CE - 660012333000202300199011SENTENCIASENTENCIA20231026234541

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

Demandante: Zuly Andrea Guisao Restrepo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 66001-23-33-000-2023-00199-01

Demandante ZULY ANDREA GUISAO RESTREPO

Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y LA ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas. Homologación o exoneración en el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República. Procedencia de la acción de tutela. Derecho a la igualdad y al acceso a cargos públicos. Artículo 160 de la Ley 270 de 1996. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla contra la sentencia de tutela del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda , que dispuso: «Primero: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a

proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda , que dispuso: «Primero: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos de la señora Zuly Andrea Guisao Restrepo y en razón de ello, SE INAPLICAN para el caso concreto , los Acuerdos pedagógicos PCSJA19 -11400 del 19 de septiembre y 11405 del 25 de septiembre de 2019, en lo que tiene que ver con la distinción entre homologación y exoneración; en consecuencia, se DEJAN SIN EFECTO las Resoluciones N° EJR23-113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual se negó la solicitud de homologación del IX curso de formación judicial inicial para Jueces y Magistrados de la Rama Judicial, y la Resolución N° EJR23 -283 del 31 de agosto de 2023 que confirmó la decisión, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

Segundo: Se ORDENA al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Directora de la Escuela de Formación Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, profiera y notifique un nuevo acto administrativo de acuerdo con las reglas fijadas en esta providencia, homologando y asignando a la accionante la señora Zuly Andrea Guisao Restrepo, el puntaje previamente obtenido en el curso de formación que acredita haber realizado, con las con secuencia (sic) que de ello se deriva.

Tercero: DESVINCULAR a la Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda.»1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Tercero: DESVINCULAR a la Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda.»1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 11 de septiembre de 2023 2, la señora Zuly Andrea Guisao Restrepo instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Unidad de

Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” (EJRLB)

1 Páginas 44 y 45 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 11 de septiembre de 2023. Samai en primera instancia, índice 29. 2 Samai para Tribunales Administrativos, primera instancia, índice 1.Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a cargos públicos y de petición. Dijo que la vulneración ius fundamental tiene origen en los actos administrativos por medio de los cuales la accionada negó su solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial para jueces y magistrados de la República. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión: «Con fundamento en lo anterior, solicito se dejen sin efectos las Resoluciones No. EJR23113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual se negó mi solicitud de homologación del IX curso de formación judicial inicial para Jueces y Magistrados de la Rama Judi cial, y la

113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual se negó mi solicitud de homologación del IX curso de formación judicial inicial para Jueces y Magistrados de la Rama Judi cial, y la Resolución No. EJR23283 del 31 de agosto de 2023, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, y confirmó lo resuelto y, en consecuencia, se me otorgue la homologación del IX curso de formación judicial para jueces y m agistrados, con el puntaje obtenido en el VII curso de formación judicial»3. (Subraya la Sala)

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Zuly Andrea Guisao Restrepo informó que se posesionó como jueza Primera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira el 1° de febrero de 2022. Fue nombrada en ese cargo porque estaba en la lista y registro de elegibles de la Convocatoria 22 de funcionarios, pero destacó que no ha recibido calificación de servicios en ese cargo.

Conforme a lo anterior, precisó que cursó y aprobó el VII curso de formación judicial de la Convocatoria 22 para jueces y magistrados con un puntaje de 924,56. 2.2. Mediante el Acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27). La accionante participó en este nuevo concurso de méritos como aspirante para el cargo de jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A través de la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, se

La accionante participó en este nuevo concurso de méritos como aspirante para el cargo de jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A través de la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, se publicaron los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, acorde con los cuales, la demandante obtuvo un puntaje aprobatorio de 826,14. 2.3. El 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0061, por medio de la cual decidió sobre la admisión de aspirantes al concurso. En la resolución la aquí accionante aparece como admitida. 2.4. El 24 de marzo de 2023, la señora Guisao Restrepo radicó derecho de petición ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) en el que explicó que, aunque aprobó el VII Curso de Formación Judicial de la Convocatoria 22, no aplica para la figura de homologación debido a que fue nombrada en propiedad como juez, pero tampoco puede acceder a la exoneración debido a que no ha recibido la primera calificación de servicios. Manifestó que la EJRLB emitió una respuesta apenas formal a su inquietud en la comunicación EJO23 -526 del 21 de abril de 2023, pero no abordó ni solucionó las inquietudes de la peticionaria.

