CE - 66855REPARACION 0 20240719103618540

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Radicación: 54001-23-31-000-2006-01145-01 (66855) Demandante: JUAN CARLOS ORTEGATE BARÓN Y OTROS Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS1 Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: SINDICACIÓN IRREGULAR – el DAS manipuló los testimonios en contra del demandante con el objeto de sindicarlo de los delitos de rebelión y terrorismo DETENCIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR – Decreto Ley 1355 de 1970 / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADdetención con fines de indagatoria. Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiduprevisora S.A.2, contra la sentencia del 29 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO En el marco de un operativo adelantado el 21 de junio de 2003, por la Brigada de Acciones Especiales adscrita a la Dirección de Seguridad y Orden Público de Venezuela -policía judicial venezolana-, en el municipio de San Antonio del Estado de Táchira de dicho país, fue aprehendido el señor Juan Carlos Ortegate Barón. Ese mismo día fue deportado y puesto a disposición de la seccional Norte de Santander del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, junto a 34 personas más, por hallarse presuntamente indocumentadas. El 23 de junio siguiente el DAS entregó a la Fiscalía

Barón. Ese mismo día fue deportado y puesto a disposición de la seccional Norte de Santander del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, junto a 34 personas más, por hallarse presuntamente indocumentadas. El 23 de junio siguiente el DAS entregó a la Fiscalía General de la Nación a 20 de las 34 personas deportadas, entre las que se encontraba el señor Ortegate Barón, sindicándolas de los delitos de terrorismo y rebelión e indicó que los detenidos habían sido identificados por tres testigos como miembros activos del grupo subversivo ELN, quienes, además, los señalaron de haber participado en diversos actos delictivos. 1 La demanda se dirigió, además, contra el extinto Departamento Administrativo de Seguridad y la Rama Judicial. 2 En calidad de administradora del Patrimonio Autónomo PAP, reconocido como sucesor procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S.- y su fondo rotatorio.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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El 10 julio de 2003, al resolver la situación jurídica de los detenidos, la Fiscalía General de la Nación consideró que en su sindicación existían serias irregularidades, comoquiera que se evidenciaba que las declaraciones de los testigos habían sido «manipuladas» e «influenciadas» por los agentes del DAS que recibieron a los deportados, por lo que se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata. ANTECEDENTES 1. La demanda 1.1. Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2006 (fls.5 a 30, c.1), los señores Juan Carlos Ortegate Barón y Zandra Inés León Carreño, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Sergio Nicolás Ortegate León y Karen Lorena Ortegate León, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad3, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por detención administrativa irregular, sindicación y privación de la libertad a la que fue sometido el señor Ortegate Barón. 1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron por concepto de perjuicios morales, un total de 200 SMLMV para cada uno de los demandantes; por el “daño a la vida de relación”, el equivalente a 500 SMLMV para cada uno; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para Juan Carlos Ortegate los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció privado de su libertad y, a título de daño emergente, la suma de $7’000.000, por los gastos en que incurrió para el pago de los honorarios del abogado que ejerció su defensa. 1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos: El

de su libertad y, a título de daño emergente, la suma de $7’000.000, por los gastos en que incurrió para el pago de los honorarios del abogado que ejerció su defensa. 1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos: El 21 de junio de 2003, mientras se movilizaban en una motocicleta en el municipio de San Antonio, del estado de Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, los señores Juan Carlos Ortegate Barón y Luis Enrique Morales Díaz fueron interceptados por miembros de una brigada de la policía judicial venezolana y agentes del extinto DAS de Colombia. Afirman que, luego de ser maltratados física y moralmente, fueron obligados a subir a una camioneta y conducidos a la estación de policía de dicho municipio. Allí, fueron despojados de sus documentos para, posteriormente, ser trasladados a territorio colombiano, concretamente, al Centro Nacional Fronterizo -CENAFubicado en Villa del Rosario del departamento de Norte de Santander. 3 En adelante DAS.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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Narra la demanda que ese mismo día, agentes del extinto DAS, en colaboración con autoridades de policía venezolana, capturaron, en condiciones similares, a aproximadamente 35 ciudadanos de nacionalidad tanto colombiana como venezolana, quienes fueron «retenidos ilegalmente» y señalados de «hacer parte de una red o célula miliciana del Ejército de Liberación Nacional». Aproximadamente 20 de esas 35 personas, entre las que se encontraba el ahora demandante, fueron trasladas a las instalaciones del Grupo Mecanizado N°5 “General Hermógenes Maza” y, luego, a las del Departamento Administrativo de Seguridad; en donde tres testigos los identificaron y señalaron como terroristas y miembros de dichos grupos armados al margen de la ley. El 23 de junio de 2003, los agentes del extinto DAS pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación a las 20 personas señaladas de pertenecer a grupos subversivos. El 24 de junio de 2003, dicha entidad profirió resolución de apertura de instrucción por los delitos de rebelión y terrorismo, los vinculó en calidad de sindicados con el fin de que rindieran indagatoria y ordenó la práctica de pruebas. El 10 de julio siguiente, la Fiscalía Especializada Delegada ante los Jueces Penales del Circuito ordenó la libertad inmediata de las 20 personas que habían sido capturadas, luego de considerar que los agentes del extinto DAS, que participaron en su detención, habían manipulado a los tres testigos, determinando sus respuestas para hacer parecer, falsamente, a los capturados como miembros de los grupos subversivos.

