CE - 660012333000201900005011SENTENCIA20230629100020

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Radicación: 66-001-23-33-000-2019-00005-01

Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y Tierra Alta

S.A.S.

Coadyuvantes: Javier Elías Arias Idarraga y Cotty Morales Caamaño Tema: Reiteración jurisprudencial. Autorización de aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada. Régimen especial de aprovechamiento de culmos de guadua.

Condena en costas en las accion es populares. Proporcionalidad en los plazos dispuestos para cumplir las órdenes de amparo

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, por la sociedad Tierra Alta S.A.S. y por el coadyuvante de la parte actora, ciudadano Javier Elías Arias Idárraga, en contra de la sentencia 2 de junio de 2022, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. Los ciudadanos Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. Los ciudadanos Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 19981 y 1437 de 20112, demandaron a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER y a la sociedad Tierra Alta S.A.S., con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales a) y c) del artículo 4° de la Ley 472, supuestamente vulnerados por el aprovechamiento único forestal de bosque natural efectuado en el «lote #1 de la finca La Julia», ubicada en la Vereda Canceles del municipio de Pereira.

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.2

Radicación: 66-001-23-33-000-2019-00005-01

Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

2. Las pretensiones de la demanda son las siguientes:

[…] 1. DECLÁRESE la violación de los derechos colectivos ambientales por parte de la sociedad TERRA ALTA S.A.S. y de la entidad CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER.

2. ORDÉNESE a las entidades accionadas la cesación inmediata de las acciones que están ocasionando daños a los ecosistemas mencionados.

3. ORDÉNESE la efectiva protección de parte de las autoridades ambientales

2. ORDÉNESE a las entidades accionadas la cesación inmediata de las acciones que están ocasionando daños a los ecosistemas mencionados.

3. ORDÉNESE la efectiva protección de parte de las autoridades ambientales de los ecosistemas mencionados.

4. ORDÉNESE la ejecución del plan de reforestación relativo al restablecimiento forestal de la zona dañada.

5. ORDÉNESE a la autoridad ambiental la revocatoria i nmediata del acto administrativo que realiza la autorización a la constructora TERRA S.A.S.

6. CONDENESE en costas y agencias en derecho a los accionados. […]

3. Como fundamento de la demanda, los accionantes explicaron que la sociedad Terra Alta S.A.S. « se encuentra desarrollando actividades de deforestación sin el cumplimiento del marco constitucional, legal y reglamentario que regula las actividades de esta índole, asimismo normas de carácter técnico que permiten propender por materializar el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, habida cuenta que está consumiendo de manera desmedida y desproporcionada el área del bosque natural de Guadua, Cañabrava y Bambú contiguo a 4 drenajes naturales donde hay 3 que son afluentes fluviales de la quebrada "La Dulcera", (…) con autorización de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda».

4. Explicaron que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, mediante Resolución No. 2128 de 7 de diciembre de 2017, autorizó el aprovechamiento forestal único de 459 individuos arbóreos y 6.469 individuos de guadua, en un área

Resolución No. 2128 de 7 de diciembre de 2017, autorizó el aprovechamiento forestal único de 459 individuos arbóreos y 6.469 individuos de guadua, en un área de 4,14 hectáreas del lote # 1 de “La Julia” de propiedad de la sociedad Terra Alta S.A.S.

5. Según dicho acto administrativo, el plan de compensación forestal consistió en plantar 1.377 individuos arbóreos en un área de 1.24 Ha, como compensación de los 459 árboles intervenidos. Además, los solicitantes debían plantar 4.444 individuos arbóreos en un área de 3 Ha y 612 chusquines de guadua en un área de 0.98 Ha, para compensar las 2.49 Ha de guadua que serían erradicadas en el término de 10 meses.

6. También relataron que la sociedad Terra Alta S.A.S., a partir del mes de diciembre del año 2017, inició el aprovechamiento forestal del área de protección de la microcuenca quebrada "La Dulcera". Por ell o la comunidad advirtió que la constructora estaba desconociendo « la norma técnica que propende por la protección integral de la biodiversidad, animal, vegetal y de redes hidrográficas de la región».3

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7. En consecuencia, los vecinos del sector presentaron quejas ante la CARDER, en virtud de las cuales esa autoridad hizo seguimiento al proyecto evidenciando impactos negativos que llevaron a la imposición medidas preventivas.

