CE - 680012331000200800180012SENTENCIA20230622151816

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 680012331000200800018001 (53470)

HERNANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y OTROS NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Privación injusta de la libertad. Decreto - Ley 2700 de 1991 Caducidad de la acción. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide lofi recursos de apelación interpuestos por la Nación - FiscalíJ General de la Nación y la Rama Judicial contra la sentencia del 30 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 15 de abril de 1993, Ismael Alvino Mejía fue asesinado por desconocidos en el municipio de Zapatoca (Santander). El 19 de agosto de 1993, Edgar José Vásquez Duarte, exintegrante del ELN, declaró ante ia Fiscalía 11 Delegada del Socorro que Hernando Hernández Gómez había participado en el homicidio del señor Alvino Mejía. Por ello, el 27 de octubre de 1994, la Fiscalía Regional de Cúcuta dio apertura a una instrucción penal, con el número de radicado 5286, en contra de Hernando Hernández Gómez, por ser presunto autor del delito de homicidio cometido en

una instrucción penal, con el número de radicado 5286, en contra de Hernando Hernández Gómez, por ser presunto autor del delito de homicidio cometido en contra del Ismael Alvino Mejía. Seguidamente, el 29 de noviembre de 1994, • Ia Fiscalía Regional de Cúcuta impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra el procesado, por ser presunto autor del delito2

Radicado: 680012331000200800018001(53470) Demandante: Hernando Hernández Gómcz y otros referido. Posteriormente, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2002, el Juzgado • 2° Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó al procesado a pena de:prisión de veinticinco (25) años, pues evidenció.que era autor del delito de homicidio agravado. Sin embargo, el 13 de enero de 2006, el Tribunal Superior de San Andrés revocó dicha decisión y absolvió al sindicado por in dubio pro reo. En esa misma fecha, Hernando Hernández fiómez quedó a disposición del Juzgado 1 ° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, debido a que se encontraba cumpliendo una condena de prisión en otro proceso penal que se tramitaba en su contra con el número de radicado 6647, en el cual había sido condenado por el ho'micidio de otro sujeto. Los demandantes consideran que la detención de Hernando Hernández Gómez fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de homicidio agravado, en el proceso penal con radicado 5286.

11. ANTECEDENTES

no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de homicidio agravado, en el proceso penal con radicado 5286.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda

' . El 1º de abril de 20081, Hernando, Leocadio, Lucila, Leonor, Manuel Enrique, Carmen Cecilia, Marifi Fernanda, Luz Mireya, Rosalba y Olinto Hernández Gómez; Gilberto Hernández Diaz; Karen Lizeth, Darlyn Gisela, Silvia Fernanda y Sarith Rocío Hemández Naranjo; y Sara Isabel Naranjo Pérez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Ju'dicial, por los perjuicios ocasionadofi por la privación de la libertad de la que fue objeto Hernando Hernández Gómez eri el proceso penal con radicado 5286. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 20.000 gramos de oro a Hernando Hernández_Gómez, 10.000 gramos de oro_a Karen Lizeth, Darlyn Gisela, Silvia Fernanda y Sar.ith Rocío Hernández Naranjo, y Sara Isabel Naranjo Pérez, y 5.000 gramos de oro a Leocadio, Lucila, Leonor, Manuel Enrique, Carmen Cecilia, 1 FI. 76 a 96, C. 1.3

Ractícado: 680012331000200800018001{53470) Demandante: Hernando Hcrnándcz Gómcz y otros María Fernanda, Luz Mireya, Rosalba y Olinto Hernández Gómez, y Gilberto

