CE - 660012333000202000088011SENTENCIA20231120111046

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Héctor Adonaí Blanco Martínez presentó demanda en orden a que se efectuaran las siguientes declaraciones:

De inaplicación por vía de excepción

• Se inaplicaran los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1091 de 1995, que rige al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, en su lugar, se atendiera el artículo

1 En adelante Casur. 2 En adelante CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

1 En adelante Casur. 2 En adelante CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1

Temas: Subsidio familiar del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.2

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: 82 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, con fundamento en los principios de igualdad y de oscilación.

• Igualmente, pidió la inaplicación por «inconvencionales» e inconstitucionales de los decretos 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019.

De nulidad

• Oficio S-2019-024026/DITAH-ANOPA-1.10 del 8 de mayo de 2019 , por el

2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019.

De nulidad

• Oficio S-2019-024026/DITAH-ANOPA-1.10 del 8 de mayo de 2019 , por el cual la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional le negó la reliquidación del subsidio familiar y el pago retroactivo por su esposa y sus tres hijos, de conformidad con los decretos 1212 y 1213 de 1990.

• Resolución 04261 del 26 de septiembre de 2019 , por el cual la misma dependencia confirmó la decisión anterior al resolver el recurso de reposición.

• Oficio 503290 del 21 de octubre de 2019, a través del cual el director general de Casur negó el reconocimiento de la misma prestación en la liquidación de la asignación de retiro.

De restablecimiento del derecho

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara lo siguiente:

• Reconocer y pagar la reliquidación de la asignación que devengó en servicio activo con inclusión del subsidio familiar , en porcentaje del 30% del salario básico por su esposa, desde el 1 de junio de 2008, fecha en la que contrajeron matrimonio; y por cada uno de sus hijos, a partir del nacimiento así: el 5% por el primero, desde el 28 de diciembre de 1994 ; el 4% por el segundo, desde el 5 de septiembre de 2009; el 4% por su tercer hijo, desde el 28 de septiembre de 2014.

• Incluir como factor prestacional el subsidio familiar en un 43% del salario básico como partida computable de la asignación de retiro.3

el 28 de septiembre de 2014.

• Incluir como factor prestacional el subsidio familiar en un 43% del salario básico como partida computable de la asignación de retiro.3

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: - Indexar los valores así reconocidos y el pago de las diferencias que resulten de la reliquidación efectuada respecto del subsidio familiar.

• Condenar en costas a las demandadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

1. Héctor Adonaí Blanco Martínez se vinculó a la Policía Nacional como a lumno en

1995. El 25 de octubre de 1996 ingresó al nivel ejecutivo de dicha institución al obtener el grado de carabinero.

2. El 1 de junio de 2007 contrajo matrimonio y es padre de tres hijos: Elvis Luyini

Blanco Angarita3; Miguel Ángel4 y Antony Emanuel Blanco Piedrahita5.

3. Por medio de la Resolución 3573 del 15 de mayo de 2019, Casur le reconoció la asignación de retiro.

4. El 15 de abril de 2019, le solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional la inclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro.

5. Mediante Oficio S-2019-024026/DITAH-ANOPA-1.10 del 8 de mayo de 2019, la entidad negó la anterior petición, para lo cual argumentó que el Decreto 1091 de 1995, norma que le era aplicable en materia de asignación de retiro, no preveía tal

entidad negó la anterior petición, para lo cual argumentó que el Decreto 1091 de 1995, norma que le era aplicable en materia de asignación de retiro, no preveía tal posibilidad.

6. En contra de la anterior decisión presentó los recursos de reposición y apelación.

El primero de ellos fue resuelto por el director de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante Resolución 0501 del 2 de septiembre de 2019 y, el segundo, por el director general de la misma institución con la Resolución 04261 del 26 de septiembre de 2019 . En ambos se confirmó la denegatoria de la inclusión del subsidio familiar.

7. El 2 de julio de 2019 radicó la misma solicitud ante Casur, la cual también negó lo pretendido, a través del Oficio 503290 del 21 de octubre de 2019, contra esa decisión no procedían recursos. En dicho acto, se expuso que el subsidio familiar

3 Nació el 28 de diciembre de 1994. 4 Nació el 5 de septiembre de 2009. 5 Nació el 28 de septiembre de 2014.4

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: no era partida computable para el personal homologado al nivel ejecutivo , según el artículo 23.2 del Decreto 4433 de 2004.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política; 45 de la Convención Americana de Derechos Humanos ; 19 del Pacto Internacional de

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política; 45 de la Convención Americana de Derechos Humanos ; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 de la Ley 1098 de 2006; 1 y 2 de la Ley 12 de 1991; y 1 y 2 del Decreto 132 de 1995.

