CE - 680012331000200101320011SENTENCIA20230814144503

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 68001-23-31-000-2001-01320-01 (40845)

Actor: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. RÉGIMEN DEL CONTRATO-Como fue celebrado por la Nación, se rige por la Ley 80 de 1993. NORMAS APLICABLES A CONTRATOS ESTATALES-La Ley 80 es un régimen especial, art. 5.1 Ley 57 de 1887. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-Eventos. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA­ Concepto. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA-Perjuicios por costos administrativos. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA-Costos de personal. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA-Disponibilidad de maquinaria.

OBLIGACIONES DINERARIAS-I ncumplimiento por retardo o mora. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO­ Cuando las estipulaciones sean claras, no puede desconocerse lo acordado. INTERESES DE MORA-Se causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. CONSTITUCIÓN EN MORA-Ante la falta de prueba sobre el plazo o condición para el cumplimiento de las obligaciones se constituye con el requerimiento judicial

causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. CONSTITUCIÓN EN MORA-Ante la falta de prueba sobre el plazo o condición para el cumplimiento de las obligaciones se constituye con el requerimiento judicial al deudor. DICTAMEN PERICIAL-Valoración. TESTIMONIO-Crítica testimonial. CARGA DE LA PRUEBA­ Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de junio de 1997, la Fiscalía General de la Nación y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza S.A.- celebraron el convenio «para el cumplimiento del contrato de obra pública nº. 20 de 1996», que tenía por objeto la construcción de la sede de la entidad en Bucaramanga. Confianza S.A. reclamó la mayor permanencia en obra por la decisión de la entidad de disminuir el ritmo de la construcción, por la falta de inteNentor y por la demora en otras obras -oficinas abiertas-. Solicitó los perjuicios por el pago tardío de las actas y los sobrecostos de los subcontratos.e 2 Expediente n.° 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones ANTECEDENTES El 28 de febrero de 2001, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra la

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones ANTECEDENTES El 28 de febrero de 2001, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra la Nación-Fiscalía General de la Nación. Solicitó $400.000.000 por los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra y los demás costos que no fueron reconocidos por la entidad. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la entidad decidió disminuir el ritmo de la obra por falta de recursos, no contrató interventor y se demoró en entregar las obras de «las oficinas abiertas» y pagar las actas. Adujo que la mayor permanencia en obra generó un aumento en los gastos administrativos y un sobrecosto en los subcontratos. Además, tuvo que soportar un costo financiero por el no pago de las actas. El 14 de febrero de 2002, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la Nación­ Fiscalía General de la Nación sostuvo que celebró el convenio con Confianza S.A. para que esta cumpliera el contrato de obra nº. 20, que terminó por caducidad. Expuso que el incumplimiento del contratista original impidió a la entidad el cumplimiento de sus obligaciones. Señaló que reajustó algunos materiales y que la demora en el pago se debía a que los documentos presentados no cumplían los requisitos. El 7 de diciembre de 2007, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La

demora en el pago se debía a que los documentos presentados no cumplían los requisitos. El 7 de diciembre de 2007, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante alegó que los incumplimientos del contrato de obra nº. 20 no justificaban el incumplimiento del convenio celebrado con Confianza S.A. Reiteró que el dictamen pericial y las pruebas documentales acreditaron los perjuicios. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. El 22 de octubre de 201 O, el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que aunque se acreditó una mayor permanencia en obra -entre agosto y noviembre de 1997 y marzo y mayo de 1998y el retardo en el pago de las actas, no se acreditaron los gastos administrativos en que incurrió el contratista, ni la constitución en mora respecto del no pago de las actas. Consideró que no se acreditó que el contratista tuvo que repetir trabajos, reajustar a sus subcontratistas, ni mayor permanencia en obra de septiembre de 1998 a septiembre de 1999. La demandante interpuso recurso de apelación, que fuee Expediente n. º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones concedido el 26 de enero de 2011 y admitido el 5 de mayo siguiente. Esgrimió que el dictamen acreditó los sobrecostos administrativos por la mayor permanencia en obra y se debía reconocer los intereses, aunque la mora se produjo con la notificación de la demanda. El 25 de mayo de 2011, se corrió traslado para alegar

el dictamen acreditó los sobrecostos administrativos por la mayor permanencia en obra y se debía reconocer los intereses, aunque la mora se produjo con la notificación de la demanda. El 25 de mayo de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada pidió se confirmará la sentencia. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA, esto es, $143.000.0001.

Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios originados de una relación contractual (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 ce y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. El artículo 136.1 O.e CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las

1546 y 1602 ce y 87 CCA). Demanda en tiempo

3. El artículo 136.1 O.e CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta. La 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2001, $286.000, por 500.e 4

Expediente n.° 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones demanda se interpuso en tiempo -28 de febrero de 2001pues el contrato terminó el 30 de noviembre de 2001 y las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del convenio el 18 de enero de 2000 [hecho probado 8.8], que requería de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 al ser de tracto sucesivo. Legitimación en la causa

4. Confianza S.A. y la Nación-Fiscalía General de la Nación están legitimadas en la causa por activa y por pasiva, pues fueron las partes del convenio «para el cumplimiento del contrato de obra pública nº 20 de 1996», que tenía por objeto la construcción de la sede de la entidad en Bucaramanga [hecho probado 8.4].

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se deben reconocer perjuicios por mayor permanencia en obra y si la entidad debe pagar intereses moratorios por el pago tardío de unas actas.

111. Análisis de la Sala

5. El Tribunal Administrativo de Santander consideró que la Fiscalía General de la Nación incumplió el convenio, porque causó una mayor permanencia en obra desde

tardío de unas actas.

111. Análisis de la Sala

5. El Tribunal Administrativo de Santander consideró que la Fiscalía General de la Nación incumplió el convenio, porque causó una mayor permanencia en obra desde agosto hasta noviembre de 1997 y desde marzo hasta mayo de 1998. Además, que hubo un incumplimiento por pago tardío de las actas. Negó la indemnización por estos incumplimientos, porque no se probaron los perjuicios causados y la constitución en mora ocurrió después del pago. Como la sentencia fue recurrida únicamente por la demandante para que se condenara al pago de los perjuicios derivados de los incumplimientos reconocidos en la sentencia de primera instancia, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de estae 5

Expediente n.º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio2.

7. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se

la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 8.1 El 2 de julio de 1996, la Fiscalía General de la Nación y el Consorcio Ordóñez Torres & CIA Ltda.-Aparicio Asociados Ltda. celebraron el contrato de obra nº. 20, para la construcción de la sede de la entidad en Bucaramanga -a precios unitarios fijos-. Confianza S.A. expidió la garantía única de cumplimiento del contrato, según da cuenta copia simple del contrato de obra y de la póliza (f. 27-46 c. 2). 8.2 El 24 de abril de 1997, la Fiscalía General de la Nación -por Resolución nº. 000704declaró la caducidad del contrato nº. 20 y el siniestro de cumplimiento asegurado por Confianza S.A. Por ello, ordenó el pago del 10% del valor total del contrato y el valor que resultara de la liquidación por el anticipo, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 53-61 c. 2). 8.3 El 30 de junio de 1997, la Fiscalía General de la Nación, al resolver el recurso de reposición interpuesto por Confianza S.A., modificó la Resolución nº. 000704.

Conforme a la decisión, Confianza S.A. -según el art. 18.2 de la Ley 80 de 1993asumiría la ejecución del contrato nº. 20 de 1996 en los términos pactados en el mismo, según da cuenta copia simple de la Resolución nº. 000989 (f. 78-97 c. 2).

asumiría la ejecución del contrato nº. 20 de 1996 en los términos pactados en el mismo, según da cuenta copia simple de la Resolución nº. 000989 (f. 78-97 c. 2). ' Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Expediente n. º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones 8.4 El 26 de junio de 1997, la Fiscalía General de la Nación y Confianza S.A. celebraron el convenio para el cumplimiento del contrato de obra pública nº. 20 de

