CE - 680012331000200601000011SENTENCIA20230808155306

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 68001-23-31-000-2006-01000-01 (54528)

Actor: EVELIA BOHÓRQUEZ DE ESCOBAR Y OTROS

Demandado: CLÍNICA CARLOS ARDILA LÜLLE-FOSCAL Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA COMPETENCIA-Factor de conexión. FUERO DE ATRACCIÓN-Faculta para juzgar a las personas en principio ajenas a la jurisdicción. APELANTE ÚNICO-Limites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. Prueba trasladada-Valor probatorio. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA­ Falla o culpa de la Administración probada. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA-La carga de la prueba la tiene el demandante. SERVICIO PÚBLICO DE SALUD-Está a cargo del Estado y en su prestación intervienen entidades públicas y particulares. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Se integran por los regímenes contributivo y subsidiado. RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD-Se financia con los aportes concurrentes del afiliado, su empleador y la Nación, según el caso. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS O PLAN DE BENEFICIOS-Determina los procedimientos, tratamientos y asistencias del sistema de salud. ENFERMEDAD DE ALTO COSTO O CATASTRÓFICA-Estaba sujeta a periodos mínimos de

SALUD POS O PLAN DE BENEFICIOS-Determina los procedimientos, tratamientos y asistencias del sistema de salud. ENFERMEDAD DE ALTO COSTO O CATASTRÓFICA-Estaba sujeta a periodos mínimos de cotización. PERIODOS MINIMOS-Requisito que se podía omitir ante situaciones de urgencia, según el condicionamiento de constitucionalidad. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatorio. PERITACIÓN­ Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-Eficacia probatoria. HISTORIA CLÍNICA-No aportar la historia clínica completa configura indicio de falla del servicio. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN DE AUTORIZAR SERVICIO POS -No se probó falla del servicio por no autorizar un servicio que requiere periodo mínimo de cotización. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Régimen subjetivo que exige prueba de actuación irregular por anormal funcionamiento del aparato judicial. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Se probó falla del servicio por mora judicial. NEXO DE CAUSALIDAD-Se debe acreditar que la falla del servicio es la causa adecuada del daño. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO ILÍCITO Y EL PERJUICIO-Prueba de la relación directa y adecuada entre el daño y la conducta imputada. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MORA JUDICIAL-No se probó el nexo causal entre la muerte y la mora en notificar una providencia CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alfiga aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con lo dispuesto en sesión del 5 de junio de 20201,

CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con lo dispuesto en sesión del 5 de junio de 20201, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 14 de octubre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona acudió a la Clínica Ardila Lule por dificultad respiratoria y problemas cardíacos. Un cardiólogo diagnosticó 1 Acta nº. 5 de esa fecha.e 2 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones carencia y ordenó implantar marcapasos. Como no practicaron el procedimiento, el 20 de octubre siguiente, Escobar Fonrodona presentó una acción de tutela. El 22 de octubre, un juzgado ordenó la implantación, pero no notificó la decisión.

Cafesalud EPS no practicó el procedimiento y el 29 de octubre de 2004, Escobar Fonrodona murió. Alegan falla del servicio médico y mora judicial. ANTECEDENTES El 9 de febrero de 2006, Evelia Bohórquez de Escobar y otro, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de la Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL, Cafesalud Entidad Promotora de Salud EPSen adelante EPS Cafesaludy a la Nación-Rama Judicial. Solicitaron como indemnización 100 SMLMV a cada demandante, por perjuicios morales;

Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL, Cafesalud Entidad Promotora de Salud EPSen adelante EPS Cafesaludy a la Nación-Rama Judicial. Solicitaron como indemnización 100 SMLMV a cada demandante, por perjuicios morales; $18.830.388, por lucro cesante y 100 SMLMV, por daño a la vida de relación. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 30 junio de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona se afilió a la EPS Cafesalud. El 14 de octubre de 2004, ingresó a la Clínica Ardila y un cardiólogo ordenó implantar un marcapasos. Como no se practicó el procedimiento, el paciente presentó una acción de tutela contra EPS Cafesalud y un juzgado ordenó la implantación. La EPS no practicó el procedimiento y el 29 de octubre siguiente, el paciente murió. Alegan que no practicar el procedimiento del marcapasos y la mora en notificar la providencia judicial fueron la causa directa de la muerte. El 12 de mayo de 2006, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la EPS Cafesalud señaló que no estaba probado el nexo causal entre la actuación de las demandadas y la muerte del paciente. Sostuvo que las EPS asumían las enfermedades de alto costo cuando el afiliado tuviera -por lo menos100 semanas cotizadas y Aníbal Escobar no las tenía. La Nación-Rama Judicial señaló que no hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque el trámite de acción de tutela se ajustó a la ley, se practicaron pruebas y hubo