El 29 de abril de 2005, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito sumarial y, al no hallar fundamento para sostener la acusación, precluyó la investigación a favor de las 20 personas que fueron sindicadas y vinculadas al proceso penal 62.689, en calidad de autores de los supuestos hechos punibles. A juicio de la parte actora, la detención preventiva a la que fue sometido el señor Juan Carlos Ortegate Barón «fue contraria a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28 de la Constitución Política, entre otras cosas porque no existía ningún motivo fundado para mantenerlo privado de su libertad, ni menos aún, por consiguiente, para inducir a la fiscalía a hacerlo» (fl. 12, c.1).Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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2. La defensa de las entidades accionadas4 2.1. La Nación – Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Expresó que los hechos que dieron origen a la demanda por la privación de la libertad del actor se concretaron en la etapa de instrucción de un proceso penal que la Fiscalía General de la Nación adelantaba en su contra y que, dicha entidad tiene capacidad para comparecer a los procesos judiciales e intervenir en ellos por sí misma, en calidad de parte, con independencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; por lo cual formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. (fls.280 a 285, c. 2). 2.2. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (fls.286 a 295, c.2). Precisó que el demandante fue puesto a su disposición por agentes del extinto DAS, entidad que, en aquel momento, ostentaba funciones de policía judicial, lo que la condujo a vincular al señor Ortegate Barón a una investigación por los delitos de rebelión y terrorismo. Por otro lado, sostuvo que, si bien, posteriormente, se demostró que la denuncia efectuada por dicha entidad carecía de fundamento, lo cierto es que al resolver la situación jurídica subsanó el yerro al que fue inducida y le otorgó la libertad inmediata al demandante. Propuso la excepción de «actuación legítima de la Fiscalía por haber actuado en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales», para lo cual indicó que de conformidad con las normas procesales vigentes en aquel momento tenía el deber de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal adoptando las medidas de aseguramiento. También formuló la excepción de «ausencia de los requisitos exigidos para endilgar responsabilidad». Argumentó que, en primer lugar, no se

las normas procesales vigentes en aquel momento tenía el deber de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal adoptando las medidas de aseguramiento. También formuló la excepción de «ausencia de los requisitos exigidos para endilgar responsabilidad». Argumentó que, en primer lugar, no se concretó daño antijurídico alguno, toda vez que el ahora demandante estaba en la obligación de soportar la detención preventiva a la que fue sometido y, en segundo lugar, porque teniendo en cuenta que aquella se profirió dentro del marco legal, y, pese a su ulterior revocación, lo cierto es que no puede afirmarse que fuera una detención arbitraria, 4 La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (fl.57, c.1). En cumplimiento del Acuerdo N°PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, el 3 de agosto de 2006, el proceso fue sometido nuevamente a reparto, correspondiéndole al Juzgado Cuarto del Circuito de Cúcuta (fl.58, c.1), el que mediante auto del 15 de agosto de 2006 avocó conocimiento (fl.59, c.1) y a través de auto del 19 de enero de 2007, admitió la demanda (fl.60, c.1). El 17 de septiembre siguiente, la parte actora presentó reforma a la demanda (fl.130, c.1), la cual fue admitida en providencia del 20 de mayo del mismo año (fl.131, c.1). El 11 de noviembre de 2008, el Juzgado de conocimiento, en cumplimiento de la providencia proferida por esta Corporación el 9 de septiembre de