8. Sin embargo, a juicio de los accionantes, la autoridad ambiental jamás ejerció

virtud de las cuales esa autoridad hizo seguimiento al proyecto evidenciando impactos negativos que llevaron a la imposición medidas preventivas.

8. Sin embargo, a juicio de los accionantes, la autoridad ambiental jamás ejerció plenamente sus labores de control ambiental pues permitió la deforestación del sector, razón por la que presentaron una queja ante la Procuraduría General de la

Nación.

9. En ese orden, insistieron en que la « empresa Terra Alta S.A.S. ha estado incumpliendo con l as normas y obligaciones impuestas por el ente ambiental competente pues se suspende el aprovechamiento en los drenajes 2, 3 y 4 donde los trabajadores se encontraban realizando labores en predios contiguos, es decir, por fuera del predio autorizado».

10. Finalmente, indicaron que la empresa Terra Alta S.A.S., además de efectuar un aprovechamiento que excedió los límites territoriales del permiso, tampoco cumplió con el plan de reforestación y compensación establecido en la Resolución No. 2128.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de abril de 2019, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las autoridades accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso comunicar el proceso a los miembros de la comunidad3.

12. A través de auto de 5 de octubre de 2020, el Tribunal a quo tuvo como

Público, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso comunicar el proceso a los miembros de la comunidad3.

12. A través de auto de 5 de octubre de 2020, el Tribunal a quo tuvo como coadyuvantes a los ciudadanos Cotty Morales Caamaño y Javier Elías Arias

Idárraga4.

I.3. Contestaciones de la demanda e intervenciones

I.3.1. El apoderado judicial de la Sociedad Terra Alta S.A.S., mediante escrito de 3 de julio de 20195, se opuso a las pretensiones de la demanda tras considerar que esa sociedad no transgredió ningún derecho colectivo, y agregó que la parte actora incumplió sus cargas probatorias.

13. Expuso que Terra Alta S.A.S. no transgredió normas técnicas, toda vez que desarrolló una actividad lícita de aprovechamiento forestal al amparo de los permisos respectivos y en desarrollo del plan de expansión urbana del sector de “La Julia” en el municipio de Pereira.

3 Expediente judicial, cuaderno 1, pagina 45 y ss. 4 Expediente judicial, cuaderno 1-2, pagina 483 y ss. 5 Expediente judicial, cuaderno 1, pagina 57 y ss.4

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

14. Informó que la CARDER, a través de las Resoluciones 2128 de 2017 y 1368 de 2018, autorizó el aprovechamiento de bosque natural y otorgó un permiso de ocupación de cauce, respectivamente. Además, la Curaduría Urbana Primera de

2018, autorizó el aprovechamiento de bosque natural y otorgó un permiso de ocupación de cauce, respectivamente. Además, la Curaduría Urbana Primera de Pereira autorizó el movimiento de tierra a través de la Resolución 000017 de 2018.

15. En su criterio, «resulta imposible propender por la protección integral de la biodiversidad animal, vegetal y de redes hidrográficas de la región, tal como lo pretende el accionante, toda vez que esta actividad lícita de aprovechamiento forestal, autorizada por la CARDER, implica el cambio en el uso del suelo, pasando de uso rural a uso urbano, cuyo soporte se encuentra en los elementos o instrumentos de planificación urbana del municipio de Pereira».

16. Argumentó que ninguna de las resoluciones relacionadas en los hechos de la demanda y aportadas como pruebas refieren a un daño ambiental a los ecosistemas, teniendo en cuenta que la sociedad aprovechó el recurso autorizado acatando las medidas de compensación ordenadas.

17. Relató que implementó «un plan de compensación del componente arbóreo en una relación de 1:3, es decir, que por cada árbol intervenido, se compensan 3 especies; (ii) que por los 459 árboles intervenidos, se plantarán 1.377 en un área de 1.24ha, compensación que se llevará a cabo en los linderos del predio, áreas de cesión, cerramiento de la plantación de guadua y enriquecimiento de la zona forestal de los guaduales a conservar; (iii) que se plantarán 4.444 especies en un área de 3ha, 612 chusquines de guadua en un área de 0.98ha, por las 2.49 ha de guadua erradicadas».

de los guaduales a conservar; (iii) que se plantarán 4.444 especies en un área de 3ha, 612 chusquines de guadua en un área de 0.98ha, por las 2.49 ha de guadua erradicadas».

