CE-68001-23-31-000-2009-00111-01(46995)D-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

AUSENCIA DE PRUEBA INCRIMINATORIA / INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

EXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO

[C]omo la decisión que restringió la libertad […] fue contraria al ordenamiento legal, pues se cimentó única y exclusivamente en una interceptación telefónica, la cual no contó con respaldo probatorio alguno, es claro que, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, se encuentran reunidos los elementos fundamentales para imputarle responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación por los hechos objeto de debate, pues incurrió en una falla en la prestación del servicio, que condujo a que el citado señor fuera privado injustamente de su libertad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la metodología de análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio del 2019, rad. 39626, C. P. Alberto

Montaña Plata.

DEBERES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS HECHOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN

PREVENTIVA DOMICILIARIA / EXISTENCIA DEL INDICIO / INEXISTENCIA DE

LA PRUEBA / EXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO /

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

[L]a Fiscalía, a la luz de lo dispuesto en el artículo 319 del C. de P.P. (Decreto 2700 de 1991), tenía el deber de iniciar una investigación previa, con el fin de recaudar pruebas y establecer si se reunían los requisitos para iniciar la acción penal […]. […] [R]esulta evidente, entonces, que la actuación de la Fiscalía General de la Nación determinó que la privación de la libertad de la cual fue objeto el [actor] resultara injusta, en la medida en que no fueron satisfechos los requisitos formales y sustanciales para la imposición de esa medida de aseguramiento. A juicio de la Sala, la vinculación a un proceso penal y la imposición de las medidas de aseguramiento de detención preventiva y detención domiciliaria […] no resultaron razonables, puesto que, de un lado, la Fiscalía no contaba siquiera con un indicio suficiente que lo relacionara con los punibles imputados y, de otro lado, porque el único sustento en que se apoyó […] no contó con respaldo probatorio alguno. […] [E]s claro que la Fiscalía General de la Nación profirió unas decisiones contrarias a derecho, toda vez que no se ciñeron a lo dispuesto en el ordenamiento legal y, por lo mismo, en este caso se configuró una falla en la prestación del servicio -error judicial-, […] a través de la cual la accionada definió la situación jurídica del demandante con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, medida que fue sustituida posteriormente por detención

domiciliaria, error que, como se vio atrás, se hizo evidente […].

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 – ARTÍCULO 319

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 18 de julio de 2019, rad.

44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

EXONERACIÓN DE LA CULPA / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE

PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN PRISIÓN DOMICILIARIA Con fundamento en las máximas de la experiencia, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad y que luego son exoneradas de responsabilidad penal sufran perjuicios de carácter moral, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil. Adicionalmente, la Sala ha sostenido que en los casos en que concurran diferentes medidas preventivas, como la privación de la libertad en un centro carcelario o penitenciario, la detención domiciliaria o la libertad provisional, la indemnización se deberá cuantificar proporcionalmente, con el fin de establecer de manera exacta la que corresponda a cada víctima por concepto de perjuicios morales, pues la

indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido la restricción de su libertad en un establecimiento carcelario no será la misma que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la sufre en ese lugar, sino en su domicilio.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reducción de la indemnización por privación injusta de la libertad en el caso de detención domiciliaria, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 2019, rad. 54167 C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 1 de agosto de 2016, rad. 39747, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y sentencia del 28 de marzo de 2019, rad. 62215, C. P.

Marta Nubia Velásquez Rico.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, de modo que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño se encuentra legitimado en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones

y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, en relación con el extremo pasivo, la legitimación de hecho en la causa se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 17 de junio de 2004, rad. 14452, C. P. María Elena Giraldo Gómez; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A Consejera ponente (e): MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 68001-23-31-000-2009-00111-01(46995)D