2008, se declaró sin competencia para conocer el sublite y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Así, el 11 de diciembre posterior el Tribunal a quo declaró la nulidad de lo actuado, conservando la validez de las pruebas debidamente practicadas y allegadas al expediente y avocó conocimiento (fls.259 y 260, c.1) y, mediante auto del 10 de febrero de 2010, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor (fl.261, c.2).Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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injusta o ilegal, lo que evidencia que tampoco se incurrió en la falla en el servicio alegada. Por último, propuso la excepción de culpa exclusiva de un tercero. Indicó que la medida de detención preventiva a la que se vio sometido el señor Juan Carlos Ortegate Barón fue expedida con base en la denuncia instaurada por el DAS y con fundamento en las pruebas recaudadas por dicha entidad en su contra; de modo que su actuación estuvo exclusivamente determinada por la conducta del extinto departamento administrativo. 2.3. El DAS también contestó la demanda. Manifestó que la detención del señor Ortegate Barón obedeció a la «cuasiflagrancia» en que fue aprehendido. En su criterio, dicha figura, prevista en los artículos 56 y 66 del derogado Decreto 1355 de 1970, establecía la procedibilidad de la captura del presunto autor de un hecho punible, cuando mediaba la declaración de un «informante» pese a que no se estuviera consumando la conducta en ese momento. Agregó que su actuación se desarrolló dentro del marco legal, porque estuvo determinada por las declaraciones de los «informantes» que afirmaban que el ahora demandante era miembro de grupos subversivos y que, dado que no existe tarifa legal en materia de prueba testimonial, el funcionario podía «apreciarla libremente», a fin de determinar «en qué partes de su declaración el testigo dijo la verdad y en qué partes la mentira» (fls. 296 a 304, c. 2). 3. Fase probatoria y alegatos de conclusión 3.1. Por auto del 19 de abril de 2010

(fls.311 y 312, c. 2), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 26 de abril de 2019 (fl.443, c. 2), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión. 3.2. En esta etapa procesal la parte actora concluyó que con las pruebas allegadas al proceso se demostró el daño antijurídico consistente en la detención administrativa irregular, sindicación y privación injusta del señor Ortegate Barón, así como la imputación de la misma a las entidades demandadas (fls.541 a 543, c. 2). La demandada5 se ratificó en lo expuesto en su escrito de defensa. El Ministerio Público guardó silencio. 5 La Nación – Rama Judicial (fls.451 a 454, c. 2) y la Fiscalía General de la Nación (fls.444 a 450, c.2).Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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4. La sentencia de primera instancia 4.1. Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia es la siguiente (fls.1 a 19, c. ppal.): PRIMERO: DECLÁRASE la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (Hoy extinto), con ocasión de la privación injusta de la libertad de que la que fue víctima el señor Juan Carlos Ortegate Barón, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la FIDUPREVISORA S.A., a pagar con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO PAP FIDUPREVISORA S.A. Defensa Jurídica extinto Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. a la parte accionante las siguientes sumas en la forma como se pasa a mencionar: 2.1. A título de perjuicios inmateriales en la modalidad de daños morales: ACTOR CALIDAD - RELACIÓN -PARENTESCO MONTO A INDEMNIZAR Juan Carlos Ortegate Barón Víctima directa 15 s.m.l.m.v. Zandra Inés León Carreño Compañera permanente 15 s.m.l.m.v. Sergio Nicolás Ortegate León Hijo 15 s.m.l.m.v. Karen Lorena Ortegate Hija 15 s.m.l.m.v. El valor del salario mínimo legal mensual, será el que se encuentre vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. 2.2. A título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: A favor del señor Juan Carlos Ortegate Barón la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($17.580.000 m/cte), por la erogación

2.2. A título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: A favor del señor Juan Carlos Ortegate Barón la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($17.580.000 m/cte), por la erogación de dinero que tuvo que realizar para la defensa técnica el proceso penal en el que fue involucrado. 2.3. A título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: A favor del señor Juan Carlos Ortegate Barón, en su calidad de víctima directa, la suma la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($694.925 m/cte.). TERCERO: NIÉGUENSE (sic) las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4.2. De manera preliminar, el a quo examinó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Rama Judicial. Precisó que, de acuerdo con la postura de esta Corporación6, en los eventos en que la privación injusta de la libertad provenga de una medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General de la Nación, aunque la demanda se dirija contra la Nación-Rama Judicial, lo cierto