3 Página 9 del escrito de tutela. Samai en primera instancia, índice 2.Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

Demandante: Zuly Andrea Guisao Restrepo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Zuly Andrea Guisao Restrepo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Manifestó que optó por solicitar que se le concediera la homologación pese a que era funcionaria de carrera porque esta figura no exige aportar una calificación de servicios con la que no cuenta. La petición fue negada por la EJRLB en la Resolución EJR23 -113 del 22 de junio de 2023 y confirmada en la Resolución EJR23 -283 del 31 de agosto de 2023 que resolvió la reposición.

3. Fundamentos de la acción La señora Zuly Andrea Guisao Restrepo considera que las Resoluciones EJR23113 del 22 de junio de 2023 y EJR23-283 del 31 de agosto de 2023 vulneraron sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al acceso a cargos públicos al no conceder la hom ologación con fundamento en argumentos formalistas de interpretación normativa que desconocen el derecho que le asiste a no repetir el curso concurso. Destacó que «existe el derecho de homologación para quien no es funcionario, con mayor razón debe tenerlo quien sí lo es, pero no cuenta aún con una calificación por un factor que escapa a su voluntad, como es el no haberse vencido el término con que se cuenta para ello, que en mi caso es el mes de agosto del año en curso.» Reprochó el hecho de que en ninguna de las resoluciones expedidas por la EJRLB se explicó el fundamento del trato discriminatorio respecto de los aspirantes que se encuentran en su situación. En esa vía, advirtió que en el estudio de estos asuntos

deberían primar los principios que rigen la carrera administrativa y la interpretación

se explicó el fundamento del trato discriminatorio respecto de los aspirantes que se encuentran en su situación. En esa vía, advirtió que en el estudio de estos asuntos deberían primar los principios que rigen la carrera administrativa y la interpretación razonable y acorde con la jurisprudencia constitucional del artículo 160 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Relativo a la procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos proferidos dentro de un concurso de méritos, reconoce su improcedencia, salvo en tres casos: (i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, (ii) configuración de un perjuicio irremediable y ( iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. Estima que su caso se enmarca en al menos dos de los eventos descritos debido a que los actos administrativos que discute no son definitivos sino de trámite y por el riesgo de que se le cause un perjuicio irremediable al tener que repetir el curso concurso, pese a tener derecho a su homologación o exoneración y se le pondría en una incertidumbre, porque dentro de las posibilidades está el no aprobarlo, y con ello quedar por fuera del registro de elegibles.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al despacho del magistrado Andrés Medina Pineda del Tribunal Administrativo de Risaralda quien se declaró impedido para conocer el caso. Posteriormente, en auto del 13 de septiembre del año en curso, se declaró infundado el impedimento.

Como consecuencia de lo anterior, en auto del 14 de septiembre de 2023, el

quien se declaró impedido para conocer el caso. Posteriormente, en auto del 13 de septiembre del año en curso, se declaró infundado el impedimento. Como consecuencia de lo anterior, en auto del 14 de septiembre de 2023, el magistrado al que inicialmente fue repartido el proceso admitió la acción de tutela presentada por Zuly Andrea Guisao Restrepo contra del Consejo Superior de la Judicatura, Direcció n Unidad de Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el proveído vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda debido a que en los hechos de la acción de tutela se indicó la ausencia de calificación de los servicios que como juez adelantó la aquí accionante, omisión que le impide postular par a la exoneración del curso concurso y que es atribuible precisamente a esa entidad. Adicional a lo anterior, vinculó a las personas indeterminadas que se inscribieron, aprobaron y se encuentran en el proceso de selección de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial. 4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda informó que, en el Acuerdo PCSJA-12088 del 29 de agosto de 2023, se amplió el término para que los consejos seccionales de la judicatura consoliden la calificación integral de servicios de los jueces de la República para el periodo del 1° de enero al

