CE - 68001233100020090004701120230416213341

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 680012331000200900047 01 (46136)

CLARA INÉS CASANOVA JAIMES Y OTROS

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS Grado jurisdiccional de consulta. Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. No se probó el daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 17 de diciembre de 2003, la Fiscalía 28 Secciona! de Bucaramanga dispuso la apertura de investigación en contra de Clara Inés Casanova y otras personas por el delito de rebelión. Por ello, el 17 de diciembre de 2003, ese despacho expidió orderifi·,,._ de captura con fines de indagatoria contra la señora Casanova Jaimes, la cual se materializó el 19 de diciembre de 2003. Posteriormente, mediante Resolución del 31 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía 28 Secciona! de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de

materializó el 19 de diciembre de 2003. Posteriormente, mediante Resolución del 31 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía 28 Secciona! de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la procesada y el 15 de junio de 2004 profirió resolución de acusación, pues consideró que era presunta autora del delito de rebelión. Finalmente, mediante sentencia del 7 de febrero de 2006, el Juzgado 2º Penal del Circuito del Socorro absolvió a Clara Inés Casanova Jaimes por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Clara Inés Casanova Jaimes fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir convicción o certeza más allá de toda duda razonable para endilgarle la comisión del delito de rebelión.1. Demanda 2

Radicado: 680012331000200900047 01 (46136)

Demandante: Ch-ira Inés Casanov;;i Jaímes y otros

11. ANTECEDENTES El 15 de mayo de 20071, Clara Inés Casanova Jaimes y Jorge Emilio Camacho Picón en nombre propio y en representación de Silvia Steffany Camacho Casanova;

Jorge lván Camacho Casanova, Ana Sixta Casanova Jaimes, Pedro Bautista Casanova Jaimes, Fabio Augusto Casanova Jaimes, Facunda Estrella Casanova Jaimes, Elizabeth Casanova Jaimes, María Oliva Casanova Jaimes, Héctor Julio Casanova Jaimes y Yamid Basilio Casanova Jaimes, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial - Ministerio de Defensa

Casanova Jaimes y Yamid Basilio Casanova Jaimes, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Clara Inés Casanova Jaimes. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Clara Inés Casanova Jaimes, Jorge Emilio Camacho Picón, Silvia Steffany Camacho Casanova y Jorge lván Camacho Casanova, 80 SMLMV a Ana Sixta Casanova Jaimes, Pedro Bautista Casanova Jaimes, Fabio Augusto Casanova Jaimes, Facunda Estrella Casanova Jaimes, Elizabeth Casanova Jaimes, María Oliva Casanova Jaimes, Héctor Julio Casanova Jaimes y Yamid Basilio Casanova Jaimes; por daño a la vida en relación, 100 SMLMV a Clara Inés Casanova Jaimes, Jorge Emilio Camacho Picón, Silvia Steffany Camacho Casanova y Jorge lván Camacho Casanova; por daño emergente, la suma de $13.000.000 a Clara Inés Casanova Jaimes; y por lucro cesante, la suma de $106.000.000 a Clara Inés Casanova Jaimes. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 3 de octubre de 2003 la Fiscalía 28 Secciona! de Bucaramanga abrió "investigación previa" contra Clara Inés Casanova Jaimes y otras personas por el delito de rebelión y ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria. 1 Fl.118a 157, C.1.3

Radicado: 680012331000200900047 01 (46136]

Clara Inés Casanova Jaimes y otras personas por el delito de rebelión y ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria. 1 Fl.118a 157, C.1.3

Radicado: 680012331000200900047 01 (46136] Demandante: Clara Inés Casanov¡c¡ Jaímes y otros Sostiene que el 19 de diciembre de 2003, el grupo operativo del DAS secciona!

Santander capturó a Clara Inés Casanova Jaimes y que el 22 de diciembre de esa misma anualidad la capturada rindió indagatoria. Refiere que el 31 de diciembre de 2003, la Fiscalía 28 Secciona! de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Clara Inés Casanova Jaimes, pues consideró que era presunta autora del delito de rebelión. Aduce que el 15 de junio de 2004, la Fiscalía 28 Seccional de Bucaramanga acusó a Clara Inés Casanova Jaimes de ser autora del delito de rebelión. Indica que mediante sentencia del 7 de .febrero de 2006, el Juzgado 2° Penal del Circuito del Socorro absolvió a Clara Inés Casanova Jaimes por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Clara Inés Casanova Jaimes fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir convicción o certeza más allá de toda duda razonable para endilgarle la comisión del delito de rebelión. Textualmente señalan en la demanda: "[ .. ] La sentencia absolutoria que se emitió el 7 de febrero de 2006 a favor de mi mandante por el delito que se Je sindicó, se

Textualmente señalan en la demanda: "[ .. ] La sentencia absolutoria que se emitió el 7 de febrero de 2006 a favor de mi mandante por el delito que se Je sindicó, se fundamentó en la ausencia total de sustento probatorio para edificar en él los ilícitos endilgados y, por ende, se convirtió en una prueba fehaciente de la ligereza con la que el Gau/a y la Fiscalía actuaron en su caso, concretamente privarla de la libertad, sin ningún asidero legal {. . . ]".