1996. El término de vigencia del contrato fue prorrogado de la siguiente manera: hasta el 31 de noviembre de 1998 -adenda nº. 1-, hasta el 30 de abril de 1999adenda nº. 2-, hasta el 30 de septiembre de 1999 -adenda nº. 4y hasta el 30 de noviembre de 1999 -adenda nº. 6-, según da cuenta copia simple del convenio y de las adendas (f. 97-126 c. 1).

noviembre de 1999 -adenda nº. 6-, según da cuenta copia simple del convenio y de las adendas (f. 97-126 c. 1). 8.5 En agosto de 1997, la Fiscalía General de la Nación ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, pues los compromisos de pago eran superiores al «PAC» aprobado para la vigencia, según da cuenta copia simple de la comunicación del 18 de septiembre de 1997 al interventor de la obra (f. 239-240 c. 2). 8.6 El 16 de marzo de 1998, el contrato de consultoría nº 019/96 -para realizar la interventoría del contrato de obracelebrado por la Fiscalía General de la Nación y Parra Gómez y Asociados Ltda. terminó por vencimiento del término, según da cuenta copia simple de la comunicación nº. 001304 (f. 307 c. 2). 8. 7 El 2 de agosto de 1999, la Fiscalía General de la Nación y Confianza S.A. firmaron el acta de entrega y recibo final del convenio para el cumplimiento del contrato nº. 20 de 1996, según da cuenta copia simple del acta (f. 458-460 c. 1 ). 8.8 El 18 de enero de 2000, Confianza S.A. firmó el acta de liquidación bilateraldel 30 de diciembre de 1999-. En el acta el representante legal de Confianza S.A. dejó «expresa constancia de que la firma del presente documento no implica renuncia al derecho a efectuar futuras reclamaciones». Confianza S.A. en la carta remisoria del acta consignó que debían considerarse las observaciones realizadas en comunicaciones anteriores respecto a su derecho a reclamar los sobrecostos

renuncia al derecho a efectuar futuras reclamaciones». Confianza S.A. en la carta remisoria del acta consignó que debían considerarse las observaciones realizadas en comunicaciones anteriores respecto a su derecho a reclamar los sobrecostos originados por la mayor permanencia en obra, costos financieros y mayores cantidades de obra ejecutada, según da cuenta copia simple de la liquidación bilateral y de la carta remisoria de ese documento (f. 391-392 y 502-516 c. 2). El régimen jurídico del contrato

9. El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Ene Expediente n. º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones consonancia, el literal b) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que la Fiscalía General de la Nación era una entidad estatal. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales -que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicasy el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias.

manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3º Ley 153 de 1887)3. El 26 de junio de 1997, la Fiscalía General de la Nación y Confianza S.A. celebraron el convenio para el cumplimiento del contrato de obra pública nº. 20 de 1996 [hecho probado 8.4]. Como la Fiscalía General de la Nación -parte del contratoes una entidad estatal, a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Incumplimiento y perjuicios derivados del convenio 1 O. El Tribunal Administrativo de Santander -en la parte motiva de la sentencia­ desestimó los incumplimientos derivados de la repetición de trabajos, del reajuste a los subcontratistas y de mayor permanencia en obra de septiembre de 1998 a

1 O. El Tribunal Administrativo de Santander -en la parte motiva de la sentencia­ desestimó los incumplimientos derivados de la repetición de trabajos, del reajuste a los subcontratistas y de mayor permanencia en obra de septiembre de 1998 a 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 31.628 [fundamento jurídico 4].8 Expedienten.º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones septiembre de 1999. Sin embargo, consideró que la Fiscalía General de la Nación incumplió el contrato pues no pagó a tiempo las actas y generó una mayor permanencia de obra, ya que ordenó la disminución del ritmo de la construcciónagosto a noviembre de 1997y no designó un interventor para la obra -marzo a mayo de 1998-. El Tribunal negó los perjuicios derivados de esos incumplimientos, pues no se acreditaron los gastos administrativos en que incurrió el contratista, ni la constitución en mora respecto del no pago de las actas. Como Confianza S.A. recurrió la sentencia respecto de la indemnización de perjuicios por estos incumplimientos -reconocidos por el Tribunal en la parte motiva de la sentencia-, corresponde a la Sala estudiar, entonces, si debía reconocerse: perjuicios por la mayor permanencia en obra e intereses moratorias por las actas no pagadas a tiempo. Mayor permanencia en obra