semanas cotizadas y Aníbal Escobar no las tenía. La Nación-Rama Judicial señaló que no hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque el trámite de acción de tutela se ajustó a la ley, se practicaron pruebas y hubo decisión de fondo. La notificación tardía de la medida provisional fue responsabilidad de la citadora del juzgado y se adelantó en su contra un proceso disciplinario. La Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL resaltó que el servicio médico del 14 de octubre de 2004 fue diligente, se ajustó a sus síntomas -disnea y3 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones bradicardiay su cuadro y la implantación del marcapasos no era de urgencia vital. Formuló llamamiento en garantía a la Compañía Suramericana de Seguros pues expidió la póliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios de la entidad y de terceros. La Nación-Rama Judicial llamó en garantía a Jorge Enrique Carvajal Hernández -Juez Séptimo Penal del Circuito de Bucaramangay a Magda lvón Calvo Pineda -notificadora del juzgado-. El 30 de mayo de 2008 y el 6 de febrero de 2009, se admitieron los llamamientos. Jorge Enrique Carvajal Hernández afirmó que el trámite de la acción de tutela se ajustó a la ley y los familiares del paciente fueron notificados de las decisiones judiciales. Seguros Generales Suramericana S.A. -antes Compañía Suramericana de Segurosalegó inexistencia del nexo causal entre los actos médicos y el daño, y adujo que la

familiares del paciente fueron notificados de las decisiones judiciales. Seguros Generales Suramericana S.A. -antes Compañía Suramericana de Segurosalegó inexistencia del nexo causal entre los actos médicos y el daño, y adujo que la póliza no incluyó los daños extracontractuales. El 28 de noviembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio. El 26 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que la demandante no demostró el nexo causal y no probó que la implantación del marcapasos era de vital urgencia e incidió en la complicación del estado de salud y la muerte. Agregó que, aunque hubo mora en notificar una medida provisional, no se probó que ese hecho fue la causa directa del daño. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 6 de mayo de 2015 y admitido el 22 de julio de 2015. La recurrente esgrimió que la ausencia del marcapasos incidió en la agravación del estado de salud y la muerte. Sostuvo que la EPS debió autorizar el procedimiento y la Nación-Rama Judicial notificó de forma tardía una providencia. El 24 de agosto de 2015 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardo silencio. En Sala del 14 de diciembre de 2021, el proyecto de fallo del Consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas fue

traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardo silencio. En Sala del 14 de diciembre de 2021, el proyecto de fallo del Consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas fue derrotado y en auto del 23 de febrero de 2022, se ordenó remitir el expediente al Consejero siguiente en turno.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesalese 4 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual resuelve de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $204.000.0002. En virtud del fuero de atracción, que se fundamenta en el factor de conexión de la competencia, la jurisdicción en lo contencioso administrativo conoce de controversias en las que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que

competencia, la jurisdicción en lo contencioso administrativo conoce de controversias en las que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que acuden a esta en razón a que fueron demandados de forma concurrente con una entidad pública3. En estos eventos, la jurisdicción conoce, en el mismo proceso, de la controversia que involucra a la entidad pública y al particular o entidad, que en principio sería ajeno a esta jurisdicción. Como se demandó a la Nación-Rama Judicial -entidad pública-, a la Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL y a la EPS Cafesalud -entidades privadas-, la Sala es competente para decidir la controversia respecto de todos, en aplicación del fuero de atracción. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo4, en este caso por 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2006, $408.000, por 500. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Rad. 15.526 [fundamento jurídico 2.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo

B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 269, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 4 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303e 5 Expedienten º. 54.528

Deman dante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones una omisión que se imputa a varias entidades (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341

y SS. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. Como está acreditado que Aníbal Escobar Fonrondona murió el 28 de octubre de 2004 [hechos probados 8.12], la demanda por falla del servicio médico se interpuso en tiempo el 9 de febrero de 2006.

