CE - 660012333000202000008011SENTENCIASENTENCIA20230901140523

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO Radicación: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: PAULA OBANDO BOTERO

Demandado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL UGPP

Temas : Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, periodos enero a diciembre de 2015. Venta de bien inmueble. Validez probatoria de la escritura pública de compraventa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y no condenó en costas.

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente1:

“1. Declárase la nulidad parcial de la liquidación oficial número No. RDO – 2018 – 01096 del 30 de abril de 2018,, (sic) mediante la cual el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPPpractica liquidación de aportes a los subsistemas de salud, pensiones y se le impone sanción en contra de la actora.

2. Declárase la nulidad parcial de la resolución RDC – 2019 – 00618 del 06 de mayo de 2019, mediante la cual el director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPPdecide el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO – 2018 – 01096 del 30 de abril de 2018 confirmando la liquidación oficial practicada en esta.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordena a la entidad demandada proceder con la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión aplicando las tarifas de Ley, con base en los ingresos percibidos por la actora por concepto de trabajadora independiente durante el año 2015, esto es,

proceder con la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión aplicando las tarifas de Ley, con base en los ingresos percibidos por la actora por concepto de trabajadora independiente durante el año 2015, esto es, por valor de $ 53.225.814, aplicando el esquema de presunción de costos previsto

1 Índice 22 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en el artículo 3° de la Resolución No. 209 de 2020 en aquellos periodos en que le fue más beneficioso, sin que en cada mes la liquidación supere los 25 SMLMV, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 510 de 2003 para el período comprendido entre el 1° de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, y el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015. Así mismo deberá recalcularse el valor de la sanción aplicable por la omisión en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el año 2015.

y el 31 de diciembre de 2015. Así mismo deberá recalcularse el valor de la sanción aplicable por la omisión en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el año 2015.

4. Se niegan las demás súplicas de la demanda.

5. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo e n los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

6. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente razonado.”

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscal de la Protección Social – en adelante UGPP – profirió Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2017-02415 del 29 de septiembre de 20172.

La administración expidió Liquidación Oficial RDO-2018-01096 del 30 de abril de 2018 por omisión en la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral – en adelante SSSI – por los periodos de enero a diciembre de 2015 estableció una suma a cargo de $56.092.600 por concepto de aportes a los subsistemas de salud y pensión y una sanción por omisión de $112.185.2003.

Frente al acto anterior, la actora interpuso recurso de reconsideración el 3 de julio de 2018, el cual fue desatado por la demandada mediante Resolución RDC -2019-00618 del 6 de mayo de 2019, que confirmó en su integridad el acto recurrido4.

DEMANDA

La actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones5:

“Con base en los anteriores hechos y consideraciones, solicito al honorable

DEMANDA

La actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones5:

“Con base en los anteriores hechos y consideraciones, solicito al honorable despacho acceder a las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

 Resolución No. RDO – 2018 – 01096 del 30 de abril de 2018, por medio de la cual se emitió Liquidación Oficial dentro del proceso de fiscalización correspondiente al año o periodo gravable 2015 (Anexo 1).

 Resolución No. RDC – 2019 – 00618 del 06 de mayo de 2019, por medio de la cual se resue lve el Recurso de Reconsideración contra la

2 Índice 21 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Antioquia. 3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

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Liquidación Oficial (Resolución) No. RDO – 2018 – 01096 del 30 de abril de 2018 (ANEXO 2).

SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior y a título de restab lecimiento del

derecho:

Liquidación Oficial (Resolución) No. RDO – 2018 – 01096 del 30 de abril de 2018 (ANEXO 2).

SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior y a título de restab lecimiento del

derecho:

1. Se declare que los aportes realizados por la señora PAULA OBANDO BOTERO fueron efectuados sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) correcto, según la legislación vigente para el año o periodo gravable 2015.

1. En caso de que se lleve a cabo cobro coactivo y se proceda con su ejecución se paguen los perjuicios derivados de tal proceder, los cuales serán tasados de acuerdo a peritaje ordenado por el despacho.

1. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.”

