CE - 660013333001202200016011SENTENCIA20231011191120

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

Demandante: Julián David Quintero Agudelo Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) y municipio de

Dosquebradas (Risaralda)

Temas: Sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de

1990. Indemnización de la Ley 52 de 1975 . Régimen de cesantías docentes oficiales Ley 91 de 1989.

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-032-CE-S2-2023 ___________________________ _______ _____________________________

Asunto

La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales como tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo1, con fundamento en los artículos 270 y 271 del CPACA y 1 4 numeral 2 del Reglamento del Consejo de Estado 2, profiere sentencia de unificación jurisprudencial en la que decide el recurso de apelación interpuesto por las partes del proceso y el Ministerio Público.

1. Antecedentes

1.1. La demanda3

unificación jurisprudencial en la que decide el recurso de apelación interpuesto por las partes del proceso y el Ministerio Público.

1. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, Julián David Quintero Agudelo presentó demanda en orden a que se declar ara la nulidad del oficio del 17 de agosto de 2021 por medio del cual el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación

1 Numeral 1 del artículo 237 de la Constitución Política. 2 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2016. 3 Samai, índice 1. 4 En adelante CPACA.2

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo municipal de Dosquebradas le negó la sanción moratoria regulada en la Ley 50 de 1990 y la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975, por la falta de consignación de las cesantías causadas en el 2020 y el pago tardío de los intereses sobre el auxilio.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara: i) reconocer la sanción por mora desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se efectúe la consignación de las cesantías causadas en 2020 (Ley 50 de 1990) y, la indemnización derivada de l pago extemporáneo de

2021 hasta la fecha en que se efectúe la consignación de las cesantías causadas en 2020 (Ley 50 de 1990) y, la indemnización derivada de l pago extemporáneo de los intereses a las cesantías (Ley 52 de 1975); ii) pagar los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia ; y iii) darle cumplimiento dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Julián David Quintero Agudelo fue nombrado en propiedad y se posesionó como docente del municipio de Dosquebradas, Risaralda, desde el 15 de marzo de 2006, fecha en la que fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)5.

3.2. El 16 de julio de 2021 le solicitó a la Secretaría de Educación de ese municipio el reconocimiento de la sanción derivada de la mora en la consignación de las cesantías del 2020 y de la indemnización ocasionada por el pago tardío de los intereses de ese año.

3.3. Mediante oficio del 17 de agosto de 2021, el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación de Dosquebradas, Risaralda, negó la petición del docente. Argumentó que la sanción moratoria no está prevista para el régimen excepcional del FOMAG, que es distinto de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

3.4. La Vicepresidencia del FOMAG, a través de oficio 20210173268781 del 19 de

régimen excepcional del FOMAG, que es distinto de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

3.4. La Vicepresidencia del FOMAG, a través de oficio 20210173268781 del 19 de octubre de 2021, también denegó la solicitud del demandante, con base en los mismos razonamientos que expuso la Secretaría de Educación municipal.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se invocaron en la demanda los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley 52 de 1975; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 344 de 1996; 5 de la Ley 432 de 1998; 57 de la Ley 1955 de 2019; y los Decretos 1176 de 1991 y 1582 de 1998.

5 En lo sucesivo FOMAG.3

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

Demandante: Julián David Quintero Agudelo

5. Como concepto de violación, expuso que los docentes oficiales tienen derecho a reclamar la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, por las

siguientes razones6:

5.1. En junio o julio de cada año el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apropia los recursos destinados al pago de los anticipos de las cesantías sin consignarlas anualmente en cuentas individuales al FOMAG, con el fin de que los docentes oficiales que eventualmente las soliciten las tengan a su disposición, pues este fue

los recursos destinados al pago de los anticipos de las cesantías sin consignarlas anualmente en cuentas individuales al FOMAG, con el fin de que los docentes oficiales que eventualmente las soliciten las tengan a su disposición, pues este fue el objetivo que conllevó al legislador a la creación del fondo.

5.2. En varios pronunciamientos, la Corte Constitucional 7 y el Consejo de Estado 8 reconocieron la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes oficiales, con ocasión de la actuación irregular del Ministerio de Educación Nacional y de las entidades territoriales empleadoras en el giro de los recursos correspondientes al auxilio de cesantías para que se consignen oportunamente en el FOMAG y se encuentren a disposición de sus afiliados.

