CE-68001-23-15-000-2003-02492-02(2282-08)-2011

NIVELACIÓN SALARIAL DE PROCURADOR JUDICIAL / BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN – Reconocimiento Debe señalarse, siguiendo la correcta interpretación que realizó en su momento el a quo, que el derecho a la bonificación que estableció el Decreto 610 de 1998 sigue en vigor y por tanto constituye un derecho adquirido y vigente para el demandante. Esto se confirma puesto que la expedición de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998 aprobatoria del Presupuesto Nacional para Ia vigencia fiscal de 1999 incluyó las partidas destinadas al pago especifico de Ia "bonificación" creada por el Decreto 610 de 1998, cumpliendo con el requisito legal establecido para la correcta asignación de los valores derivados de los porcentajes establecidos en el Decreto 610 como medida de compensación gradual y, como quiera que el Decreto 610 de 1.998, creó un derecho cierto e irrenunciable a favor de los destinatarios del mismo, su subrogación, a través del acto anulado, vulneró derechos subjetivos laborales, lo que conduce a reconocer que las pretensiones de la demanda sobre restablecimiento del derecho y las demás que le son concordantes han de prosperar. Esto es así en la medida en que la accionante se desempeñó como Procurador Judicial Penal II en la ciudad de Bucaramanga, como dio por probado el a quo, y, durante su tiempo de servicio no percibió íntegramente la prestación a la que tenía derecho. En efecto, debe tenerse en cuenta que, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, la prestación creada por el Decreto 664 de 1999 no es distinta en su esencia a

aquella que dimana del Decreto 610 de 1998 sino que es inferior en cantidad a ésta. No se acogen, por ende, los argumentos contenidos en el memorial contentivo de la sustentación del recurso de alzada presentado por la parte accionada, en la medida en que la integralidad del Decreto 610 de 1998 contiene una prestación progresiva que debía alcanzar el equivalente al 80% del salario de los magistrados de las altas cortes para 2001 y en adelante. Adicionalmente, se tiene que las partidas presupuestales para cancelar la mentada bonificación por compensación efectivamente se dispusieron en la ley ordenadora del gasto de 1998, por lo que la condición suspensiva a la que se encontraba sujeto el pago de la prestación a la que se ha venido haciendo referencia se cumplió íntegramente. Finalmente, debe decirse que como se señaló en los alegatos de conclusión de la parte accionada, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN es, en efecto, un agente ejecutor del presupuesto, por lo que debe cumplir con las directrices prestacionales de ley. Es decir, debe ceñirse a lo establecido en los Decretos 610 y 1239 de 1998.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la nulidad del Decreto 4040 de 2004, por medio del cual se creó la bonificación por gestión judicial, ver: C. de E., Sala de conjueces de la Sección Segunda, sentencia de 14 de diciembre de 2011,

radicación: 0244-01, C.P.: Carlos Arturo Orjuela Góngora.

FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 4 / DECRETO 610 DE 1998

NIVELACIÓN SALARIAL DE PROCURADOR JUDICIAL / BONIFICACIÓN POR

COMPENSACIÓN – Reconocimiento / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DEL

RECONOCIMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN – Configuración Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor presentó su primera solicitud de reconocimiento de la bonificación por compensación el día 16 de julio de 2003 y recordando que los derechos laborales se encuentran sometidos a una prescripción de tres (3) años, debe decirse que sólo le asiste derecho a que se le reconozcan los valores adeudados desde el día 16 de julio de 2000, de conformidad con lo establecido en el Decreto 610 de 1998. Es decir, se le adeuda el pago de una prestación equivalente al setenta por ciento (70%) del salario de los magistrados de las altas cortes para el año 2000 y del ochenta por ciento (80%) para el año 2001 y hasta su retiro, descontándose las sumas percibidas por el actor y que constan en los reportes de devengados y deducciones aportados al

proceso por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: PEDRO SIMÓN VARGAS SÁENZ (Conjuez)

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011).

