CE-68001-23-15-000-2000-01693-01(2669-08)-2011

COMPETENCIA DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES PARA

DETERMINAR DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS / SUPRESIÓN DE CARGO / FALSA MOTIVACIÓN – Carga de la prueba Infiere la Sala que es competencia de las asambleas, a iniciativa del gobernador, determinar la estructura de la administración. Que esta facultad comporta la creación, supresión, fusión de entidades descentralizadas y que también a iniciativa del gobernador las Asambleas pueden trasladar pro tempore al gobernador esta facultad. (…). Encuentra la Sala que leído el contenido del Decreto No. 009 de 2000, demandado, los motivos que se aducen para la supresión de la entidad, relacionados con la existencia del convenio de desempeño, las facultades otorgadas por el Asamblea al Gobernador, y las conclusiones a las que llegó el Plan de Reforma Económica Territorial, en efecto existieron y conllevaron a la decisión supresora de la entidad descentralizada en la cual la actora se desempeñaba. En efecto, a folios 68 a 114 se encuentran anexos los documentos titulados “Convenio de desempeño y matriz de condiciones entre la Nación (…) y el Departamento de Santander”, y, “Elaboración del DiagnósticoPlan de Reforma Económica Territorial”. En este orden, el acto de supresión de la entidad descentralizada denominada “Fondo Rotatorio de la Imprenta” y que necesariamente conllevaba a la supresión del cargo que la actora desempeñaba en esta entidad, estuvo motivado y en tal virtud este cargo tampoco prospera.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 300 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 305 / DECRETO 1222 DE 1986 – ARTÍCULO 60 / DECRETO 1222 DE 1986 – ARTÍCULO 252 / DECRETO 1222

DE 1986 – ARTÍCULO 261 / DECRETO 1222 DE 1986 – ARTÍCULO 262

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 68001-23-15-000-2000-01693-01(2669-08)

Actor: MARTHA LILIANA AFANADOR ORTIZ

Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - FONDO ROTATORIO DE

LA IMPRENTA DEPARTAMENTAL Referencia: AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de marzo de 2008 negando las pretensiones de la demanda (Fol. 319 a 331). ANTECEDENTES La demanda. La señora Martha Liliana Afanador Ortiz por intermedio de apoderado, acude ante la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., en procura de que se declare la nulidad del Decreto No. 0009 del 26 de enero de 2000 expedido

por el Gobernador de Santander, por el cual se suprime una entidad descentralizada del orden departamental. A título de restablecimiento solicitó la actora su reintegro sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, el pago de los salarios y demás acreencias laborales dejadas de percibir desde cuando se produjo su retiro y hasta cuando sea efectivamente reintegrada a su empleo, la actualización de los valores adeudados y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. Como sustentos fácticos informa la parte actora su vinculación con el Departamento de Santander – Fondo Rotatorio de la Imprenta en el cargo de Jefe de Departamento Grado 2 Código 280, desde el 20 de abril de 1995 hasta el 26 de enero de 2000 fecha en la cual le fue notificada la supresión de su cargo por supresión de la entidad descentralizada en la cual prestaba sus servicios. Al acto demandado se le atribuyen como causales de anulación las que a continuación se describen:  Violación de normas constitucionales y legales. Señala la actora que con la expedición del acto supresor, se vulneran los artículos 1º, 2º, 6º, 29, 90, 91, 123, 124, 267, 272, 300 numeral 9º y 305 numeral 8º constitucionales, así como los artículos 261 inciso final y 262 del Decreto 1222 de 1986, La Ley 443 de 1998 y el Decreto 1532 de 1998 en cuanto la entidad desconoció sus derechos como