5.3. A partir del 1 de enero de 1990 se modificó el régimen de liquidación de cesantías retroactivo al anualizado y, con ello, la obligación de realizar la consignación de las cesantías dentro de un término perentorio que no puede superar el 15 de febrero de cada año, so pena de que se cause la sanción por mora.

5.4. La Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 determinó que los docentes oficiales son destinatarios de la Ley 50 de 1990, en razón a que:

5.4.1. Si bien se encuentran amparados por un régimen especial, ello no implica «[…] el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte mayor beneficio […]», de conformidad con el

el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte mayor beneficio […]», de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, esto es, aquella que reconoce que este grupo tiene derecho a la sanción por mora.

5.4.2. El artículo 1 del Decreto 1252 de 20009 extendió el ámbito de aplicación de las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 a todos los empleados públicos, ya que tienen derecho a gozar del «[…] pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de la protección que deriva de esa prestación […]».

6 Folios 6 a 43 del índice 1 de Samai. 7 A través de las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU041 de 2020. 8 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias del 24 de enero de 2019, radicación 4854-2014; del 6 de agosto de 2020, radicación interna 0833 -2016; del 10 de junio de 2020, radicación 2014-00208-01; del 6 de agosto de 2020, radicación i nterna 0833-2016; del 12 de noviembre de 2020, radicación 2014-00132-01 (1689-2018); y del 17 de junio de 2021, radicaciones internas 4979-2017 y 5685-2019, respectivamente.

noviembre de 2020, radicación 2014-00132-01 (1689-2018); y del 17 de junio de 2021, radicaciones internas 4979-2017 y 5685-2019, respectivamente. Igualmente, el fallo de tutela del 28 de junio de 2019, radicación 11001 -03-15-000-2018-0467901(AC) 9 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».4

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo 5.4.3. En este caso no se presentan antinomias legales que deban resolverse a través del principio de especialidad, sino que el régimen especial de los docentes carece de esta regulación ante la falta de previsión de esta sanción u otros beneficios, por ende, se complementa con las disposiciones señaladas.

5.5. El Consejo de Estado sostuvo que, para efectos prestacionales, los educadores del sector oficial vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, es decir, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que prevén un sistema anualizado, sin retroactividad y el pago de intereses a sus beneficiarios10.

5.6. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 «[…] los intereses a las cesantías de los docentes no se cancelan sobre el 12% del valor de las

5.6. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 «[…] los intereses a las cesantías de los docentes no se cancelan sobre el 12% del valor de las cesantías de cada año, sino del DTF sobre el monto acumulado que se haya calculado como consignado en el fondo prestacional […], el cual nunca ha tenido mi representado; sin embargo, resulta ilógico reclamar la señalada penalidad por los años anteriores al 2009, en razón a la prescripción».

5.7. En el proceso se demuestra que la suma pagada en la cuenta de nómina del demandante corresponde a los intereses a las cesantías de 2020, pago que fue extemporáneo por ser posterior al 31 de enero de 2021, de modo que también da lugar a la indemnización prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 197511, a cargo de las entidades demandadas.

5.8. Con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se asignó a las entidades territoriales la responsabilidad de reconocer y liquidar las cesantías y sus intereses. Para el efecto, la Ley 50 de 1990 dispone que el auxilio se debe consignar en la cuenta individual dispuesta para el docente en el FOMAG antes del 15 de febrero y los intereses se deben pagar el 31 de enero del siguiente año.

10 Al respecto citó: Consejo de Estado, de la Sección Segunda en pleno, la sentencia de unificación CE -SUJ2-001-16, radicación 15001 -33-33-010-2013-00134-01 (3828 -14); y de la Subsección, sentencia del 21 de

Consejo de Estado, de la Sección Segunda en pleno, la sentencia de unificación CE -SUJ2-001-16, radicación 15001 -33-33-010-2013-00134-01 (3828 -14); y de la Subsección, sentencia del 21 de febrero de 2019, radicación 54001-23-33-000-2016-00236-01 (2934-17). 11 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares […] Artículo 1. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar cesantías a sus trabajadores conforme al capítulo VII Título VIII parte 1a. del Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga este a su favor por concepto de cesantía.

2. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente aquel en que se causaron, o en la fecha del retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo periodo anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.

3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez el valor adicional igual al de los intereses causados.»5

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

indemnización y por una sola vez el valor adicional igual al de los intereses causados.»5

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo 5.9. En los últimos 10 años, el citado fondo se ha visto afectado debido a la presentación de más de 60.000 demandas por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los educadores . Ello se debe a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no consigna oportunamente los recursos para el pago de las cesantías que reclaman sus titulares.