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

 Artículo 107 del Estatuto Tributario.  Artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.  Artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.  Artículo 3 de la Ley 797 de 2003.  Artículo 3 del Decreto 510 de 2003.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Falsa motivación de los actos demandados en cuanto a la calidad de trabajador independiente de la actora

Explicó que en el año en discusión recibió ingresos por la distribución de utilidades de contratos de cuentas de participación, en los que actuó como partícipe oculto, y en los que el gestor se encargó de la explotación agrícola de caña de azúcar.

Dichas utilidades se obtiene n sólo en ciertos periodos del año, de acuerdo con la

que el gestor se encargó de la explotación agrícola de caña de azúcar.

Dichas utilidades se obtiene n sólo en ciertos periodos del año, de acuerdo con la cosecha y corte de la caña.

Resaltó que no percibió ingresos por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones por trabajo asociado, ni compensaciones por servicios personales, por lo que la accionante no tiene la calidad de trabajadora independiente.

Señaló que en Colombia no existe norma que en 2015 calificara a un comerciante como trabajador independiente y así, habilitara a la UGPP a calcular los aportes sobre la base establecida para los trabajadores independientes. Por el contrario, la Ley 1700 de 2013 (vigente para el año 2015), define la condición de comerciante que es distinta a la de trabajador independiente.

Precisó que la obligación del rentista de capital y del comerciante en el año 2015, consistía en afilia rse al Sistema General de Seguridad Social Integral – en adelante SSSI – en calidad de cotizantes, y pagar los aportes sobre la base mínima de 1 salario mínimo legal mensual vigente – en adelante SMLMV -, dada la presunción legalRadicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

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establecida en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 para las personas naturales declarantes del impuesto sobre la renta.

Agregó que, el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no le es aplicable porque no hace referencia al ingreso base de cotización – en adelante IBC – para los rentistas de capital, ni para los comerciantes . A dicionalmente, esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-219 de 2019.

Falsa motivación por el tratamiento fiscal que la UGPP da a los ingresos de la demandante

Los ingresos declarados en el renglón 38 -Otros (Ventas, arrendamientos) del denuncio rentístico de 2015 se compone de ingresos por distribución de utilidades de contratos de cuentas en participación, por la venta de caña de azúcar realizada por las sociedades Ingenio Risaralda S.A. y Agrícola Biobando S.A.

Planteó que al tomar la totalidad de los ingresos brutos sin detraerle los costos correspondientes y dividirlos en 12 meses, la UGPP desconoce la realidad del negocio jurídico, pues la comercialización de la caña la realiza el gestor y no la demandante, además de que los pagos no se efectúan en la misma proporción y con la misma periodicidad.

Destacó que no realiz ó de forma personal y directa la actividad económica, sino que

además de que los pagos no se efectúan en la misma proporción y con la misma periodicidad.

Destacó que no realiz ó de forma personal y directa la actividad económica, sino que permitió la explotación de un inmueble sobre el cual t enía la propiedad de una cuota parte, a cambio de una utilidad que corresponde a una renta de capital.

Explicó que en la declaración del impuesto sobre la renta reportó ingresos por $386.567.695 que son producto de la venta de una cuota parte del derecho de dominio que tenía junto con sus tres hermanas sobre unos predios y que se les adjudicaron en igual proporción en la sucesión de su madre, quien falleció en el año 2013, así:

a) 25% del total del lote “Veraguas” lote 5, sobre el que la actora poseía una cuota parte correspondiente al 6,25%.

b) 12,5% del total del área de la casa de teja, sobre el que la actora poseía la cuota parte correspondiente al 1,25%.

c) 25% del total del lote “Veraguas”, sobre el que la actora poseía una cuota parte correspondiente al 6,25%.

Precisó que el total de la venta de los inmuebles ascendió a $1.546.270.782 de lo que le correspondió la suma de $386.567.695, que no hace parte del giro ordinario de su actividad económica y a su vez destacó que debe reconocerse el costo fiscal del bien.

Manifestó que en su denuncio rentístico reportó costos para el mantenimiento de los predios en los que se cultivaba caña de azúcar y que son necesarios, proporcionales y que tienen relación de causalidad, así como el costo fiscal de los inmuebles vendidos.