2. Contestaciones El 26 de febrero de 20092, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2 FI. 2099 a 2102, C. 4. La demanda inicialmente fue admitida el 25 de enero de 2008 por el Juzgado Tercero del Circuito de Bucaramanga, sin embargo, mediante proveído del 26 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional desde el auto admisorio de la demanda y ordenó notificar nuevamente a la parte demandada.4

Radicado: 680012331000200900047 o:¡ (46136] Demandante: Cl,1ra Inés Casanova Jaimtis y otros 2.1. La Fiscalía General de la Nación3 sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a la procesada, puesto que impuso medida de aseguramiento en su contra, dado que existían graves indicios de responsabilidad penal que daban cuenta de su presunta participación en el delito de rebelión. Finalmente, como excepción formuló la que denominó "culpa determinante de un tercero".

que existían graves indicios de responsabilidad penal que daban cuenta de su presunta participación en el delito de rebelión. Finalmente, como excepción formuló la que denominó "culpa determinante de un tercero". 2.2. La Rama Judicial4 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico, toda vez que el Juzgado 2° Penal del Circuito del Socorro absolvió a Clara Inés Casanova Jaimes y ordenó su libertad inmediata. Formuló como excepciones las que denominó inexistencia de daño patrimonial, falta de legitimación por pasiva, inepta demanda y la genérica. 2.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional5 señaló que no ocasionó un daño antijurídico a Clara Inés Casanova Jaimes, pues no profirió la medida de aseguramiento en su contra. De manera genérica, refirió que eran la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República los encargados de emitir las órdenes de captura.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 19 de noviembre de 20106, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes7, la Fiscalía General de la Nación8, la Rama Judicial9 y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional10 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio. 3 FI. 2124 a 2130 y 2141 a 2148, C. 4. 4 FI. 2115 a 2119, C. 4. 5 FI. 2105 a 2108, C. 4. 6 FI. 2280, C. 4.

4 FI. 2115 a 2119, C. 4. 5 FI. 2105 a 2108, C. 4. 6 FI. 2280, C. 4. 7 FI. 2300 a 2313, C. 4. 8 FI. 2281 a 2289 y 2314 a 2322, C. 4. 9 FI. 2293 a 2299, C. 4. 10 FI. 2174 a 2178, C. 4.5

4. Sentencia de primera instancia Radicado: 680012331000200900047 01 ( 46136] Demandante: Clara Inés Casanova Jaímes y otros Mediante sentencia del 31 de mayo de 201211, el Tribunal Administrativo de· Santander accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Clara Inés Casanova Jaimes había sido injusta, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no desplegó una actividad probatoria seria para establecer su responsabilidad penal. Por otro lado, indicó que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Rama judicial no incidieron en la privación de la libertad de la demandante, razón por la que dichas entidades no estaban llamadas a responder en el asunto.

Al efecto, sostuvo en la sentencia que: "[...]De la reseña probatoria que antecede, encuentra la Sala que el actuar de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional no estuvo relacionado con la privación de la libertad de que fue objeto la señora Clara Inés Casanova Jaimes (. . .) razón por la que se declarará que no tiene responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen a la privación de la libertad de la señora Clara Inés. (. . .) A este tenor, estima la Sala que en virtud a la actuación

responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen a la privación de la libertad de la señora Clara Inés. (. . .) A este tenor, estima la Sala que en virtud a la actuación de la demandada, sí hay lugar a predicar la falla del servicio y por ende la antijuricidad del daño causado tanto a la perjudicada directa como al resto de los demandantes, dado que la administración en cabeza en este caso de la Fiscalía General de la Nación, no desplegó toda la actividad probatoria para lograr establecer la responsabilidad o la inocencia de la referenciada ciudadana vinculada a la investigación penal. Es así que, dentro del diligenciamiento penal se determinó que la captura de la perjudicada directa se dio con fundamento en un informe del DAS y las declaraciones de Juan de Jesús López Galvis, Guillermo Sepúlveda y Wilson García. (. . .) De la reseña probatoria que antecede, encuentra la Sala que el actuar de la Nación - Rama Judicial no estuvo relacionado con la privación de la libertad de que fue objeto la señora Clara Inés Casanova Jaimes [. . .]". En la parte resolutiva el a qua condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 80 SMLMV a Clara Inés Casanova Jaimes, Jorge Emilio Garnacha Picón, Silvia Steffany Garnacha Casanova y Jorge lván Garnacha Casanova y 20 SMLMV a Ana Sixta Casanova Jaimes, Pedro Bautista Casanova 11 FI. 535 a 571, C. 2.6

Radicado: 68001233100020090004 7 01 (46136)

Demandante: Cl.1ra Inés Casanova Jairnes y otros

Jaimes, Fabio Augusto Casanova Jaimes, Facunda Estrella Casanova Jaimes,

Radicado: 68001233100020090004 7 01 (46136)

Demandante: Cl.1ra Inés Casanova Jairnes y otros

Jaimes, Fabio Augusto Casanova Jaimes, Facunda Estrella Casanova Jaimes, Elizabeth Casanova Jaimes, María Oliva Casanova Jaimes, Héctor Julio Casanova Jaimes y Yamid Basilio Casanova Jaimes; por daño a la vida de relación, la suma de 100 SMLMV Clara Inés Casanova Jaimes, Jorge Emilio Camacho Picón, Silvia Steffany Camacho Casanova y Jorge lván Camacho Casanova; por daño emergente, la suma de $7.642.546 a Clara Inés Casanova Jaimes; y por lucro cesante, la suma de $20.738.622 a Clara Inés Casanova Jaimes

5. Grado jurisdiccional de consulta En vista de que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de las partes y que el Tribunal Administrativo de Santander profirió condena en contra de la Fiscalía General de la Nación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18412 del Código Contencioso Administrativo, el Tribunal ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para surtir el grado jurisdiccional de consulta. En este sentido, mediante auto del 11 de marzo de 201313 esta Corporación admitió el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2012 por

el Tribunal Administrativo de Santander.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 6 de mayo de 201314 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional15 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional15 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 12 "Articulo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior(. . .)" 13 FI. 2359, C. Ppal. 14 FI. 2365, C. Ppal. 15 FI. 2367 a 2370, C. Ppal.,, '' 7

Radicado: 680012331000200900047 01 (46136) Dem,rndantc: ClJra Inés Casanova Jaírnes y otros 6.2. El Ministerio Público conceptuó que la Fiscalía General de la Nación debía responder bajo el régimen de responsabilidad objetivo, pues Clara Inés Casanova Jaimes fue absuelta por in dubio pro reo. No obstante, solicitó disminuir el quantum de los perjuicios porque los reconocidos en.primera instancia fueron excesivos. 6.3. Los demandantes, la Fiscalía Ge.neral de la Nación y la Rama Judicial guardaron silencio.

7. Acuerdo conciliatorio El 11 de febrero de 2015 se celebró audiencia de conciliación ante el Consejo de Estado en la que los demandantes y la Fiscalía General de la Nación acordaron el

guardaron silencio.

7. Acuerdo conciliatorio El 11 de febrero de 2015 se celebró audiencia de conciliación ante el Consejo de Estado en la que los demandantes y la Fiscalía General de la Nación acordaron el pago del 70% de la condena impuesta a la entidad por el a quo16 "excluyendo de los perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante el (sic) 8. 75 meses de Jo que presuntamente demora una persona en conseguir empleo".

El acuerdo conciliatorio fue aprobado parcialmente mediante auto del 3 de agosto de 201617, ya que encontró acreditado que la parte demandante sufrió un daño antijurídico por la privación de la libertad que padeció Clara Inés Casanova Jaimes. De hecho, frente a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, sostuvo esta Subsección: "Como se observa del contenido del material probatorio antes relacionado, que es factible concluir que se causó a los demandantes un daño antijurídico el cual no estaban en el deber jurídico de soportar, consistente en la privación injusta de la que fue víctima la señora Clara Inés Casanova Jaimes. Así pues, el Despacho considera que existiendo prueba suficiente de la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, y en consecuencia, mérito para proferir sentencia condenatoria en primera instancia; el acuerdo .conciliatorio logrado por las partes ha superado el requisito el respaldo probatorio del reconocimiento patrimonial efectuado en dicha providencia." No obstante lo anterior, el Ministerio Público sostuvo que el reconocimiento de los perjuicios "por daño a la vida de relación" debía hacerse únicamente en favor de la

providencia." No obstante lo anterior, el Ministerio Público sostuvo que el reconocimiento de los perjuicios "por daño a la vida de relación" debía hacerse únicamente en favor de la víctima directa. Así las cosas, en el auto aprobatorio de la conciliación se dispuso 16 FL 2459 a 2461, C. Ppal. 17 FI. 2465. a 2481, C. Ppal.8