1.2. Contestación de la demanda

6. El FOMAG contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones con fundamento

en las siguientes razones:

6.1. El demandante no tiene derecho a reclamar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 porque esta hace parte de un régimen administrado por los fondos privados de cesantías , en los que cada afiliado tiene una cuenta individual y se regulan por dinámicas contractuales o de mercado. Por su parte, el FOMAG constituye un patrimonio autónomo destinado al pago de las prestaciones sociales de los docentes, integrado por una masa de dinero general e impersonal, sometido al principio de legalidad presupuestal y sostenibilidad fiscal.

6.2. La afiliación de los docentes del servicio público educativo al FOMAG es obligatoria, según el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, con independencia del nivel de la vinculación (nacional, nacionalizado o territorial), mientras que , de acuerdo con la Ley 50 de 1990, el trabajador puede seleccionar libremente la

obligatoria, según el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, con independencia del nivel de la vinculación (nacional, nacionalizado o territorial), mientras que , de acuerdo con la Ley 50 de 1990, el trabajador puede seleccionar libremente la sociedad administradora a la que desea afiliarse.

6.3. Las cesantías de los educadores oficiales son «[…] prepagadas al fondo mediante el descuento mensual en el presupuesto nacional de los recursos que van a transferirse de la nación a las entidades territoriales y se garantizan con el giro anual del Ministerio de Hacienda, de modo que existe una imposibilidad operativ a de la existencia de la sanción por mora, si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de cada vigencia, los rubros destinados a las cesantías de sus afiliados ya se encuentran girados al Fomag».

6.4. El valor de l os intereses que reconoce el FOMAG es mayor que aquel previsto por la Ley 50 de 1990 , debido a que su liquidación se realiza sobre el saldo total acumulado de cesantías y con una tasa superior a la descrita en la norma cuya aplicación se pretende, pues corresponde al DTF certificado por la Superintendencia Financiera. Su pago se efectúa en 4 diferentes nóminas (marzo, mayo, agosto y noviembre), por ende, si el afiliado recibió dicha prestación en alguno de estos meses, no es posible predicar un incumplimiento que conlleve el deber de reconocer indemnización alguna.

12 Archivo digital 7 de Samai del proceso de primera instancia, el cual se puede consultar en el siguiente link: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001333300120220 0016006600133.6

12 Archivo digital 7 de Samai del proceso de primera instancia, el cual se puede consultar en el siguiente link: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001333300120220 0016006600133.6

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo 6.5. En el caso concreto del demandante, el pago de los intereses se efectuó en marzo de 2021 en cumplimiento del artículo 4 del Acuerdo 39 de 1998 13, según el extracto allegado con la contestación , por lo que no se puede alegar entonces un incumplimiento que dé lugar a la condena solicitada.

6.6. El acto administrativo acusado no desconoció el principio de favorabilidad ni el derecho a la igualdad . Sobre el punto se debe precisar que l a providencia del Consejo de Estado invocada en la demanda 14 se sustentó en la interpretación expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, para decidir el caso de un docente que nunca fue afiliado al FOMAG.

6.7. En el presente asunto , se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la sanción derivada de la consignación tardía de las cesantías se reclama ante el empleador, que para el caso es el ente territorial nominador y no el FOMAG, toda vez que este solo es un patrimonio autónomo creado para atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados.

7. El municipio de Dosquebradas, Risaralda, solicitó que se den egaran las

nominador y no el FOMAG, toda vez que este solo es un patrimonio autónomo creado para atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados.

7. El municipio de Dosquebradas, Risaralda, solicitó que se den egaran las pretensiones de la demanda15, con sustento en los siguientes argumentos:

7.1. El acto acusado no fue expedido con infracción de las normas invocadas en el concepto de violación, puesto que la Secretaría de Educación municipal reportó el valor correspondiente a la liquidación de las cesantías de 2020 al FOMAG el 29 de enero de 2021. Por tanto, en manera alguna se generó la sanción por mora a su cargo, en los términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

7.2. Se configura el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la Secretaría de Educación no es la llamada a responder por las imputaciones fácticas y jurídicas contenidas en la demanda. Por mandato de los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 2005, la actuación del ente territorial se contrae a la elaboración de los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de las prestaciones sociales, pero el pago a los docentes lo hace el FOMAG a través de la entidad fiduciaria, con cargo a los recursos que le gira directamente la Nación.