Acuerdo PCSJA-12088 del 29 de agosto de 2023, se amplió el término para que los consejos seccionales de la judicatura consoliden la calificación integral de servicios de los jueces de la República para el periodo del 1° de enero al 31 d e diciembre de 2022. El nuevo término comprende hasta el 14 de diciembre de 2023, por lo que precisó que la accionante solo contará con su calificación de servicios en ese momento. Así las cosas, estimó que la calificación del periodo 2022 no puede tomarse en consideración a efectos de decidir la homologación dado que esa situación (la calificación) no se ha consolidado en el tiempo. Dijo que la anterior situación, no da cuenta de un perjuicio irremediable debido a que la accionante podrá continuar en el concurso. Además, aun le asiste la posibilidad de demandar los actos administrativos en ejercicio de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con lo anterior, solicitó como pretensión principal que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito de subsidiaridad. Y en caso de que no se acceda a ello, se desvincule de la acción de tutela a ese Consejo Seccional debido a que no le es imputable la vulneración de derechos alegados en la solicitud de amparo. 4.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se le desvincule de la acción de tutela porque no le asiste legitimación en causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de la acción de tutela ni sus competencias guardan relación con los hechos de la demanda. Precisó que la fase III del Curso de Formación Judicial Inicial está exclusivamente a cargo de la EJRLB y que la administración de la carrera

acción de tutela ni sus competencias guardan relación con los hechos de la demanda. Precisó que la fase III del Curso de Formación Judicial Inicial está exclusivamente a cargo de la EJRLB y que la administración de la carrera judicial de los empleados y jueces de cada distrito está a cargo del respectivo Consejo Seccional de la judicatura , conforme lo indica el artículo 101.1 de la Ley 270 de 1996. Esta última facultad cobija la consolidación de la calificación de servicios de los jueces. Finalmente, se refirió a la incompetencia del Tribunal Administrativo de Risaralda para conocer de esta tutela, pues el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia estudiar las acciones de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura. 4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, en primera medida, indicó que brindó respuesta de fondo a laRadicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co petición que instauró la señora Guisao Restrepo el 24 de marzo de 2023. Manifestó que en el Oficio EJO23 -526 del 21 de abril de 2023 le informó que La Escuela ajustaría sus decisiones a la verificación de los requisitos establecidos en el Acuerdo Pedagógic o, esto al amparo del principio de legalidad. De otra parte, destacó que las resoluciones que negaron la petición de

La Escuela ajustaría sus decisiones a la verificación de los requisitos establecidos en el Acuerdo Pedagógic o, esto al amparo del principio de legalidad. De otra parte, destacó que las resoluciones que negaron la petición de homologación a la hoy accionante se ajustan a lo regulado en los Acuerdos que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Además, advirtió que las pretensiones de la acción de tutela no superan el requisito de subsidiariedad, dado que la accionante puede procurar la nulidad de la Resolución EJO23-526 del 21 de abril de 2023 a través del mecanismo ordinario, esto es: el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En línea con lo anterior, destacó que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable porque la accionante está habilitada para inscribirse y cursar el IX curso de Formación Judicial. Aclaró que las figuras de homologación y exoneración no pueden ser elegidas indistintamente a capricho de los aspirantes, sino que su aplicación dependerá de que se acrediten los requisitos establecidos en el Acuerdo Pedagógico para tal fin.

5. Providencia impugnada En sentencia del 21 de septiembre de 2023, la mayoría de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda amparó los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a cargos públicos de la señora Guisao Restrepo.

Para lo cual, dispuso q ue para el caso concreto debían inaplicarse los Acuerdos Pedagógicos PCSJA19-11400 del 19 de septiembre y 11405 del 25 de septiembre de 2019, en lo que tiene que ver con la distinción entre homologación y exoneración.

Pedagógicos PCSJA19-11400 del 19 de septiembre y 11405 del 25 de septiembre de 2019, en lo que tiene que ver con la distinción entre homologación y exoneración. En consecuencia, dejó sin efectos las Resoluciones EJR23 -113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual se negó la solicitud de homologación del IX curso de formación judicial inicial para jueces y magistrados de la Rama Judicial, y la Resolución EJR23-283 del 31 de agosto de 2023 que la confirmó. Argumentó que, la acción de tutela es procedente para cuestionar los actos administrativos que negaron la solicitud de homologación de la accionante debido a que los mecanismos judiciales ordinarios no son idóneos ni eficaces para lograr la protección de d erechos fundamentales en integridad y oportunidad. Asimismo, consideró que se acreditó un perjuicio irremediable que justica la intervención del juez constitucional en el litigio propuesto por la señora Guisao Restrepo, pues «someterla al inicio de una acción ordinaria de naturaleza legal, sería alargar más un debate de naturaleza evidentemente constitucional; con la consecuencia, de que al momento de proferirse una decisión definitiva en sede de lo contencioso administrativo, no garantiza la eficacia del debido proceso, lo cual a su vez se traduce en un perjuicio irremediable.» Relativo al fondo del asunto, la parte mayoritaria del Tribunal estimó que el litigio analizado exigía la aplicación de un test estricto de proporcionalidad. A partir de este ejercicio, el a quo determinó la existencia de una restricción de los derechos de los aspirantes que están en la condición de la aquí accionante y que no se encuentra