18. Reconoció que el único hecho censurable aconteció en el año 2018, cuando la sociedad no informó a quienes realizaban las labores de aprovechamiento forestal que, desde el 1 de marzo de 2018, existía una medida preventiva en virtud de la cual debían suspender los cortes de guadua en el sector que presuntamente hacia parte de la zona de ronda.

19. Aclaró que: «la suspensión de algunas labores, que desde luego fueron acatadas, se limita a unas áreas específicas del proyecto y no a toda el área en general ni a la totalidad de actividades y obras en desarrollo, las cuales cuentan con los permisos y autorizaciones de tipo ambiental y urbanístico, razón para concluir que no se ha violado el ordenamiento jurídico por los responsables del proyecto».

20. En suma, indicó que: «la "Sociedad Terra Alta S.A.S." cumplió con las exigencias y recomendaciones impartidas por la CARDER en las actas de visita 13018 y 13019 del 01 y 02 de marzo de 2018, por cuanto: (i) la intervención del guadual mediante entresaca selectiva, fue realizada con el fin de retirar tallos de guaduas secas, caídas, ladeadas, partidas y enfermas que generaban congestión, reflejando un claro estado de abandono y falta de manejo del rodal intervenido, generando riesgo por caída de tallos para vehículos y transeúntes; (ii) el área del guadual intervenido,

claro estado de abandono y falta de manejo del rodal intervenido, generando riesgo por caída de tallos para vehículos y transeúntes; (ii) el área del guadual intervenido, hace parte de las 4.14 has autorizadas por la CARDER, no existiendo incumplimiento frente a lo ordenado por la autoridad ambiental; (iii) no existe5

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

ninguna sanción en materia ambiental impuesta a la "Sociedad Terra Alta S.A.S.", tal como puede verificarse en el Registro Único de Infractores Ambientales-RUIA3; (iv) en la parte sur del predio en mención, fueron destinadas 8 hectáreas a la conservación de coberturas boscosas, con un uso netamente protector; (v) han sido reforestadas más de 4.2 hectáreas mediante el establecimiento de plantaciones de carácter protector; y, en igual sentido, todas las zonas de protección de los drenajes naturales han sido protegidas con plantaciones forestales en un área de 1.1 hectáreas».

I.3.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda solicitó desestimar la acción popular de la referencia debido a que el demandante no cumplió con los presupuestos previstos para su procedencia, y tampoco demostró la existencia de un daño contingente, peligro o amenaza a los derechos colectivos ambientales6.

21. Explicó que esa entidad ha sido diligente en el ejercicio de sus competencias, puesto que cuando tuvo conocimiento de la presunta afectación ambiental, realizó todas las acciones administrativas tendientes a mitigar el daño causado.

colectivos ambientales6.

21. Explicó que esa entidad ha sido diligente en el ejercicio de sus competencias, puesto que cuando tuvo conocimiento de la presunta afectación ambiental, realizó todas las acciones administrativas tendientes a mitigar el daño causado.

Concretamente, los conceptos técnicos establecen las recomendaciones y medidas preventivas necesarias para corregir los impactos causados y evitar daños futuros.

22. Detalló que actualmente cursa un proceso sancionatorio ambiental en contra de la Sociedad Terra Alta S.A.S., compañía a la que le corresponde cumplir las obligaciones establecidas en las Resoluciones 2128 de 7 de diciembre de 2018 y 596 de 223 de abril de 2018.

23. Adujo que, de conformidad con el concepto técnico No. 557 de 14 de marzo de 2019, la sociedad demandada ya cumplió con todas las medidas preventivas impuestas. Además, el Memorando 1231 de 29 de mayo de 2019, precisa que: «respecto a la intervención de la mata de Guadua que se relaciona en la Resolución No. 596 de 23 de abril de 2018, (…) debido a condiciones adversas al proyecto, ocurridas a finales del año 2018 se presentó perdida de la banca de la vía, causando un movimiento de tierra que afecto la mata de guadua, y que en la actualidad se está construyendo un muro en gaviones revertidos en concreto (3 niveles) y canal, debido a desprendimiento de la tierra, por lo que no se ha podido realizar por parte de la constructora la restitución del área afectada, hasta tanto se finalicen las obras».