Radicación número: 68001-23-15-000-2003-02492-02(2282-08)

Actor: GENITH TOLEDO CARREÑO

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

AUTORIDADES NACIONALES.-

En la fecha procede esta Sala a resolver de fondo la impugnación de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER de fecha 7 de marzo de 2.008, mediante la cual se prohijaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la Sra. GENITH TOLEDO CARREÑO contra sendas resoluciones proferidas por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obrante de folios 112 a 140 del expediente y en término impugnada, procediendo a referir lo que en derecho se considera aplicable al caso en concreto. En su memorial petitorio, la accionante, mediante apoderado judicial, formuló las siguientes pretensiones:

DECLARACIONES

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio SG. No 1562 de Julio 29 de 2003, mediante el cual la Procuraduría General De La Nación, en respuesta al derecho de petición formulado por la demandante, negó el pago de la bonificación por compensación en aplicación y cumplimiento de los Decretos 610 y 1239 de 1998, previa sumatoria de lo ya recibido, hasta alcanzar el equivalente al 60% del valor que en forma mensual hayan recibido los Magistrados de las Altas Cortes desde el 1 de Septiembre de 1.999; el 70% en el año 2.000 y el 80% en el año 2001 y en delante, de la forma como se tasa en la presente demanda.

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Número 0365 de Agosto 27 de 2003, proferida por el Procurador General de la

Nación, mediante la cual se confirmó la decisión adoptada por el Secretario General mediante el oficio 1562 de Julio 29 de 2003, en el sentido de negar el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.

1. Que se inapliquen los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2.000, 1476 de 2.001 y 663 de 2.002, mediante los cuales se fijó una bonificación por compensación inferior a la establecida por el Decreto 610 y 1239 de 1998 para el cargo de

Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito.

2. Que se declare que quien aquí obra como demandante tiene derecho a que se le pague la bonificación por compensación en aplicación y cumplimiento de los Decretos 610 y 1239 de 1998 y el artículo 280 de la Carta, previa sumatoria de lo ya recibido, hasta alcanzar el equivalente al 60% del valor que en forma mensual hayan recibido los Magistrados de las Altas Cortes desde el 1 de Septiembre de 1999, el 70% en el 2000 y el 80% en el 2001 y en adelante, con todas sus consecuencias jurídicas.

Como consecuencia de las anteriores o similares declaraciones a favor de la demandante, aspira sea condenada la NACIÓN-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de las condenas que consignó así:

1. Que se condene a LA NACION — PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a pagar a favor de quien obra como demandante, los siguientes

valores: a. El valor que falte para alcanzar el 60% desde el 1 de Septiembre, del valor

que en forma mensual hayan recibido los Magistrados de las Altas Cortes durante 1999, el 70% en el 2000 y 80% en el 2001 y en adelante;

2. Que se condene a LA NACION — PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a pagar los valores antes mencionados en forma indexada, mes por mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A.

Como acápite relacionado a los HECHOS Y OMISIONES, sobre los cuales estribó sus pretensiones, consignó en el mismo escrito de demanda, los siguientes:

1. Mediante los Decretos 610 y 1239 de 1998, el Gobierno Nacional, dando cumplimiento al mandato contenido en el parágrafo del articulo 14 de la Ley 4 de 1992, consistente en revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad, creó la denominada bonificación por compensación para magistrados, fiscales delegados ante tribunales, etc.

2. Estas disposiciones consagraron este derecho prestacional con vigencia desde el 1 de enero de 1999 y en adelante.

3. Mediante Decreto 2668 de diciembre 31 de 1998, el Gobierno Nacional opto por derogar los mencionados decretos 610 y 1239 de 1998, y en abril 13 de 1999, expidió el decreto 664, mediante el cual creo la misma prestación, pero ahora consagrando sumas taxativas para cada cargo en particular inferiores a los porcentajes que derogo y a partir de septiembre 1 de 1999.