analizado exigía la aplicación de un test estricto de proporcionalidad. A partir de este ejercicio, el a quo determinó la existencia de una restricción de los derechos de los aspirantes que están en la condición de la aquí accionante y que no se encuentra soportado en una finalidad imperiosa, por lo que, estimó acreditada la vulneración de derechos invocada en el escrito de tutela.Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sentencia registró aclaración de voto del magistrado Leonardo Rodríguez Arango y salvamento de la magistrada Dufay Carvajal Castañeda. El primero manifestó que a pesar de estar de acuerdo con la sentencia considera que no era necesaria la figura de la inaplicación de los Acuerdos Pedagógicos para el caso concreto, sino que era suficiente proceder con la interpretación de sus disposiciones en garantía del derecho a la igualdad de los aspirantes que están en la situación de la señora Zuly Andrea Guisao Restrepo. Por su parte, la magistrada disidente advirtió la incompetencia del Tribunal Administrativo de Risaralda para conocer en primera instancia la acción de tutela, en aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial) y del artículo 1 ordinal 8° y parágrafos 1° y 3° de la misma disposición del Decreto 333 de 2021 (factor subjetivo). En sus palabras: «al haberse formulado la acción por parte de una funcionaria judicial que pertenece a la jurisdicción ordinaria, dado que actualmente se desempeña

(factor subjetivo). En sus palabras: «al haberse formulado la acción por parte de una funcionaria judicial que pertenece a la jurisdicción ordinaria, dado que actualmente se desempeña como Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira y, además, por haberse dirigido la misma contra el Consejo Su perior de la Judicatura, considero que el asunto corresponde al “conocimiento” o competencia del H. Consejo de Estado y, en consecuencia, debió disponerse su remisión por competencia a esta Alta Corte».

6. Impugnación La directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” impugnó la sentencia de tutela de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos: 6.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda no es competente para conocer en primera instancia la acción de tutela de la señora Guisao Restrepo. Le correspondía remitir el expediente al Consejo de Estado para que asumiera el conocimiento de la petición de amparo. Como fundamento de esta afirmación se adhirió a los argumentos expuestos en el salvamento de voto. 6.2. La acción de tutela es improcedente en los términos del artículo 6.1. del Decreto 2591 de 1991, dado que para cuestionar actos administrativos de carácter particular la accionante debe acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El medio de control satisface los presupuestos de idoneidad y eficacia, si se considera la posibilidad que le asiste a la actora de solicitar el decreto de medida cautelar ordinaria o de urgencia al amparo de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Tampoco es posible interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio

medida cautelar ordinaria o de urgencia al amparo de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Tampoco es posible interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección en razón a que no se acreditó la concreción de un perjuicio irremediable en los términos de una afectación grave e inminente que requiere de medidas urgentes e impostergables para ser neutralizada y prevenir daños irreparables. 6.3. Las sentencias de tutela citadas por el a quo para fundamentar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el caso particular y el conocimiento de fondo del asunto, no tienen identidad fáctica. En las sentencias relacionadas como precedente la Corte Constitucional analizó el perjuicio irremediable e n las fases de provisión de cargos de carrera y conformación de la lista de elegibles donde es posible hablar de una expectativa legítima, pero en el caso particular ni siquiera ha iniciado la Fase II del curso concurso por lo que no es dable hablar de un perjuicio irremediable.Radicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4. No se concretó una vulneración de los derechos fundamentales de la señora Guisao Restrepo. Ella está habilitada para inscribirse y adelantar el concurso de méritos, asunto diferente sería si La Escuela obstruyera o negara su participación en el curso concurso considerando el carácter eliminatorio de esa fase del concurso.