24. En su criterio, la CARDER no es administrativamente responsable de transgredir

de la constructora la restitución del área afectada, hasta tanto se finalicen las obras».

24. En su criterio, la CARDER no es administrativamente responsable de transgredir los derechos colectivos invocados por la parte accionante por cuanto ha actuado dentro del margen de sus competencias de forma eficiente.

25. Planteó como excepciones las de: «oposición de vincular a la CARDER como parte demandada en la presente acción», «inexistencia de un derecho legítimo para

6 Expediente judicial, cuaderno 1, pagina 182 y ss.6

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responsabilizar a la CARDER» y «falta de legitimación en la causa por la parte pasiva».

I.4. Audiencia de pacto de cumplimiento

26. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 6 de diciembre de 20197, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a la falta de ánimo conciliatorio por parte de las entidades accionadas.

II. LA SENTENCIA APELADA

27. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 2 de junio de 20228, amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, a la conservación de las especies vegetales, y a la protección de áreas de especial importancia ecológica.

del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, a la conservación de las especies vegetales, y a la protección de áreas de especial importancia ecológica.

28. Para arribar a esa determinación, el Tribunal explicó cuál era el alcance de los derechos colectivos invocados, recapituló el material probatorio, y aclaró cuál fue el procedimiento administrativo y sancionatorio que la CARDER adelantó con ocasión del permiso de aprovechamiento forestal único autorizado mediante Resolución 2128 de 2017, modificada por la Resolución 2136 de 2019.

29. En este contexto, puso de presente que el alcalde de Pereira, mediante Decreto 441 de 2011, adoptó el "Plan Parcial de Expansión Urbano Oriental La Julia", cuyo objetivo fue habilitar nuevo suelo para uso urbano. Según dicho decreto, el sector de La Julia «no hacia parte de los suelos de protección correspondientes al mirador Canceles, que fue declarado como parque recreativo y ecológico por parte del Consejo Municipal de Pereira, mediante Acuerdo 01 de 1993, sino que solo limitaba con dicha área de especial protección (sic)».

30. También advirtió que, mediante Resolución 2128 de 2017, la CARDER autorizó a Terra Alta S.A.S. un aprovechamiento forestal único de bosque natural de 459 individuos arbóreos y 6.469 individuos de guadua, en un área total de 4.1 Ha, sobre el predio "Lote 1 La Julia". En consecuencia, la autoridad ambiental ordenó a esa sociedad que plantará 1.377 individuos arbóreos, 4.444 árboles de diferentes especies y 612 chusquines de guadua.

el predio "Lote 1 La Julia". En consecuencia, la autoridad ambiental ordenó a esa sociedad que plantará 1.377 individuos arbóreos, 4.444 árboles de diferentes especies y 612 chusquines de guadua.

31. Acto seguido, precisó que, mediante Resolución 45017 de 2018, el Curador Urbano Primero de Pereira autorizó a la misma sociedad la realización de movimientos de tierra en el Lote 1 "La Julia y Lote 2 "Vereda Canceles" (matriculas inmobiliaria 290-119921 y 290-166399-7).

7 Expediente judicial, cuaderno 1-1, pagina 292 y ss. 8 Código de verificación: faa8daba6a313367b4fed33f73d7689b772b1e7ca1fb454e770a64bf2c36c8c17

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

32. Sin embargo, en virtud de las quejas de la comunidad, funcionarios de la CARDER visitaron el sector encontrando que la referida sociedad había efectuado una intervención de dos rodales o matas de guadua pertenecientes a la zona forestal protectora de las corrientes hídricas. Con ocasión de tales hechos, la autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio ambiental, el cual culminó con una multa $188.802.258 de pesos impuesta a través de la Resolución 0872 de 2020.