4. Este decreto, el 2668 de 1998, fue demandado en acción pública de nulidad

y el Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 lo anuló.

5. Los Procuradores Judiciales que prestan sus servicios ante los Tribunales o las Fiscalías Delegadas ante aquellos, tienen derecho a la misma remuneración de estos, conforme a lo dispuesto en el artículo 280 de la

Carta.

6. Frente a este hecho, la Administración opto por pagar a quienes prestaron los servicios en 1999, la bonificación referida, solamente por los meses de enero a agosto de 1999, lo cual se cumplió en el mes de diciembre de 2001, o en el presente año, en forma incompleta.

7. A los funcionarios que prestaron el servicio como Magistrados para aquella época, se les canceló un valor mensual de $4.388.998, lo cual implica una diferencia de $2.835.923 por cada mes, de ahí que frente al reconocimiento de la vigencia de los referidos Decretos, la Administración canceló, lo correspondiente a los meses de enero a agosto de 1.999, en cuantía de $19.058.000, menos los descuentos legales, siendo que lo adecuado era la suma de $ 22.687.384 por esos ocho meses.

8. No se canceló la bonificación precitada a partir del mes de septiembre de 1999, por considerar vigente el Decreto 664 de 1999, a partir del primero de dicho mes y año.

9. La demandante presentó derecho de petición y se le dio respuesta negándole el derecho. 10.Lo anterior ha motivado la acción que nos ocupa, con el objeto de demostrar que la Administración no obró conforme a derecho como a continuación se expone y que con la expedición de los actos administrativos está vulnerando el derecho a la bonificación por compensación consagrada

en los Decretos 610 y 1239 de 1998. Citó como NORMAS VIOLADAS, tal y como aparece en la demanda, las siguientes: De orden Constitucional: Artículos 2, 25, 53y 280 principalmente.

De orden Legal: Literales a y h del artículo 2, artículo 4 y parágrafo del Articulo 14 de la Ley 4 de 1992; Decretos 610 y 1239 de 1998, y ley 270 de 1996, articulo 152-7 principalmente.

Consignó como CONCEPTO DE VIOLACION: Las disposiciones de la Carta que citamos, contienen el mandato genérico del deber de las autoridades de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Así mismo, consagran el derecho al trabajo y el derecho a una remuneración y el principio de favorabilidad laboral. De otra parte, las normas legales traídas a colación establecen, de un lado, la potestad reglamentaria salarial en cabeza del Gobierno Nacional; y de otro, los criterios a los que el Gobierno debe ajustarse al expedir disposiciones relacionadas con los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos. Lo anterior significa que el Gobierno Nacional cuando expide las disposiciones cada año, lo hace en cumplimiento de expreso mandato de la ley 4 de 1992 y que por lo tanto su actividad tiene como límite las directrices contenidas en la referida ley. Estas directrices son principalmente; revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación y reclasificación atendiendo criterios de equidad y no desconocer los derechos adquiridos por aquellos. Es decir, que cuando el Gobierno Nacional expidió los Decretos 610 y 1239 de 1998, lo hizo atendiendo la orden que en el

sentido anunciado en los renglones anteriores le impuso la ley 4 de 1992. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas mediante el Decreto 2668 de 1998, lo cual generó su demanda, que terminó con sentencia de anulación por parte del Consejo de Estado el día 25 de septiembre de 2001, por lo que nuevamente cobraron vigencia. No obstante, el Gobierno Nacional en actitud obcecada, frente a los efectos del fallo precitado, considero que como quiera que la misma prestación ya estaba contenida en el Decreto 664 de abril 13 de 1999 y cuyos efectos legales se dispusieron a partir del primero de septiembre de 1999, es esta norma la que debe aplicarse a los servidores públicos a quienes va dirigida y a quienes por extensión constitucional les corresponde igual remuneración y no otra, por lo que ordenó pagar la bonificación por compensación únicamente de enero a agosto de 1999, conforme a los Decretos 610 y 1239 de 1998; y de septiembre de 1999 en adelante, consideró satisfecha la obligación prestacional, por haberse estado pagando conforme al decreto 664 de 1999. Norma que invoca en el acto acusado, estando derogada por el Decreto 2738 de 1.999, el cual también fue derogado por Decreto 1476 de 2.001 y este último por el Decreto 663 de 2002. Esta posición gubernamental es precisamente la que se erige como violatoria de las disposiciones que venimos mencionando por las siguientes consideraciones: En primer lugar, porque de estar vigente, como lo quiere hacer ver la