Manifestó que en su denuncio rentístico reportó costos para el mantenimiento de los predios en los que se cultivaba caña de azúcar y que son necesarios, proporcionales y que tienen relación de causalidad, así como el costo fiscal de los inmuebles vendidos.

Respecto a la base gravable que la UGPP determinóRadicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

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Planteó que no existe una norma que establezca que los rentistas de capital o las personas naturales declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, tengan la calidad de trabajadores independientes y se les deba exigir el pago de aportes parafiscales sobre el 40% del total de los ingresos percibidos.

Dijo que la Ley 1122 de 2007 estaba vigente en el momento de los hechos y aunque no es procedente para el caso de la demandante, tampoco se aplicó en su sentido literal.

Añadió que si tuviera la calidad de trabajador independiente, de acuerdo con los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 3 de la Ley 797 de 2003, el IBC podría variar entre 1 SMLMV y hasta máximo el 40% de los ingresos efectivamente percibidos, toda vez que la norma no establece una base gravable fija ni tampoco habla de la totalidad

entre 1 SMLMV y hasta máximo el 40% de los ingresos efectivamente percibidos, toda vez que la norma no establece una base gravable fija ni tampoco habla de la totalidad de los ingresos, por lo que la administración debió tomar el valor de la renta líquida, y no los ingresos brutos incluyen do la venta de activos fijos, pues estos últimos no constituyen ingreso mensualizado y tampoco provienen de una prestación directa y personal de un servicio.

Declaró que la demandada infringió el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 y el artículo 107 del Estatuto Tributario, al no descontar de los ingresos brutos anuales los costos y deducciones registrados en su denuncio rentístico del año gravable 2015.

Expuso que para efectuar el cálculo de la sanción la UGPP no tuvo en cuenta que el trabajador independiente es diferente al rentista de capital y la fuente de los ingresos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UGPP, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos6:

Se opuso a la solicitud de condena en costas, al considerar que no existe prueba de su causación y toda vez que el presente litigio versa sobre un asunto de interés público, como son las contribuciones parafiscales, que resultan necesarias para el funcionamiento y sostenibilidad del Sistema de la Protección Social.

Falsa motivación de los actos demandados en cuanto a la calidad de trabajador independiente de la actora

Puntualizó que la actividad económica que la accionante registró en su denuncio rentístico fue “cultivo de caña de azúcar” . Indicó que según el artículo 15 del Decreto 3063 de 1989, los trabajadores independientes son las personas naturales que ejercen

rentístico fue “cultivo de caña de azúcar” . Indicó que según el artículo 15 del Decreto 3063 de 1989, los trabajadores independientes son las personas naturales que ejercen de manera autónoma personal y directa una profesión, oficio o actividad económica, sin sujeción a contrato de trabajo, por la cual percibe n ingresos mensuales que les reflejan una capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

Entonces, los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago son aportantes al SSSI y por ello, debe n autoliquidar y pagar el valor de sus respec tivos aportes en lo relacionado con dichos ingresos. Precisó que para la vigencia 2015, la base gravable para los trabajadores independientes corresponde a los ingresos efectivamente percibidos menos las expensas que cumplan con los requisitos del

6 Índice 21 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

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artículo 107 del Estatuto Tributario, resultado que en ningún caso podrá ser inferior a 1 SMLMV, ni superior a 25 SMLMV.

Dijo que cuando se identifiquen ingresos en las declaraciones de renta, IVA e industria

artículo 107 del Estatuto Tributario, resultado que en ningún caso podrá ser inferior a 1 SMLMV, ni superior a 25 SMLMV.

Dijo que cuando se identifiquen ingresos en las declaraciones de renta, IVA e industria y comercio, se presume capacidad de pago y en consecuencia, obligatoriedad de pagar mensualmente aportes al Sistema de la Protección Social.

Ingreso base de cotización – Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 estableció la forma en que los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un 1 SMLMV debían determinar el IBC para los meses de julio a diciembre de 2015 . Si el IBC resultara inferior luego de realizar las deducciones se deberá cotizar sobre 1 SMLMV, toda vez que es la base mínima de cotización autorizada.

Hecho generador y sujeto pasivo – Los independientes, rentistas de capital y en general personas con capacidad de pago como obligados del SSSI

Indicó que el literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998 incluyó expresamente a los trabajadores independientes y a los rentistas de capital como afiliados al régimen contributivo de salud en calidad de cotizante.