Radicado: 68001233100 020090004'7 01 (46136) Demandante: Clara lnés Casanova Jaímes y otros que el reconocimiento del "daño a la vida de relación" se estudiaría en la sentencia judicial18, comoquiera que la conciliación en lo atinente a dichos perjuicios podía ser lesiva del patrimonio público en ese sentido. Textualmente sostuvo: "No obstante, en el caso sub examine, se observa que durante el trámite de la audiencia de conciliación llevada a cabo ante esta Corporación, el Ministerio Público puso de presente su oposición frente al acuerdo, en atención a que, en su·concepto se reconocieron perjuicios inmateriales a título de 'daño a la vida de relación' a favor del compañero permanente e hijos de la señora Clara Inés Casanova, los cuales según la unificación jurisprudencia/ realizada por esta Corporación solo son reconocidos a la víctima directa.

De modo que, analizado el acervo probatorio y verificado que del contenido del acuerdo alcanzado por las partes éste eventualmente pudiera llegar a ser lesivo para el patrimonio público. Dicha circunstancia, obliga a que el presente acuerdo conciliatorio deba ser aprobado de forma parcial, en la medida que la aprobación del mismo respecto al reconocimiento y pago del perjuicio a la vida de relación

el patrimonio público. Dicha circunstancia, obliga a que el presente acuerdo conciliatorio deba ser aprobado de forma parcial, en la medida que la aprobación del mismo respecto al reconocimiento y pago del perjuicio a la vida de relación reconocido en primera instancia, es un tema que requiere pronunciamiento de fondo que por lo tanto deberá definirse en la sentencia. " (Se resalta) Los demandantes y la Nación - Rama Judicial - Policía Nacional no llegaron a algún acuerdo conciliatorio

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo19 modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. 18 FI. 2480, C. Ppal. "En consecuencia, como es en el marco de una sentencia judicial en fa que se tiene que definir si dichos sujetos estaban llamados o no a recibir la correspondiente indemnización por el daño a la vida de relación alegado, la Sala aprobará parcialmente el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes para homologarlo, salvo en lo que se refiere al reconocimiento y pago de perjuicios a la vida de relación, por considerar que el mismo pueda eventualmente .ser lesivo al patrimonio público, y lo aprobará respecto a las demás pretensiones conciliadas". 19 "Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan _sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador

a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan _sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada( ... )". La Sala es compe tente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que. l¡¡ __ cl!l\;i,sión no fue apelada por ninguna de las partes.,,.' . 9

Radicado: 6800123310 00200900047 01 [46136] Dem;rndante: Clara Inés Casa.nova Jaimes y otros En virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 184, se entiende que el grado jurisdiccional de consulta es un mecanismo de revisión oficioso que busca el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las entidades estatales, en este caso, de la Fiscalía General la Nación, la cual resultó condenada en primera instancia. Esta circunstancia delimita el objeto sobre el cual se puede pronunciar esta Sala, razón por la cual excedería tal marco adoptar una decisión que perjudique o empeore la situación jurídica precedente del demandado al momento de adoptar esta decisión2º.

Así las cosas, según lo dispone la norma en comento y como se hizo referencia en el párrafo precedente, la consulta se tramitará a favor de la entidad pública condenada, de tal manera que la competencia de la Sala se extiende sobre todo el asunto objeto de debate sin que sea viable perjudicar su situación actual21 .

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8622 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional. 2° Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2019, Rad. 61 224. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25508. 22 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. "3. Vigencia de la acción 10

Radicado: 6800 12331 00020090 0047 01 (46136 J Deman dante: Chira Inés Casanova Jaimes y otros Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

10

Radicado: 6800 12331 00020090 0047 01 (46136 J Deman dante: Chira Inés Casanova Jaimes y otros Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer oportuname nte cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las sitl¡aciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006 . Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las _acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos."11

Radicado: 6800 12331 000200 900047 01 (46136) Dema ndante: Chira fnés Casanov, 1 Jaímes y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera

administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, 25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de /os sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir/os plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad

inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano