CE - 680012331000200800557011SENTENCIA20230815155532

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 6800123100020080055701 (56006)

VIVIANA DEL PILAR DELGADO RINCÓN Y OTRAS NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS Restructuración de la planta de personal de la Contraloria de" Santander. Indebida escogencia de la acción. Error jurisdiccional. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Decaimiento de acto administrativo. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probadas las excepciones de "indebida escogencia de la acción" y "caducidad'' de la acción de reparación directa. l. SÍNTESIS DEL CASO Mediante el literal e) del artículo 2º de la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de 1999, la Asamblea de Santander otorgó facultades extraordinarias al Gobernador para establecer la planta de personal de la Contraloría Departamental. En virtud de ello, el 30 de diciembre siguiente, el Gobernador del referido departamento expidió el Decreto 401, j:,or el cual suprimió los cargos desempeñados en la aludida éfitidad

el 30 de diciembre siguiente, el Gobernador del referido departamento expidió el Decreto 401, j:,or el cual suprimió los cargos desempeñados en la aludida éfitidad por las señoras Viviana del Pilar Delgado Rincón, Gladys Mora Esparza e lsailia Ortega. Peña. Ese mismo día, mediante los oficios No. 7931, 7938 y 8222, se les informó a las personas referidas de la supresión de los cargos que ocupaban. Los días 3 y 7 de noviembre de 2000, las señoras Delgado Rincón, Mora Esparza y Ortega Peña presentaron sendas demandas de nulidad y restablecimiento del2

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Demandante: Viviana del Pibr Delgado Rincón y otras derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 401 del 30 de diciembre de .1999 y de los oficios No. 7938, 7931 y 8222 de la misma fecha, así .como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Sin embargo, mediante providencias del 17 de agosto de 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó las demandas referidas, al constatar que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se encontraban caducadas. A su turno, mediante proveídos del 1 O de mayo de 2002, 12 de julio de 2002 y 16 de septiembre de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado inadmitió los recursos de. apelación presentados por las accionantes contra los proveídos que habían rechazado las demandas de nulidad y

Consejo de Estado inadmitió los recursos de. apelación presentados por las accionantes contra los proveídos que habían rechazado las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, al evidenciar que se trataba de procesos de única instancia, en razón de la cuantía. Posteriormente, en un proceso de simple nulidad, mediante providencia del 11 de noviembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad oel literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 050 del 8 de enero de 1999. Dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 27 de septiembre de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Las demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Departamento de Santander - Contraloría de Santander les causaron un detrimento patrimonial: i) por el decaimiento del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y ii) por el error jurisdiccional en el que incurrieron las providencias del 17 de agosto de 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, por desconocimiento del precedente jurisprudencia! fijado en la sentencia del 18 de febrero de 201 O, proferida por el Consejo de Estado.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 4 de noviembre de 20081, Viviana del Pilar Delgado Rincón, lsailia Ortega Peña y Gladys Mora Esparza mediante. apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación .directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y 1 FL 20, C.2.3

Radicado: 6800123100020080055701 (56006)

reparación .directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y 1 FL 20, C.2.3

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Demandante: Vivi<1ní:l del Pilar Delgado Ríncón y otras el DepaitameI,to de Santander - Contraloría de Santander por los per1uIcIos ocasionados i) por el decaimiento del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y ii) por el error jurisdiccional en el que incurrieron las providencias del 17 de agosto de 2001, 10 de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar a cada una de las demandantes, por perjuicios morales, la suma que se acredite en el proceso; y por lucro cesante, la suma de $92.941.285. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante el literal e) del artículo 2º de la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de' 1999, la Asamblea de Santander qtqrgó facultades extraordinarias al Gobernador para establecer la planta de personal de la Contraloría Departamental. Aduce que el 30 de diciembre siguiente, el Gobernador expidió el Decreto 401 de 1999, pc;>r el _cual suprimió los cargos desempeñados en la aludida entidad por las seríoras Viviana del Pilar Delgado Rincón, Gladys Mora Esparza elsailia Ortega Peña. Indica que ese mismo día, el dirigente departamental emitió los oficios No. 7931, 7938 y 8222 de 1999, mediante los cuales informó a las personas referidas de la

Peña. Indica que ese mismo día, el dirigente departamental emitió los oficios No. 7931, 7938 y 8222 de 1999, mediante los cuales informó a las personas referidas de la supresión de los cargos que ocupaban. Sostiene que los días 3 y 7 de noviembre de 2000, las señoras Delgado Rincón, . . . Mora Esparza y Ortega Peña presentaron sendas demandas de nulidad y restabledmiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y de los oficios No. 7938, 7931 y 8222 de la misma fecha, así como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Señala que mediante providencias del 17 de agosto de 2001, 10 de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó las demandas referidas, al constatar que había operado el fenómeno preclusivo de4

Radicudo: 6H00J23ló0020080055701 (56006) Demandant\,: Vivürna del Pilar Delgado Rincón y otras la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derec.ho, dado que el término de 4 meses para ejercer el derecho de acción había empezado a contarse a partir del retiro del servicio, esto es, el 30 de diciembre de 1999, y las demandas se habían presentado los días 3 y 7 de noviembre de 2000, esto es, más de 4 meses después del momento fijado por el legislador para ejercer el derecho de acción de forma oportuna.

Refiere que el 29 de agosto de 2001 y e.l 18 de septiembre de 2001, las

después del momento fijado por el legislador para ejercer el derecho de acción de forma oportuna. Refiere que el 29 de agosto de 2001 y e.l 18 de septiembre de 2001, las demandantes apelaron las precitadas decisiones, argumentando que la caducidad de la acción debía contarse desde una fecha posterior. Arguye que, mediante proveídos del 1 O de mayo de 2002, 12 de julio de 2002 y 16 de septiembre de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado inadmitió lbs recursos de apelación presentados por lsailia Ortega Peña, Viviana del Pilar Delgado Rincón y Gladys Mora Esparza, al evidenciar que los procesos de nulidad y restablecimiento eran de única instancia, en razón de la cuantía, pues las pretensiones formuladas en las demandas eran inferiores a $3.810.000. Manifiesta que, posteriormente, en un proceso de simple nulidad, mediante providencia del 11 de noviembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Santande.r declaró la nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 050 del 8 de enero de 1999, al constatar que la propuesta de restructuración de la planta de personal de la entidad debía haber sido presentada por el Contralor Departamental. Señala que dicha decisión fue confirmada mediante. providencia del 27 de septiembre de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, al estimar que el Gobernador no tenía facultades para presentar la iniciativa encaminada á reformar la planta de personal de la Contraloría Departamental. Las demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Departamento de Santander - Contraloría de Santander les causaron un detrimento patrimonial: i) por

encaminada á reformar la planta de personal de la Contraloría Departamental. Las demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Departamento de Santander - Contraloría de Santander les causaron un detrimento patrimonial: i) por el decaimiento del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y ii) por el error jurisdiccional en el que incurrieron las providencias del 17 de agosto de 2001, 10 de5

Radicado: 6f300123100020080055 701 (56006) Demandante:·Viviana del Pilar DelgadQ 'Rincón y otras septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, por desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado en la sentencia del 18 de febrero de 201 O, proferida por el Consejo· de Estado, Frente al decaimiento del Dficreto 401 del 30 de diciembre de 1999, en el libelo introductorio señalan: "[. . .] En este orden de ideas y como quiera que los actos administrativos de reestructuración de la Contraloría Departamental de Santander quedaron sin efectos y ello modifica el panorama jurídico en derredor de los mismos, ningún sentido tendría considerar que hay cosa juzgada frente a las causales de anulación de los mismos, pues ya ellos no existen, ni exigirle a quienes con ellos fueron perjudicados acudir a otra. acción de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime en consideración a que tal a.cción caducó antes de que se formalizara el decaimiento de los actos, de tal modo que ahora, una vez la pérdida de fuerza ejecutoria de los mismos se ha producido con ocasión del fallo de septiembre 2 7 de

decaimiento de los actos, de tal modo que ahora, una vez la pérdida de fuerza ejecutoria de los mismos se ha producido con ocasión del fallo de septiembre 2 7 de 2007 apafi<2l!1. diáfana la antijurldicidad de la operación administrativa padecida por las demandantes siendo procedente acceder a la indemnización deprecada por fa vía de la reparací(:m directa". Por s1.1 parte, en cuanto al error jurisdiccional derivado del desconocimiento del precedente judicial, textualmente afirman en la demanda: "[. .. ] el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una situación que implica defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (sic) al tenor del artículo 69 de la Ley 270 de 1996 y generadora de vías de hecho por trato discriminatorio y error judicial al rechazar la demanda de las accionantes en franca discriminación respecto a casos idénticos tales como el de la señora Lucí/a Pimiento de Vargas (Rad. 20003318) y Sra. Lucí/a Rodríguez de Gómez (Rad. 2000-3526), quienes ante el mismo T,:ibunal sí lograron que sus procesos se tramitarán (sic), pese a que la sustentación . . ' fáctica y juridica, así como la época de presentación de la demanda a principios de noviembre del 2000 son idénticos a los de mi representada, como salta a la vista incluso según los números de radicación que se les asignó. Pues bien, a las mencionadas personas que demandaron lo mismo en idénticas circunstancias a las de la aquí accionante (sic) les admitieron las demandas, las tramitaron y hoy día6

Radicado: 6800123100020080055701 (56006)

mencionadas personas que demandaron lo mismo en idénticas circunstancias a las de la aquí accionante (sic) les admitieron las demandas, las tramitaron y hoy día6

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Denmndante: Vivi;ina del Pfüir Delgado Rincón y otras obtuvieron sentencia favorable., lo cual atentó contra el derecho a acceder a la justicia y contra el principio de igualdad[. .. )".

2. Contestaciones El 28 de abril de 20102 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. El Departamento de Santander3 argumentó que lo pretendido por las demandantes correspondía a una pretensión en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento y, por tanto, debía declararse la indebida escogencia de la acción.

Como excepciones formuló las que denominó "indebida escogencia de la acción" y "caducidad de la acción". 2.2. La Contraloría dé Santfinder4 sostuvo que el extremo activo pretendía atacar los actos administrativos que suprimieron los cargos desempeñados por las demandantes en la misma entidad y, por tal razón, la acción que procedía era la de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.3. La Nación - Rama Judicial guardó silencio5.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de junio de 20156 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 FI. 44 y 45, C.2. 3 Fl. 107 a 113, C.2. 4 FI. 46 y 47, C.2.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 FI. 44 y 45, C.2. 3 Fl. 107 a 113, C.2. 4 FI. 46 y 47, C.2. 5 FI. 136, C,2. 6 FI. 672, C.3.7

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Demancbnte: Viviana del Pilar Delgado Rincón y otras 3.1-. La parte demandante7, el Departamento de Santander8 y la Contralixía de Santander9 • reiteraron lo expuesto en la demanda y contestación de· esta, respectiva mente. 3.2. La Nación - Rama Judicial1° argumentó que las decisiones adoptadas en las providencias del 17 de agosto de 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, estuvieron soportadafi en la jurisprudencia vigente y aplicable al caso en concreto. 3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 31 de agosto de 201511 el Tribunal Administrativo de . ,, ....

Santander declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción frente a los daños causados por el Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, puesto que las demandantes pretendían el resarcimiento de· perjuicios derivados de los efectos de unos actos administrativos. Asimismo, declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, frente al error jurisdiccional contenido en las providencias del 17 de agosto de 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, al constatar que "se dictaron y quedaron ejecutoriadas [. . .]

en las providencias del 17 de agosto de 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001, al constatar que "se dictaron y quedaron ejecutoriadas [. . .] entre el año 2000 a 2003, en tanto que la demanda que dio origen a éste asunto se presentó el 4 de novíembre de 2008".

5. Rec.urso de apelación El 8 de sfiptiembre de 201512 la parte demandante interpuso recurso . de apelaci.ón, el 7 FI. 726 a 727, C.3. 8 FI. 673 a 681, C.3. 9 FI. 723 a 725, C.3. 10 FI. 716 a 719, C.3. 11 FI. 729 a 738, C.P. 12 FI. 740, C.P.8

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Demandante: Viviana del Pilar Delgado Rincón y otras cual fue concedido el 7 de octubre de 201513 y admitido el 27 de enero de 201614. 5.1. El extremo activo15 argumentó que la caducidad de la acción de reparación directa debía contarse a partir del momento en que quedó ejecutoriada la sentencia del 18 de febrero de 2010, contentiva del precedente judicial que fue desconocido por las providencias acusadas. De otro lado, solicitó reconocer los perjuicios causados por el decaimiento de los actos administrativos que suprimieron los cargos de las demandantes, en virtud de la declaratoria de nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de 1999.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

de las demandantes, en virtud de la declaratoria de nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de 1999.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de febrero de 201616 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante17 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Nación - Rama Judicial, el Departamento de Santander - Contraloría de Santander y el Ministerio Público guardaron silencio.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de. Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 dfi 1996. 13 FI. 745, C.P. 14 FI. 749, C.P. 15 F1. 740 a 743, C.P. 16 FI. 751, C.P. 17 FI. 755 a 757, C.P.2. Problemas jurídicos

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Radicado: 680012310 0020080055701 (56006) Demamlante: Viviana del Pilar Delgado Rincón y otras Corresponde a la Sala determinar: i) si se ejerció la acción ' idónea para reclamar los perjuicios causados por el decaimiento del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y por el error jurisdiccional en el.que incurrieron las providencias del 17 de agosto de· 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001 y ii) si el derecho

y por el error jurisdiccional en el.que incurrieron las providencias del 17 de agosto de· 2001, 1 O de septiembre de 2001 y 13 de septiembre de 2001 y ii) si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

3. Solución del problema jurídico Afites de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la acción procedente y la vigencia del medio de control.