Administración, el Decreto 664 de 1999, ello no conllevaría la derogatoria de los Decretos 610 y 1239 de 1998, toda vez que la primera norma citada contiene mandato de derogatoria de las disposiciones que le sean contrarias y las normas de los segundos decretos referidos, no van en sentido contrario de las contenidas en el Decreto 664. Por el contrario, es justamente el Decreto 610 el que se ajusta los lineamientos de la Ley 4 de 1992, o en el peor de los casos resultarían complementarias, pues mientras que el Decreto 664 de 1999 y los dictados año por año con tal finalidad, consagra un valor taxativo que cada día va perdiendo valor adquisitivo, los Decretos 610 y 1239, disponen un porcentaje, lo cual matemáticamente siempre será ajustado desde el punto de vista económico, por lo que bastaría con aplicar el Decreto 664 de 1999 y los demás decretos anuales, en cuanto a sumar el valor allí dispuesto a la remuneración actual de los beneficiarios y luego, establecer si su resultado alcanza el porcentaje a que se refiere el Decreto 610 de 1998, y de no ser así, aplicarlo para pagar con fundamento en esta norma el reajuste faltante. No obstante, esta apreciación resulta extremadamente innecesaria, cuando de acuerdo con el principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la Carta, que consiste en que cuando exista duda sobra la aplicación de la ley, debe aplicarse la más favorable, por lo que, si de acuerdo con lo hasta aquí expresado, tanto el Decreto 610 y el Decreto 664, consagran una misma prestación social, en

razón de los efectos de la sentencia referida que dejo vigentes ambas disposiciones, lo riguroso es que deba aplicarse la más favorable. Esto es el Decreto 610 de 1998, sin más elucubraciones, descontando los valores que por el mismo concepto haya recibido el demandante durante el periodo que se demanda. Además tiene gran importancia entender que el Decreto 664 de 1999, sufrió pérdida de ejecutoria o decaimiento de las circunstancias de hecho y de derecho que lo originaron, al cobrar vida el Decreto 610 de 1998, como consecuencia de la nulidad decretada por el Consejo de Estado del Decreto 2668 de 1998. La anterior apreciación es suficiente para concluir que el Gobierno Nacional cuando expidió los actos administrativos aquí impugnados en nulidad, desconoció los derechos adquiridos por el demandante, entre otros, en el Decreto 610 de 1998; y el articulo 152-7 de la Le 270 de 1996 y que en una apreciación e interpretación flagrantemente violatoria de la ley 4 de 1992, no pagó a aquel los valores que las normas más favorables consagran en su favor, por lo que es necesario declarar su nulidad y disponer, al mismo tiempo, la inaplicación del Decreto 664 de 1999, lo mismo que de los demás decretos anuales que fijaron el monto de la bonificación en un valor inferior al legal, para en su lugar decretar que e1 pago de la bonificación por compensación a que tiene derecho quien aquí obra como demandante debe hacerse siguiendo las reglas de los Decretos 610 y 1239