En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados de nulidad por los siguientes defectos:

• Se vulneraron los derechos fundamentales del demandante . Es así, por cuanto los integrantes del nivel ejecutivo hacen parte de la planta «base» de personal de la institución. Por lo tanto, están expuestos a un mayor riesgo para su vida, toda vez que son asignados a zonas de difícil acceso y deben ejercer el control y misiones de orden público.

• El Decreto 132 de 1995, en el artículo 82, dispone que el ingreso al nivel ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto a quienes están al servicio de la Policía Nacional. No obstante, a l negar el reconocimiento de l subsidio familiar en los términos solicitados, se vulneró su derecho a la igualdad respecto de los suboficiales, ofi ciales y agentes , quienes también son miembros de la misma institución y sí se les concede tal beneficio.

• El subsidio familiar es un componente de la seguridad social, que inicialmente se concedió a los trabajadores que tuvieran a su cargo hijos menores de 18 años, por medio del Decreto 0118 de 1957. Más adelante, la Ley 21 de 1982 señaló que su objetivo era el de aliviar las cargas económicas que representan el

se concedió a los trabajadores que tuvieran a su cargo hijos menores de 18 años, por medio del Decreto 0118 de 1957. Más adelante, la Ley 21 de 1982 señaló que su objetivo era el de aliviar las cargas económicas que representan el sostenimiento de una famili a, como núcleo básico de la sociedad, para los trabajadores de medianos y menores ingresos.

• En atención a lo anterior, tanto en el grupo de oficiales, suboficiales y agentes como en el de l nivel ejecutivo existe una carga proporcional de bajos y mayores ingresos económicos para el sostenimiento de las familias. Empero, a unos se les concede el subsidio familiar y a otros no. En consecuencia, se presenta una discriminación injustificada y sistemática frente al acceso a dicha prestación, tal y como se puede constatar si se comparan los Decretos 1212 y 1213 de 1990 con el Decreto 1091 de 1995, pues la prestación se liquida diferente en uno y otro caso.

• Con la situación expuesta, se ha venido contribuyendo a la alteración de las5

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: condiciones de existencia de las familias del personal que integra el nivel ejecutivo, quienes no gozan de los mismos beneficios que tienen los oficiales . Igualmente, les ha generado una desproporción salarial, a pesar de que la Corte Constitucional ha destacado la importancia del subsidio familiar y el deber de protección a los trabajadores de las instituciones del Estado que devengan salarios mínimos, en

les ha generado una desproporción salarial, a pesar de que la Corte Constitucional ha destacado la importancia del subsidio familiar y el deber de protección a los trabajadores de las instituciones del Estado que devengan salarios mínimos, en las sentencias C-653 de 2003, C-629 de 2011, C -440 de 2011 y T -942 de 2014, así como su relevancia para el amparo de la infancia, según las sentencias C-315 de 2002, C-508 de 1997 y T-712 de 2013.

• Ciertamente, para los años 90 la prestación en cita se reconoció en igualdad de condiciones para todo el personal de la Policía Nacional. Sin embargo, cuando se creó el nivel ejecutivo no era posible identificar el porcentaje en el que se les debía reconocer, hasta los años de 1995 y 1996 , a partir de los cuales todos los miembros de este grupo devengan la misma suma por dicho concepto, sin importar su cargo, grado o función. A continuación, se resumen las diferencias en cuanto a

la regulación para cada categoría:

Categoría Norma Porcentaje por cónyuge o compañero permanente Porcentaje por hijos Oficial Decreto 1212 de 1990, art. 82 30% 17% Suboficial Decreto 1212 de 1990, art. 82 30% 17% Agente Decreto 1213 de 1990, art. 46 30% 17% Nivel Ejecutivo Decreto 1002 de 2019, art. 28 0% $32.719 por cada hijo

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

• Al actor le han sido liquidadas las partidas mensuales de conformidad con la norma que le resulta aplicable al nivel ejecutivo de incorporación directa, concretamente, los artículos 16 y 17 d el Decreto 1091 de 1995. Este último no prevé el subsidio familiar por el cónyuge o compañero permanente tampoco dispone que constituya factor salarial para efectos de liquidación pensional.