empleada inscrita en el escalafón de la carrera administrativa.  Falta de competencia. Este cargo lo sustenta la actora señalando que constitucionalmente la facultad de suprimir entidades del orden departamental la tienen las asambleas departamentales, aunque excepcionalmente dicha función puede ser cumplida por el Gobernador del Departamento cuando para ello la Asamblea le ha otorgado facultades pro tempore, es decir, por un tiempo específico y para el caso del Gobernador de Santander, las facultades conferidas en la Ordenanza 050 de 1999 no llenan los requisitos de ley, son ambiguas e imprecisas en el tiempo y por ende las decisiones que se toman con fundamento en este acto departamental, son ilegales. Agrega el demandante que si bien en el parágrafo de la Ordenanza 050 se confiere un plazo de dos (2) meses para que el ejecutivo hiciera uso de las facultades extraordinarias, este plazo quedó sujeto a que la Unidad Técnica Central del Programa validara los informes finales, y tal condición no se verificó porque la mencionada Unidad Técnica Central del programa no existió y por ende no pudo darle aprobación a ningún estudio o diagnóstico.  Expedición irregular porque el acto supresor fue falsamente motivado ante la ausencia de estudios técnicos que no pudieron ser aprobados por un comité que nunca fue conformado. Contestación a la demanda (Fol. 46 a 60). La entidad, a través de apoderado, se opone a la prosperidad de las pretensiones aduciendo que carecen de razones fácticas y jurídicas.

Señala que el acto acusado fue expedido bajo los parámetros legales, en especial el artículo 300 numerales 7º y 9º de la Constitución Nacional, el artículo 60 numeral 7º del Decreto 1222 de 1986 y bajo el marco de las precisas facultades otorgadas por la Asamblea al Gobernador en la Ordenanza 050 de 1998. Agrega que para la supresión de la entidad se contó con el estudio técnico o Informe de Evaluación Plan de Reforma Económica Territorial para el Departamento de Santander de enero de 1999, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que recomendó además de la disminución de la planta de cargos en un porcentaje del 78%, la supresión y liquidación de entidades descentralizadas tales como el Fondo de Desarrollo Industrial de Santander, la Empresa Licorera de Santander, la Casa de Menores y Escuela de Trabajo Victoriano Diego y Paredes y el Fondo Rotatorio de la Imprenta del Departamento. Consecuente con lo anterior solicita se desestimen los cargos de violación de la ley y falsa motivación que al acto supresor de la entidad se le atribuyen.

Como excepciones propone: 1) Inexistencia de causa para demandar que sustenta afirmando que la supresión del cargo que la actora desempeñaba obedeció a que la entidad en la cual se desempeñaba, fue suprimida. 2) Conciliación porque la actora no optó por el derecho preferencial a ser incorporada y en consecuencia se procedió a la liquidación y pago de la indemnización por supresión del cargo y

prestaciones adeudadas, lo cual tiene los mismos efectos que una conciliación. 3) Cosa juzgada. La entidad sustenta este medio defensivo, en lo establecido en el artículo 39 parágrafo 2º de la Ley 443 de 1998, que determina que el pago de la indemnización produce los efectos jurídicos de la conciliación y entre los efectos jurídicos que produce la conciliación, está el de cosa juzgada tal y como lo determina el artículo 3º del Decreto 1818 de 1998. 4) La supresión del cargo y su desvinculación de la administración obedeció a razones de interés general, eficacia y eficiencia de la función pública y racionamiento del gasto público. Afirma la entidad que para conjurar la crisis económica y para acceder a los programas del Ministerio de Hacienda, el Departamento tuvo que firmar un convenio de desempeño con el ministerio, que implicó entre otras obligaciones, la de expedir los actos para la supresión de cargos de la planta de personal de la administración central, la contraloría y las entidades descentralizadas. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander el 31 de marzo de 2008 (Fol. 319 – 329), decidió negar las pretensiones de la demanda. Antes de abordar el fondo de la controversia, analizó el Tribunal los medios defensivos propuestos concluyendo que más que excepciones de fondo, constituyen mecanismos de defensa que atacan directamente lo pretendido, razón por la cual deben resolverse conjuntamente con el problema jurídico. En este orden, señaló el Tribunal que el problema jurídico se concretaba en

determinar si el Gobernador de Santander era el competente para emitir el acto demandado y en caso positivo, sí con la expedición de este acto se le desconocieron a la actora derechos de carrera administrativa. Para desatar el cargo de falta de competencia el Tribunal hace referencia a la sentencia proferida dentro del proceso en el que se solicitó la nulidad de la Ordenanza 050 de 1999 en la cual al estudiar el cargo de falta de competencia sustentado en que las facultades no se otorgaban por tiempo determinado y por ende vulneraban el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política, se concluyó que la condición impuesta era por tiempo determinado y al cumplirse permitió dar inició a la facultad otorgada. Adicional a lo anterior precisó el Tribunal que el objeto de la delegación lo era la supresión de entidades descentralizadas, naturaleza que compartía en su condición de establecimiento público el Fondo Rotatorio de la Imprenta del Departamento, por lo cual, el Gobernador de Santander sí tenía competencia para emitir el acto supresor de la citada entidad descentralizada en la que la actora se desempeñaba como secretaria nivel administrativo grado 1 código 540. En punto al cargo de falsa motivación, encuentra el Tribunal que no se configura porque el soporte fáctico que relaciona el acto supresor, encuentra respaldo en los documentos aportados oportunamente al proceso tales como, el Proyecto de Reforma Económica Territorial y el Convenio de Desempeño Matriz celebrado entre la Nación y el Departamento de Santander. Finalmente y respecto a la violación de normas de carrera encuentra la sentencia, que la actora no señala cuál norma del estatuto de carrera fue infringida, como

tampoco respaldo probatorio del cual deducir vulneración de algún derecho, dado que no se probó que existiera un empleo vacante en forma definitiva equivalente al que ocupaba la demandante, y por el contrario se infiere del material probatorio, que la actora optó por la indemnización por supresión del cargo y este derecho le fue reconocido y cancelado sin objeción alguna. RAZONES DE IMPUGNACIÓN La parte actora en escrito visible a folios 335 a 337 del expediente, interpone recurso de apelación para que la sentencia sea revocada en su totalidad. Como razones de la impugnación aduce que en el texto de la ordenanza se consignan varias condiciones que no fueron advertidas por el a quo y que son relevantes para decidir sobre la legalidad del acto supresor, entre las que cita las que a continuación se describen: - La existencia de la Unidad Técnica Central del Programa de orden departamental. - La existencia de los estudios técnicos que concluyan con la necesidad de suprimir la entidad y consecuentemente su planta de personal. - La validación que debe hacer la Unidad Técnica Central del Programa de los estudios técnicos para que finalmente estos estudios técnicos sean acogidos por el Departamento. - El ejercicio de las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental al Gobernador, de acuerdo a la validación que haga la unidad sobre el estudio elaborado para tal fin. Sintetiza el apelante su argumento en los siguientes términos: “…el Gobernador del Departamento actúo por fuera de las facultades que le estaba otorgando la Asamblea, ya que expidió unos actos administrativos que terminaron con la supresión del cargo de mi representada, con desconocimiento de las condiciones

que la Duma Departamental le había impuesto para poder ejercer tales facultades propias de la Asamblea. Es por ello que en la demanda se expone que las facultades otorgadas al Gobernador para ejercer funciones pro-tempore de la Asamblea, riñen con el criterio jurisprudencial vigente para estos eventos, toda vez que se exige que dichas facultades deben ser concretas y por un tiempo determinado o determinable (…)”. CONCEPTO DEL PROCURADOR DELEGADO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado a folios 346 a 351, solicita se confirme la sentencia apelada, al considerar que constitucionalmente existe una competencia concurrente entre el Gobernador y la Asamblea, y en desarrollo de esta competencia fue que se expidió el acto ordenanzal que otorgó al gobernador precisas facultades pro tempore para la supresión de la entidad que conllevó a la supresión del cargo que la actora desempeñaba al interior de dicha entidad. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico. Se circunscribe a determinar si el Decreto 0009 del 26 de enero de 2000, que afectó la situación laboral de la actora, fue expedido por funcionario competente. En caso positivo, si dicho acto administrativo le desconoce a la actora derechos laborales adquiridos como empleada de carrera, y si fue falsamente motivado. Marco jurisprudencial. La competencia para decretar la supresión y liquidación de establecimientos públicos del orden departamental. El constituyente de 1991 fue claro al disponer en el artículo 1° de la Carta Política que Colombia es un Estado

Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, y en desarrollo de estos postulados, el artículo 287 de la Carta, establece que las entidades territoriales, categoría que ostentan los departamentos, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud se les reconoce el derecho a gobernarse por autoridades propias, de ejercer las competencias que constitucional y legalmente se les han atribuido, de administrar los recursos y de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales, siempre y cuando este ejercicio se enmarque dentro de los límites establecidos por la Constitución y por la Ley. Como consecuencia de la autonomía para la gestión de los asuntos de naturaleza administrativa, es que la creación, constitución, modificación, fusión, transformación, supresión, disolución y liquidación de entidades y organismos del orden departamental, tanto del sector central como descentralizado por servicios, sea cual fuere su campo de actividad, es una tarea que corresponde de manera exclusiva a las autoridades departamentales, al tenor de lo previsto en los artículos 300 numerales 7º y 9º, 305 numerales 7° y 8° de la Constitución Política, y los artículos 252, 261 y 262 del Decreto 1222 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal y Departamental”, y que a continuación se transcriben: Constitución Política“(…) Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:

[…]

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.

Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: […]

7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.

8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas. […] Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador.

Decreto 1222 de 1986 “(…) Artículo 252. Son entidades descentralizadas del orden departamental los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta. Artículo 261. Corresponde a las Asambleas, a iniciativa de los

Gobernadores, crear, transformar, fusionar, suprimir, o modificar, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta. La transformación, fusión o supresión de las sociedades de economía mixta se hará, además, teniendo en cuenta las disposiciones del respectivo contrato social. En relación con las entidades indirectas se procederá conforme a lo dispuesto en sus actos de creación y en sus estatutos. Para el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el presente artículo, los Gobernadores deberán acompañar al respectivo proyecto de ordenanza, los estudios que muestren las incidencias administrativas, económicas y presupuestales de las medidas que se proponen. Artículo 262. Sólo a iniciativa de los Gobernadores podrán las Asambleas autorizar, pro tempore y de manera precisa, la creación, transformación, supresión, fusión o modificación, de entidades descentralizadas. Los respectivos proyectos deberán acompañarse de los estudios a que se refiere el inciso final del artículo anterior. El desarrollo de las normas que se acaban de transcribir, lo efectúo el legislador en la Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, concretamente en el artículo 74 en el que se reitera que los gobernadores en ejercicio de las facultes conferidas en el artículo 305 superior,

están facultados para crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especial y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley, las ordenanzas y los acuerdos respectivamente. De la misma manera el artículo 60 numeral 7º del Decreto 1222 de 1986, que se encuentra vigente, pues aunque se trata de un acto anterior a la Constitución Política de 1991, su contenido no contradice lo que las normas de rango superior establecen y no se ha expedido una norma posterior que lo haya derogado o subrogado, prevé: ARTÍCULO 60.-Corresponde a las asambleas, por medio de ordenanzas: […]

5. Determinar, a iniciativa del gobernador, la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo.

De las citas normativas que se acaban de consignar, infiere la Sala que es competencia de las Asambleas, a iniciativa del gobernador, determinar la estructura de la administración. Que esta facultad comporta la creación, supresión, fusión de entidades descentralizadas y que también a iniciativa del gobernador las Asambleas pueden trasladar pro tempore al gobernador esta facultad. De la Ordenanza 050 de 1999. Esta norma departamental constituye el soporte normativo del acto de supresión de cargos demandado en cuanto contiene la facultad pro tempore que la Asamblea le otorga al Gobernador para la supresión de la entidad en la que la actora se desempeñaba como Jefe de Departamento Grado 2 Código 280.

