CE-68001-23-15-000-2005-01915-02(0695-09)-2011

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS – Fijación. Competencia / PENSION DE JUBILACION – Regulación por convención colectiva o norma territorial La Constitución Política de 1991 no ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, por ello, corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para fijar los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, por lo que es ilegal cualquier disposición referente a: (a) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (b) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas al tema, tal como sucedió en el caso de la E.S.E. Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 150

EMPLEADOS PUBLICOS – Imposibilidad de presentar pliego de peticiones y celebrar convenciones colectivas Los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, no tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas. Empero, tampoco se les puede vulnerar su derecho a buscar por diferentes medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que los afectan, sin quebrantar, obviamente, la facultad que ostentan las autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de forma unilateral, las condiciones laborales de los

empleados públicos. En todo caso, dichos mecanismos de concertación deben permitir afianzar un clima de tranquilidad y justicia social. PENSION DE JUBILACION – Reconocimiento con base en convención colectiva. Requisitos Teniendo en cuenta que la accionada fue pensionada en su condición de empleada pública al amparo de disposiciones convencionales, procede la Sala a establecer si se reúnen los siguientes requisitos, con el ánimo de determinar si es viable, a pesar de la ilegalidad del reconocimiento, salvaguardar su situación pensional: (a) Que su prestación haya sido consolidada o adquirida con anterioridad al 30 de junio de 1995, esto es, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el orden territorial; y, (b) Que su prestación de orden convencional se halle dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Frente al primer aspecto, cabe resaltar que la prestación de la demandada se concedió por acreditar el requisito de 25 años de servicios y 45 años de edad, por lo que con base en las disposiciones convencionales adquirió el status de pensionada el 3 de enero de 1997, fecha en la cual cumplió la edad requerida, porque ya tenía el requisito del tiempo de servicio. En ese orden de ideas, el derecho pensional lo adquirió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el orden territorial (30 de junio de 1995), razón por la cual no le asiste el derecho a que el reconocimiento efectuado sea salvaguardado, conforme a la posición de la Sala.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “A”

Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 68001-23-15-000-2005-01915-02(0695-09)

Actor: HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON GONZALEZ VALENCIA Demandado: CLEOFELINA ORDUZ DE GONZALEZ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 28 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES La apoderada de la ESE Hospital Ramón González Valencia – en liquidación, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A. solicita las

siguientes declaraciones y condenas:

1. Inaplicar por vía de excepción por ser inconstitucionales e ilegales el literal a) de la Cláusula Quinta y la Cláusula Sexta de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el año 1997.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 1175 de 30 de diciembre de 1997, expedida por el mismo ente, mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación a la señora Cleofelina Orduz de González, en cuantía de $893.049, a partir del 30 de diciembre de 1997, sin cumplir el requisito de edad exigido,

excediendo el tope legal y con inclusión de factores no determinados en la ley.

3. Declarar que la ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia – en liquidación, no está obligada a continuar cancelando a la demandada la pensión de jubilación reconocida irregularmente, y en el evento de que esta cumpliera los requisitos para acceder a la pensión de vejez durante el curso del proceso, se declare que la prestación debe ser asumida por el respectivo fondo de pensiones donde se encuentre afiliada, y

4. A título de restablecimiento del derecho, que se declare que la demandada debe a la Empresa Social del Estado la suma de $122.340.052, por concepto de los valores reconocidos y pagados sin tener derecho a ellos, más las sumas que resulten hasta la declaratoria de suspensión de los actos impugnados, o en su defecto, hasta la culminación del proceso. Que se reintegre esa suma de dinero y que sea actualizada a valor presente, conforme al artículo 179 del C.C.A., y se condene en costas a la demandada si se opusiere a la demanda.