de 1998 y descontando el valor que ya haya sido cancelado conforme a los decretos anuales. No obstante, es necesario precisar que la Administración al expedir el oficio de respuesta y al confirmarlo, negando el pago ahora reclamado, lo mismo que el Decreto 664 de 1999. Actos demandados en este proceso, pudo tener como objeto cesar los efectos de las demandas que se presentaron por algunos de quienes hoy impugnan estos actos, toda vez que por razones de la época en que fueron expedidos ya no es posible adicionar acusación dentro de la misma demanda y de ahí la pertinencia de la que ahora se invoca, pues en la primera demanda sus efectos podrán llegar hasta la expedición del Decreto 664, por no haber sido demandado, mientras que esta demanda va dirigida a obtener el reconocimiento del Derecho en lo dejado de cancelar entre el mes de junio de 2001 y en adelante, con sus consecuencias jurídicas, acorde con el tiempo de servicio de la parte actora, para no dejarle espacio alguno a la ejecutoriedad a los actos expedidos sobre la materia por parte de la Administración, que puedan dejar burlados los derechos de los beneficiarios. Por las razones expresadas, hay que concluir que el Gobierno Nacional primero cumplió a los 6 años el mandato de revisar la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial y luego pretendió desconocer el derecho así adquirido por aquellos, expidiendo de una parte, el Decreto 2668 de 1998, el cual fue anulado y luego consagrándolo en menor cuantía en el Decreto 664 de 1999 y los decretos posteriores expedidos para fijar el monto de la bonificación anualmente. Es decir,

desmejorando la prestación, lo que va en contravía del mandato de la Ley 4 de 1992, por lo que se impone la inaplicación. La demanda fue admitida por auto del 6 de febrero de 2004 que ordenaba su notificación y abría el término de traslado de la demanda al Sr. Procurador General de la Nación y al Ministerio Público, a través del Delegado en Asuntos Administrativos del Tribunal. Los funcionarios de la Vista Fiscal se declararon impedidos y, en su reemplazo, fue designado el Procurador Regional de Santander, con quien se surtió lo ordenado en el auto admisorio, en diligencia que se adelantó el día 23 de junio de 2004. Posteriormente, y de manera conjunta, los Magistrados del Tribunal presentaron un escrito en el que se declaraban impedidos para conocer del asunto a partir de la causal prevista en el Art. 150, nal. 1º del C.P.C. Su impedimento fue aceptado por el Consejo de Estado, mediante providencia del 24 de noviembre de 2005, razón por la cual el Tribunal conformó la Sala de Conjueces. Por auto del 21 de febrero de 2007, el ponente dispuso que se notificara personalmente al Sr. Procurador General de la Nación, al considerar que debía vincularse legalmente al proceso a la entidad que representa por haber sido citada como demandada. La Procuraduría se abstuvo de contestar la demanda dentro del término de fijación en lista que comenzó a contabilizarse el día 2 de mayo de 2007, a pesar de que había conferido su representación al Dr. Joaquín Norberto Gómez Acevedo según

poder que obra a fl. 62 del expediente y de que se le reconoció personería jurídica al togado mediante auto del 11 de julio de 2007. Notificado en legal forma, el Ministerio Público dio contestación a la demanda mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander el día 3 de diciembre de 2009. En su memorial, la vista fiscal se opuso íntegramente a las pretensiones de la actora con base en argumentos que giraron alrededor de la falta de competencia del Tribunal para conocer de la acción presentada puesto que el mecanismo procesal contenido en el artículo 85 del C.C.A. no es procedente, en su sentir, para cuestionar la legalidad de los actos administrativos de carácter general, como el Decreto 664 de 1999, acudiendo para fincar su posición a la teoría de los móviles y finalidades. Adicionalmente, aseveró que antes de acudir a la jurisdicción, era necesario que la actora agotara los recursos legales que incoan la vía gubernativa contra este decreto. Señaló, además, que la sentencia por medio de la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 sólo es aplicable durante la vigencia del mismo, es decir, entre el 1º de enero y el 13 de abril de 1999, lapso dentro del cual no existió la bonificación por compensación. Posteriormente, aseveró que la parte resolutiva del Decreto 610 de 1998 es la única con carácter vinculante y que, consecuentemente, los incrementos de 70% y 80% proyectados para los años 2000 y de 2001 en adelante por concepto de la prestación discutida

