CE - 660012333000201900233011SENTENCIA20230913103604

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Ximena Salazar Riaño presentó demanda en orden a:

• Inaplicar el Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación en forma definitiva del empleo que denominó «abogado asesor, grado 23» en los despac hos de los tribunales administrativos, entre ellos, el de Risaralda.

1 En adelante CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

tribunales administrativos, entre ellos, el de Risaralda.

1 En adelante CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional

de Administración Judicial Pereira, Risaralda

Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de tribunal judicial.2

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: - Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio DESAJPE171241 del 26 de diciembre de 2017, que denegó la solicitud de reliquidación con efectos retroactivos de la s diferencias salariales y prestacionales, entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado; ii) Resolución DESAJPER18 -57 del 31 de enero de 2018 que en sede de reposición, confirmó la decisión anterior; y iii) acto ficto neg ativo derivado del silencio administrativo frente al recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria el 29 de los mismos mes y año.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar para todos los efectos que ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión y que su remuneración es la señalada por el gobierno nacional en los decretos anuales; ii) condenar a la demandada a reconocer y pagar

1. declarar para todos los efectos que ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión y que su remuneración es la señalada por el gobierno nacional en los decretos anuales; ii) condenar a la demandada a reconocer y pagar la diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió como «abogado asesor grado 23» y lo que debía recibir según el salario establecido para el cargo de «abogado asesor» sin grado, con efectos retroactivos; iii) pagar las sumas adeudadas con la respectiva indexación, según el artículo 157 del CPACA, durante el tiempo de vinculación en el Tribunal Administrativo de Risaralda; iv) condenar a la demandada en costas y agencias en derecho; y v) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 192 y 195 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

• Por medio del Acuerdo PSAA12 -9220 del 2 de febrero de 20123, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de un cargo de «abogado asesor, grado 23» para los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda y posteriormente se estableció como permanente por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 20154.

2 Folios 2 a 12. 3«Por el cual se adoptan medidas transitorias en el Distrito Judicial Administrativo de Risaralda en el marco del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo», a partir del 2 de febrero hasta el 30 de junio de 2012.

marco del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo», a partir del 2 de febrero hasta el 30 de junio de 2012. 4«Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional. (…) Artículo 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crear en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales Administrativos de los Distritos de Antioquia, Atlánt ico, Boyac á́, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los siguientes cargos:

1. Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23 2. un (1) cargos de Profesional Universitario grado 16

(…)»3

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante:

• Ximena Salazar Riaño se ha desempeñado como «abogado asesor, grado 23» desde el 7 de junio de 2016 hasta la fecha de expedición del certificado, esto es el 29 de diciembre de 2017.

• El 19 de diciembre de 2017, elevó petic ión ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, en orden a que se «inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión “grado 23” utilizada para denominar el cargo de Abogado Asesor contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 […] y

Administración Judicial de Pereira, en orden a que se «inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión “grado 23” utilizada para denominar el cargo de Abogado Asesor contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 […] y liquidar la remuneración mensual como “abogado asesor”, según lo preceptuado por el gobierno nacional […]»; así como el reconocimiento y pago de la consecuente reliquidación con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

• A través del Oficio DESAJPE17-1241 del 26 de diciembre de 2017, el director seccional de administración judicial de Pereira (Risaralda), negó la anterior reclamación, para lo cual argumentó, en primer lugar, que el Consejo Superior de la Judicatura t enía facultad legal para la creación de los cargos de «abogado asesor, grado 23 ». En segundo lugar, sostuvo que ha acatado la escala de remuneración del cargo establecida en el artículo 6 del Decreto 874 del 27 de abril de 20125, que a su vez fue aumentada con base en los decretos expedidos por el gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, de modo que no hay lugar a la modificación de la graduación del empleo ni la consecuente reliquidación.