En los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término para intentar el medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el daño5. La demanda se interpuso en tiempo -9 de febrero de 2006porque el demandante tuvo conocimiento de la omisión el 28 de octubre de 2004, fecha en que murió el paciente beneficiario de la medida

o la omisión que causó el daño5. La demanda se interpuso en tiempo -9 de febrero de 2006porque el demandante tuvo conocimiento de la omisión el 28 de octubre de 2004, fecha en que murió el paciente beneficiario de la medida provisional [hecho probado 6.12]. Legitimación en la causa

4. Evelia Bohórquez de Escobar, Alba Esperanza, Laura Leticia, Libia Arcelia, lvett Yamile, Aníbal, Hejnal Raúl, Edgar Augusto, Edilma del Carmen y Armando José Escobar Bohórquez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conforman el núcleo familiar del paciente Aníbal Escobar Fonrodona [hechos probados 8.16]. La Clínica Carlos Ardila Lülle­ FOSCAL está legitimada en la causa por pasiva, porque fue la entidad encargada de prestar el servicio médico [hechos probados 8.1 a 8.5]. La EPS Cafesalud está legitimada en la causa por pasiva, porque es la entidad promotora de salud a cargo de administrar los servicios del paciente [hechos probados 8.1, 8.6, 8. 7 y

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Rad. 40.425

Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Rad. 40.425 [fundamento jurídico 2.2].6 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones 8.8]. La Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, porque adelantó el juicio en el que se alega defectuoso funcionamiento de la administración de justicia [hecho probado 8.11 a 8.18].

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró (i) falla del servicio médico asistencial por no implantar un marcapasos y (ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la notificación tardía de una providencia.

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio6.

7. La demandante aportó, como prueba trasladada, el trámite de la acción de tutela de Aníbal Escobar contra EPS Cafesalud y la Secretaría Departamental de Santander (f. 30-51 c. 2). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o

válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Como las pruebas fueron practicadas con audiencia de la Nación-Rama Judicial, serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge.

Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.e 7 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones 8.1. El 30 de junio de 2004, la EPS Cafesalud afilió a Aníbal Escobar Fonrodona, como beneficiario, según da cuenta copia auténtica del formulario único de afiliación e inscripción del régimen contributivo para trabajadores independientes y servidores públicos (f. 20 y 532 c. 2)

como beneficiario, según da cuenta copia auténtica del formulario único de afiliación e inscripción del régimen contributivo para trabajadores independientes y servidores públicos (f. 20 y 532 c. 2) 8.2. El 20 de septiembre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona acudió -por consulta externaa la Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL por úlcera en dorso de pie derecho, várices, mareo, debilidad y pérdida de memoria. Conforme quedó consignado, el médico diagnosticó úlcera y várices en miembro inferior derecho, varices grado 3 en miembro inferior derecho y descartar dislipidemia e hiperglicemia. Ordenó varios exámenes y medicamentos. Al día siguiente, le practicaron los exámenes, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 524, 521, 9 y 12 c. 2 y 232 c. 1 y f. 522, 523, 1 O y 11 c. 2). 8.3. El 14 de octubre de 2004, a las 2:20 p.m., según quedó consignado, Aníbal Escobar Fonrodona ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL por disnea y bradicardia de seis meses de evolución y un médico ordenó valoración por cardiología. A las 2:25 p.m., el paciente estaba en buen estado general y el ecocardiograma reportó un bloqueo AV completo y BRI HH bloqueo avanzado de rama izquierda. El cardiólogo ordenó hospitalización para implante de marcapasos definitivo ventricular prioritario y valoración por medicina interna y hematología, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 242, 244 y 246 c. 1 ).