no son vinculantes, razón por la cual no se realizó una reserva presupuestal para cubrir estas erogaciones. Afirmó también que el pago de la bonificación demandada se encontraba sujeto a la aprobación legislativa del presupuesto presentado por el Ejecutivo y que, al no haberse cumplido con esta condición, se hacía imposible su cancelación. Indica, frente al Decreto 2668 de 1998 que el mismo debió ser controvertido ante la Administración al afectar derechos individuales antes de iniciar las acciones judiciales procedentes. Señala que al no haberse vinculado a la Procuraduría General de la Nación a este procedimiento, no se pudo debatir su aplicación por parte de la entidad. Adujo que, por su naturaleza jurídica y las funciones asignadas a ella por la Constitución y la Ley, a la Procuraduría General de la Nación no le corresponde establecer el régimen salarial y prestacional de los funcionarios vinculados a dicha entidad, razón por la cual no adquiere calidad de parte y, al no haber intervenido en el proceso de expedición del Decreto 2668 de 1998, cuya responsabilidad puede recaer en la entidad que lo expidió, en su caso particular, en el Gobierno Nacional – Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda-, de la cual no hace parte la Procuraduría. Concluyó su alegato señalando que la Procuraduría es una ejecutora de las políticas expedidas por el Gobierno Nacional, particularmente las referidas a la bonificación por compensación. Con auto calendado 11 de julio de 2007 se abrió a pruebas el proceso, recaudando las que en su oportunidad analizó el a-quo.

Las parte actora exclusivamente, presentó alegaciones conclusivas acompañadas de abundante material ilustrativo de procedibilidad de sus pretensiones.

LA SENTENCIA IMPUGNADA: El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia proferida el día siete (7) de marzo de dos mil ocho (2008), y una vez verificado que el procedimiento no adolecía de nulidad alguna que lo invalidara, consideró que el decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 de 1998, norma mediante la cual el Gobierno Nacional reguló lo referente a la bonificación por compensación a ser cancelada a los Magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar, así como a los Magistrados Auxiliares de las altas cortes, a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional, a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, a los fiscales ante Tribunal de Distrito, y a los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, es el compendio normativo llamado a incardinar el pago de la mencionada prestación.

En efecto, consideró el a quo que, no obstante haberse derogado este decreto por el Decreto 2668 de 1998, la anulación de este último por parte del Consejo de Estado mediante providencia emanada de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001) condujo a que el Decreto 610 de 1998 recuperara su vigencia y fuerza ejecutoria, dados los efectos ex tunc de la nulidad profesada.

Así mismo, señaló el Tribunal que frente al Decreto 664 de 1999 acaeció el fenómeno conocido por la doctrina como decaimiento del acto administrativo, de conformidad con el artículo 66, numeral 2º del C.C.A., al perder éste sus fundamentos fácticos y jurídicos. Fundó esta posición el a quo en que los motivos que llevaron a la expedición de este cuerpo normativo se circunscribían a la necesidad de regular la bonificación por compensación al haber sido derogado el régimen del decreto 610 de 1998 por el decreto 2668 del mismo año, situación que, a la declaratoria de nulidad del segundo de estos decretos, cambió completamente, puesto que lo mandado por el decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y, consecuentemente, el vacío que se presentaba respecto a la bonificación por compensación dejó de existir. Como consecuencia de estos razonamientos, el Tribunal consideró que los actos administrativos demandados carecían de un sustento “… fáctico y jurídico congruente con las normas superiores (…) y con las mismas decisiones de la jurisdicción; razón por la cual, estima que debe darle viabilidad a las pretensiones de la demanda, declarando nulos los actos demandados” (fl. 134). A renglón seguido, entonces, dispuso condenar a LA NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar, a título de restablecimiento del derecho, a favor de la señora GENITH TOLEDO una bonificación por compensación mensual y con carácter permanente, equivalente al sesenta por

ciento (60%) de los ingresos que por todo concepto perciban los Magistrados de Ia Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de Ia Judicatura y el Consejo de Estado a partir del 1 de enero del año 1.999 y para esa vigencia; del setenta por ciento (70%) para Ia vigencia fiscal del 2.000 y del ochenta por ciento (80%) para la vigencia fiscal del 2.001, y en adelante, a términos del decreto 610 de 1.998, teniendo en cuenta las sumas que se hayan pagado hasta Ia fecha.