• Mediante la Resolución DESAJPER18 -57 del 31 de en ero de 2018, fue denegada la reposición ante la carencia de elementos de juicio sobrevinientes que modificaran el sentido del acto impugnado; y respecto de la apelación, se configuró el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

que modificaran el sentido del acto impugnado; y respecto de la apelación, se configuró el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política; las leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270 de 1996, 319 de 1996, 1496 de 2011; y los decretos 1950 de 1973 (artículo 8), 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

5 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones ».4

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados

de nulidad por los siguientes defectos6:

• Desconocimiento de la Constitución Política

La asignación de «grado 23» impuesta al abogado asesor de tribunal judicial desconoció los derechos a la igualdad dentro del marco jurídico y económico, pues dispuso la creación de un empleo público con un grado de asignación que dio lugar

La asignación de «grado 23» impuesta al abogado asesor de tribunal judicial desconoció los derechos a la igualdad dentro del marco jurídico y económico, pues dispuso la creación de un empleo público con un grado de asignación que dio lugar a una remuneración distinta en la escala sa larial, con lo cual se excedió en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. Esto además implicó el desconocimiento del derecho al trabajo que, como uno de los principios fundantes del Estado, debe retribuirse en los términos señalados en la Norma Superior y la ley a fin de que el trabajador pueda mejorar sus condiciones de vida.

La actuación de la administración acusada vulneró el principio de «trabajo igual, salario igual» previsto en el artículo 53 Superior, toda vez que no ha recibido la remuneración proporcional a la función que desempeña como abogado asesor, máxime cuando este también constituye un derecho de carácter irrenunciable. Asimismo, conlleva el desconocimiento de normas de orden supranacional 7 que integran el bloque de const itucionalidad, en las que se definió el salario como la ganancia justa por los servicios que haya prestado, en aras de garantizar condiciones justas, equitativas y satisfactorias a favor de los trabajadores y en salvaguarda de sus derechos humanos.

• Infracción a la ley

En cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, el gobierno nacional expidió los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,

194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, en los que se fijó la remuneración mensual para el «abogado asesor» de tribunal judicial8, el cual no tiene escala de graduación, pues determinó en forma expresa su aplicación subsidiaria, entre ellas la del «grado 23», solo en el evento en que la denomi nación del cargo no se hubiere señalado en los artículos anteriores 9. Por consiguiente, la entidad demandada no le pagó el salario que legalmente le correspondía a la solicitante por desempeñarse como abogado asesor en el Tribunal Administrativo de Risaralda.

6 Folios 15 a 28. 7 Convenios 95 de 1949 y 100 de 1951 de la OIT sobre la protección al trabajo, y la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, respectivamente (Ratificados por medio de la Ley 54 de 1962). También la C onvención Americana de DD.HH. y su protocolo adicional, ratificado por medio de las leyes 16 de 1972 y 319 de 1996. 8 Artículo 4. 9 Artículo 6.5

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante:

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos10:

• La Dirección Ejecutiva de Administración Judic ial aplicó las normas que

y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos10:

• La Dirección Ejecutiva de Administración Judic ial aplicó las normas que regulan el régimen salarial y prestacional del sector público, en virtud de la técnica especial de reparto de competencias entre el legislador y el ejecutivo prevista en el artículo 150 de la Constitución Política, por la cual, el primero expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo que el segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con sujeción a la anterior. De ahí, que la entidad ha liquidado la remuneración mensual de la dema ndante de conformidad con los decretos anuales expedidos para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, normas de carácter vinculante para quienes ejecutan recursos del tesoro público.

• El vínculo con la demandante está sustentado en una relación legal y reglamentaria que inicia con el acto de nombramiento y la posesión, oportunidad en la que conoció y aceptó las funciones a desempeñar, así como el salario asignado como contraprestación a sus servicios sin que manifestara desacuerdo alguno.

• El Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad encargada de

reglamentar lo concerniente a la carrera judicial (artículo 256 Superior, numeral 1), función que ejerce en forma autónoma para crea r, modificar o suprimir cargos en aras del mejoramiento de la administración de justicia, y a su vez, determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional (artículo 257 ibidem, numeral 3). Todo ello, con base en los documentos técnicos que indican las necesidades a satisfacer de todas las

su vez, determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional (artículo 257 ibidem, numeral 3). Todo ello, con base en los documentos técnicos que indican las necesidades a satisfacer de todas las especialidades, la finalidad de la medida y sus costos.