33. El Tribunal igualmente destacó que la Resolución 2136 de 2019 modificó la Resolución 2128 de 2017 como una forma de legitimación a posteriori de un

33. El Tribunal igualmente destacó que la Resolución 2136 de 2019 modificó la Resolución 2128 de 2017 como una forma de legitimación a posteriori de un aprovechamiento forestal que excedió el alcance del permiso ambiental inicial. La citada Corporación en la sentencia textualmente señaló lo siguiente:

[…] la inclusión mediante la Resolución No. 2136 de 2019 del predio con matrícula 290-166399 como parte del aprovechamiento forestal, si bien había sido solicitado el aprovechamiento por parte de la sociedad Terra Alta S.A.S., fue dispuesta con posterioridad al aprovechamiento que había sido autorizado inicialmente con la Resolución 2128 del 7 de diciembre de 2017, de lo cual dan cuenta tanto el Concepto Técnico No. 02523 del 02 de septiembre de 2017, proferido por el Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER, mediante el cual se rinde evaluación técnica sobre aprovechamiento forestal único y plan de compensación forestal solicitado por la sociedad Terra Alta S.A.S. para el proyecto Plan Parcial La Julia; la Resolución No. 000017 del 17 de enero de 2018, expedida por el Curador Urbano Primero de Pereira, “Por medio de la cual se autoriza un movimiento de tierras”, a Terra Alta S.A.S. y la misma Resolución No. 1368 del 18 de julio de 2018, expedida por la Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER, “Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, se aprueba la demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de corrientes hídricas y se

CARDER, “Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, se aprueba la demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de corrientes hídricas y se dictan otras disposiciones”, en favor de la sociedad Terra Alta S.A.S.. Y, aunque en estos documentos previos se mencionan ambos predios Lote 1, La Julia y Lote 2A Sector Vereda Canceles con matrículas inmobiliarias No. 290-119921 y 290-166399, finalmente en la Resolución 2128 de 2017 que otorga el aprovechamiento, únicamente se autoriza la intervención ambiental del primero de los predios mencionados, de tal manera que la modificación de este acto para ampliar la zona de aprovechamiento al segundo lote, cuando ya estaba causado el daño ambiental, se erige en una legitimación a posteriori de un aprovechamiento que ya había tenido lugar con las extralimitaciones que quedaron evidenciadas de parte de la sociedad Terra Alta S.A.S. y que, aunque fueron objeto de sanción administrativa, desde el punto de vista am biental ya habían causado la vulneración de los derechos colectivos materia de demanda, en cuanto al aspecto del aprovechamiento o deforestación de especies vegetales para el desarrollo de un proyecto de construcción. […]

34. Ahora bien, respecto del procedimiento sancionatorio ambiental, el Tribunal indicó que la multa impuesta tenía una naturaleza sancionatoria y no compensatoria, de manera que la autoridad ambiental no vigiló que el desarrollador del proyecto reparara o compensara la afectación causada. La citada autoridad judicial precisó

lo siguiente:

[…] aun cuando hubiere quedado acreditado con los informes periciales

de manera que la autoridad ambiental no vigiló que el desarrollador del proyecto reparara o compensara la afectación causada. La citada autoridad judicial precisó lo siguiente:

[…] aun cuando hubiere quedado acreditado con los informes periciales obrantes dentro del proceso que la compensación se surtió en los términos en que fue ordenado por la misma Corporación Autónoma Regional de RisaraldaCARDER mediante la Resolución No. 2128 del 07 de diciembre de 2017, toda8

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

vez que para el momento en que se hicieron los cortes o la tala de especies en el mes de marzo de 2018 en el predio La Julia Lote No. 1, la sociedad Terra Alta S.A.S. aún no contaba a plenitud con las debidas autorizaciones respecto de la zona inicialmente permisionada, ni podía siquiera realizar movimientos de tierra y cortes de guadua, sobre zonas prohibidas, concretamente en zonas forestales protectoras de corrientes hídricas, puesto que para cuando contara en su totalidad con las debidas autorizaciones era mandatorio antes de ejecutar el aprovechamiento, identificar las zonas forestales protectoras de corrientes hídricas para prevenir la afectación de las mismas y dura nte el aprovechamiento realizar la tala únicamente de los árboles y de los culmos de guadua autorizados por la Corporación Autónoma Regional de RisaraldaCARDER, evitar la disposición de residuos del aprovechamiento forestal único sobre drenajes, disponerl os en zonas autorizadas y respetar las zonas forestales protectoras de corrientes hídricas y las áreas donde anida la fauna

CARDER, evitar la disposición de residuos del aprovechamiento forestal único sobre drenajes, disponerl os en zonas autorizadas y respetar las zonas forestales protectoras de corrientes hídricas y las áreas donde anida la fauna silvestre, fauna que conforme a los testimonios de los señores Diego Luis López Echeverry y Mónica Ramírez Escobar, existía en la zo na sobre la cual se ejecutaron movimientos de tierra y tala, sin contar con los debidos permisos para el mes de marzo de 2018, lo que se corrobora preexistía con la documentación (fotos y videos) aportada por dichos testigos (…)

Debe señalarse que, frente a lo acontecido en marzo de 2018, resulta irrelevante la compensación ordenada por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER mediante la Resolución No. 2128 de 2017, comoquiera que la misma se circunscribe a un aprovechamiento único que fue autorizado en términos legales, mas no al movimiento de tierras y a la tala con afectación de zonas forestales protectoras, ejecutada en marzo de 2018 por parte de la sociedad Terra Alta S.A.S., que no contaba con las debidas autorizaciones, siendo oportuno t ambién dejar claro que, contrario a lo invocado por los actores, la compensación efectuada por Terra Alta, con ocasión de ese aprovechamiento forestal autorizado (Resolución 2128 de 2017), conforme al dictamen pericial obrante en el plenario -sobre lo cual debe indicarse la parte actora no trajo probanzas técnicas que lo desvirtúen -, rendido por la perito geóloga Alexandra Diaz Gil, en asocio con el ingeniero forestal Oscar Humberto Murillo Nieves, la instalación de la compensación se ha realizado a cabalida d

actora no trajo probanzas técnicas que lo desvirtúen -, rendido por la perito geóloga Alexandra Diaz Gil, en asocio con el ingeniero forestal Oscar Humberto Murillo Nieves, la instalación de la compensación se ha realizado a cabalida d conforme a lo dispuesto en las normas ambientales y con apego a lo determinado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER en la Resolución No. 2128 de 2017, incluso en números superiores, encontrándose en la etapa de los tres años de manten imiento por haber sido recibida apenas el 17 de noviembre de 2020 (Concepto Técnico No. 03088 del 17 de diciembre de 2020), y consta dentro del plenario informe de mantenimiento presentado por parte de Terra Alta S.A.S. […]

35. En ese orden, el Tribunal reprochó la conducta activa de la sociedad Terra Alta S.A.S. y la conducta omisiva de la CARDER porque la primera no corrigió los daños causados al entorno natural, y la segunda desconoció sus funciones como máxima autoridad ambiental.

36. Respecto de esta última conclusión, explicó que la CARDER ordenó la implementación de medidas preventivas de suspensión, pero no adoptó «medidas de restauración de la evidente degradación del medio ambiente y afectación del equilibrio ecológico de la zona por la erradicación de flora y fauna, sin permiso y sobre las zonas prohibidas, para que la sociedad, además, adoptara medidas tendientes a la plena mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos nocivos producto de la deforestación».9

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

nocivos producto de la deforestación».9

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Demandantes: Mateo Hoyos Montoya y David Salazar Tobón

37. A juicio del Tribunal, resulta irrelevante la compensación ordenada en la Resolución 2128 debido a las características iniciales del entorno natural y en tanto la medida no comprende el movimiento de tierras ni la afectación de las zonas forestales protectoras. Con fundamento en ello, rechazó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la autoridad ambiental porque «le asisten claras funciones constitucionales y legales como máxima autoridad ambiental en la jurisdicción de Risaralda para proteger el medio ambiente, así como propender por el desarrollo sostenible y el manejo adecuado de los recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados».

38. En consecuencia, el a quo amparó los derechos colectivos ambientales, condenó a la parte demandada a pagar los gastos procesales y las agencias en derecho a favor de los demandantes, e impartió las siguientes órdenes:

[…] 1. DECLÁRASE NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA por pasiva, propuesta por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de este fallo.

2. Declárase no probada la tacha de sospecha de testimonios, por lo considerado.

3. DECLÁRANSE VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

considerado.

3. DECLÁRANSE VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, descritos en los lite rales a) y c) del artículo 4º de la Ley 472 de 1