4. Acción procedente Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional18.

La acción judicial ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y contradicción del demandado, en tanto ofrece los .límites dentro de los que el sujeto pasivo de la .. acción puede estructurar los diferentes medios de defensa · a su disposición. Escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de conocimiento 19. De hecho, según lo dispuesto en los artículos 1372º y 13821 del Código Contencioso Administrativo, uno de, los supuestos para concluir que se ha presentado una "demanda en forma" es la debida escogencia de la acción. Si se solicita su10

Radicado: 680012310 0020080055701 (56006)

Demandante: Viviana del Pilar Delgaoo Rincón y orras

"demanda en forma" es la debida escogencia de la acción. Si se solicita su10

Radicado: 680012310 0020080055701 (56006) Demandante: Viviana del Pilar Delgaoo Rincón y orras corrección y el demandante nq lo hace en el término debido se configura una "ineptitud sustantiva de la demanda" que impide al juez emitir un pronunciamiento de fondo én relación con las pretensiones formuladas por el demandante22.

Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petehdi ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado23. En todo caso, la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación de la acción. ·• .

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evítar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general18, establec.ió unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la

judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficien·cia procesal, 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurfdico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento .se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a fa protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sfintencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada .de ofício por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia".11

Radicado: 6l:300123JOO OZo ótHl05570l (SC'i006) Demandante: \liviana del Pilar Delgado Rincón y otra;; controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones .controversiales que requieran solución por los órganos ---judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con · ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos ---judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con · ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una . ··• .. -· • " limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure2° que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia21 , cuya consecuencia, por demandar más 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " .. . el derecho_ al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción

legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurfdica, para solidificar el concepto de'derechos adquiridos". 20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridadjurfdíca cJe los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la éfirga p(ocesa/ de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perdeiárf la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de ·oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judiciaf'. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 19 98: ". _. [s]i el actor deja transcurrir /os plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad

inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el /fmite dentro de.1 cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa nopuede ser objeto de protección,12

Radicado: 68001231 00020080055701 (,56006) Demandante: Vivian.-1 del Pilar Delgado Rín.cón y orras allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultfid potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) . años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término. de caducidad empieza a contabili zarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro22. Ahora bien, tal y como se indicó anteriormente, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone· que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

6. El caso concreto Mediante sentencia del 31 de agosto de 2015 el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción frente a los daños causados por el Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, puesto que las demandantes pretendían el resarcimiento de perjuicios derivados de los efectos de unos actos administrativos. Asimismo, el a quo declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, frente al error jurisdiccional contenido en las providencias del 17 de agosto de 2001, 10 de septiembre de 2001 y 13 de pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por fa ocurrencia del fenómeno indicado". 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 eje junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 . de mayo de 201 1, Rad.: 40.196; Sentencia del27 de. enero de 2011, Ra.d: 22.205.13

Radicado: 6800123100020080055701 (56006) Demand,rnte: Viviana del Pilar Delgado Rincón y otras septiembre de 2001, al constatar que "se dictaron y quedaron ejecutoriadas [. . .] entre el año· 2000 a 2003, en tanto que la demanda que dio ofigen a éste asfi'nto se presentó el 4 de noviembre de 2008".

Por su parte, las recurrentes argumentaron en el recurso de apelación que la

entre el año· 2000 a 2003, en tanto que la demanda que dio ofigen a éste asfi'nto se presentó el 4 de noviembre de 2008". Por su parte, las recurrentes argumentaron en el recurso de apelación que la caducidad de la acción de reparación directa debía contarse a partir del momento en qufi quedó ejecutoriada la sentencia del 18 de febrero de 201 O, contentiva del precedente judicial que fue desconocido por las providencias acusadas. De otro lado, solicitaron reconocer los perjuicios causados por el decaimiento de los actos administrativos que suprimieron los cargos que ocupaban en la Contraloría de Santander, en virtud de la declaratoria de nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de 1999. Bajo esta _óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos .probados,. para posteriormente analizar si la acción escogida para presentar la ·demanda fue indebida, y se presentó en tiempo o no. 6 .. 1. Hechos probados 6.1.1. Se demostró qué el 2 de julio de 1993, Gladys Mora Esparza fue vinculada al cargo de Auxiliar, Nivel 2, Gr