un trabajador público de la ESE accionada; iv) a reconocerle y pagarle las horas extras diurnas y nocturnas y los días compensatorios por cada domingo y festivo laborado; v) a pagarle2

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las indemnizaciones por despido injusto y moratoria de que tratan los artículo 64 y 65 del CST; vi) a reconocerle y pagarle los intereses moratorios que prevé el artículo 195 del CAPCA; y, vii) a indexar las sumas reconocidas según la certificación que expida el Dane.

CST; vi) a reconocerle y pagarle los intereses moratorios que prevé el artículo 195 del CAPCA; y, vii) a indexar las sumas reconocidas según la certificación que expida el Dane.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor David Posada Bernal prestó sus servicios como médico general para la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira , de manera ininterrumpida, desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 12 de enero de 2016, a través de la empresa Etemco SAS.

1. Desarrolló sus actividades en tiempo completo, por lo que cumplía con el horario programado en los cuadros de turno que la entidad fijaba a través del médico de planta Carlos Alberto Marulanda. Además, para completar las 204 horas mensuales pactadas, tenía jornadas de 6 a 8 horas diarias; sin embargo, las horas extras y dominicales o festivos no le eran reconocidos.

1. Durante la vinculación contractual, estuvo subordinado a las directivas de la ESE, comoquiera que debía obedecer los parámetros establecidos para la atención de pacientes, planes de manejo, procedimientos y desplazamientos a otras unidades.

1. Las actividades de médico general son propias del objeto misional de la entidad demandada, por lo tanto, eran permanentes y también las ejecutaban los servidores de planta.

1. El 7 de enero de 2016, fue informado de su traslado a la unidad de Pediatría de la ESE; sin embargo, aunque explicó las razones por las cuales no era apto para asistir ese servicio, como alternativa, se le ofreció su renuncia.

sin embargo, aunque explicó las razones por las cuales no era apto para asistir ese servicio, como alternativa, se le ofreció su renuncia.

1. El 2 de junio de 2017, presentó derecho de petición a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales.

1. El 20 de junio de 2017, el gerente de la ESE, mediante la Resolución 0681/2017 de igual fecha, negó las peticiones al señor Posada Bernal.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14,16, 22, 25, 26, 29, 48, 49, 52, 58, 87 y 122 de la Constitución; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2.2.3.2.1 del Decreto Reglamentario 583 de 2016; las leyes 100 de 1993 y 50 de 1990; y el Decreto 1042 de 1978. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:

1. La E.S.E. demandada utilizó equivocadamente la figura contractual con la cooperativa de trabajo asociado (sic) para encubrir la naturaleza real de la relación laboral, configurándose en este caso el contrato realidad , dado que se presentaron los elementos propios de esta3

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Demandante: David Posada Bernal

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co figura como son la prestación personal del servicio , la continua subordinación y la remuneración.

1. Se han vulnerado las normas citadas, porque fueron utilizados los servicios personales del señor Posada Bernal para el desarrollo de una actividad misional, en el servicio público de salud prestado por la ESE Hospital Universitario San Jorge y en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades.

1. De igual manera, se desconoció la legislación sobre los temas de las cooperativas de trabajo asociado, dado que éstas no pueden actuar como empresas de intermediació n laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros por un tiempo indefinido o prorrogado.

1.2. Contestación de la demanda1

1.2.1. La ESE Hospital San Jorge de Pereira, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

1. Entre el demandante y la demandada no hubo ninguna situación de subordinación, sino una de simple coordinación entre las partes , para articular la forma y el tiempo en que la entidad iba a recibir el servicio contratado. Así pues, no se pactó , de mutuo acuerdo, una subordinación que impusiera el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección sobre el contratista.

1. Las actividades desarrolladas por el demandante como «médico» no corresponden a las

subordinación que impusiera el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección sobre el contratista.

1. Las actividades desarrolladas por el demandante como «médico» no corresponden a las que puedan ejecutarse por un trabajador oficial vinculado a través de un contrato individual de trabajo, pues la naturaleza de este negocio jurídico impide que las labores propias de un médico especialista sean desempeñadas por trabajadores oficiales.

1. Desde el año 2004, ante la problemática laboral, económica y financiera que atravesaba la ESE Hospital San Jorge de Pereira, y con las posibilidades que ofreció el Gobierno nacional mediante el programa «Reorganización, Rediseño y Modernización» de las redes de prestación de los servicios de salud, la entidad realizó un proceso de reestructuración de su planta de personal a través del Convenio de Desempeño 0280 , por el cual se comprometió a reducirla y, por ende, disminuyó la prestación de varios servicios médicos especializados.

1. Debido a lo anterior, y comoquiera que la entidad es uno de los hospitales públicos de mayor tamaño del país, se vio en la necesidad de acudir a la externalización de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión a través de varios operadores externos, así como a la contratación directa de profesionales por prestación de servicios.

1. En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de infracción de disposiciones legales, cobro de lo no debido, imposibilidad de condenar a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y buena fe.

1 Folios 119 a 137 del Cd 1.4

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y buena fe.

1 Folios 119 a 137 del Cd 1.4

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.2. La llamada en garantía , Seguros Generales Suramericana S.A., mediante apoderado, se opuso a dicho llamado, al considerar que el contrato de seguro de cumplimiento tiene por objeto el cubrimiento de los perjuicios que pueda sufrir la ESE asegurada, atribuible al contratista Etemco SAS como obligada principal, por lo que existe «falta de cobertura de obligaciones laborales derivadas de vínculo laboral directo entre el demandante y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira».

1.2.3. La llamada en garantía centro de Empleos Temporales de Colombia, Etemco SAS, presentó la contestación a la demanda de forma extemporánea, según constancia secretarial obrante en el folio 263.

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

1. De acuerdo con los contratos de prestación de servicios celebrados entre la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y el Centro de Empleos Temporales de C olombia, Etemco SAS, se encuentra probado que el demandante prestó sus servicios de médico a

1. De acuerdo con los contratos de prestación de servicios celebrados entre la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y el Centro de Empleos Temporales de C olombia, Etemco SAS, se encuentra probado que el demandante prestó sus servicios de médico a la entidad hospitalaria, como trabajador en misión de la sociedad, desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 12 de enero de 2016.

1. A partir del testimonio del señor Arturo Reyes López, quien afirmó que el demandante debía cumplir con un horario en turnos de día, noche y de fines de semana, así como que, para realizar sus actividades, utilizaba los computadores y el instrumental que le facilitaba la ESE, se puede concluir que entre las partes existió subordinación y, por lo tanto, una relación de tipo laboral. Además, debido a la naturaleza y características de las funciones realizadas por el señor Posada Bernal, se deduce su falta de libertad para llevar a cabo las tareas de atención médica de los pacientes que acudían a la institución hospitalaria.

1. Por lo anterior, procede declara r la existencia de una relación laboral entre el demandante y la ESE Hospital Universitario San Jor ge de Pereira y, como consecuencia de ello , ordenar el pago de las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados en favor del actor, en virtud de su vinculación como trabajador en misión, así como las prerrogativas sociales que reciben los médicos de planta de la ESE demandada.

1. No corresponde el reconocimiento de las horas extras, dominicales y festivos, por cuanto el deman dante no logró probar el cumplimento de un horario extraordinario. De igual manera, tampoco es posible acceder a la indemnización por despido injusto ni a la sanción

1. No corresponde el reconocimiento de las horas extras, dominicales y festivos, por cuanto el deman dante no logró probar el cumplimento de un horario extraordinario. De igual manera, tampoco es posible acceder a la indemnización por despido injusto ni a la sanción moratoria, puesto que el reconocimiento de una relación laboral no implica otorgarle al interesado la calidad de empleado público.

2 Folios 425 a 457.5

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) Finalmente, no hay lugar a declarar la prescripción, toda vez que, según la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, la continuidad de la relación laboral puede mantenerse «ante lapsos de más de 5 meses entre un contrato de prestación de servicios y otro».

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. De la parte demandante3

El señor David Posada Bernal, a través de su apoderado judicial, formuló la alzada contra la sentencia de primer grado, al estar inconforme con la negación de las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de las horas extras, dominicales y festivos, y de indemnización por despido injusto. En ese sentido, precisó lo siguiente:

1. De acuerdo con el artículo 175 del CPACA, la ESE demandada debió aportar al plenario todos los documentos que reposan en sus archivos, relacionados con los cuadros de turnos de todos los médicos que prestaban el servicio en esa entidad.

1. De acuerdo con el artículo 175 del CPACA, la ESE demandada debió aportar al plenario todos los documentos que reposan en sus archivos, relacionados con los cuadros de turnos de todos los médicos que prestaban el servicio en esa entidad.