11. El incumplimiento del contrato por inejecución, por ejecución tardía o por ejecución defectuosa -que implica una lesión del derecho de crédito del cocontratantegenera responsabilidad y, consecuencialmente, la obligación de

Mayor permanencia en obra

11. El incumplimiento del contrato por inejecución, por ejecución tardía o por ejecución defectuosa -que implica una lesión del derecho de crédito del cocontratantegenera responsabilidad y, consecuencialmente, la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios ocasionados (art. 1546 CC). La infracción de las cláusulas del contrato por una de las partes configura la responsabilidad contractual y faculta a reclamar la indemnización de todos los perjuicios causados4, únicamente exonerable por causas no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante).

La mayor permanencia en obra corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato -aun cuando no implique mayores cantidades de obra ni obras adicionales-5, por hechos no imputables al contratista. El incumplimiento de obligaciones por la entidad pública contratante que genere una mayor permanencia de obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato causa perjuicios que afectan al contratista y que deben ser indemnizados. 4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 1984, [fundamento jurídico 3 cargo único]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2011, Rad. 18.080 [fundamento jurídico 5.4].e Expediente n.' 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones La mayor permanencia puede afectar la economía del contrato. La ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos -administrativos, de

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones La mayor permanencia puede afectar la economía del contrato. La ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos -administrativos, de personal y equiposprevista inicialmente por el contratista6. Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos -y en general los que se produzcanpor la mayor permanencia en obra, siempre que se acrediten. Los daños por la disponibilidad de los equipos se causan cuando la maquinaria se encuentra en la obra y no puede ser utilizada en la ejecución del contrato o es usada por un término mayor al previsto. La Sala ha concluido que para acreditar el daño debe probarse la titularidad de la maquinaria o el pago por alquiler y su disponibilidad en la obra durante el tiempo de mayor permanencia7. Los costos administrativos son aquellos relacionados con la gestión y organización de la obra -gastos de oficina, servicios públicos, campamentos, entre otros-. Algunos de estos costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato pueden estar previstos en las propuestas de los contratistas dentro del denominado «A» del A.1.U -administración, imprevistos y utilidad-. Para su reconocimiento es necesario acreditar que durante la mayor permanencia en obra realmente se incurrieron en esos mayores gastos administrativos. La mayor permanencia en obra también puede generar perjuicios derivados del personal contratado para la ejecución de la obra durante ese periodo. El reconocimiento de este perjuicio requiere que se acredite el vínculo con el personal y su disponibilidad para ejecutar la obra8.

12. El Tribunal Administrativo de Santander negó los perjuicios derivados de la

reconocimiento de este perjuicio requiere que se acredite el vínculo con el personal y su disponibilidad para ejecutar la obra8.

12. El Tribunal Administrativo de Santander negó los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra, pues no se demostraron los gastos durante ese periodo, ya que el perito se limitó a hacer una operación matemática. Según Confianza S.A., el dictamen pericial determinó los perjuicios que se debían 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, Rad. 17.031 [fundamento jurídico 6.1.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 340 y 341, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 2009, Rad. 16.103 [fundamento jurídico 2.8.3.1]. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octuore de 1999, Rad. 10.929 [fundamento jurídico 3.1].10

Expediente n.º 40.845

Demandante: Confianza SA Niega pretensiones reconocer por los costos de administración en los dos periodos de mayor permanencia en obra -agosto a noviembre de 1 997 y marzo a mayo de 1 998con fundamento en el AIU de la propuesta y la información relevante del contrato.

Está acreditado que la Fiscalía General de la Nación y el Consorcio Ordóñez Torres & CIA Ltda.-Aparicio Asociados Ltda. celebraron el contrato de obra nº. 20, para la

Está acreditado que la Fiscalía General de la Nación y el Consorcio Ordóñez Torres & CIA Ltda.-Aparicio Asociados Ltda. celebraron el contrato de obra nº. 20, para la construcción de la sede de la entidad en Bucaramanga [hecho probado 8. 1 ]. La Fiscalía General de la Nación -por Resolución nº. 000704declaró la caducidad de ese contrato [hecho probado 8.2]. Para evitar la ocurrencia del siniestro de cumplimiento, Confianza S.A. -asegurador del contrato nº. 20asumió la ejecución de la obra [hecho probado 8.3]. El 26 de junio de 1 997, la Fiscalía General de la Nación y Confianza S.A. celebraron el convenio para el cumplimiento del contrato de obra pública nº. 20 de 1 996 [hecho probado 8.4]. En agosto de 1997, la Fiscalía General de la Nación ordenó a Confianza S.A . disminuir el ritmo de la obra por falta de recursos [hecho probado 8.5]. El 1 6 de marzo de 1 998, la obra para la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación se quedó sin interventor [hecho probado 8.6]. 1 3. El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones . El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de· sus resultados, exigencia lógica que implica brindar

determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones . El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de· sus resultados, exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía · de credibilidad de sus conclusiones. El segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los puntos sometidos a su consideración por las partes. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237 .6e 11 Expediente n. º 40.845

Demandante: Confianza S.A.

Niega pretensiones CPC. En armonía, el artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) sea un experto en la materia técnica analizada; (ii) no haya motivos para dudar de su imparcialidad; (iii) no se acredite objeción por error grave; (iv) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (v) se haya permitido su contradicción y (vi) otras pruebas no lo desvirtúen.

objeción por error grave; (iv) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (v) se haya permitido su contradicción y (vi) otras pruebas no lo desvirtúen. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que el perito determinara los sobrecostos en los que Confianza S.A. incurrió por la disminución del ritmo de avance de la obra y la falta de interventor. El perito calculó los perjuicios a partir de los costos de administración «A» determinados en la propuesta inicial (9%). Esa suma la dividió por el número de meses de ejecución del contrato para obtener el valor mensual de costos de administración -$145.037.479-. Finalmente, restó los valores de «administración» de las actas presentadas por el contratista por ese periodo -$61.680.559-. La suma debida por costos de administración según el perito era $83.356.928. Sobre esa suma hizo la actualización y calculó los intereses moratorios conforme a lo dispuesto en el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993 y conceptuó que debía reconocerse $340.181.441,78. El perito dejó consignado que en el expediente no encontró el «desglose de los componentes del AIU de la propuesta del Consorcio» y que el cálculo de la administración lo hizo mediante un «proceso a la inversa» a partir del valor de la propuesta con IVA (f. 190-218 c. 1) El perito fundamentó su dictamen en el valor de «Administración» del AIU previsto en la propuesta del Consorcio Ordóñez Torres & CIA Ltda.-Aparicio Asociados Ltda. y en las actas de obra de agosto a noviembre de 1997. La propuesta del consorcio

en la propuesta del Consorcio Ordóñez Torres & CIA Ltda.-Aparicio Asociados Ltda. y en las actas de obra de agosto a noviembre de 1997. La propuesta del consorcio y las actas de obra de esos meses no fueron aportadas al proceso por las partes, ni con el dictamen pericial. El dictamen pericial no fue debidamente fundamentado, pues las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso y en operaciones que realizó el perito para reemplazar la información faltante. No es posible para la Sala verificar las operaciones y los métodos empleados por el perito sin los documentos que fueron consultados para la realización del dictamen. La Sala -entoncesno acoge el dictamen pericial porque su fundamento carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria según los artículos 233, 237 y 241 CPC.12 Expediente n. º 40.845

Demandante: Confi