Ractícado: 680012331000200800018001{53470) Demandante: Hernando Hcrnándcz Gómcz y otros María Fernanda, Luz Mireya, Rosalba y Olinto Hernández Gómez, y Gilberto Hernández Diaz; por daño a la vida de relación, la suma de $2.000.00Q.00O a ·• Hernando Hernández Gómez; por daño emergente, la suma de $180.000.000 a Hernando Hernández Gómez; y por lucro cesante, la suma que resulte probado en el proceso a Hernando Hernández Gómez.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 19 de agosto de 1993, Edgar José Vásquez Duarte, exintegrante del ELN, declaró ante la Fiscalía 11 Delegada del Socorro que Hernando Hernández Gómez había participado en el homicidio del señor Alvino Mejía. Aduce que, el 27 de octubre de 1994, la Fiscalía Regional de Cúcuta dio apertura a una instrucción penal, con el número de radicado 5286, en contra de Hernando Hernández Gómez, por ser presunto autor del delito de homicidio cometido en contra del l_sfi_ael Alvino Mejía . . Afirma que, el 29 de noviembre de 1994, la Fiscalía Regional de Cúcuta impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el procesado, por ser presunto autor del delito referido. Indica que, mediante proveído del 13 de mayo de 1996, la Fiscalía Re'gional de Cúcuta acusó al sindicado de ser autor del delito de homicidio agravado. Señala que, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2002, el Juzgado 2º Penal

Cúcuta acusó al sindicado de ser autor del delito de homicidio agravado. Señala que, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2002, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó al procesado a pena de prisión de veinticinco (25) años, pues evidenció que era autor del delito de homicidio agravado. Afirma que, el 13 de enero de 2006, el Tribunal Superior de San Andrés revocó . dicha decisión y absolvió al sindicado por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Hernando Hernández Gómez fue injusta, puesto qÚe fue absuelto por, no existir certeza, más allá de toda duda4

Radic ado: 680 012331 00020 08000180 01 (534 70) Demandante: !-fem ando He rnán dez Gómez y otros razonable, para endilgarle la comisión del delito de homicidio agravado dentro del proceso penal identificado con el número de rad icado 5286.

Textualmente señalan en la demanda: "[. .. ) La Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial son solidaria y administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios materiales, morales, daño a la vida de relación y de los perjuicios de todo orden ocasionados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Hernando Hernández Góme z [, .. ] ciertamente, Hemand o Hemández Gómez, dentro de un proceso penal fue privado en forma injusta de su libertad, pues el 29 de noviembre de 19 94, se definió su situación jurídica, profiriéndose medida de aseguramiento de detención

fue privado en forma injusta de su libertad, pues el 29 de noviembre de 19 94, se definió su situación jurídica, profiriéndose medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra. Luego se calificó el mérito del sumario, _ resolviéndose acusar al señor Hemández Gómez como presunto autor del hecho punible de homicidio agravado. Por lo que el 9 de septiembre de 2002, el Juzgado 2° Penal del .1. fi- • Circuito Especializado de Bucaraman ga profirió la correspondiente sentencia, considerando que el señor Hemando Hemández Gómez fue autor de la muerte de f smael Alvino Mejía . . No obstante, esta senten cia fue apelada y resultó siendo absu elto penalment e ¡[. . .) mí poderdante estuvo en detención preventiva por un tiempo aproximado dfi 13 años por la imposición de dicha medida de seguridad 1 [. .J fi l

2. Co ntesta cio nes

1 El 9 de mayo de 20082 , el Tribunal Administrativo de Santand er adm fit_ió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2. 1. La Fiscalía General de la Nación3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que rigen el procedimiento pen al. 2 FI. 99 y 10 0, C. 1. 3 FL 13 4 a 14 8, C. 1.5

Radic ado: 680 0123310 00200 8000 18001 (5 34 70) Demand ante: He rnand o Hernández Gómez y otros

3 FL 13 4 a 14 8, C. 1.5

Radic ado: 680 0123310 00200 8000 18001 (5 34 70) Demand ante: He rnand o Hernández Gómez y otros 2.2. La Rama·Jud icia l4 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación , pues fue la ent idad que adelantó la investigación penal en contr a de Hernando Hernández Gómez e impuso la medid a de aseguram iento en su contra. Formuló como excepción la qu e denominó "inexistencia de daño patrim onial".

3. Alegatos de conc lusió n en pri mera instanc ia El 27 de ju nio de 20 145, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de co.nclusión y presentar concepto, respectivamente. 3. 1. La parte demandante6, la Fiscalía General de la Nación7 y la Rama Judicial8 reiteraron_ los_. argumentos expuestos en la demanda y en la contestación dfi ésta, respectivame nte. 3.2. El Ministerio Públ ico guardó silencio.