Actor: JAIME ENRIQUE OVIEDO GÓMEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Falla del servicio, por cuanto la decisión que resolvió la situación

jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva del sindicado no cumplió los requisitos de ley – Preclusión de la investigación, porque se demostró que el sindicado no cometió los delitos imputados. Se declara la responsabilidad del Estado y se accede al pago de perjuicios. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 1 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió lo siguiente (se transcribe textualmente): “Primero. DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños ocasionados a la parte actora derivados de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor JAIME ENRIQUE OVIEDO GÓMEZ, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. “Segundo: CONDENAR a la NACION – FICALÍA GENERAL DE LA NACION, al pago de los siguientes rubros y valores: “a) Perjuicios morales: “Para JAIME ENRIQUE OVIEDO GOMEZ, con cédula de ciudadanía No. 13.844.039 de Bucaramanga, en su condición de víctima directa, el equivalente CINCUENTA salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL PESOS MCTE. ($28’335.000.oo). “Para ROSALIA GOMEZ OTERO, con cédula de ciudadanía No. 28.492.297 en su condición de madre de la víctima directa, la suma equivalente a

CUARENTA (40) SMLMV, esto es, VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($22’668.000.00). “Para ROCÍO CRISTINA OVIEDO URIBE y ASTRID CAROLINA OVIEDO URIBE en su condición de hijas de la víctima, la suma equivalente a TREINTA Y CINCO mínimos legales mensuales vigentes, esto es, DIECINUEVE OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($19’884.500), para cada una de ellas. “Para ELIZABETH URIBE CAMARGO con c.c. No. 63.307.291 en su condición de cónyuge de la víctima, la suma equivalente a TREINTA Y CINCO (35) SMLMV, esto es, DIECINUEVE OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($19’834.500). “Tercero. DAR aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A. “Cuarto. DENEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. “Sexto. Una vez ejecutoriada esta providencia expídase a cargo de la parte interesada copia de la misma con constancia secretarial de ser la primera y prestar merito ejecutivo. Art. 115 del C.P.C. “Séptimo. Si no fuere apelada esta providencia y una vez ejecutoriada, ARCHIVAR las actuaciones, previo las anotaciones de rigor en el sistema Justicia SIGLO XXI”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO El señor Jaime Enrique Oviedo Gómez fue vinculado a un proceso penal y

cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, los cuales no cometió, según lo estableció la Fiscalía General de la Nación en la resolución a través de la cual precluyó la investigación a su favor.

II. ANTECEDENTES 1.- La demanda El 4 de agosto de 2006, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, los actores2 solicitaron declarar responsable a la Nación – 1 Folio 328 del cuaderno principal. 2 El grupo demandante está conformado Jaime Enrique Oviedo Gómez, Elizabeth Uribe Camargo, Rocío Cristina Oviedo Uribe, Astrid Carolina Oviedo Uribe y Rosalía Gómez Otero (Folio 52 del cuaderno 1).

Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad –que calificaron de injustadel señor Jaime Enrique Oviedo Gómez, quien fue vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, en virtud del cual fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva y privado de la libertad durante 77 días3, proceso que culminó con preclusión de la investigación, mediante providencia del 6 de diciembre de 20044. 2.- Las pretensiones Los actores solicitaron condenar a la demandada a pagar: i) el equivalente en pesos de 3.000 gramos de oro, por perjuicios morales, para cada uno de ellos, ii) el equivalente en pesos de 1.000 gramos de oro, por daño emergente, para cada uno de ellos y iii) y otro tanto de este último rubro, por lucro cesante, para cada

uno de ellos5. 3.- Los hechos El 19 de noviembre de 1999, el señor Jaime Enrique Oviedo Gómez fue capturado en su lugar de trabajo por agentes del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, sindicado de los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado. Ese mismo día, el citado señor fue dejado a órdenes de la Fiscalía, la cual ordenó que fuera recluido en la Estación de la Policía del municipio de Piedecuesta (Santander), donde permaneció privado de la libertad hasta el 16 de diciembre de ese mismo año, cuando se le sustituyó la medida por detención domiciliaria. El 3 de febrero de 2000, la Fiscalía dispuso el levantamiento de la medida de detención domiciliaria del señor Oviedo Gómez, lo que le permitió volver a su lugar de trabajo en la Clínica Comuneros, de Bucaramanga, aunque siguió vinculado al proceso penal, el cual culminó el 6 de diciembre de 2004, cuando la Fiscalía precluyó la investigación a su favor. 3 Se precisa que no son 77 días, sino 73, como se verá adelante. 4 Folios 52 a 61 del cuaderno 1. 5 Folios 60 y 61 del cuaderno 1. La situación evidenciada impactó fuertemente al demandante y a su familia, quienes debieron recibir ayuda profesional, lo que ameritaba una condena en contra de la Fiscalía por los perjuicios a ellos causados6. 4.- Trámite procesal 4.1 Mediante auto del 6 de octubre de 2006, el Juzgado Doce Administrativo del