Destacó que la Corte Constitucional en sentencia C -578 de 2009 concluyó que los rentistas de capital se encuentran incluidos en los denominados trabajadores independientes que señalan el numeral 10 del literal a) del artículo 157 y el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

Base gravable IBC aplicable antes de la entrada en vigencia del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 - Tarifa

2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

Base gravable IBC aplicable antes de la entrada en vigencia del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 - Tarifa

Señaló que la base de cotización de los independientes se estableció desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y debía corresponder a los ingresos efectivamente percibidos entendidos como aquellos que recibe para su beneficio personal, afectados por las erogaciones que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. La base de cotización en salud de bía corresponder a la misma señalada para el sistema pensional.

Estimó contradictorio que la actora aleg ara que para el año 201 5 no existía base gravable aplicable, pero a la vez solicitara que se le aplicara la base máxima del 40% sobre el valor de los i ngresos. Esto por cuanto, la base gravable aplicable para la demandante correspondía a la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos menos las expensas que cumplan los requisitos de ley. Indicó que la tarifa para el pago de los aportes al sistema fue establecida de manera expresa en la ley.

Falsa motivación por el tratamiento fiscal que la UGPP da a los ingresos de la demandante

Explicó que en el denuncio rentístico del año 2015 la actora declaró ingresos por la suma de $439.801.000 (superiores a 1 SMLMV ), lo que demostró que poseía capacidad de pago , y en consecuencia, le imponía el deber de afiliarse, declarar yRadicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

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capacidad de pago , y en consecuencia, le imponía el deber de afiliarse, declarar yRadicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de pensión y salud en calidad de cotizante para los periodos fiscalizados.

Teniendo en cuenta esa información y dado que no hubo deducciones, el IBC sobre el que se aplicó la tarifa de cotización correspondiente a cada subsistema para los periodos comprendidos entre enero y junio de 2015 correspond ió a un ingreso bruto mensual de $36.650.083 ($439.801.000 / 12 meses).

Igualmente, debido a que el 9 de junio de 2015 entró en vig or la Ley 1753 de 2015, para los periodos de julio a diciembre de 2015 se estableció un IBC que corresponde al 40% del ingreso bruto mensualizado así: $36.650.083 40% = $14.660.033 . Sin embargo, como el IBC tiene un límite de 25 SMLMV, fijó la base de cotización a los subsistemas de salud y pensiones en $15.400.000 para el periodo de enero de 2015 y en $16.108.750 para febrero a diciembre de 2015.

subsistemas de salud y pensiones en $15.400.000 para el periodo de enero de 2015 y en $16.108.750 para febrero a diciembre de 2015.

Alegó que la actora en sede administrativa no acreditó que hubiera obtenido ganancias ocasionales por el monto de $366.567.695 y en sede judicial allegó como prueba la Escritura Pública Nro. 0866 del 4 de mayo de 2015, que no es una prueba idónea pues la propiedad inmobiliaria se acredita con el certificado de libertad y tradición, y en el presente caso no se demostró que el bien inmueble se haya vendido en 2015.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión declaró la nulidad parcial de los actos acusados y no condenó en costas. Las razones de la decisión se resumen así7:

De la obligación de la actora al pago de aportes parafiscales

Precisó que la demandante para la vigencia 2015 , ya sea por su condición de rentista de capital (según lo alega en la demanda) o como trabajadora independiente (por el cultivo de caña de azúcar) tenía la obligación de aportar al SSSI.

Cálculo del IBC y de la procedencia de deducir costos y deducciones

Explicó que el IBC conforme al cual deben aportar los independientes a los subsistemas de salud y pensión corresponde a los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado durante el periodo a declarar, con la pos ibilidad de deducir las expensas que tengan relación de causalidad con su actividad productora, que sean necesarias y proporcionales, resultado que en ningún caso podrá ser inferior a 1 SMLMV, ni superior

durante el periodo a declarar, con la pos ibilidad de deducir las expensas que tengan relación de causalidad con su actividad productora, que sean necesarias y proporcionales, resultado que en ningún caso podrá ser inferior a 1 SMLMV, ni superior a 25 SMLMV.