4. Sentencia de primera instanci a Med iante sentencia del 30 de septiembre de 201 49, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de He rnando Hernández Gómez fue injusta, toda vez que fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la respons abilidad patrimonial del Estado.

fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la respons abilidad patrimonial del Estado. Al efec;:to sostuvo que: "Así las cosas, nos encontramos ante un régimen de responsabili dad objetivo, según el cual no es rele vante comprobar que la administración cometió un error [ .. .] Ahora bien, es del caso precisar que las dos 4 FI. 16 6 y 17 6, C. 1. 5 FI. 229 , C. 1. 6 FI. 230 a 271 , C. 1. 7 FI. 278 a 283, C. 1. 8 FI. 27 2 a 273 , C. 1. 9 FI. 2'68 a 279 , C. 3.6

Radicado: 6800 12331 0002008000 18001 {534 70) Demandante: He rna ndo Hernánde z Gómez y otros entidades demandadas serán conden adas a pagar las sumas que sfi reconozcan a ' . favor de los acciona '!tes en la presente providencia, toda vez que de acuerdo a lo obranfe en el expediente, se verificó que fueron las nombradas entidades quienes 1 ejecutaron las labores de investigación, quienes ordenaron la captura del accionante, profirieron medida de aseguramiento de detención preventiva y mantuvieron privado de la libertad al actor por más de once, sin que se acreditara su responsabilidad en la comisión del punible que le imputaba n [. .. ]".

1 1 En la part e resol utiva el a quo condenó a la Fi scalía Gener al de la Nación y a la Rama Jud icial a pagar, por perju icios mor ales, 25 0 SM LMV a Her nando Her nánd ez

1 1 En la part e resol utiva el a quo condenó a la Fi scalía Gener al de la Nación y a la Rama Jud icial a pagar, por perju icios mor ales, 25 0 SM LMV a Her nando Her nánd ez Góme z, 12 0 SM LMV a Karen Lizeth Hernánde z Na ranjo, Darlyn Gi sela Her nánde z Nar anjo, Sil via Ferna rda Hern án dez Na ranjo y Sa rith Rocío Her nánde z Nar anjo, y Sar a Isabel Nar anjo :P érez , y 80 SM LMV a Leoc ad io Her nánde z Gómfi z. Luc ila ' ... _¡ - Hernán dez Góm ez, Leonor Herná ndez Gó mez, Manuel Enr iq ue Herna ndez Góme z, Car men Ceci lia Her ná ndez Góme z, Mar ía Fernanda Her nánde z Gómez, Luz Mir éya Her nánde z Góme z, Rosa lba Her nán dez Góme z y Olin to . Hern ánde z Gómez, y Gi lbert o He rnánde z [)iaz; pór daño a la vida de relaci ón , 10 0 SM LMV a Her nando Her ná ndez Gó mez ; y por lucr o cesa nte , la suma de $161 .69 3.141 a Her nando Herná ndez -Gómez.

5. Recurs os de apeltición 1

Los dí as 15 1 º y 21 11 de octu bre de 20 14, la Rama Ju d icial y la Fiscalía General de la Na ción interpusi eron recurso de apelac ión , respectiva men te. Estos recursos fueron concedidos el 28 de noviem bre de 20 14 12 y admi tidos el 21 de abr il de 2015 13 • 1

Na ción interpusi eron recurso de apelac ión , respectiva men te. Estos recursos fueron concedidos el 28 de noviem bre de 20 14 12 y admi tidos el 21 de abr il de 2015 13 • 1 1 5. 1. La -Fi scalía Gener al de la Nación 14 man ifestó que no ocasionó un dañ o antijur íd ico a los demanda ntes , toda vez que im pus o medida de aseg uram iento consistente en detención preventiva en contra de Hernando Her nánde z Gómez, porque existía n varios ind icios graves ! de respons abi li dad penal que daban cue nta, prelim inar mente, 1 10 F1. 299 y 300 , C. Ppal. 11 FI . 303 a 307, C. Pp al. 12 FI. 309 a 31 1, C. Ppal . 13 FI . 31 5, C. Pp al. 14 Fl. 303 a 307 , C. Ppal.7

Radic ado: 680 01233100 02 0080 0018 001 (53470) Demand ante: Hcr nando Hern án dez Góm ez y otros de su presunta participación en el delito de homicidio agravado. 5.2 . La Rama Judicial1 5 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postu lados constitucionales y legales que le hab ían sido conferidos.