• En cuanto a la inclusión del mencionado emolumento en la asignación de retiro, debe precisarse que su liquidación se realiza en atención a la normativa vigente al momento del retiro.

• En el presente asunto no resultan aplicables los decretos 1212 y 1213 de 1990,6

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: puesto que aquellos regulan el régimen salarial y prestacional de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y no al personal del nivel al que pertenece el demandante. En ese orden, la entidad no está facultada para d isponer reconocimientos distintos de los previstos por las normas que regulan la materia.

• Quienes tuvieron la oportunidad de acceder voluntariamente al nivel ejecutivo debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el gobierno nacional, con la salvedad de que no podían ser desmejorados ni discriminados en tales aspectos. Aquellas disposiciones no regularon el subsidio familiar en los

debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el gobierno nacional, con la salvedad de que no podían ser desmejorados ni discriminados en tales aspectos. Aquellas disposiciones no regularon el subsidio familiar en los términos en los que ahora pretende que se le reconozca el demandante, sin embargo, sí crearon nuevas primas y consideraron una asignación básica mensual muy superior en relación con la que correspondía al grado anterior, por lo que no se presentó una desmejora , tal y como lo consideró el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de noviembre de 2019 6. Ahora, en lo atinente al subsidio familiar el nuevo régimen pudo haber impuesto unas condicion es que no le favorecieron al actor, pero en otros aspectos parece más benéfico, toda vez que permite la inclusión de los hermanos y padres como beneficiarios.

• En este asunto no resultan aplicables las consideraciones expuestas en sentencias de tutela em itidas por el Consejo de Estado, comoquiera que aquellas tienen únicamente efectos interpartes. Además, dichos pronunciamientos se refirieron a situaciones fácticas que no guardan identidad con la que es objeto de debate.

• Las pretensiones dirigidas a l a liquidación del subsidio familiar en su salario y asignación de retiro desconocen el principio de inescindibilidad, puesto que busca ser beneficiario de los aspectos más favorables que ofrecen dos regímenes diferentes, contenidos en los decretos 1091 de 1995 y 1212 de 1990.

• En todo caso, de admitirse que es viable acceder a lo pretendido por el solicitante, debe tenerse en cuenta el término de prescripción de 4 años señalado en el artículo 60 del Decreto 1091 de 1995.

• En todo caso, de admitirse que es viable acceder a lo pretendido por el solicitante, debe tenerse en cuenta el término de prescripción de 4 años señalado en el artículo 60 del Decreto 1091 de 1995.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional también intervino para oponerse a las pretensiones del escrito inicial. En su defensa expuso lo siguiente:

• El demandante recibe asignación de retiro desde 2019, por los servicios que prestó en la Policía Nacional por 24 años, 5 meses y 12 días, r econocida a través de la Resolución 3573 del 15 de mayo de dicho año , en el 83% de los emolumentos correspondientes a su grado de intendente jefe. Este acto administrativo se expidió

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2019, radicados 110010325000201400186-00 (0444-2014) y 110010325000201401554-00 (5008-2014).7

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: de conformidad con los decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 ( artículo 23) y 1858 de 2012. Tales disposiciones señalan las partidas computables para el nivel ejecutivo, las cuales fueron ajustadas según el sistema de oscilación.

• Las normas que rigen la asignación de retiro del demandante no prevén el subsidio familiar como partida computable. Además, en su condición de miembro del nivel ejecutivo no le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los decretos 1212

• Las normas que rigen la asignación de retiro del demandante no prevén el subsidio familiar como partida computable. Además, en su condición de miembro del nivel ejecutivo no le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los decretos 1212 y 1213 de 1990, pues estos regían a los oficiales, suboficiales y agentes de la institución.

Igualmente, propuso las excepciones de:

• Inexistencia del derecho: la asignación de retiro se reconoció y liquidó de acuerdo con las normas que regían al interesado quien pertenecía al nivel ejecutivo de la

Policía Nacional.

• Incorrecta interpretación del principio de oscilación: cuando se sostiene que el principio de oscilación se refiere a las variaciones que en todo el tiempo se introduzcan en las asignaciones del personal en actividad, hace relación al sueldo básico al cual se aplican los porcentajes para el c álculo de las demás partidas computables. Por esa razón, es viable modificar el quantum de las asignaciones de retiro, según las normas que se expidan con posterioridad a la fecha en la que se consolida el derecho prestacional.