implante de marcapasos definitivo ventricular prioritario y valoración por medicina interna y hematología, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 242, 244 y 246 c. 1 ). 8.4. El 14 de octubre de 2004, el cardiólogo solicitó a la EPS Cafesalud la autorización para la implantación de marcapasos. Según quedó consignado, Aníbal Escobar Fonrodona tenía un bloqueo AV completo más BRI HH bloqueo avanzado de rama izquierda, carencia del 93% y «4 semanas», según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 537 c. 2). 8.5. El 15, 16 y 17 de octubre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona estuvo hospitalizado en la Clínica Carlos Ardila Lülle-FOSCAL. El 16 de octubre tuvo buen patrón respiratorio, buen estado general y no tuvo dolor precordial. Un cardiólogo valoró al paciente y ordenó continuar con tratamiento ambulatorio. El 17 de octubre, el paciente salió, le entregaron epicrisis, paz y salvo, ecografía,e 8 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones reportes y resultados de exámenes de laboratorio, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 247-251 c. 1). 8.6. El 19 de octubre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona tenía 9 semanas de antigüedad en el sistema de salud y estuvo inscrito en el sistema de salud entre el 17 de mayo de 2000 y el 21 de diciembre de 2002, según da cuenta copia

antigüedad en el sistema de salud y estuvo inscrito en el sistema de salud entre el 17 de mayo de 2000 y el 21 de diciembre de 2002, según da cuenta copia auténtica de los certificados de la EPS Cafesalud (f. 542, 29 Y 30 c. 2). 8.7. El 20 de octubre de 2004, el Defensor Regional del Pueblo de Santander presentó acción de tutela contra la EPS Cafesalud y el Departamento de Santander-Secretaría de Salud. Según el escrito, Aníbal Escobar Fonrodona era un adulto mayor, tenía una enfermedad cardiaca, requería atención general y especializada y un marcapasos definitivo. Sin embargo, la EPS Cafesalud negó la autorización del procedimiento porque la enfermedad era catalogada de alto costo y por el número de semanas cotizadas, según da cuenta copia auténtica del escrito (f. 30-36 c. 1 ). 8.8. El 22 de octubre de 2004, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, en el trámite de la tutela, avocó conocimiento, decretó pruebas y ordenó -como medida provisionalque la EPS Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental realizaran el implante de marcapasos al paciente Aníbal Escobar Fonrodona, según da cuenta copia auténtica de la decisión (f. 141-142 c. 1). 8.9. Entre el 21 y 26 de octubre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona solicitó atención por consulta externa por tos con expectoración blanquecina. Los médicos diagnosticaron anemia en estudio y bloqueo AV y, según quedó consignado, indicaron que estaba pendiente la implantación del marcapasos, según da cuenta

atención por consulta externa por tos con expectoración blanquecina. Los médicos diagnosticaron anemia en estudio y bloqueo AV y, según quedó consignado, indicaron que estaba pendiente la implantación del marcapasos, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 236 c. 1) 8.1 O. El 26 de octubre de 2004, Evelia Bohórquez de Escobar e lvette Yamile Escobar Bohórquez -familiares de Aníbal Escobar Fonrodonadeclararon en el trámite de la acción de tutela, según da cuenta copia auténtica de las actas de las audiencias (f. 143-145 c. 1). 8.11. El 26 de octubre de 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó examen médico legal a Aníbal Escobar Fonrodona. De acuerdo con el informe, el paciente tenía un bloqueo AV completo, requería un marcapasos9 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones y el procedimiento podía practicarse con cirugía programada. Según quedó consignado en el informe, la falta del procedimiento «podía deteriorar el estado de salud» y el paciente podía presentar un «síncope con graves consecuencias», según da cuenta copia simple del dictamen médico legal (f. 151 c. 1 ). 8.12. El 28 de octubre de 2004, Aníbal Escobar Fonrodona murió por shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio, según da cuenta copia simple del registro civil de defunción (f. 17 c. 1) y certificado del médico tratante (f. 18 c. 1 ).

cardiogénico por infarto agudo de miocardio, según da cuenta copia simple del registro civil de defunción (f. 17 c. 1) y certificado del médico tratante (f. 18 c. 1 ). 8.13. El 29 de octubre de 2004, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga notificó a la EPS Cafesalud y a la Defensoría Regional del Pueblo la providencia que ordenó la práctica del procedimiento en la acción de tutela. El 2 de noviembre siguiente, el Departamento de Santander-Secretaría de Salud Departamental contestó la acción de tutela y el 4 de noviembre, contestó la EPS Cafesalud, según da cuenta copia auténtica de los oficios nº. 6714 y nº. 6717 (f. 37 y 51 c. 1) y copia simple de los escritos (f. 146-150 y 153-158 c. 1). 8.14. El 5 de noviembre de 2004, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga profirió fallo de la acción de tutela. Conforme a la providencia, cesó el objeto de protección por la muerte del accionante y sus peticiones eran un hecho superado, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 160-166 c. 1). 8.15. El 22 de marzo de 2006, el secretario del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga profirió auto de formulación de cargos contra la empleada Magda lvón Calvo Pineda. Según el documento, la investigada tenía el cargo de citadora para la época del trámite de acción de tutela de Aníbal Escobar y fue negligente en la entrega de los oficios de notificación de una medida

empleada Magda lvón Calvo Pineda. Según el documento, la investigada tenía el cargo de citadora para la época del trámite de acción de tutela de Aníbal Escobar y fue negligente en la entrega de los oficios de notificación de una medida provisional. Conforme a la decisión, la entrega de las comunicaciones debía tener en cuenta la urgencia y magnitud y su entrega tardía constituyó una falta disciplinaria a título de culpa grave, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 97 a 106 c. 1 y 590 a 599 c. 2). 8.16. El 19 de febrero de 2009, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga declaró disciplinariamente responsable a Magda lvón Calvo Pineda por la notificación tardía de una providencia «de máxima importancia» para un tratamiento médico vital. Conforme a la providencia, la empleada incurrió en unae 10 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones culpa grave y fue sancionada con suspensión de seis meses e inhabilidad especial por seis meses, según da cuenta copia auténtica de la decisión (f. 602 a 609 c. 2). 8.17. Aníbal Escobar Fonrodona era cónyuge de Evelia Bohórquez de Escobar y padre de Alba Esperanza, Laura Leticia, Libia Arcelia, lvett Yamile, Aníbal, Hejnal Raúl, Edgar Augusto, Edilma del Carmen y Armando José Escobar Bohórquez, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 5-16 c.

1 ). Responsabilidad médico asistencial del Estado

Raúl, Edgar Augusto, Edilma del Carmen y Armando José Escobar Bohórquez, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 5-16 c. 1 ). Responsabilidad médico asistencial del Estado

9. La Sala reitera7 que la falla del servicio [culpa de la administración] es, ha sido, y seguirá siendo la fuente principal y común de la responsabilidad civil del Estado, que se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio8, el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado9 o, en términos generales, la violación de la ley10. Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen subjetivo, esto es, la falla del servicio. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio [culpa de la Administración] debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente11 . 1 O. El título de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico asistencial es, a su vez, la falla probada del servicio

[culpa de la Administración]. Luego de acudir a criterios como la «falla presunta» o 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de junio de 2021, Rad. 38.186

[fundamento jurídico 6]. 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 19 39 [fundamento jurídico párrafo 4], en Gaceta nº. XLVIII p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad. [fundamento jurídico 2], en Gaceta nº. LXIII de 19 61 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico p. 743], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817 -2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 19 76, Rad. 1482 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 181 7-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https:// bit.ly/3gijduK. 1° Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 19 75, Rad. 1389 [fundamento jurídico 8], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817 -201 7 Sección Tercera Tomo

B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 13, disponible en https://bit. ly/3qiiduK. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 19 76, Rad. 1482 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817 -2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.e 11 Expediente nº. 54.528

Demandante: Evelia Bohórquez de Escobar y otro Niega pretensiones la «teoría de las cargas dinámicas de la prueba», la jurisprudencia retomó la regla probatoria del artículo 177 CPC, según el cual incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

El demandante debe, pues, demostrar el daño, la falla [culpa de la Administración] por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad, es decir, que la falla médica [culpa de la Administración] fue la causa adecuada del daño sufrido. A pesar de que la carga probatoria es del demandante, la entidad estatal p