Adicionalmente, resaltó que la medida de aseguramiento impuesta en contra de Hernando Hernández Gómez estuvo ajustada a derecho y fundamentada en in dicios graves de respon sabilidad penal que daban cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito investigado.

Hernando Hernández Gómez estuvo ajustada a derecho y fundamentada en in dicios graves de respon sabilidad penal que daban cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito investigado.

6. Alegatos de conc lusi ón en seg un da in sta ncia El 16 de ju nio ·d e 20 15 1 6 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Púb lico para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivam ente. 6.1 . El Ministerio Público17 advi rtió que la acción de reparación directa no se ejerció dentro del térm ino de dos (2 ) años para el venc im iento de la acción, toda vez que la sentencia absolutoria quedó ejecut oriada el 16 de febrero de 2006 y la demanda se presentó el 1 º de abril de 2008. 6.2. La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial gua rdaron silencio18 .

111. CONSIDE RACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de. apelación interpuestos contra la sentencia de 30 de septiembre de 20 14 proferida por el Tribunal 1s F1. 299 y 300, C. Pp al. 16 FI. 31 7, C. Pp al. 17 El concep to fue rendido el 24 de ju lio de 20 15 , por el Dr. Fran cis co Man uel Sala zar Góme z como Procur ador 1 ° Delegado ante el Con sejo de Estado. FI. 31 8 a 322, C. Ppal. 18 FI. 323, C. Ppal.8

Radicado : 6 80 01 233 1 00 02008000 1800 1 (53 470) Deman dante: Hernando He rnánde z Gómez y otros Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 73 de la Ley 270 de 19 96 . . ,

2. Acción proceden ¡ te 1

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un !contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artícul o 8619 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparaci ón de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de ju sticia. . 1

3. Problema jur íd icQ En la medida en que se trata de un presupuesto procesal, en primer término corresponde a la Salfi determinar si. el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, :I a acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se Jresentó la demanda.

4. Soluc ión del prob lema jur íd ico Ant es de resolver el; problema jurí dico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigenci a de la acción. ' ' 19 ''Artículo 86. Acción de' reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuafido la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmue ble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra

reparación del daño cuafido la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmue ble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."5. Vig en cia de la acc ión 9

Radk ado: 680 01233 1000200 8000 18 001 (5 3470) Demand ante: Her nando He rnán de z Gómcz y otros Con el propós ito de otorg ar seg ur idad jur ídica, de evitar la paráli sis del tráfi co jur íd ico dejando situ aciones inde finidas en el tiem po, el legis lador, apun tando a la protecc ión del inter és ge ner al 2º , estab leció uno s plaz os par a pod er ejercer oport una men te cada uno de los med ios de co ntrol jud ic ial. Estos pl azos resu ltan ser razonab les , per en tori os , precl usivos , impr or rogables , ir renu ncia bl es y de orden públi co, por lo que su vencimien to, sin que el in teresado hub iese elevado la sol icitud jud ic ial, impl ica la exti nción del der echo de acc ionar , así como la cons oli dación de las situaciones que se enc ontr aban pend ien tes de so luc ió n.