7.3. En las sentencias citadas en la demanda 16, el Consejo de Estado reconoció la sanción por mora a docentes que no se encontraban afiliados al FOMAG. En esos casos, la entidad territorial era responsable d el pago de sus prestaciones . La situación suscitada en esta litis es diferente, por cuanto el demandante sí es beneficiario del señalado fondo.

casos, la entidad territorial era responsable d el pago de sus prestaciones . La situación suscitada en esta litis es diferente, por cuanto el demandante sí es beneficiario del señalado fondo.

13 «Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio». 14 Citó la providencia con radicación 2014-00254. 15 Archivo digital 8 de Samai. 16 Entre ellas, la del 24 de enero de 2019 proferida dentro del proceso con radicación 76001 -23-31000-2009-00867-01 (4854-2014)7

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo 1.3. La sentencia apelada

8. El Juzgado Primero Administrativo de Pereira profirió sentencia el 29 de junio del 202217, por medio de la cual declaró la nulidad del oficio del 17 de agosto de 2021 expedido por el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación

de Dosquebradas, Risaralda.

9. Como consecuencia de lo anterior, condenó al FOMAG a:

«reconocer y pagar […] la indemnización por el no pago oportuno de sus intereses a las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de mora, por 40 días. 2.1. A reconocer y pagar al demandante la indemnización por la no consignación de las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se haga efectiva la consignación.

de las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se haga efectiva la consignación. La determinación de la cifra a la que ascienden estas condenas, serán calculadas así: los 40 días correspondientes a la mora en el pago de los intereses a las cesantías días(sic) con fundamento en la asignación básica devengada por el demandante durante el año 2021 y los días de mora correspondientes a las cesantías deberán ser liquidados con base en la asignación básica devengada en cada año en el que se genere la mora.»

10. Asimismo, ordenó indexar las sumas reconocidas en favor del demandante, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y negó la condena en costas en esa instancia.

11. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

11.1. Los docentes están regulados por una norma especial y, en principio, no son destinatarios de la Ley 50 de 1990, puesto que esta normativa fue extendida a todos los empleados públicos por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989.

11.2. No obstante, el Consejo de Estado 18 acogió el criterio expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU -098 de 2018 y SU -332 de 2019, por ende, en lo concerniente a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, es posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales. Así las cosas, la suma liquidada por concepto del auxilio, con corte a 31 de diciembre

cesantías anuales, es posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales. Así las cosas, la suma liquidada por concepto del auxilio, con corte a 31 de diciembre de cada anualidad, se les debe depositar en el FOMAG a más tardar el 14 de febrero del siguiente año, so pena de que se configure tal penalidad.

11.3. En el sub lite , se encuentra probado que Julián David Quintero Agudelo se vinculó al servicio docente oficial del municipio de Dosquebradas, Risaralda, a partir del 15 de marzo de 2006. Por consiguiente, se encuentra cobijado por el régimen anualizado de cesantías regulado en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de

17 Samai, archivo digital 21. 18 Al respecto, citó la sentencia del 22 de octubre del 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, dentro del proceso con radicación 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-17).8

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

Demandante: Julián David Quintero Agudelo

1989.

11.4. Según el reporte del FOMAG, no se le han consignado las cesantías causadas en 2020, razón por la cual el demandante es acreedor de la sanción por mora reclamada, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha en que se registre el depósito en el fondo. Asimismo, el documento indicó que el giro de los intereses se realizó el 27 de marzo de 2021, es decir que se incurrió en mora desde el 15 de

depósito en el fondo. Asimismo, el documento indicó que el giro de los intereses se realizó el 27 de marzo de 2021, es decir que se incurrió en mora desde el 15 de febrero del 2021 hasta el 30 de marzo de ese año , de manera que se le debe indemnizar por esos 40 días de retardo.

11.5. La mora es atribuible al FOMAG por cuanto el docente fue afiliado a aquel desde su posesión en el cargo y el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto reglamentario 3752 de 2003 19 solo prevé la responsabilidad de la entidad territorial nominadora cuando omite realizar tal diligencia.