Destacó que para la vigencia fiscalizada, dado que la actora no esta ba vinculada mediante un contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidora pública, pero recibi ó ingresos producto de la actividad económica que desarrollaba, debió cotizar sobre la base de los ingresos definida en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015; y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, luego de restar las expensas efectuadas en la ejecución de

7 Índice 22 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

su actividad productiva, siempre que dichas erogaciones cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

su actividad productiva, siempre que dichas erogaciones cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Comentó que la administración tomó los ingresos declarados por la demandante en el impuesto sobre la renta del año gravable 2015, que se desglosan así:

Renglón 38 – Otros Ingenio Risaralda S.A. Venta de caña $ 4.171.509 Agrícola Biobando S.A.S. Venta de caña $ 19.804.893 Ingenio Risaralda Venta de caña $ 29.249.412 Venta Lote Veraguas Venta inmueble $386.567.695

Precisó que en lo que alude a la venta del Lote Veraguas, la demandante demostró que junto a sus hermanas celebró contrato de compraventa con el Ingenio Risaralda S.A. de la cu ota parte que cada una tenía sobre tres inmuebles descritos en la Escritura Pública de Compraventa 866 del 4 de mayo de 2015: 25% del total del lote Veraguas, 12,5% del área de la casa de teja y el 35% del total del área inmueble Veraguas por un valor total de la transacción de $1.546.270.782, del cual a Paula Obando Botero le correspondió el 25% equivalente a $386.567.695, que registró en el reglón 38 de su denuncio rentístico del 2015.

Así, consideró que los ingresos por $386.567.695 en efecto corre spondían a la venta de la cuota parte que ostentaba respecto de los citados predios, por lo que no había

denuncio rentístico del 2015.

Así, consideró que los ingresos por $386.567.695 en efecto corre spondían a la venta de la cuota parte que ostentaba respecto de los citados predios, por lo que no había fundamento para tomarlo como base para calcular el IBC, pues no corresponde a una retribución por su actividad productiva.

Mencionó que lo anterior no es óbice para que se tomen los ingresos por venta de caña obtenidos en virtud de los contratos de cuentas en participación suscritos con Ingenio Risaralda y Agrícola Biobando S.A.S. anteriormente descritos.

Concluyó que para determinar el IBC la UGPP debió tener como ingresos la suma de $53.225.814, sin incluir los ingresos que la actora percibió por la enajenación de los bienes inmuebles.

El Tribunal dijo que no obran pruebas o documentos que acrediten los costos y gastos relacionados con la actividad generadora de renta , por lo que mantuvo los rubros determinados por la UGPP. Sin embargo, en atención al principio de favorabilidad, estimó procedente aplica r el esquema de presunción de costos para trabaj adores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, que se implementó a través de la Resolución 209 de 2020 de la UGPP , expedida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Así, realizó una presunción de costos equivalentes al 73,90% de los ingresos (sin incluir el IVA), aplicable para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

No condenó en costas, en la medida en que no est aban acreditadas erogaciones por

el IVA), aplicable para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

No condenó en costas, en la medida en que no est aban acreditadas erogaciones por este concepto, así como tampoco evidenció conducta que lo ameritara.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00008-01 (26760)

Demandante: Paula Obando Botero

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada apeló con fundamento en los siguientes argumentos8:

Dijo que la demandante no aportó las pruebas necesarias respecto de los montos que no están sujetos a la liquidación de aportes, pese a la persistencia de la UGPP para que lo hiciera.

A lo largo del proceso se estableció que los ingresos de la actora fueron superiores a 1 SMLMV para el año 2015, por lo que tenía capacida d de pago que le imponía el deber de afiliarse, declarar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de pensión y salud en calidad de cotizante.

Indicó que el Tribunal analizó superficialmente la situación fáctica, sin estudiar y revisar las actuaciones que se surtieron en el proceso de determinación y las pruebas aportadas. Alegó que la actora no acreditó que el ingreso por valor de $366.567.695

Indicó que el Tribunal analizó superficialmente la situación fáctica, sin estudiar y revisar las actuaciones que se surtieron en el proceso de determinación y las pruebas aportadas. Alegó que la actora no acreditó que e