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 30 de octubre de 2017.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa 7

era que no se estaba ante un problema de legitimación en la causa por pasiva, sino de una indebida representación. Así pues, habiendo encontrado mérito para declarar probada la excepción de indebida representación, el fallador de primera instancia analizó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y del extinto DAS a la luz de un régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de daño especial. 4.3. Sostuvo que en el caso concreto el fundamento de la atribución de responsabilidad a la entidad demandada era el daño especial, causado por el desequilibrio en las cargas públicas que tuvo que soportar el demandante con ocasión de la detención preventiva a la que fue sometido. Asimismo, indicó que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el daño no lo le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, como quiera que dicha entidad definió la situación jurídica del demandante «en un tiempo razonable teniendo en cuenta la complejidad del proceso y la cantidad de procesados» y, además, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del demandante, «pues desde ese momento vislumbró la fragilidad del acervo probatorio allegado». En lo relativo al extinto DAS indicó que dicha entidad fue la que concretó la pérdida de la libertad del demandante, además de conformidad con lo sostenido por la Fiscalía General de la Nación en las providencias dictadas durante el proceso penal fueron sus agentes quienes presentaron «informes y testigos amañados» los cuales condujeron a la Fiscalía al convencimiento de la presunta veracidad de los punibles que se endilgaban en su contra. 5. Los recursos de apelación Inconformes con la decisión, en la oportunidad legal, la parte actora (fls. 24 y 25, c. ppal.) y la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del PAP Fiduprevisora S.A., Defensa

5. Los recursos de apelación Inconformes con la decisión, en la oportunidad legal, la parte actora (fls. 24 y 25, c. ppal.) y la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica Extinto DAS y su fondo rotatorio (fls.27 a 34, c. ppal.), interpusieron sendos recursos de apelación7. La parte demandante solicitó la modificación del quantum de los perjuicios inmateriales reconocidos en la sentencia del 29 de enero de 2020. Precisó que el señor Juan Carlos Ortegate Barón permaneció sub judice a la investigación penal desde el 21 de junio de 2003 hasta el 29 de abril de 2005, de manera que la afectación a sus bienes jurídicamente tutelados se extendió hasta el momento en que se profirió la resolución que ordenó la preclusión de la investigación a su favor 7 En el escrito contentivo del recurso de apelación de la Fiduprevisora S.A., también se propuso incidente de nulidad de lo actuado, con fundamento en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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y no sólo hasta el momento en que se ordenó su libertad material, como erróneamente lo consideró el a quo. En ese sentido, adujo que dicha afectación también resultaba atribuible a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto con su «pasividad en el proceso de administración de justicia» determinó que el demandante permaneciera sub judice durante 22 meses en una investigación penal que afectó gravemente sus bienes jurídicamente tutelados como el buen nombre, la honra, el libre desarrollo de su personalidad, etc. Por su parte, la Fiduprevisora S.A. reiteró los argumentos expuestos por el extinto DAS en la contestación de la demanda. Indicó que dicha entidad actuó en ejercicio de sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales, por cuanto la sindicación y detención del señor Ortegate Barón obedeció a la información «seria y creíble» recibida por sus agentes que daba cuenta de la participación del demandante en los punibles de rebelión y terrorismo y sostuvo que el a quo omitió razonar acerca de la legalidad de su conducta, puesto que el delito de rebelión era de ejecución permanente y, por tanto, el demandante había sido detenido en «cuasiflagrancia». Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se le declaró responsable patrimonialmente por la detención injusta del señor Ortegate Barón y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda (fls. 25 a 34, c. ppal.). 6. El trámite en segunda instancia Declarada fallida la etapa de conciliación prevista en el artículo 70 de la

Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fls.24 y 25, c. ppal.) y por la Fiduprevisora S.A. (fls.27 a 34, c. ppal.), los que fueron admitidos por esta Corporación, mediante auto del 28 de julio de 20238 (fl.104, c. ppal.). El 15 de noviembre del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fol. 150, c. ppal.).