• Indebida escogencia de la acción : sostuvo que la pretensión de inaplicación por inconstitucionales e inconvencionales ha debido formularse a través de una acción de inconstitucionalidad, con el fin de obtener su anulación.

-Falta de fundamento jurídico para las pretensiones: no es viable lo solicitado por el peticionario, con base en la aplicación de las normas de oficiales, suboficiales y agentes, puesto que él perteneció al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

1.3. La sentencia apelada

peticionario, con base en la aplicación de las normas de oficiales, suboficiales y agentes, puesto que él perteneció al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en sentencia proferida el 25 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:

• Por medio del Decreto 1091 de 1995 se definió el régimen de asignaciones y prestaciones sociales de los miembros del nivel eje cutivo de la Policía Nacional y se previeron los siguientes conceptos: asignación mensual, prima de servicio, prima8

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo, prima de retorno a la experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de vacaciones y subsidios de alimentación y familiar.

• Según se desprende del extracto de hoja de vida del demandante, estuvo vinculado como alumno desde 1995 y en el nivel ejecutivo desde el 25 de octubre de 1996 hasta enero de 2019. Por lo tanto, el reconocimiento de la asignación de retiro se regía por los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012, normas que se encontraban vigentes para el momento en el que consolidó su estatus pensional.

• Los decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012 regularon las partidas computables

que se encontraban vigentes para el momento en el que consolidó su estatus pensional.

• Los decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012 regularon las partidas computables para la asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo, dentro de las cuales no se incluyó el subsidio familiar. En ambas disposiciones se señaló que ninguna otra partida adicional que devengaran estos miembros de la Policía Nacional podría ser tenida en cuenta para la liquidación de pensiones o asignaciones de retiro.

• De conformidad con el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995, el «subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso ». El régimen establecido por el decreto en mención creó beneficios salariales en favor del nivel ejecutivo, sin que pueda afirmarse que resulta desfavorable o discriminatorio por una sola prestación , pues la comparación debe realizarse en la integridad del régimen.

• No es viable acceder a la solicitud de inaplicación por inconstitucionalidad de los decretos que han regulado la materia salarial para el grupo de la población al que pertenece el demandante , fundada en l a acusación de la existencia de tratos diferenciados con base en criterios sospechosos o que tienden a ser regresivos en materia prestacional. Lo anterior por cuanto los decretos objeto de discusión no eliminaron ni rebajaron la cuantía de la prestación pensional o de retiro, sino que definió unos parámetros distintos para una población diferente (nivel ejecutivo).

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia y para tal efecto expuso lo siguiente:

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia y para tal efecto expuso lo siguiente:

• En la providencia recurrida no se tuvieron en cuenta elementos que demostraban el trato diferenciado que reciben las familias de los miembros del nivel ejecutivo al otorgarles el subsidio familiar en proporciones sustancialmente distintas, respecto9

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: de los agentes y oficiales , con lo cual se acredita la vulneración del derecho a la igualdad.

• No se cuestion ó la igualdad frente a los regímenes de manera integral, ello implicaría un estudio complejo y, además, improcedente. Por el contrario, se advirtieron las diferencias en materia salarial y prestacional justificadas en el rango, la especialidad, los estudios, la experiencia y zona de trabajo, lo cual es razonable.

Lo que se debatió es la discrepancia en el pago de una prestación económica, que tiene como fin último contribuir con algunos gastos representativos para el núcleo familiar de un grupo determinado de la Policía Nacional.

• No se pidió la aplicación conveniente de lo favorable de varios regímenes, sino de la diferencia con la que se tratan las familias de los miembros de una misma institución del Estado, cuyas necesidades guardan similitud. En este sentido, lo que se reclamó fue la protección equitativa al núcleo de la sociedad y su estudio debe partir de la finalidad que persigue la prestación objeto de debate.

1 .5. Trámite en segunda instancia

se reclamó fue la protección equitativa al núcleo de la sociedad y su estudio debe partir de la finalidad que persigue la prestación objeto de debate.