de méritos, asunto diferente sería si La Escuela obstruyera o negara su participación en el curso concurso considerando el carácter eliminatorio de esa fase del concurso. Si en gracia de discusión se tuviera por superado el requisito de subsidiariedad, tampoco se concretó una vulneración de los derechos invocados, como se explicará: 6.5. Derechos a la igualdad y al debido proceso en el marco de concursos de méritos. El alcance del derecho a la igualdad en concursos de méritos debe estudiarse a la luz de los principios de legalidad y debido proceso. Esto quiere decir que los derechos y deberes de los aspirantes deben interpretarse según los términos de la Convocatoria 27 y de los Acuerdos que le han dado alcance, pues todos los aspirantes aceptaron acatar tales reglas. En ese orden, se tiene que en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 se adoptó el Acuerdo Pedagógico que rige el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República en todas las especialidades. Este acto administrativo en aplicación de lo establecido en el artículo 160 de la Ley 270 de 1996, reguló las figuras de la homologación y exoneración del curso concurso, así como sus requisitos. Comoquiera que la situación de la accionante no se enmarca en ninguna de las figuras mencionadas, la orden de amparo en el sentido de acceder a la homologación desconoce el principio de legalidad, igualdad y debido proceso en relación con los demás aspiran tes. A más de lo anterior, la regulación del Consejo Superior de la Judicatura frente a las mencionadas figuras se enmarca en su potestad reglamentaria, establecida en los artículos 256 y 257

en relación con los demás aspiran tes. A más de lo anterior, la regulación del Consejo Superior de la Judicatura frente a las mencionadas figuras se enmarca en su potestad reglamentaria, establecida en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política, en el parágrafo 1° del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia SU -539 de 2012. En conclusión, la Convocatoria y su Acuerdo Pedagógico son normas obligatorias reguladoras del proceso de selección; por consiguiente, de perentorio cumplimiento, tanto para los aspirantes como para la administración. Mas si se considera que se trata de ac tos administrativos de los cuales se presume su legalidad y que tienen fuerza vinculante. Así las cosas, en el caso concreto no se materializó un escenario de vulneración ius fundamental sino la aplicación e interpretación del marco normativo pertinente al caso de la señora Guisao Restrepo. 6.6. La tranquila interpretación del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 da cuenta de que no es fuente normativa en el caso particular, debido a que regula la exoneración del curso de formación para los funcionarios que aspiran a un ascenso, caso en el cual se tomará como parámetro de selección la última calificación de servicios, pero la Convocatoria 27 no es un concurso de ascenso, sino un proceso de selección para la provisión de cargos en la Rama Judicial. Agregó que el Acuerdo Pedagógico no tiene vacíos susceptibles de interpretarse como en el caso particular, sino que la situación de la accionanteRadicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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interpretarse como en el caso particular, sino que la situación de la accionanteRadicado: 66001-23-33-000-2023-00199-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se enmarca en las figuras de exoneración y homologación consagradas en el marco normativo del concurso y, en consecuencia, no había lugar a conceder su solicitud: La Escuela no puede distinguir lo que la Convocatoria no previó. Recordó que «(…) el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, en coherencia con ello, precisó que los funcionarios judiciales pueden optar por la exoneración, y comoquiera que la accionante es funcionaria, pero no cuenta con calificación, no se puede, a la luz de una interpretación contra legem, querer llenar vacíos normativos que no existen para constituir un trato desigual injustificado, concediéndole la homologación cuando los supuestos fácticos que la justifican son diametralmente opuestos a los del caso sub examine. »

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como

ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: - ¿Era competente el Tribunal Administrativo de Risaralda para conocer en primera instancia la acción de tutela que interpuso la señora Guisao Restrepo contra la EJRLB? - ¿La acción de tutela es procedente para discutir la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Zuly Andrea Guisao Restrepo con ocasión a los actos administrativos en los que la EJRLB negó la petición de homologación del curso de formación judicial? - ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales de Zuly Andrea Guisao Restrepo al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos al negar la petición oportuna de homologación del curso concurso?

3. De la competencia de los jueces de la República para conocer acciones de tutela y su análisis en el caso particular 3.1. La Corte Constitucional de manera reiterada ha indicado, a la luz del artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, que existen tres factores de competencia en materia de tutela : el territorial, el

4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien ac