Expone como hechos de la demanda que la señora Cleofelina Orduz de González nació el 3 de enero de 1952, se vinculó al Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga a través del acta de posesión No. 149 de 1971, para ejercer las funciones de Ayudante de Enfermería y, posteriormente, fue nombrada como auxiliar de estadísticas inscrita en carrera administrativa como Auxiliar de Enfermería. Estuvo vinculada a la Institución por 26 años, 8 meses y 29 días, desde el 1° de

abril de 1971 hasta el 30 de diciembre de 1997, ostentando la calidad de empleada pública, ejerciendo las labores contenidas en el Decreto 1335 de 1990, hasta que se expidió el manual de funciones del Hospital, el 1° de enero de 2001. El Hospital fue transformado en Empresa Social del Estado mediante Decreto Departamental 096 de 14 de agosto de 1995, razón por la cual las personas vinculadas se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990. Aduce que las entidades hospitalarias del Departamento, entre ellas la E.S.E. Hospital Universitario Ramón González Valencia, suscribieron negociaciones colectivas desde 1970, siendo la última la de 1995. Desde la Convención de 1986 una cláusula de la convención estableció una lista de trabajadores oficiales, desbordando la categoría de labores de mantenimiento y sostenimiento, y a continuación dispuso que quienes desempeñaran dichos cargos tendrían derecho a presentar y negociar pliegos de peticiones, así como también a suscribir convenciones colectivas. Una de aquellas prerrogativas de los trabajadores que se encontraran desempeñando los cargos enlistados en la Convención Colectiva, era la de acceder a la pensión plena de jubilación, la cual, de conformidad con lo establecido en la cláusula trigésima sexta, se reconocía con: (i) 20 años de servicios y 55 años de edad si era hombre o 50 años de edad si era mujer o, (ii) 25 años de servicios a la institución y 47 años de edad si era hombre o 45 años de edad si era mujer o, (iii) 10 años de servicio a la institución, si ingresó con

anterioridad al 1º de enero de 1978, y 53 años de edad el hombre o 48 años de edad la mujer; asimismo, que la prestación pensional ascendería al 100% del salario promedio devengado durante el último año, incluyendo como factor salarial los siguientes conceptos: salario básico, prima de alimentación, prima semestral, prima de antigüedad, vacaciones, prima de vacaciones, horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos, prima de navidad y auxilio de transporte. Expresa que la regulación pactada para el reconocimiento pensional le fue aplicada en forma ilegal a los empleados públicos de la entidad, dada la clasificación irregular que se acordó en la cláusula quinta, desconociéndose flagrantemente la competencia exclusiva del legislador en materia de clasificación de empleos y por ende extendiendo beneficios convencionales a un personal sometido por el carácter de sus funciones a un régimen salarial y prestacional legal y reglamentario. La aplicación de las disposiciones convencionales a empleados públicos fue suspendida en el año 1993, lo cual generó un conflicto laboral de grandes proporciones a nivel hospitalario en todo el Departamento, por tanto, la Secretaría de Salud Departamental expidió las Circulares de 29 de junio y 23 de agosto de 1993, mediante las que se insertó un listado de personal vinculado antes de 1982 a quienes se les dio la denominación de empleados públicos con derechos convencionales y quienes se beneficiarían de las disposiciones pensionales extralegales vigentes a diciembre de 1992. Posteriormente, la Resolución No. 2032 de 29 de diciembre de 2003, proferida por

la E.S.E., eliminó cualquier beneficio convencional a los empleados públicos; y, en consecuencia, la sujeción estricta al régimen salarial y prestacional legal. Comenta que la señora Cleofelina Orduz de González solicitó a la Institución el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por acreditar 45 años de edad y 25 años de servicios a la entidad, acogiéndose a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta de la Convención Colectiva, pese a que, afirma, no le era aplicable por su condición de empleada pública. A pesar de lo anterior, mediante la Resolución No. 1175 de 30 de diciembre de 1997, la E.S.E. le reconoció la prestación en cuantía de $893.049, correspondiente al 100% del salario promedio devengado en el último año de servicios, efectiva a partir del 30 de diciembre de 1997, incluyendo como factores salariales el sueldo básico, la prima de alimentación, el subsidio de transporte, recargos, bonificación, primas de navidad, de servicio y vacacional. Manifiesta que dicho reconocimiento transgredió la Ley 33 de 1985, régimen pensional aplicable a los empleados públicos, pues no acreditaba 55 años de edad, igualmente, la pensión excedió en un 25% el monto consagrado en la norma. Agrega que de haberse realizado legalmente el reconocimiento de la prestación a la demandada, se hubiera efectuado a la edad de 55 años con 20 años de servicios, es decir a partir del 3 de enero de 2007, y en porcentaje del 75% del promedio de los salarios devengados en el último año, aplicando