1.4. Los recursos de apelación

12. El Ministerio Público 20 señaló que la decisión de primera instancia es respetuosa de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tal y como se desprende de las sentencias invocadas como fundamento en la parte motiva. Sin embargo, el criterio debe ser modificad o o precisad o, en tanto las circunstancias fácticas del sub judice son diferentes de las analizadas por los órganos de cierre en las providencias referenciadas.

13. El FOMAG21 manifestó su desacuerdo frente a la sentencia de primera instancia y, como argumento para su revocatoria , expuso que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a los docentes del sector público, por las

siguientes razones:

13.1. Existen diferencias entre los fondos administradores de cesantías, las cuales se sintetizan así:

Fondos privados de cesantías (AFP) FOMAG Naturaleza jurídica Patrimonio autónomo de propiedad

13.1. Existen diferencias entre los fondos administradores de cesantías, las cuales se sintetizan así:

Fondos privados de cesantías (AFP) FOMAG Naturaleza jurídica Patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, independiente del fondo (Dec. 663 de 1993).

Cuenta especial de la Nación constituido como un patrimonio autónomo (arts. 3 y 4 de la Ley 91/89), cuyos recursos son administrados por una sociedad fiduciaria de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Margen de operación Por ser una entidad financiera, se le permite invertir los recursos que administra por concepto de cesantías en cuentas individuales, Se creó bajo el principio de unidad de caja, por lo que las cesantías de sus beneficiarios se administran según lo dispuesto en la Ley 91/89, las

19 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones». 20 Archivo digital 23 de Samai. 21 Archivo digital 24 de Samai.9

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo conformadas por una subcuenta de corto y largo plazo.

cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que apruebe el

Demandante: Julián David Quintero Agudelo conformadas por una subcuenta de corto y largo plazo.

cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que apruebe el Consejo Directivo del FOMAG y no en cuentas individuales. Fuentes de financiación a) Las sumas que consigne el empleador por concepto de auxilio de cesantías; b) los aportes voluntarios de los afiliados independientes (Dec. 1063/ 91, arts. 12, literal b) y 31). c) los aportes de las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado (Ley. 79/88, art. 59 y Decs. 468/90 y 4855/06). d) los aportes de las entidades públicas del sector salud, de la rama judicial o del nivel territorial (Dec. 1582/98). e) las sumas entregadas por la nación a través del Sistema General de Participaciones; f) las sumas entregadas por la Nación y las entidades territoriales por concepto de los contratos de concurrencia; g) los rendimientos generados por los activos que integran los portafolios del fondo; h) el producto de las operaciones de venta de activos; e i) cualquier otro ingreso que resulte a favor de los portafolios del fondo. a) El 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado; b) las cuotas personales de inscripción equivalentes a 1/3 parte del primer sueldo mensual devengado, y 1/3 parte de sus posteriores aumentos; c) el aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sobre los

equivalentes a 1/3 parte del primer sueldo mensual devengado, y 1/3 parte de sus posteriores aumentos; c) el aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes. d) el aporte de la Nación equivalente a 1/12 anual, liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes; e) el 5% de cada mesada pensional que pague el fondo incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados; f) el 5 por mil (Leyes 4/66 y 33/85), a cargo de los docentes, de toda nómina que les pague la Nación por servicios personales. (Art. 12 del Dec. 196/95) Sujetos beneficiarios Trabajadores particulares y empleados públicos El personal docente al servicio del Estado Afiliación Es voluntaria Es obligatoria (art. 1 del Dec. 3752/03) Régimen normativo Ley 50 de 1990 Ley 91 de 1989, art. 15-3. Intereses a las cesantías Legales del 12% anual o proporcionales por fracción (no sobre el saldo total de las cesantías) Se liquidan sobre el total del saldo acumulado de cesantías y con una tasa superior a la descrita en la norma general, que corresponde al DTF certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

13.2. En virtud del artículo 5 del Decreto 3752 de 2003, se debe surtir un

tasa superior a la descrita en la norma general, que corresponde al DTF certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

13.2. En virtud del artículo 5 del Decreto 3752 de 2003, se debe surtir un procedimiento operativo anual de liquidación con los recursos inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia , el cual se compone de las siguientes etapas:

13.2.1. La elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG con cargo a los recursos de este último y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones.

13.2.2. Una vez definido el monto de la deuda a pagar y previa revisión del Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora S.A. comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto.10

Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) Demandante: Julián David Quintero Agudelo 13.2.3. El traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) al FOMAG.

13.2.4. En caso de que estos recursos no fuer an suficientes para cubrir la deuda, la en