• La Ley Estatutaria de Administración de Justicia otorgó en el artículo 63 plenas facultades al Consejo Superior de la Judicatura para que dentro de su autonomía administrativa procediera con la implementación del Plan Nacional de Descongestión, de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción y especialidad. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 85 ibidem, determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente de manera transitoria, para descongestionar los tribunales administrativos era el de «abogado asesor

10 Folios 68 a 71.6

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: grado 23» el cual no se asimila al de «abogado asesor» nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó un grado espec ífico cuya remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto se pronunció en estos términos11:

• El gobierno nacional tiene la competencia para fijar el régimen salarial y

proferida el 15 de noviembre de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto se pronunció en estos términos11:

• El gobierno nacional tiene la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial (artículos 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política y 8 de la Ley 4 de 1992), y de acuerdo con la LEAJ al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de dicha Rama (artículo 75). Al efecto, se le atribuyó la potestad de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos a su interior con el consecuente señalamiento de requisitos y funciones para su desempeño, siempre que no hayan sido fijados por la ley (artículo 85, numeral 9).

• Por medio del artículo 4 del Decreto 194 de 2014, el gobierno determinó la remuneración de los cargos de la Rama Judicial, según la jerarquía de cada corporación, entre estos, el de «abogado asesor» de tribunales judiciales, de tribunal superior militar y de los consejos seccionales de la judicatura. Así, en el 2014 se fijó en $5.746.978 y se incrementó porcentualmente en cada anualidad hasta el 201812, en razón a que son las que interesan al caso concreto.

• Por lo anterior, comoquiera que el cargo de «abogado asesor» de tribunal judicial es nominado, su asignación salarial sí estaba determi nada en el decreto señalado. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura no debía acudir al artículo 6 del Decreto 194 de 2014 , para asignarle una remuneración de

es nominado, su asignación salarial sí estaba determi nada en el decreto señalado. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura no debía acudir al artículo 6 del Decreto 194 de 2014 , para asignarle una remuneración de $4.299.956, la cual solo aplicaba de manera excepcional para los «[…] empleos de la Rama Judicial cuya denominación no esté señalada […]», pues ello comporta el ejercicio de la atribución de escala salarial que solo le compete al gobierno nacional, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado13.

11 Folios 87 a 102. 12 4.66% en el 2015 (Decreto 1257), 7.77% en el 2016 (Decreto 245), 6.75% en el 2017 (Decreto1013) y 5.09% en el 2018 (Decreto 337). 13 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2001, C.P. Alberto Aran go Mantilla, radicación 11001 -03-25-000-1998-0130-01(1711-98); y del7

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante:

• En lo concerniente a la vulneración del d erecho a la igualdad, el trato diferenciado debe comprobarse en circunstancias objetivas y razonables señaladas por la Corte Constitucional en el juicio de igualdad14. En el caso objeto de estudio, observó que no existe un patrón de igualdad respecto de los requisitos para acceder al empleo materia de controversia, pues no se encuentra

señaladas por la Corte Constitucional en el juicio de igualdad14. En el caso objeto de estudio, observó que no existe un patrón de igualdad respecto de los requisitos para acceder al empleo materia de controversia, pues no se encuentra señalado en el Acuerdo PSAA06-3560 de 200615. Sin embargo, las pruebas que obran en el expediente demuestran que el «abogado asesor» sí fue previsto en los decretos de escala salarial expedidos por el legislador extraordinario, por lo tanto, la asignación del grado 23 dio lugar a una remuneración menor en el caso de la demandante que refleja un trato desigual.

• Por lo anterior, el a quo: i) inaplicó por inconstitucionales los artículos 86, numeral 7, y 88 del Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 en cuanto a la denominación «grado 23» asignada al cargo «abogado asesor» creado y transformado en permanente en cada uno de los desp achos del Tribunal Administrativo de Risaralda; ii) anuló los actos administrativos acusados; iii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Rama Judicial a reconocer y pagar con efectos retroactivos, las diferencias salariales y prestacionale s existentes entre el cargo de «abogado asesor» y el de «grado 23», de conformidad con los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 expedidos por el gobierno nacional durante el tiempo de vinculación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, con la respectiva indexación; y iv) negó la condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, con la respectiva indexación; y iv) negó la condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandada interpuso recurso de apelación16 con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente:

• El Consejo Superior de la Judicatura es un ente de origen constitucional,

encargado de reglamentar lo concerniente a la carrera judicial. En ejercicio de la

13 de marzo de 2003, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, radicación 52001-23-31-000-2000-1480-01 (1691-02). 14«El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. » Al respecto citó las sentencias C-093 de 2001 y C-841 de 2003. 15 «Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.» 16 Folios 104 a 106.8

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Juzgados y Centros de Servicios.» 16 Folios 104 a 106.8

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: potestad reglamentaria atribuida por la Norma Superior 17 y la L EAJ18, está facultado para expedir actos administrativos de carácter general con el fin de materializar el enunciado abstracto de la ley y lograr su cumplida ejecución19.

• En virtud de esta potestad de regulación y de su autonomía administrativa, adoptó las medidas pertinentes para ejecutar el plan nacional de descongestión

(artículo 63 ibidem), entre ellas, la creación con carácter transitorio de cargos y la vinculación de empleados judiciales, de acuerdo con la ley de presupuesto. Al efecto, por medio de sus funciones administrativas y con base en las necesidades de la jurisdicción y especialidad, determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente de manera transitoria , para descongestionar los tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hace relación al de «abogado asesor» innominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.

• A partir de la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 a la fecha, existe en los despachos de los tribunales administrativos y superiores, «el empleo de abogado asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto qu e desde su creación ha sido muy clara su denominación, la cual no se asimila a la de la Ley 4 de 1992 sino

abogado asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto qu e desde su creación ha sido muy clara su denominación, la cual no se asimila a la de la Ley 4 de 1992 sino a la que estableció el Consejo Superior de la Judicatura dentro de su autonomía administrativa brindada en la Constitución Política y en la Ley Estat utaria de Administración de Justicia».

1.5. Intervención en segunda instancia

Las partes, tanto demandante como demandada, y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad20.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus

17 En los artículos 256, numeral 1 y 257, numeral 3. 18 Artículo 85, numerales 17 y 22. 19 Al respecto citó: - Consejo de Estado, Sección Segunda, fallo del 15 de abril de 2004, radicación 565 -99. - Corte Constitucional, sentencias C-228 de 1993 y C-350 de 1997. 20 Según el informe de la Secretaría de la Sección Segunda que obra a folio 134 del expediente.9

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: competencias constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de «abogado asesor», pues con ello modificó el régimen sa larial y prestacional establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?

competencias constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de «abogado asesor», pues con ello modificó el régimen sa larial y prestacional establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?

Para su resolución se abordarán los siguientes temas: i) la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial y iii) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]»

debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]»

En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4 de 1992 21, en cuyo artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley , fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial:

«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

21 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijaci ón del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.10

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante: (…)

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial , el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el

Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad. Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y prestacional de dichos empleados.

En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992, se expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993 22, en el cual el presidente de la República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha.

El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: […]

El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: […]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: […] Abogado asesor $1.125.000 […]»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida, así:

22 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».11

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00233-01 (2975-2020)

Demandante: Ximena Salazar Riaño

Demandante:

GRADO REMUNERACIÓN

01 91.377 02 107.068 03 127.989 04 151.764 05 184.415 06 217.067 […]»

El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».

Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994,

establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».

Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 201923. En ellos fijó las remuneraciones anuales de los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor de tribunal judicial.

El Decreto 1039 de 201124 que fijó la remuneración mensual de ese año, estableció en su artícul