8 Los recursos fueron inicialmente admitidos por esta Corporación mediante auto del 4 de junio de 2021; no obstante, revisado el escrito del recurso de apelación de la Fiduprevisora S.A. se advirtió que el mismo contenía una solicitud de nulidad que debía ser resuelta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En consecuencia, mediante providencia del 1 de agosto de 2022, el Despacho sustanciador aplicó la teoría del antiprocesalismo, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 4 de junio de 2021 y devolvió el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. El 1 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander resolvió el incidente de nulidad y, el 21 de marzo de 2023, remitió el expediente nuevamente a esta Corporación.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa 9

La parte demandante (fls.168 y 169, c. ppal.) y la Fiduprevisora S.A. (fls.171 a 172, c. ppal.) reiteraron los argumentos planteados durante el trámite de la presente acción. El Ministerio Público rindió concepto. Solicitó confirmar la condena impuesta a la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, por considerar que en el expediente obraban pruebas suficientes que permitían concluir que la «privación de la libertad» que se impuso el señor Juan Carlos Ortegate Barón es atribuible a la falla en el servicio del extinto DAS, al haber incurrido en desaciertos y abuso de autoridad, actuando fuera del marco de la ley y con el fin de asegurar la reclusión del entonces sindicado para imputarle los delitos de rebelión y terrorismo, con fundamento en informes y testimonios «amañados» (fls.175 a 186, c. ppal.). La Fiscalía General de la Nación guardó silencio. III. C O N S I D E R A C I O N E S 1. Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiduprevisora S.A. en contra la sentencia del 29 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso9. 2. Ejercicio oportuno de la acción Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. 9 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

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Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad10. En el expediente obra la Resolución del 29 de abril de 200511 (fls. 44 a 51, c.1), por medio de la cual la Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados, en colaboración de descongestión con la Fiscalía 6 de la Unidad Especializada, dispuso la preclusión de la investigación por inexistencia del hecho investigado; por lo tanto, el plazo para presentar la demanda vencía el 30 de abril de 2007 y como se impetró el 10 de julio de 2006, puede concluirse que la acción se ejerció dentro del término previsto para ello. 3. La legitimación en la causa Al proceso concurrieron los señores Juan Carlos Ortegate Barón, cómo víctima directa de la privación de la libertad, su compañera permanente Zandra Inés León Carreño y sus hijos Sergio Nicolas y Karol Lorena Ortegate León. Todos ellos manifestaron que resultaron damnificados por la detención administrativa irregular, sindicación y privación de la libertad que sufrió el señor Ortegate Barón, para lo cual allegaron la declaración de la existencia de la unión marital de hecho rendida bajo la gravedad de

juramento el 9 de agosto de 2005 en la notaría 51 del circuito de Bogotá (fl. 33, c. 1) y los respectivos registros civiles de nacimiento que acreditan el parentesco (fls. 31 y 32, c. 1); por tanto, se considera que, respecto a la señora Zandra Inés León Carreño y su hijo Sergio Nicolas, están legitimados de hecho en esta acción. No obstante, en cuanto a la legitimación en la causa de Karol Lorena Ortegate León, hija de Juan Carlos Ortegate Barón -víctima directa-, lo cierto es que la Sala no encuentra acreditado este requisito, ya que se observa que para la fecha de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda -21 de junio de 2003-, la señora

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Si bien en el expediente no obra constancia de ejecutoria de la Resolución del 29 de abril de 2005, lo cierto es que en el expediente no se acreditó que contra la misma se hubiera interpuesto recurso alguno y, en cualquier caso, la demanda fue presentada oportunamente.Radicación: 54001233100020060114501 (66855) Demandante: Juan Carlos Ortegate Barón y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa 11

Ortegate León aún no había nacido12, motivo que torna improcedente el reconocimiento de perjuicios a su favor. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño invocado en la demanda -la detención del señor Juan Carlos Ortegate Barónse atribuye a las actuaciones y decisiones de la Nación - Fiscalía General de la Nación y del extinto DAS, por lo cual se considera que dichas entidades públicas están legitimadas en la causa y debidamente representadas. La demanda también se dirigió en contra de la Nación - Rama Judicial. En cuanto a dicha entidad, el Tribunal a quo declaró probada la excepción previa de ind