IMPUGNACIÓN: Mediante escrito calendado el día trece (13) de marzo de dos mil ocho (2008), el Sr. Apoderado de la parte demandada presentó escrito contentivo de recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander solicitando que se revoque el mismo y, en consecuencia, se reconozca la validez de los actos administrativos demandados. En su sustentación, el representante de la parte accionada, señala que la Sala de Conjueces no dio una respuesta convincente a los argumentos presentados por el Ministerio Público en su contestación y acogió la postura del salvamento parcial de voto presentado por el conjuez RODRÍGUEZ NAVAS en el sentido de considerar que el Decreto 610 de 1998 no incluye en su parte resolutiva los incrementos del 70% y el 80% en el pago de la bonificación al que fue condenada la demandada. Adicionalmente refirió que sería absurdo considerar que con la expedición anual de los decretos

reguladores de la prestación discutida se estuviera quebrantando el mandato establecido en el Decreto 610 de 1998. Finalmente, recordó que el Decreto 664 de 1999 fue derogado en 2000 y lo mismo sucedió con los demás actos administrativos que regularon anualmente la bonificación por compensación, razón por la cual “… no están vigentes, y de estarlo deben necesariamente inaplicarse por la jurisdicción por ser violatorios del aludido Decreto 610 de 1998” (fl. 146). En efecto, señaló que la anulación del Decreto 2668 de 1998 implicó la pérdida de fuerza ejecutoria de los decretos proferidos con posterioridad al 610 de 1998. Mediante escrito radicado el día 27 de marzo de 2008, el Procurador Regional de Santander rinde concepto sobre el recurso de apelación presentado por la demandada. En su memorial, considera que la bonificación por compensación contenida en la parte resolutiva del Decreto 610 de 1998, único acápite que en su sentir es vinculante, es equivalente al 60% de los salarios de los Magistrados de las Altas Cortes para el año de 1999 y que para los años 2000 y 2001 no se hizo previsión alguna por esta norma, razón por la cual no se podía hacer una reserva presupuestal por estos conceptos para las anualidades mencionadas. Ahora, teniendo en cuenta que el pago de la bonificación por compensación se encontraba sujeto a la condición de la aprobación legislativa del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, señala que la ausencia de semejante partida

presupuestal imposibilitaba a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para realizar el pago de lo demandado por el actor que, en cambio, tenía derecho a las sumas fijadas por el Decreto 664 de 1999 por este concepto, acto administrativo que fue encontrado ajustado a la ley por el Consejo de Estado. El apoderado de la parte actora solicitó, mediante escrito del 11 de abril de 2008 que se denegara el recurso de apelación interpuesto por el Sr. GÓMEZ ACEVEDO contra la sentencia de primer grado en la medida en que el mismo, según el petente, no aparece reconocido en el expediente como apoderado de la Procuraduría General de la Nación ni acompañó mandato alguno, debidamente conferido y presentado por la entidad demandada, o acreditó su calidad de abogado. Luego de verificar la situación procesal del Sr. GÓMEZ ACEVEDO, el a quo resolvió rechazar el recurso de apelación por él interpuesto pero conceder, en el efecto suspensivo, el recurso de alzada interpuesto por el agente del ministerio público, mediante auto del 6 de agosto de 2008. El día 21 de agosto de 2008 el Tribunal Administrativo de Santander remitió las diligencias al Consejo de Estado, en un cuaderno con 173 folios que fue recibido por esta Corporación el día 22 de agosto de 2008. La apelación se admitió por esta Corporación e