exclusivamente los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994. Precisa que actualmente paga una mesada pensional a la señora demandada en cuantía equivalente a $1.855.116. Narra que desde el año 1974 ha realizado los aportes para pensión al Instituto de Seguros Sociales, incluso con posterioridad al reconocimiento de la pensión a la accionada, con el objeto de que una vez acredite los requisitos establecidos de ley, aquel asuma la prestación. Finalmente, aduce que por Decreto Departamental No. 0023 de 4 de febrero de 2005 se ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E., debido a la crisis económica por la que atravesaba, generada en parte por los reconocimientos extralegales que se efectuaron ilegalmente a un número considerable de funcionarios en materia prestacional. Como normas violadas indica la Constitución Política de 1886, artículos 62 y 76, numerales 9º y 10º; la Ley 153 de 1887 artículos 9º, 12 y 14; el Plebiscito de 1957 artículo 5º; los Decretos 3135 de 1968 artículo 5º, 1848 de 1969 artículos 1º, 2º y 3º y 694 de 1975, artículo 2º, las Leyes 6ª de 1945 artículos 7º y 22, 33 de 1985 artículos 1º y 3º, y 62 de 1985 artículo 1º, 10 de 1990 artículo 26; la Constitución Política de 1991 artículos 150, numeral 19, literales e) y f) y 243; las Leyes 4ª de

1992 artículos 1º, 10º y 12 y 100 de 1993 artículos 1º, 2º, 11, 18, 35, 36 y 289; y los Decretos 1014 de 1994, 314 de 1994 artículos 2º y 3º, 691 de 1994, 1158 de 1994 artículo 1º y 1569 artículo 15. El concepto de violación lo desarrolla de folio 123 a 133.

2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ACUSADO Mediante auto de 19 de agosto de 2005, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente el artículo 1° de la Resolución No. 1175 de 30 de diciembre de 1997, en cuanto reconoció una pensión superior al 75% de los factores pensionales que recibía la parte demandada. Posteriormente, por auto de 11 de noviembre de 2005, dicha colegiatura aclaró su determinación, en el sentido de indicar que la suspensión provisional del artículo 1° de la Resolución en comento, no conllevaría la privación del pago de la pensión de la parte demandada, sino sólo en lo que excediera el 75% autorizado por la ley.

No obstante, por auto de 15 de junio de 2006, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, revocó el auto de suspensión y en su lugar, denegó la medida provisional decretada (Fl. 179 a 184 C2).

3. SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 28 de noviembre de 2008, inaplicó, para el presente caso, las cláusulas quinta y trigésimo sexta de la Convención Colectiva de Trabajo que sirvió de fundamento jurídico al acto

impugnado; declaró la nulidad de la Resolución No. 1175 de 30 de diciembre de 1997, expedida por la ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia, por la cual reconoció una pensión de jubilación a favor de la demandada. De otro lado, ordenó reliquidar la pensión de jubilación a favor de la señora Cleofelina Orduz de González, ajustándola al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, teniendo como factores base de liquidación, los enlistados en la Ley 62 de 1985, determinó que la reliquidación ordenada debe efectuarse a partir de la ejecutoria de la providencia y denegó las demás pretensiones de la demanda. Determinó que las prestaciones jurídicas de los servidores del Estado son reguladas por el legislador, así como la clasificación de empleado público o de trabajador oficial compete sólo a la ley. Del mismo modo, únicamente la Carta Política y la ley tienen la facultad de fijación del régimen salarial y prestacional, por ende, son ilegales las normas de carácter local, como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos de carácter nacional o departamental que regulen la materia. Al analizar las cláusulas de la convención colectiva de trabajo de las cuales se solicita inaplicación, concluyó que en estas se usurpan facultades del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, para categorizar el régimen de servidores públicos y establecer requisitos para el reconocimiento de la pensión. En ese sentido, dijo que el Hospital demandante está obligado a reconocer y pagar