Sobre la legalidad de esta Ordenanza el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 11 de noviembre de 2004, decidió anular el literal e) del artículo 2º y denegar las restantes pretensiones de la demanda, dentro de las que se incluía la nulidad del literal d) del artículo 2º y en el que concretamente se otorgaban precisas facultades al gobernador departamental para suprimir entidades descentralizadas. Argumento el juez de legalidad de la Ordenanza 050 en relación con las citadas facultades contenidas en el artículo 2 literal d), que según se lee en dicho acto quedaron condicionadas a que la Unidad Técnica Central del Programa valide los informes finales por parte de quienes adelanten los estudios y diagnósticos, en cuanto fueren acogidos por la Gobernación y que tales facultades se ejerzan conforme a dicha validación", que la facultad había sido conferida por tiempo determinado y la condición impuesta no fue más que un mecanismo para el cabal cumplimiento de los fines propuestos, en otras palabras, se señaló una condición a partir de la cual se permite el inicio de la facultad, la que ha sido conferida por un tiempo determinado, de suerte que, mientras no se dé la condición, no se tiene la facultad y asumida ésta, se señala un tiempo determinado para ejercerla, consultando el espíritu de la norma que prohíbe el ejercicio indefinido. Concluye el juez de legalidad de la Ordenanza que: “la condición impuesta tiene para la Sala fundamento técnico, pues no es posible que el mandatario seccional establezca la nomenclatura, suprima o fusione cargos y modifique entidades descentralizadas sin que exista

previamente un estudio técnico especializado sobre la viabilidad de las decisiones que deben adoptarse, máxime cuando el objetivo de la Ordenanza era dotar al Gobernador de facultades extraordinarias tendientes a lograr el saneamiento fiscal del departamento y su ingreso al programa de apoyo del Ministerio de Hacienda, condición para la cual era necesario reestructurar la administración central y descentralizada del departamento, con apoyo previo en los estudios realizados por expertos en la materia, circunstancia que garantiza a la primera autoridad la viabilidad del proyecto y la certeza de que fue elaborado con fundamento en un detenido análisis técnico. Cabe en este asunto el mismo razonamiento expuesto en precedencia, pues la facultad fue conferida por un tiempo determinado, el cual comienza a contarse desde el cumplimiento de la condición, de tal manera que mientras la condición no se ha cumplido, no se tiene la competencia para desarrollar la facultad, y cumplida la condición, debe ser ejercida dentro de un tiempo especifico y determinado (…).” Esta sentencia fue confirmada por el Consejo de Estado el 27 de septiembre del 2007. Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial se desatará por la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda. El acto demandado. La demanda se dirige contra el Decreto 009 de 2000 “Por el cual se suprime una entidad descentralizada del orden Departamental”. El contenido de este acto es el que sigue: EL GOBERNADOR DE SANTANDER En uso de sus facultades Legales y en especial las que le confiere la Ordenanza 050 de 1999 y el artículo 305 de la Constitución Nacional,

CONSIDERANDO: 1.Que el programa de Apoyo Fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se implementó en el Departamento de Santander mediante convenio de desempeño.

2. Que la Constitución Nacional en su artículo 305 numeral 8 consagra como atribuciones de Gobernador “Suprimir o fusionar las Entidades Departamentales de conformidad con las Ordenanzas”

3. Que mediante Ordenanza 050 del 8 de enero de 1999 se le otorgaron facultades al señor Gobernador entre otras para crear, fusionar, modificar o suprimir entidades descentralizadas departamentales conforme a la normatividad legal existente.