1 .5. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 8 de noviembre de 2021, notificado el 3 de diciembre del mismo año7, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En atención a que no se aportaron pruebas ni se solicitó la práctica de alguna en segunda instancia se prescindió del traslado para que las partes alegaran de conclusión, tal y como lo dispone el artículo 257-5 del CPACA8.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Héctor Adonaí Blanco Martínez , intendente jefe en retiro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tiene derecho a la reliquidación del subsidio familiar que recibió en servicio activo en los mismos porcentajes que reciben los oficiales y suboficiales de

7 Índices 7 y 8 de SAMAI. 8 Índice 4 de SAMAI. 9 En el aplicativo SAMAI no se registró intervención del Ministerio Público y tampoco en el informe de la Secretaría de la Sección Segunda que obra en el índice 9 de SAMAI.10

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: la institución y a su inclusión como partida computable en la asignación de retiro?

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: la institución y a su inclusión como partida computable en la asignación de retiro?

2.2. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable en materia de prestaciones al caso concreto.

2.2.1. El nivel ejecutivo de la Policía Nacional y su régimen prestacional y salarial

La Ley 62 de 1993 le concedió al presidente de la República facultades extraordinarias para modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional; estructurar el régimen prestacional para viudas, huérfanos e incapacitados y modificar los reglamentos de dis ciplina, evaluación y clasificación del personal de la Policía Nacional.

En desarrollo de las referidas facultades extraordinarias, el gobierno nacional expidió los Decretos 4110 y 262 de 199411. El primero, esto es el Decreto 41 de 1994, fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C -417 de 1994 . Lo anterior, por cuanto, e n criterio de la Corte , « el Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura 12, no estaba autorizado para crear una terc era categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada "Nivel Ejecutivo", tal como se hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes».

Como consecuencia de lo anterior, la Ley 180 de 1995 modificó el artículo 6 de la

conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes».

Como consecuencia de lo anterior, la Ley 180 de 1995 modificó el artículo 6 de la Ley 62 de 1993 para prever de manera expresa el nivel ejecutivo como parte de la estructura de la Policía Nacional. Asimismo, en el artículo 7 , le confirió facultades extraordinarias al presidente de la república para desarrollar , entre otros aspectos, las a signaciones salariales, primas y prestaciones sociales del nivel ejecutivo; norma cuyo parágrafo dispuso: «[l]a creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo».

Más adelante, el Decreto ley 132 de 199513 previó:

10 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones» 11 «Por el cual se modifica las normas de carrera del personal de Agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones» 12 Se refiere a la Ley 62 de 1993, que confirió las facultades extraordinarias para la expedición del Decreto 41 de 1994. 13 «Por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel ejecutivo de la Policía nacional»11

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: i) la posibilidad de que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo

(artículo 13);

Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante: i) la posibilidad de que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo

(artículo 13); ii) la sujeción del personal que ingresara al referido nivel, al régimen salarial y prestacional determinado por el gobierno nacional (artículo 15); y iii) la prohibición de discriminar o desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional con ocasión de su ingreso al nivel ejecutivo (artículo 82).

Luego, el Decreto 1091 de 1995 14, expedido en desarrollo de la Ley 4. ª de 1992 , reguló el régimen de asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y previó en favor de este personal las siguientes: asignación mensual, prima de servicio, prima de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo, prima de retorno a la experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de vacaciones y subsidio de alimentación. En los artículos 15 y siguientes se refirió al subsidio familiar, al cual se hará alusión más adelante.

Por otra parte, en cuanto a las partidas computables para la asignación de retiro, en el artículo 49, decretó las siguientes: el sueldo básico; la prima de reto rno a la experiencia; el subsidio de alimentación; la duodécima parte de la prima de navidad; la duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima parte de la prima de vacaciones; y, más adelante, la bonificación por compensación15.

A través del Decreto 4433 de 2004, el gobierno nacional fijó el régimen pensional y

la duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima parte de la prima de vacaciones; y, más adelante, la bonificación por compensación15.

A través del Decreto 4433 de 2004, el gobierno nacional fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el artículo 23.2 estableció las siguientes partidas computables: sueldo básico; la prima de retorno a la experiencia; el subsidio de alimentación; la duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima parte de la prima de vacaciones y la duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro , en el parágrafo dispuso: «[e]n adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y

14 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995» 15 Ley 420 de 1998 : «Artículo 1°. Adiciónanse los artículos 158, 140 y 100 de los Decretos -leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990 respectivamente, y el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995, en el sentido de incluir como partida computable para liquidar las prestaciones sociales periódicas del personal de Oficiales, Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional retirados con asignación