pensiones de jubilación a sus servidores respetando las normas legales reguladoras de la materia. En cuanto a la situación particular de la demandada, precisó que se desempeñó como empleada pública, pues sus funciones de Ayudante de Enfermería no eran propias de construcción y sostenimiento de obra pública, teniendo en cuenta la Ley 10 de 1990, por consiguiente, no le eran extendibles las previsiones de la Convención Colectiva, y en consecuencia, le resulta aplicable el régimen de la Ley 33 de 1985, debiendo acreditar 55 años de edad y 20 de servicios, dado que se encontraba en régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Precisó que a partir del régimen aplicable, adquirió el derecho a pensión el 3 de enero de 2007, sin embargo, la entidad actora lo reconoció el 30 de diciembre de 1997 con base en las Convenciones Colectivas de Trabajo, las cuales le otorgaron al cargo de la actora, Auxiliar de Enfermería, la categoría de trabajador oficial. Que sin embargo, hay lugar a reliquidar la pensión en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, teniendo en cuenta los factores determinados en la Ley 62 de 1985, a partir de la fecha en la que en realidad adquirió el status de pensionada (3 de enero de 2007). Denegó la pretensión de reintegro de lo pagado a la demandada toda vez que se presume su buena fe, pues actuó con la confianza legítima de haber adquirido el derecho con arreglo a justo título.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada apela la decisión de primera instancia. Reitera los argumentos de la cosa juzgada y la buena fe alegados, e indica que el a quo no se ocupó de abordar el tema de la trascendencia de los fallos proferidos por la Jurisdicción Ordinaria que declararon la legalidad de las cláusulas convencionales que sirvieron de fundamento al acto administrativo declarado nulo, a partir de los cuales la señora Cleofelina Orduz tuvo la convicción de estar actuando con la confianza legítima de adquirir un derecho fundamentado en disposiciones legales. Para resolver, se

5. CONSIDERA 5.1. Problema jurídico planteado Es pertinente resaltar, previamente a establecer el problema jurídico, que el juez de segunda instancia está sometido al objeto del recurso incoado contra la providencia proferida por el a quo, razón por la cual no es dable entrar a pronunciarse sobre aspectos ajenos al mismo ni mucho menos “modificar en peor” la situación del único apelante, al tenor de lo establecido en los artículos 31 de la Constitución Política y 164 del C.C.A.

Por tanto, de conformidad con el escrito de apelación, se trata de determinar si se transgreden los principios de la cosa juzgada y la buena fe de la demandada, en tanto existen fallos proferidos por la Jurisdicción Ordinaria que declararon la legalidad de las cláusulas convencionales que sirvieron de fundamento al acto administrativo declarado nulo por el a quo, a partir de los cuales la señora Orduz de González tuvo la convicción de estar actuando con la confianza legítima para

adquirir su derecho pensional en las condiciones contenidas en aquel. 5.2. Resolución del caso concreto De conformidad con las probanzas arrimadas al plenario se tiene que la señora accionada, Cleofelina Orduz de González, se vinculó al Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga mediante acta de posesión No. 179 de 22 de abril de 1971, como Ayudante de Enfermería, nombrada por Resolución No. 149 de 22 de abril de 1971 (Fls. 18 y 19). Posteriormente fue ascendida al cargo de Auxiliar de Enfermería (Fl. 20). Mediante Resolución No. 13517 de 21 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa como Auxiliar de Enfermería (Fl. 21). A través de la Resolución No. 1175 de 30 de diciembre de 1997, objeto de demanda, la ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia reconoció a favor de Cleofelina Orduz de González, una pensión de jubilación a partir de esa misma fecha, en los términos de la cláusula trigésimo sexta de la Convención Colectiva de Trabajo, literal a), numeral 2b, por haber laborado 26 años de servicios y tener 45 años de edad (Fl. 25 a 27). Según consta en el acto de reconocimiento pensional, la demandada laboró para la Entidad actora desde el 1° de abril de 1971 hasta el 30 de diciembre de 1997. La Convención Colectiva de 1991 suscrita entre el Hospital Universitario Ramón