4. Que una vez elaborado el Proyecto de Reforma Económica Territorial PRET y el Estudio Técnico se concluyó la racionalización y optimización de la estructura del Departamento, dado que no corresponde con la naturaleza y las funciones de un Departamento contar con un ente descentralizado para la elaboración básicamente de lo relacionado con la industria de las artes gráficas y que su existencia en las actuales condiciones vulnera el principio constitucional de la economía.

5. Que para dar cumplimiento a lo convenido entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Santander se requiere la supresión de algunas entidades descentralizadas del orden departamental.

DECRETA: ARTICULO 1º. Suprímase a partir de la fecha del presente decreto el Fondo Rotatorio de la Imprenta del Departamento.

ARTICULO 2º. De conformidad con el artículo anterior, suprímase a partir de la fecha del presente decreto de la planta de personal del Fondo Rotatorio de la Imprenta del Departamento

los siguientes empleos

CARGO CODIGO GRADO NIVEL No. DE CARGOS (…) SECRETARIO 540 01 ADMINISTRATIVO 1

(…) (…)”. Análisis de los cargos y de las pruebas. Violación del artículo 300 numeral 9o. de la Constitución Política, por cuanto la Asamblea omite otorgar las facultades por un tiempo determinado y preciso, dado que en relación con el literal d, condiciona el tiempo durante el cual deben ser ejercidas las facultades al evento de que "la Unidad Técnica Central de Programa valide los informes finales por parte de quienes adelanten los estudios y diagnósticos, en cuanto fueren acogidos por la Gobernación y que tales facultades se ejerzan conforme a dicha validación". Que como la Unidad Técnica Central del Programa no existe, la condición no podía cumplirse. Este cargo como quedo visto y consignado en el marco jurisprudencial, fue desatado por el juez de legalidad del acto general, esto es, de la Ordenanza 050 de 1999, mediante sentencia que se encuentra en firme y que por tanto tiene efectos de cosa juzgada erga omnes. En estas condiciones el cargo de vulneración del artículo 300 numeral 9 constitucional, no prospera tal y como lo concluyó el juez de primera instancia en este proceso. Falsa motivación. Este cargo lo funda la actora afirmando que no existe certeza objetiva de los hechos antecedentes a la expedición del acto de supresión, o lo que es lo mismo, que no se fundo en una base material, cierta y real. Al respecto, encuentra la Sala que leído el contenido del Decreto No. 009 de 2000,

demandado, los motivos que se aducen para la supresión de la entidad, relacionados con la existencia del convenio de desempeño, las facultades otorgadas por el Asamblea al Gobernador, y las conclusiones a las que llegó el Plan de Reforma Económica Territorial, en efecto existieron y conllevaron a la decisión supresora de la entidad descentralizada en la cual la actora se desempeñaba. En efecto, a folios 68 a 114 se encuentran anexos los documentos titulados “Convenio de desempeño y matriz de condiciones entre la Nación (…) y el Departamento de Santander”, y, “Elaboración del Diagnóstico-Plan de Reforma Económica Territorial”. En este orden, el acto de supresión de la entidad descentralizada denominada “Fondo Rotatorio de la Imprenta” y que necesariamente conllevaba a la supresión del cargo que la actora desempeñaba en esta entidad, estuvo motivado y en tal virtud este cargo tampoco prospera. Consecuente con lo hasta aquí expuesto y como el recurso de apelación estuvo centrado en las causales de anulación relativas a la falta de competencia del funcionario que expidió el cargo y que como se vio fue analizada al interior de un proceso ordinario de simple nulidad en el que no se anuló la norma general, es decir la Ordenanza 050 de 1999 que trasladaba las facultades, y a la expedición irregular por falsa motivación y desvió de poder, que tampoco se configuran, la sentencia impugnada deberá ser confirmada en su integridad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA CONFIRMASE en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso instaurado por Martha Liliana Afanador Ortiz contra el Departamento de Santander, el 31 de marzo de 2008 que negó las pretensiones de la demanda.

COPIESE Y NOTIFIQUESE. EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA

DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CUMPLASE.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha.

GERARDO ARENAS MONSALVE

VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