El estab leci mi ent o dé di chas oport uni da des legal es pretende, además, la

las situaciones que se enc ontr aban pend ien tes de so luc ió n. El estab leci mi ent o dé di chas oport uni da des legal es pretende, además, la racional iza ción de la util ización del apar ato jud icial, lograr ma yor eficie nc ia procesa l, controlar la libert ad del ejercicio del der echo de acción 21 , ofrecer estabilida d del de rec ho de ma ner a que las situaciones cont rove rsia les qu e req ui eran so lución por los órga nos jud icia les adquier an firmeza , estabilida d y con ello segur idad , solid ificando y co ncreta ndo el con cept o de derech os adq u ir idos. Este fenó meno procesa l, de carácter bi fronte , en tanto se entiende como límite y gar an tía a la vez , se constituye en un val ios o ins trume nto que bu sca la sal vaguar da y estabilida d de las relaciones jur íd icas, en la med ida en que su ocu rrencia impi de que estas pu edan ser di scut ida s inde fini damen te. . . 2° Corte Cons tituci onal. Sent encia C-39 4 de 2002 : "La caducidad es una institución Jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normat iva, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la Jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida Justicia. Su fundame nto se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad Jurídica, para evitar la paralización del tráfico Jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad Jurídica, para evitar la paralización del tráfico Jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". 21 Con sejo de Estado. Sent encia del 23 de febrero de 20 06 . Exp. 6871 -05 " ... el derecho al acceso a la administración de Justicia no es absoluto, pues puede ser con dicionado legalmente a que la promoción de la demand a sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señ ala el legislador (. . .) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la Justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad Jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. "10

Radicado: 6800 123310 002008000 18 001 (534 70) Demandante: Hern and o Hc rnándc z Górnez y otros La caducidad , en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y segurid ad juríd ica, pues con su advenimie nto de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligato rio cuando el operador , la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores ju rídicos que discuten alguna

certidumbre y segurid ad juríd ica, pues con su advenimie nto de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligato rio cuando el operador , la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores ju rídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportu na en la puesta en marcha dfiI aparato judicial para hace r alg ún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 23 , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del dí a siguiente del acaecimie nto del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo pú blico o por cualquiera otra causa. En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de 1a privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabi lizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria 9 desde el momento en qu e que de en libertad el procesado, lo 22 Consejo de Estad o, Sente ncia del 30 de ener o de 20 13: "Para garantizar la seguridad jurídica de

sentencia absolutoria 9 desde el momento en qu e que de en libertad el procesado, lo 22 Consejo de Estad o, Sente ncia del 30 de ener o de 20 13: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas accion es judiciales no se ejercen en un término específico, Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posib ilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo'. su derecho. Es así como el.fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inac tiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 23 Corte Co nstituc iona l. Sent en cia C-57 4 de 19 98 : " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el men cionado derecho fenece inexorablement e, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general . Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligent e de quien estu vo legitimado en la causa no pue de ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derech os, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".11

pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derech os, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".11

Radicado: 680 01 2331 0002 00800 01 8001 (534 70) Demand ante: Hern ando Herná ndez Gómez y otros último que ocurra, puesto que a pa rtir de ese momento se hace evídente el carácter injusto de la lím itación del derecho a la líbertad 24 .

6. Caso concreto En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonial mente respons ab le a la Nación - Fiscalía General de la Nac íón y la Rama Jud ícíal por los perjuícios ocasionados por la prívación de la libertad de la que fue objeto Hernando He rnández Gómez en el proceso penal con radicado 5286 .

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probad os, para posteriormente analiza r si la demanda se presentó en tiem po o no. 6. 1. Hechos probados 6.1 .1 . Está probado que el 15 de abrí! de 1993 , Ismael Alvíno Mejía fue asesinado por desconocidos en el municipi o de Zapatoca (Santander), seg ún da cuenta copia auténtica del informe de 16 de abril del 19 93 suscrito por el comandante Alfonso Morcado Rey25 . En el informe se consig nó expresamente lo siguiente: "[ .. ] Me permito informar a ese Despacho, los hechos que son de conocimiento de la policía en relación con el homicidio del señor Ismael Albino Mejía [. .. ] siendo