González Valencia de Bucaramanga, entre otros, y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de los Centros Hospitalarios de Santander, tuvo inicialmente vigencia de un año, del 1º de enero de 1991 al 31 de diciembre del mismo año, e incluyó las siguientes cláusulas relevantes para el asunto objeto de estudio en el presente asunto:

“CLÁUSULA QUINTA.- CATEGORÍAS Y SALARIOS.

Se establece para la vigencia de la presente Convención las siguientes categorías y salarios: a) Para el Hospital Universitario Ramón González Valencia.

CATEGORÍA CARGOS

(…) IV $72.142.oo Auxiliar de Enfermería (…) V $65.845.oo Ayudante Enfermería (…)

CLAUSULA SEXTA.- RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES

OFICIALES.

Los Hospitales que suscriben la presente Convención Colectiva de Trabajo, reconocen como Trabajadores Oficiales, vinculados mediante contratos de trabajo, amparados por el Código Sustantivo del trabajo, con derecho a presentar, negociar Pliego de Peticiones y firmar Convenciones Colectivas de Trabajo a quienes se desempeñen en los cargos u oficios establecidos en las categorías de la Cláusula Quinta de la presente Convención. (…)

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- PENSIONES.

Los Hospitales que suscriben la presente Convención Colectiva de Trabajo reconocerán y pagarán las pensiones, como a continuación se reglamenta:

A. PENSIONES DE JUBILACIÓN.

1. NORMAS GENERALES. a) Todos los Hospitales reconocerán la pensión plena de

Jubilación a quienes cumplan Veinte (20) años de servicio, cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y cincuenta (50) años, si son mujeres. b) Todos los Hospitales reconocerán pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la Institución, con cuarenta y cinco de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) años si son hombres.

2. EXCEPCIONES: (…) b) En el Hospital Universitario Ramón González Valencia también se reconocerá la Pensión Plena de Jubilación a quienes cumplan cincuenta y tres (53) años de edad si son hombres y cuarenta y ocho (48) años si son mujeres y hayan laborado diez (10) años en el Hospital, si ingresaron antes del primero (1º) de Enero de mil novecientos setenta y ocho (1.978).

(…)

3. La pensión de Jubilación en todos los casos enumerados, se pagará con el ciento por ciento (100%) del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio.

(…). Conforme lo precisa la apelante, el Hospital Ramón González Valencia demandó ante la Jurisdicción Laboral a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la Comunidad – ANTHOC, a fin de que se declarara ilegal o sin valor el contenido de las cláusulas 5ª y 6ª del Acuerdo Convencional suscrito el 24 de mayo de 1991 entre los Hospitales del Departamento de Santander y ANTHOC. Deprecó en esa oportunidad, que se declarara que no existía

obligación entre las partes vinculadas de acatar las cláusulas convencionales por ser violatorias de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990 y el artículo 30 numeral 1-50 del Decreto Reglamentario 1335 de 1990, en consecuencia, solicitó que se ordenara al entonces demandado abstenerse de requerir el cumplimiento de las cláusulas demandadas, en cuanto refieren a la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales. Dicha controversia fue desatada en primera instancia mediante sentencia de 18 de agosto de 1995, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el sentido de absolver a ANTHOC de los cargos formulados. A tal conclusión arribó ese despacho toda vez que no se allegó en debida forma el documento prueba de la Convención Colectiva, por tanto, no le reconoció mérito probatorio alguno, y en consecuencia, se relevó de ahondar en la legalidad invocada (Fl. 161 a 166 C2). La sentencia fue apelada, y el recurso resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral mediante sentencia de 9 de abril de

1996. En esta indicó que la mención de cargos incluida por las cláusulas demandadas no contrarían “el orden jurídico público u organizacional del Estado”, pues se trató de otorgar una estabilidad especial a los empleados públicos. Como consecuencia, confirmó la decisión recurrida (Fl. 167 a 173 C2).