Circuito de Bucaramanga admitió la demanda y dispuso que el auto admisorio fuera notificado a la Fiscalía General de la Nación7. 4.2 La Fiscalía General de la Nación pidió negar las pretensiones de la demanda, toda vez que, en su opinión, la restricción de la libertad que afectó al señor Jaime Enrique Oviedo Gómez no fue injusta, dado que en su contra existían indicios que lo relacionaban con una red criminal dedicada a saquear las arcas del Instituto de Seguro Sociales. Sostuvo que las decisiones y medidas que lo afectaron contaron con respaldo legal y probatorio, de modo que ninguna irregularidad hubo y agregó que, como en el trascurso del proceso penal se logró comprobar que el demandante nada tenía ver con los punibles endilgados, precluyó la investigación a su favor8. 4.3 El 16 de enero de 2009, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, por falta de competencia funcional9, el cual, mediante auto del 14 de mayo siguiente, avocó conocimiento, declaró la nulidad de lo actuado y ordenó notificar a la Fiscalía y al Ministerio Público10. 4.4 La Fiscalía contestó la demanda y alegó lo mismo que quedó expuesto en el numeral 4.2 de este fallo.

5. Decreto de pruebas y alegatos de conclusión 6 Folios 53 a 56 del cuaderno 1. 7 Folios 64 y 64 del cuaderno 1. 8 Folios 80 a 95 del cuaderno 1. 9 Folios 171 y 172 del cuaderno 1.

10 Folios 178 y 179 del cuaderno 1. 5.1 Practicadas las pruebas decretadas, el 26 de abril de 2011 el Tribunal Administrativo de Santander corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto11. 5.2 La parte actora sostuvo que la responsabilidad de la demandada se encuentra comprometida, por cuanto se demostró que la privación de la libertad del señor Jaime Enrique Oviedo Gómez durante 77 días fue injusta, toda vez que no cometió los delitos que la Fiscalía le imputó, tanto que le precluyó la investigación12. 5.3 La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio. 6.- La sentencia apelada Mediante sentencia del 1 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la condenó en los términos citados ab initio, en consideración a que se demostró que la privación de la libertad del señor Jaime Enrique Oviedo Gómez, entre el 19 de noviembre de 1999 y el 3 de febrero de 2000, fue injusta, por cuanto no se allegaron pruebas que lo comprometieran en la comisión de los delitos imputados, lo cual ocasionó a los demandantes un daño antijurídico que no tenían por qué soportar y que debe resarcirse13. 7.- Objeto de la apelación Dentro del término legal, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior, a fin de que se revoque y se nieguen las

pretensiones de la demanda, por cuanto –aseguró- se demostró que en contra del señor Oviedo Gómez existían indicios que lo relacionaban con los punibles imputados, por lo que la medida de aseguramiento que se le impuso estuvo ajustada a derecho y contó con respaldo probatorio. Afirmó que en este caso no se configuró falla alguna del servicio, porque se demostró que las decisiones y medidas que afectaron al demandante no fueron injustas, arbitrarias o caprichosas, de modo que tenía la obligación de soportarlas y agregó que, a pesar de que la Fiscalía precluyó la investigación a su favor, ello, 11 Folio 314 del cuaderno 1. 12 Folios 315 a 318 del cuaderno 1. 13 Folios 319 a 328 del cuaderno 1. por sí solo, no resulta suficiente para comprometer la responsabilidad del Estado, máxime teniendo en cuenta que es la propia ley la que faculta a dicho organismo para restringir la libertad de las personas. Por último, dijo que los perjuicios morales dispuestos por el Tribunal eran excesivos y reñían con lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado14. 8.- Trámite en segunda instancia 8.1 El 2 de octubre de 2012, el expediente fue remitido a la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander15. 8.2 El 20 de marzo de 2013 se declaró fallida la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, por inasistencia de la parte demandante; en consecuencia, el Tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía16. 8.3 Por auto del 15 de mayo de 2013, el Consejo de Estado admitió el recurso17,

decisión que la parte demandante pidió aclarar, por cuanto la apelación –afirmó- “no se surte por el artículo 212, sino a contrario sensu por el artículo 213 del Código Contencioso Administrativo”18. 8.4 Mediante auto del 26 de febrero de 2014, el despacho negó la aclaración, dado “que no se observa ningún concepto o frase que ofrezca motivo de duda”19. 8.5 El 21 de mayo de ese mismo año se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para rendir concepto20. 8.6 Las partes reiteraron lo dicho a lo largo del proceso21. 8.7 El Ministerio Público guardó silencio22. 14 Folios 392 a 397 del cuaderno principal. 15 Folio 410 del cuaderno principal. 16 Folio 433 del cuaderno principal. 17 Folio 442 del cuaderno principal. 18 Folio 443 del cuaderno principal. 19 Folios 448 a 450 del cuaderno principal. 20 Folio 454 del cuaderno principal. 21 Folios 455 a 461 del cuaderno principal. 22 Folio 462 del cuaderno principal.

III. CONSIDERACIONES 1.- Competencia La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justiciay con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 200823, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el

Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso. 2.- Oportunidad de la acción De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa24. En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada –lo último que ocurra-25. Se encuentra acreditado que, mediante providencia del 6 de diciembre de 2004, la Fiscalía precluyó la investigación a favor del señor Jaime Enrique Oviedo Gómez, por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado26, decisión que cobró ejecutoria el 16 de febrero de 200527. 23 Expediente 2008-00009 (IJ). La Sala Plena de esta Corporación se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), pues, en aplicación de la normativa estatutaria –Ley 270 de 1996-, debe observarse un factor orgánico que confiere competencia, en

primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta Corporación. 24 Ley 446 de 1998 (artículo 44). 25 Entre otros, sentencias de 14 de febrero de 2002, expediente 13.622 y de 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. 26 Folios 20 a 29 del cuaderno 1. 27 Folio 254 del cuaderno 7. Con fundamento en lo acabado de anotar, los actores debían instaurar la demanda de reparación directa, a más tardar, el 17 de febrero de 2007; por tanto, como esto último ocurrió el 4 de agosto de 2006, resulta claro que, para ese momento, no había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. 3.- Legitimación en la causa La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, de modo que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño se encuentra legitimado en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, en relación con el extremo pasivo, la legitimación de hecho en la causa se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del

estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial. 3.1. Legitimación en la causa de los demandantes Los señores Jaime Enrique Oviedo Gómez, Elizabeth Uribe Camargo, Rocío Cristina Oviedo Uribe, Astrid Carolina Oviedo Uribe y Rosalía Gómez Otero, a través de apoderado judicial, comparecieron a este asunto como demandantes28, de ahí que se encuentre probada su legitimación de hecho en la causa. En relación con la legitimación material, se encuentra demostrado que el señor Jaime Enrique Oviedo Gómez es la víctima directa del daño, que Elizabeth Uribe 28 Folio 52 del cuaderno 1. Camargo es su esposa29, que Rocío Cristina Oviedo Uribe y Astrid Carolina Oviedo Uribe son sus hijas30 y que Rosalía Gómez Otero es su madre31. 3.2. Legitimación de la demandada Las imputaciones formuladas por los demandantes están dirigidas contra la Fiscalía General de la Nación, de modo que se encuentra legitimada de hecho en la causa por pasiva, pues a ella se le imputa el daño que los actores alegan haber sufrido. En relación con la legitimación material, precisa la Sala que esta, por determinar el sentido del fallo -denegatorio o condenatorio-, no se analizará ab initio, sino cuando se estudie el fondo del asunto y resulte posible establecer si existió o no una participación efectiva de la demandada en la causación del daño que se alega. 4.- Caso concreto y análisis probatorio El 19 de noviembre de 1999, el señor Jaime Enrique Oviedo Gómez fue capturado