Morcado Rey25 . En el informe se consig nó expresamente lo siguiente: "[ .. ] Me permito informar a ese Despacho, los hechos que son de conocimiento de la policía en relación con el homicidio del señor Ismael Albino Mejía [. .. ] siendo aproxima damente las 20:00 horas del 15 de abrí/ de 19 93, en la papelería kikes, de propiedad del señor Ismael Albino Mejía, se encont raba éste dialogando con el señor l.pis Jesús Lízarazo Badil/o, se paró en la puerta del establecimiento un hombre de aspecto joven, vistiendo prend as de color oscuro y disparó en varias oportunidades contra el señor Ismael Albino Mejía. Posteriormente, este sujeto emprendió la huida ha cia la parte alta del mun icipio [. .. ]" 6.1.2 . Consta que el 12 de agosto de 1993, Hernando Herná ndez Gómez fue privado de la libertad a costa del proc eso penal . con rad ícado número 51 85, adelantado por el delito de rebel íón, seg ún da cuenta copia autentica de la 24 Conse jo de Estado, Sección Terce ra. Sentencia del 14 de febrero de 2002 , Rad.: 13 .6 22; Sentencia de l 19 de jul io de 20 17 , Rad.: 49 . 898 ; Sent enc ia del 23 de octu bre de 201 7, Rad.: 48. 1 30; Sent encia del 10 de noviem bre de 20 17 , Rad .: 49 .206 ; Sente ncia del 23 de no viem bre de 20 17 , Rad.: 54.71 6. 25 H 10 y 11, C. 2.12

Sent encia del 10 de noviem bre de 20 17 , Rad .: 49 .206 ; Sente ncia del 23 de no viem bre de 20 17 , Rad.: 54.71 6. 25 H 10 y 11, C. 2.12

Radícad o: 680 0123310 0020080 0018 001 (5 3470) Demand ante: He rna ndo Hernández Gómez y otros const ancia secretaria! del 26 de septiembre de 1996 sus crita por el secretario Jairo Alberto Dí az Ordoñez26 . Al efecto, en la constancia se consignó lo sigu iente : "[. .. ] Recibido después del reparto realizado el 25 del presente mes y año, y en la • misma pasa al Despacho del señor Juez informándole que viene con Resolución de Acusación en contra de Hernando Hernánd ez Gómez, el mencionad o fue condenad o a la pena principal de seis (6) años de prisión dentro de la causa 51 85 mediante sentencia de fecha 15 de mayo de 19 96, causa que se encuentra en el Honorable Tribunal Nacional en vía de apelación del fallo condenatorio, tal individuo se encuent ra privado de su libertad desde el 12 de agosto de 19 93 [. . .]" 6. 1. 3. Se acredit◊ que el 19 de agosto de 1993, Edgar José Vásq uezDuarte, exintegrante del ELN declaró ante la Fiscalía 11 Delegada del Socorro qu e Hernando Hernán dez Górnez había participado en el homicidio del señor Alvino Mejía, según da cuerta copia autént ica de la denun cia27 . En la denuncia el seño r

Vásq uez Duarte indic ó expresam ente:

Hernando Hernán dez Górnez había participado en el homicidio del señor Alvino Mejía, según da cuerta copia autént ica de la denun cia27 . En la denuncia el seño r Vásq uez Duarte indic ó expresam ente: "[ .. ] Quiero comentar que Hemando Hernández Gómez, alias 'el sordo ', fue quien como miembro del ELN, frente 'Capitán Parmenio ', le dio muerte al negro 'pana ', un civil de unos veintisiete años que vivía en Zapatoca, hecho que ocurrió en este año, •• en los primeros meses del año. En ese día, cuya fecha precisa no recuerdo, el frente al cual yo pertenecía se encont raba en un sitio llamado 'Joma redonda' de fa comprensión municipal de Zapatoca, y ahi alías 'Basilio' cuyo nombre de pila es Áfvaro Diaz, y afias 'Wiffiam ' un sujeto de apellido Parra, mand aron al 'sordo', Hemand o Hernández Gómez , y a alias 'Amoldo', cuyo nombre de pila desconozco, a que fe dieran muerte al 'negro pana' y así fue que el 'sordo ' le dio muerte al gerente de la Caja Agraria en Zapatoca, misión en que yo debía acompañarlo, pero como yo deserté, no lo acompañé en tal operativo [ .. .]" 6. 1 .4. Consta que el ' 27 de octubr e de 1994, la Fiscalía Regional de Cúcuta dio apertura a una instrficción penal, con el núme ro de radicado 5286, en contra de Hernando Hernández Gómez, por ser presunto autor del delito de homicidio cometido e