La Sala encuentra que los argumentos del aquí apelante respecto de la existencia de cosa juzgada y principio de buena fe sustentados en los pronunciamientos descritos, no tienen asidero alguno.

En efecto, si bien la Jurisdicción Ordinaria Laboral se pronunció sobre la legalidad de las disposiciones de la Convención Colectiva dejándolas incólumes, es evidente que al observar las pretensiones de la demanda sub examine, en ellas no se solicita expresamente pedimento análogo a aquel, por el contrario, la parte actora solicita la inaplicación de dichas disposiciones y la anulación de un acto administrativo de contenido particular que considera apartado del ordenamiento jurídico aplicable, análisis al que se limitó el a quo. Así las cosas, no se trata de estudiar la necesidad de retirar del ordenamiento jurídico la Convención Colectiva enunciada. Bajo ese panorama, el análisis planteado se restringió a la situación particular de la empleada de acuerdo a la época en que adquirió el status de pensionada. Ahora, si bien no fue materia del recurso de apelación, la Sala pasará a realizar ciertas precisiones en cuanto al régimen legal en materia de pensional de los empleados de la ESE Hospital Ramón González Valencia, de conformidad con el criterio adoptado en pronunciamiento anterior1, que si bien se aparta del análisis contenido en las sentencias de la Jurisdicción Ordinaria, no plantea la declaratoria de ilegalidad de la Convención Colectiva. Competencia para la fijación del régimen pensional El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, dispone: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes

efectos: (...) e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública...”. En este orden de ideas, la Constitución Política de 1991 no ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, por ello, corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para fijar los requisitos y condiciones del reconocimiento de la 1 Sentencia de 26 de agosto de 2010, Expediente No. 680012315000200502252-01, Número Interno 0785-2009, ACTOR: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA DE BUCARAMANGA – EN LIQUIDACIÓN, C.P. doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. pensión de jubilación de los empleados públicos2, por lo que es ilegal cualquier disposición referente a: (a) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (b) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas al tema, tal como sucedió en el caso de la E.S.E. Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga. A su turno, la Ley 4ª de 1992, dispuso en su artículo 12: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.”.

El artículo 10 de esta misma norma determinó: "Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.”. Así, para efecto del reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, la E.S.E. estaba y está en la obligación de sujetarse a las normas legales que regulan el régimen pensional de los empleados del Estado bajo las normas de la Constitución Política de 1991, y no acudir a normas expedidas por esa misma entidad para reconocer pensiones que desbordan los límites legales. Sobre este asunto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, C.P. doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce, sostuvo: “De todo lo anterior, se tiene que antes de la expedición de la Constitución de 1991, conforme a la reseña histórica, el sistema 2 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M. P. doctor Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: “El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer

unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.”. salarial y prestacional de los empleados públicos presentaba las siguientes características: a. De 1886 a 1968. Según el texto original del artículo 62 de la Constitución de 1886, la ley determinaba las condiciones de jubilación y el Congreso de la República creaba todos los empleos y fijaba sus respectivas dotaciones (artículo 76.7). (...) b. A partir del acto legislativo No. 1 de 1968, el Congreso determinaba las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se contempló la posibilidad de revestir “pro tempore” al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (artículo 76.12). En todo caso, es claro que para esa época el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los niveles – nacional, seccional o localtenía única y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido –acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas.”. En este orden de ideas, en vigencia de la Constitución Nacional de 1886 cualquier dispos