en su lugar de trabajo por agentes del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, sindicado de pertenecer a una red de corrupción en el Instituto de Seguros Sociales, que tenía por objeto agilizar los trámites para cirugía y citas médicas y facilitar el ingreso a la sección de urgencias de personas que no estaban afiliadas a dicha entidad, a fin de que les fueran prestados los servicios médicos solicitados32. El 24 de esos mismos mes y año, dicho señor rindió indagatoria y negó cualquier participación en hechos de corrupción. Sostuvo que su función en el I.S.S. consistía en revisar que la información de los pacientes estuviera completa y nada más y aclaró que no era el encargado de asignar las citas o programar las cirugías de los pacientes y que, por tanto, no era cierto que hubiera recibido dinero para alterar turnos y favorecer a algunos usuarios33. 29 Según el registro civil de matrimonio visible a folio 10 del cuaderno 1. 30 Según los registros civiles de nacimiento visibles a folios 8 y 9 del cuaderno 1. 31 Según el registro civil de nacimiento del señor Jaime Enrique Oviedo Gómez visible a folio 5 del cuaderno 1. 32 Folios 87 y 170 del cuaderno 9. 33 Folios 192 a 197 del cuaderno 6. El 5 de diciembre de 1999, la Fiscalía definió la situación jurídica del señor Oviedo Gómez con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, y le negó la

libertad provisional y el beneficio de la detención domiciliaria34. Contra la anterior decisión, su defensor interpuso recurso de apelación35 y, el 16 de diciembre siguiente, dicha medida de aseguramiento fue sustituida por detención domiciliaria, previo el pago de una caución prendaria36. El 3 de febrero de 2000, la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento del demandante, por falta de pruebas que demostraran su participación en los punibles endilgados, y ordenó su libertad inmediata y restituirle la caución prendaria impuesta al momento en que se le sustituyó la detención preventiva por domiciliaria37. El 6 de diciembre de 2004, la Fiscalía precluyó la investigación a favor del señor Oviedo Gómez, en consideración a que (se transcribe textualmente): “no existe ninguna prueba que indique que formase parte de alguna organización o empresa delictiva criminal porque si bien existía una relación con JORGE ENRIQUE PEINADO esta sería unicamente la de ayudar en la tramitación de cirugías y citas medicas sin ninguna contraprestación o al menos no está probada ella, como tampoco está probado que hubiera intervenido a cualquier título en los delitos de estafa y falsedad documental ya que no se logró establecer cuáles fueron las conductas presuntamente perpetradas”38.

5. Análisis de responsabilidad En el caso sub examine, la controversia gira en torno a la privación de la libertad que soportó el señor Jaime Enrique Oviedo Gómez durante 73 días, la cual, en opinión de los demandantes, fue injusta, tanto que la Fiscalía precluyó la investigación a su favor, por ausencia de pruebas que lo comprometieran en los

punibles endilgados. 5.1. Daño 34 Folios 160 a 184 del cuaderno 9. 35 Folios 270 a 278 del cuaderno 9. 36 Folios 302 a 306 del cuaderno 9. 37 Folios 1 a 5 del cuaderno 8. 38 Folios 20 a 29 del cuaderno 1. Se encuentra acreditado que el señor Jaime Enrique Oviedo Gómez fue vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, en virtud del cual estuvo privado de la libertad i) en un centro carcelario, entre el 19 de noviembre de 1999 -cuando fue capturadoy el 17 de diciembre de ese mismo año –cuando se le sustituyó la medida de detención preventiva por domiciliaria39 (27 días) y ii) en su domicilio, entre el 16 de diciembre de 1999 y el 3 de febrero de 2000 -cuando la Fiscalía dispuso el levantamiento de la medida de detención y ordenó su libertad- (46 días). 5.2. Imputación Para la época en que ocurrieron los hechos que provocaron las decisiones y medidas que afectaron la libertad del señor Oviedo Gómez (noviembre de 1999), estaba en vigencia la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, que fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de ese mismo año40, en la que se hizo un análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y resaltó la necesidad de examinar, en cada caso, la actuación que motivó

la medida restrictiva de este derecho fundamental. La Corte Constitucional, al realizar el estudio del citado artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sostuvo que no resultaba viable la reparación automática de perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los que se afectara su derecho fundamental a la libertad. Sobre el particular, esa corporación consideró: “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a 39 Folio 82 del cuaderno 1. 40 Sentencia del 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, providencia mediante la cual se efectuó la “Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia’ ”.

propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención” (se resalta). La Corte Constitucional, en la sentencia SU-072/1841, señaló que ningún cuerpo