1. Adicionalmente, para tener la certeza sobre la ejecución de las jornadas extraordinarias, el tribunal debió haber considerado el testimonio del señor Arturo Reyes López, quien «vivió y percibió con sus propios sentidos los hechos sobre los cuales declaraba, dejando claro la existencia del trabajo suplementario».

1. En cuanto a la nega tiva del reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa y por mora, deben aplicarse los artículos 64 y 65 del Códigos Sustantivo del Trabajo, aunque el actor no ostente la calidad empleado público.

1.4.2. De la parte demandada4

La ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a través de su apoderado, interpuso el recurso de apelación con el propósito de obtener la revocatoria de la sentencia y la consecuente negativa de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. Inexistencia de elementos probatorios de la relación laboral. En concreto, porque del testimonio rendido por el señor Arturo Reyes López no es posible determinar el elemento de la subordinación, pues si bien indica que el demandante debía cumplir con un horario y recibía instrucciones de un espec ialista, también lo es que tales condiciones resultan necesarias para el desarrollo de las obligaciones contractuales, en tanto «no puede ser una rueda suelta dentro del engranaje (…) del servicio de salud, que debe ser desarrollado en coordinación con varios profesionales y funcionarios (…)».

necesarias para el desarrollo de las obligaciones contractuales, en tanto «no puede ser una rueda suelta dentro del engranaje (…) del servicio de salud, que debe ser desarrollado en coordinación con varios profesionales y funcionarios (…)».

1. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el señalado testigo indicó «de manera categórica y en varias oportunidades, que ellos mismos elaboraron los cuadros de turnos» y se los enviaban al coordinador de la empresa contratista para que lo revisara y los aprobara; además, que la empresa tiene un coordinador, que no sólo es el encargado de revisar los

3 Folios 459 al 461. 4 Folios 462 al 465.6

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuadros de turnos, sino también de velar por el cumplimiento de los ho rarios programados y, en los eventos de inasistencia, suplir esos turnos con otros trabajadores de la empresa. iii) Por último, en el evento de manteners e la decisión apelada, es necesario analizar el fenómeno de la prescripción, toda vez que, contrario a lo considerado por el tribunal, en el caso se presentaron interrupciones que lo configuran, desde el 2 de junio de 2014 hacia atrás.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Del demandante5

El señor David Posada Bernal, a través de su apoderado, reiteró los argumentos expuestos con el recurso de apelación, de forma que persistió en el reconocimiento de las horas extras,

1.5.1. Del demandante5

El señor David Posada Bernal, a través de su apoderado, reiteró los argumentos expuestos con el recurso de apelación, de forma que persistió en el reconocimiento de las horas extras, dominicales y de festivos, así como en las indemnizaciones por despido injusto y por mora.

1.5.2. De la demandada6

La ESE Hospital San Jorge de Pereira , a través de su apoderado, replicó las razones de defensa propuestas en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación , de manera que insistió en la inexistencia del elemento de la subordinación y en la necesidad de analizar la configuración del fenómeno prescriptivo.

1.5.3. Del llamado en garantía Seguros Generales Suramericana S.A.

El apoderado de Seguros Generales Suaramercinca, mediante memorial adjunto en el índice 25 del aplic ativo Samai, solicitó confirmar «la sentencia en lo que respecta a la negación de las pretensiones formuladas por la entidad demandada en su llamamiento en garantía frente a [esa sociedad aseguradora]».

1.6. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio, según la constancia secretarial visible en el folio 487.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación, salvo que

del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación, salvo que ambas partes hayan recurrido, como en este caso, donde podrá decidirse sin limitaciones.

5 Índice 13 del Samai. 6 Índice 14 del Samai.7

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los recursos de apelación, corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la ESE demandada el reconocimiento y pago de las diferencias en las prestaciones sociales devengadas durante el tiempo en que permaneció vinculado como médico a través de una empresa de servicios temporales, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; o, por el contrario, si ese tipo de vínculo se ajusta a la legislación vigente, por cuanto no se configuró el elemento de subordinación continuada, propio de una relación laboral, como lo aduce la accionada; y, ii) en caso de comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y par ticipativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;

dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del8

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Trabajo -OIT-7 a través del principio de « salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones

virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) l a oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfact orias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden me noscabar la libertad, la

medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden me noscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglament o, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reg lamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto

7 Aprobada el 11 de abril de 1919. 8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.9

estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto

7 Aprobada el 11 de abril de 1919. 8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.9

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00035-01

Demandante: David Posada Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del art ículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las siguientes:

1. Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desa rrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

1. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse

1. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las